sábado, 5 de marzo de 2016

LOS ESTERTORES DE UN RÉGIMEN SIN ESCRÚPULOS

El desconocimiento a la voluntad popular por parte del régimen gobernante en Venezuela aflora una vez más sin pudor ni límites. Al puro estilo Jalisco, los chavistas “si no ganan arrebatan”, esta vez no solo mediante el ventajismo, arbitrariedad o fraude, como tantas veces ocurrió en estos largos 17 años de ignominia, entre otros contra Alcaldes y Diputados, sino con la írrita sentencia de un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) designado irregularmente por el oficialismo en diciembre de 2015, cuando ya estaba elegida una Asamblea Nacional (AN) de mayoría opositora, ello para autoblindarse los ilegítimos Magistrados de la posibilidad de ser removidos por la AN, y eximir a representantes del Poder Ejecutivo y de la administración pública, de la obligación de someterse al control político y de rendición de cuentas establecidos en los artículos 187 y 223 de la Constitución.

El golpe de Estado perpetrado por quienes suelen acusar a la oposición de golpista, lo repito mil veces, es un eslabón más del golpe progresivo y continuado con que el régimen burla el Estado de Derecho para ejercer “como sea”, el poder en forma omnímodo. En esta infausta ocasión, un TSJ elegido ilegalmente y sin cumplir con las mayorías requeridas como lo denuncia Henry Ramos Allup, pretende cercenar las facultades que la Constitución atribuye a la AN para legislar, derogar leyes con otras leyes, reformarlas, interpelar a funcionarios públicos o solicitarle informaciones, investigar a los demás poderes públicos, decretar amnistías, ejercer las aprobaciones o autorizaciones previstas en el ordenamiento jurídico, proponer enmiendas o reformas a la Constitución, o censurar al Vicepresidente o a los Ministros, entre otras. Ello representa una oprobiosa manifestación totalitaria, que debe ser rechazada enérgicamente por el país y por la comunidad internacional.

Hasta diciembre último, las decisiones de la abyecta AN eran para el gobierno fuente sagrada de poder, por inconstitucionales que fueran. Cuántas veces no incurrió la AN en atrocidades jurídicas, aprobando leyes orgánicas con mayoría simple, transfiriendo parte de sus facultades de designación de integrantes de los Poderes Públicos al TSJ para eludir la exigencia de la mayoría de dos terceras partes, o defenestrando a Diputados electos por el pueblo, u otorgando poderes absolutos al Ejecutivo a través de leyes habilitantes, siempre con el aval de la aliada Sala Constitucional del TSJ. Pero como ahora la composición de la AN no le es favorable, hay que anular sus decisiones o limitar sus facultades a través de su brazo político, el TSJ. El colmo es que el Presidente de la República sea capaz de expresar que no se someterá a los dictámenes de la AN, en actitud de abierto desacato.

Estos hechos de tanta gravedad, exigen una acción contundente de la AN, de las fuerzas democráticas del país y de la comunidad internacional, como ha sido el pedido del Senado brasileño a su gobierno de invocar la Carta Democrática Interamericana, aunque sabemos que la OEA es un club de gobiernos donde solo ellos o el Secretario General pueden invocar dicha Carta. No dudo que ocurrirán más pronunciamientos de parlamentos o ex gobernantes solidarios con la causa de la libertad en Venezuela, pero nada se puede esperar de los silencios cómplices de los gobiernos de la región, que prefieren mirar a un lado cuando de Venezuela se trata. Eso sí, han estado prestos para actuar en casos como el de Zelaya en Honduras o el de Lugo en Paraguay, ambos destituidos constitucionalmente por sus Congresos. La doble moral socialista lleva al extremo de que, bajo un nuevo relativismo político, manipulador del concepto de soberanía, se minimizan los principios universales de DDHH y de libertades, pues para ellos hay dictaduras buenas, las de izquierda, y dictaduras malas, las de derecha, cuando ambas merecen igual reprobación. Así, la dictadura cubana es buena y la de Pinochet mala, o a Maduro hay que tolerarle las persecuciones a la disidencia política, sin que ni siquiera respete el derecho al debido proceso y a la legítima defensa.

La crisis humanitaria en Venezuela sigue entre tanto agravándose en una forma desgarradora. Ayer nomás vi por televisión la entrevista que hacía una periodista a un farmacéutico en Caracas, en que este no pudo contener el llanto al describir el sufrimiento de gente urgida de medicinas que recorren las calles como “corte de los milagros”, sin conseguir nada. Describía el profesional cómo llegan cientos de personas al día a los establecimientos, con cáncer, hipertensión, infecciones, asfixias por asma, convulsiones y todo tipo de males sin poder venderles medicinas, ocasionándoles una fuerte  afectación anímica. Igual pasa en los hospitales. Pero el gobierno niega que la OMS o las organizaciones mundiales envíen medicamentos al país para salvar vidas y aliviar las penurias de los enfermos. Quienes vivimos en el exterior podemos testimoniar cómo no hay día en que no recibamos algún pedido de amigos o familiares de envío de medicinas a altos costos, pues no tienen acceso a divisas. Y las otras facetas de la crisis humanitaria: la falta de alimentos, el colapso de los servicios públicos y la inseguridad personal desbocada siguen en pleno desarrollo, sin hablar de la hiperinflación que mina el poder adquisitivo del venezolano y lo sume en la más profunda desesperanza. La calidad de vida se ha ido al suelo, y por ello sigue incontenible el éxodo.

Ante ese estado de cosas, si este régimen que se ha deslegitimado desde la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente en 1999 mediante un referéndum consultivo; con las trabas impuestas al referéndum revocatorio a Hugo Chávez en 2004; el desconocimiento a la voluntad popular en 2007 cuando se negaron las reformas constitucionales propuestas por Chávez para implantar el Socialismo del Siglo XXI y la reelección indefinida, pero terminó haciendo lo que le vino en gana; el ocultamiento de la fecha de muerte de Chávez en diciembre de 2012 y los subsiguientes decretos espurios del difunto; la sucesión ilegal de Chávez a Maduro en la provisionalidad; el fraude en las elecciones ganadas por Capriles; la aprobación de varias Leyes Habilitantes a los Presidentes para reforzar el autoritarismo; hasta las atrocidades que hoy describimos en contra del mandato dado por el pueblo a la nueva AN y la impugnación de varios de sus integrantes, todo ello obliga a recurrir con urgencia y sin violencia a los medios que la propia Constitución establece para restablecer la vigencia de sus normas. Desde el derecho a protestas pacíficas, la desobediencia civil a decisiones nulas de toda nulidad, a la exigencia a Maduro de que demuestre su nacionalidad, cosa que no ha podido evidenciar, pasando por recurrir a instancias internacionales en búsqueda de la solidaridad ante una crisis de tales magnitudes y riesgos, o ejercer los caminos legales para el recorte del mandato presidencial o su revocatoria, o la invocatoria de las cláusulas que consagran el desconocimiento de toda legislación o autoridad que contraríe los principios democráticos o menoscabe los derechos humanos (artículos 333 y 350 de la Constitución).

La responsabilidad de la nueva AN es cumplir y hacer cumplir el mandato recibido del “soberano” y ejercer sin cortapisas sus atribuciones. Por su parte, el deber de la camarilla integrista del régimen liderada por Diosdado Cabello, es evitar que el país se deslice a la confrontación y a la violencia con la acción de los colectivos o milicias, y el de la FAN asumir su obligación de mantener la independencia, y ser garante de la soberanía y del orden interno. Sería imperdonable que el agónico régimen prefiera inmolarse o enguerrillar al país, antes que admitir que los órganos del Estado “emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos” (artículo 5 de la Constitución), soberanía que quedó inequívocamente expresada en los comicios del pasado 6D. 


"Para la verdad, el tiempo; para la justicia Dios"