Se conmemoran diez años de la crisis política del 11 de abril del 2002. El régimen gobernante, ante la proximidad de los comicios del 7 de octubre, se esmerará en convertir dicha fecha en un acto proselitista más. Vociferarán, siempre mirando hacia atrás, afirmando que se trató de un golpe de Estado de la derecha pro imperialista, y la letanía de que después del 11 A hubo un 13 A, refiriéndose al retorno “triunfal” del caudillo, tras la renuncia que yo presentara ante el país ese último día, a la encomienda de formar un corto gobierno de transición. El objetivo era, valga recordarlo, llamar al pueblo, depositario del poder constituyente originario, a decidir el destino de la nación, eligiendo rápidamente a una Asamblea Nacional que tendría a su cargo la relegitimación de los poderes públicos, ya en ese entonces subyugados por el Poder Ejecutivo, y realizar luego elecciones presidenciales, sin que por expresa disposición, pudiera yo ser candidato. Mal se ha dicho que se pretendió derogar la Constitución de 1999, pues mi juramento estuvo explícitamente dirigido a rescatarla, tras un brevísimo período de facto.
En un documento que escribí hace un año, inserto en mi Blog bajo el link: http://pcarmonae.blogspot.com/2011_04_01_archive.html, intenté aclarar dudas e imprecisiones sobre los acontecimientos de abril, que merced a la propaganda oficialista o a la desinformación, han flotado en el ambiente. El régimen, con su poder mediático sigue hablando de golpe, cuando se trató de un vacío de poder, y ha tenido el descaro de atribuir los muertos de Puente Llaguno a la oposición. Pero el mundo fue testigo de quiénes fueron sus autores, y la sangre de los caídos clama aún por justicia. La sistemática mentira oficialista movió a la contratación de periodistas europeos para elaborar un documental que se ha proyectado en el mundo, destinado a falsear la verdad, y a colocar al régimen en el papel de víctima. Otros me adjudican la responsabilidad exclusiva de una oportunidad perdida, bajo una visión simplista, pues sin eludir mis ejecutorias, fueron momentos de una compleja crisis política, en que ocurrieron errores, omisiones y debilidades tanto en el ámbito castrense, como de quienes con ingenuidad o mala fe contribuyeron a erosionar la provisionalidad. No había en ese momento otro propósito que no fuera restablecer el orden constitucional bajo supervisión internacional, para salvar a una democracia secuestrada por la insaciable sed de poder del gobernante. ¿Habría sido acaso posible lograr una transición de salvamento democrático con instituciones controladas por el oficialismo, o era legítimo llamar al pueblo a definir el destino de la nación, al amparo del artículo 350 de la Constitución? Diez años después, los hechos hablan por sí solos, y con respeto por los juicios críticos, hay que valorar con la mano puesta en el corazón, cuán lejos ha llegado el régimen en su afán de imponer un proyecto castro-comunista que era previsible desde 1998, y si el 11A era posible actuar con total apego jurídico ante un orden institucional vulnerado, o se justificaba la apertura de un efímero período de facto para salvar a un sistema político amenazado, en la actualidad agonizante.
Hoy rememoramos la masacre del 11 A de manos de militantes oficialistas contra una marcha pacífica, que jamás hay que olvidar. Como tampoco, que Chávez quiso ir más lejos al invocar el Plan Ávila, cuya aplicación habría supuesto el uso de armas de guerra contra una población indefensa, al más puro estilo sirio. Está documentado en los videos de ese día, que el único dirigente de la sociedad civil que trató infructuosa pero insistentemente de impedir que la marcha llegara a Miraflores fue quien esto escribe. Luego, los desacatos militares a las órdenes del presidente desencadenaron la crisis que llevó a la anunciada renuncia de Chávez por parte del más alto vocero militar, “la cual aceptó”. Pero no es menos cierto que, como balance, se perdió una oportunidad que a todos duele, pues la acción de la sociedad civil, del sector militar, de la Iglesia, de profesionales y venezolanos del común, no condujo a la salida deseable. Vale por tanto recordar algunos de los hechos que, entre tantos, contribuyeron al revés de esos días:
a) En el estamento castrense prevaleció una corriente, alentada por las emociones del momento, que se opuso a la salida de Chávez a Cuba en la madrugada del 12 A, alegando que debía ser juzgado, y ello motivó que el presidente renunciante permaneciera en territorio nacional bajo custodia de la F.A. Pocas horas después, desde la Base Naval de Turiamo, Chávez negaba su renuncia en un fax que logró hacer llegar a todas las guarniciones del país, estimulando un reflujo de fuerzas en cuadros medios y en el grupo liderado por el General Baduel, hoy preso de Chávez. Desde mi óptica, ese fue el error que sentenció el fin de la provisionalidad.
b) La ausencia de un plan previamente estructurado, la incomprensión sobre el Decreto y un alud de acontecimientos no previstos, dificultaron transmitir con claridad al país el propósito de la provisionalidad de llamar a elecciones parlamentarias en 90 días y presidenciales en 180 días, bajo la supervisión de la OEA, invocando la Carta Democrática Interamericana, para que dicho organismo sirviera de garante de la restitución del orden constitucional. No llegó tampoco a conocerse en su totalidad, la decisión de conformar un equipo de gobierno integrado por valiosos profesionales independientes, y un Consejo Consultivo de la presidencia, con participación de las principales organizaciones políticas.
c) La irreparable pérdida de tiempo el 12 A para consolidar la unidad de mando en la Fuerza Armada, pues hubo divisiones en el seno del Ejército, hasta que el día 13 en horas de la tarde, fue posible conformar un Alto Mando que lo garantizara, y ubicar al más antiguo General del Ejército al frente del Ministerio de la Defensa. Hay quienes aún cuestionan la designación inicial de un Vicealmirante en dicho Ministerio, pero fue la opción válida del momento. A la caída de Pérez Jiménez en enero de 1958, la Junta de Gobierno estuvo presidida por un Contralmirante, y su integración debió modificarse a las pocas horas, dadas las reacciones que generó la inclusión de algunos oficiales del Ejército en su seno. Todo ello está explicado en el libro “Mi Testimonio ante la Historia”, cuya venta fue prohibida en Venezuela por acción de una jurista, pero cuyo texto puede hallarse en el Blog: http://www.pcarmonae.blogspot.com/2011/03/mi-testimonio-ante-la-historia-pedro.html
d) La actitud de algunos analistas hacia la provisionalidad, aún antes de conocerse el Decreto de conformación del gobierno de transición, pese a que luego se haría pública la intención de conformar un amplio Consejo Consultivo de la Presidencia, y se invitaría a un dirigente de la principal central sindical, la CTV, a ocupar la Vicepresidencia Ejecutiva, amén del compromiso de celebrar rápidas elecciones y de respetar los derechos humanos, políticos, laborales, y los de Gobernadores y Alcaldes. Algunos actores se rasgaron así las vestiduras por una legalidad inexistente, pues el régimen se había deslegitimado a raíz de la elección espuria de integrantes de varios de los Poderes Públicos, la conculcación de su independencia, y la aprobación arbitraria de Decretos-Leyes, algunos de rango superior, al amparo de Leyes Habilitantes. Con todo, el día 13 de abril se rectificó el Decreto original para llamar al Parlamento a que sesionara y definiera el destino de la transición. Cuando reapareció el Vicepresidente Diosdado Cabello, quien permanecía oculto, y fue juramentado por el Presidente de la Asamblea Nacional, yo ya había renunciado y acaté dicha decisión, aunque el juramento no fue tomado en sesión plenaria de la AN. Es apenas una conjetura que hubiese existido un acuerdo en grupos de parlamentarios para darle legitimidad al gobierno provisional.
e) La politización de PDVSA, marcada por la designación de una Junta Directiva no meritocrática afín al presidente, y la destitución de numerosos funcionarios de la empresa, constituyó el principal detonante de las protestas que desembocaron en el paro y la gran marcha del 11 A. Posteriormente, Chávez reconoció públicamente que había provocado deliberadamente la crisis de PDVSA. Los temores de ese entonces han quedado confirmados con el tiempo: PDVSA fue tomada políticamente, convertida en caja chica del gobierno, y su gestión financiera y operativa han quedado gravemente comprometidas, en contra de los intereses nacionales.
f) La febril actividad desplegada desde La Habana por Fidel Castro, primero para solicitar a Chávez que no se inmolara como Allende, luego para ofrecerle asilo y encarecerle que no firmara su renuncia para intentar desde Cuba soliviantar al pueblo y recuperar el poder, y finalmente, al no materializarse el viaje del presidente a Cuba por la decisión castrense, Castro realizó insistentes llamadas a Generales venezolanos para conminarlos a restituir al mandatario en el poder, acción explicable no sólo en defensa de su pupilo, sino para asegurar el apoyo económico vital que se le brindaba, el cual ha seguido incrementándose en años posteriores. Dicha acción estuvo acompañada por la solidaridad de algunos movimientos y medios de comunicación ligados al Foro de Sao Paulo.
A diez años de distancia, pese al interés oficialista de mantener latente un 11 A reescrito a su conveniencia, es bueno recordar que al reasumir funciones, Chávez prometió con un crucifijo en la mano rectificar en todo cuanto fuese necesario, y la creación de una comisión de la verdad sobre la masacre de ese día. Nada de ello fue cumplido. El diálogo iniciado bajo la conducción de José Vicente Rangel constituyó una burla, como fue una burla la mesa de diálogo que funcionó entre agosto y noviembre de 2001, encabezada por el Ministro Giordani, en virtud de mi insistencia en nombre de Fedecámaras ante el Presidente Chávez. Dicho esfuerzo culminó con la imposición de 48 Decretos-Leyes en temas vitales, hecho que marcó el inicio de una etapa de protestas con el paro nacional de 12 horas que lideré en nombre del empresariado el 10 de diciembre de 2001, al cual se sumó el 90% del país, ante la ira e incredulidad del Jefe del Estado. En ese momento comprobé que Chávez quería pasar a la historia no como un estadista sino como un revolucionario, y que su talante democrático era inexistente.
Hay que recordar además que el Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia dictada en agosto de 2002, que tanto perturbó a Chávez con gruesos insultos al TSJ, obligando a la posterior derogatoria de la misma, no sólo se reconoció que el 11 A ocurrió un vacío de poder, sino que respecto a la transición, expresó lo siguiente:
“…como ya se dijo, una vez que se anunció por el General en Jefe la renuncia del presidente y del Alto Mando Militar, todo el País tenía el derecho y la obligación de creer tal como sucedió con la OEA, que en Venezuela existía crisis en el poder ejecutivo por carencia de titular de la Presidencia. Fue en esas condiciones cuando los militares anunciaron el nombramiento del Presidente provisorio. Evidentemente que carecían de competencia para esa actuación, aun cuando por mandato legal se les deba reconocer la buena fe en su actuación y no puede la Sala aplaudir ni silenciar esa conducta por mucho que se acepte que estuvo preñada de buenas intenciones.
Ahora, si no existía Presidente en ejercicio y antes se habían producido los graves acontecimientos que los militares como móvil de sus pronunciamientos; que la OEA condenó tal y como lo hiciera este Alto Tribunal, no puede decirse que con ello se pretendía impedir u obstaculizar el ejercicio de un poder ejecutivo sin titular, ni alterar el orden y la paz interior de la nación, que ya se había roto por elementos exógenos a los imputados. Más aún, afirmó el general Vásquez Velazco e hicieron público los medios de comunicación social, que al no conseguir a ninguno de los llamados a suceder al Presidente en caso de falta absoluta, llamó al Presidente de este Tribunal para preguntarle si a él, correspondía la asunción de ese cargo pero éste le aseguró que tocaba al Vicepresidente.
Esta forma de actuar, claramente evidenciaba que no era su intención la toma del poder sino la de restaurar la paz interior y la buena marcha de las instituciones ya que de lo contrario, no se puede explicar esa pregunta”.
Ha llegado el momento de dar vuelta a la estratagema gubernamental de mantener la mira puesta en el pasado, y de asumir sin complejos el revés del 11 A, pues lo que se pretende es seguir tendiendo cortinas de humo, dividir a las fuerzas democráticas, y esconder el trágico balance de una crisis múltiple de 13 años de gobierno, expresada en un revanchismo exacerbado, la cubanización del país, la construcción de estrechas relaciones con nefastas dictaduras del mundo y cercanías con las FARC y el ELN, el armamentismo, la siembra de odios y lucha de clases, la inseguridad y anomia prevalecientes, la destrucción del aparato productivo y de la infraestructura, la crisis de los servicios de electricidad y agua, la exportación del Socialismo del Siglo XXI, el aberrante endeudamiento, la venta de petróleo a futuro, y la pretensión de aplicar un Plan Socialista 2013-2019 para asegurar la irreversibilidad del proceso. Son hechos de gravedad suficiente para no embestir más el trapo rojo del 11 A, como no sea para recordar a las víctimas de la masacre oficialista.
Hay que asumir el presente y el futuro, evidenciando ante el mundo cómo el régimen conduce al país a su antojo, sin rendición de cuentas ni apego a las más elementales normas del Estado de Derecho. La democracia no consiste solo en elecciones, que son manipulables, sino en la legitimidad en el desempeño. El de Chávez es un gobierno arbitrario con espíritu totalitario, ineficiente, corrupto y despilfarrador de recursos públicos, que destruye y divide en lugar de dedicar sus energías a la tarea constructiva; que ha comprometido como nunca la soberanía nacional ante Cuba y otros países; que barrió con las instituciones, y que pretende abolir el modelo republicano consagrado en las constituciones desde que Venezuela es nación independiente. Gómez y Pérez Jiménez fueron déspotas censurables, pero al menos se rodearon de gente preparada, pusieron orden en la economía, crearon instituciones, garantizaron seguridad al común de la población, y construyeron obras públicas. El daño causado al país por el prolongado régimen chavista es inconmensurable y se proyectará por décadas en lo económico, social e institucional. Hay que admitir no obstante, una cuota de responsabilidad de la sociedad venezolana, al haber tolerado que el proyecto totalitario avanzara sin pausa, bajo la falacia oficialista de que la revolución está por encima de la Constitución, que todos los poderes deben estar a su servicio, que Cuba y Venezuela conforman una sola nación, y por no haber exigido con firmeza cambios en las reglas del juego, para garantizar el respeto al voto.
Considero que el reto que hoy enfrenta el país es aún mayor que el de abril de 2002. La vía electoral no representa el cambio normal de un gobierno democrático a otro, sino la sustitución de un sistema totalitario marxista por uno apegado al Estado de Derecho, y a una economía de mercado socialmente responsable, lo cual implica serias complejidades. Es por tanto indispensable: 1) Garantizar una sólida unidad en las fuerzas democráticas de cambio. 2) Contrarrestar el ventajismo oficialista, exigiendo depurar el Registro Electoral Permanente, y organizando la defensa del voto mediante un eficaz operativo de testigos en todas las mesas electorales, para acopiar las actas y facilitar el conteo rápido de sufragios. 3) Generar confianza entre indecisos y chavistas desencantados respecto al futuro de una Venezuela sin Chávez, para desvirtuar la consigna de que si no es Chávez habrá guerra o caos. 4) Sembrar en el alma de los venezolanos un mensaje de no violencia, contrario al que transmite a diario el discurso presidencial y de sus allegados, aunado a la acción de grupos de choque que intimidan a la población y tratan de impedir que el candidato de unidad visite los barrios populares, y así estimular la abstención. 5) Prepararse para escenarios de alta complejidad política, dada la acción de quienes pretenden perpetuarse en el poder o enguerrillar al país, ante lo cual solo un amplio acuerdo nacional permitiría neutralizar la potencial acción desestabilizadora. No hay que olvidar que Rómulo Betancourt enfrentó con éxito entre 1959 y 1964 los embates de la lucha armada pro cubana y de la extrema derecha nostálgica del perezjimenismo, y ello fue posible gracias al denostado Pacto de Punto Fijo, el cual es un referente bajo realidades históricas distintas, como lo fue la concertación nacional en Chile después de Pinochet, en cuyo contexto la estadista Michele Bachelet, víctima de la dictadura, asumió el poder sin resentimientos expresando: “el pasado nos divide, el futuro nos une hacia la construcción de un gran porvenir”.
En pocas semanas cumpliré también 10 años de exilio, que han significado un profundo cambio de vida, y pese a haber sufrido en carne propia las flaquezas de la condición humana, he recogido una enriquecedora experiencia académica y profesional en el país hermano que me brinda humanitaria protección conforme al Derecho Internacional, ante la falta de garantías al debido proceso, a la legítima defensa, y al riesgo que corría mi integridad personal. Me satisface haber sido investigado por el régimen desde que fui concebido, y que se me ataque políticamente pero no moralmente, pues hay detrás una trayectoria de vida limpia, de principios, y de suprema valoración a la vida, incluyendo la de Chávez, ahora y en el 2002. No podría decirse lo mismo de quienes se aferran patológicamente al poder, con cerca de 160.000 muertos por la inseguridad que campea en el país, que han arrasado las finanzas públicas, amén de cientos de presos políticos, exiliados, un país de inmigrantes convertido en uno de emigrantes, y las graves limitaciones impuestas a la libertad de expresión y de información. Recuerdo que Teodoro Petkoff expresó a César Miguel Rondón en una entrevista el 12 A, que si bien los poderes recibidos el 12 A lucían excesivos, consideraba que yo era un hombre prudente y sensato, y que confiaba en que sabría ejercerlos con buen criterio. Pero la Fiscal Ortega Díaz sigue hablando de órdenes de captura contra la disidencia, existiendo tantos delincuentes allegados al régimen protegidos en solidaria camaradería, en tanto que Diosdado Cabello, el mismo que desapareció el 11 A, y a quien se atribuye tanto poder económico, anuncia que leerá de nuevo en la Asamblea Nacional la lista de firmantes del Decreto de constitución del gobierno provisional, para atacarlos y descalificarlos.
Si se perdió una importante batalla en abril de 2002, no se ha perdido la guerra contra el totalitarismo. Produce perplejidad la destrucción provocada por un régimen militarista, ideológicamente fanatizado, que no cree en instituciones sino en la consigna “ceresoliana” de “caudillo, ejército, pueblo”, y que ahora impone como saludo militar el: “bolivarianos, revolucionarios, antimperialistas, socialistas y chavistas”, en un insólito empeño de politizar a una institución que constitucionalmente está al servicio de la nación y no de persona o parcialidad política alguna, sembrando en ella el más pernicioso culto a la personalidad del gobernante. El régimen se apega también a la dialéctica marxista de que el fin justifica los medios, pero ha desperdiciado una oportunidad histórica irrepetible, para colocar a Venezuela a la vanguardia de América Latina. Siento por ello íntima tranquilidad al definirme como un disidente, aunque sin activismo político. Mal me sentiría si fuese o hubiese sido cobarde o apático, sin negar que si pudiese dar marcha atrás al reloj, algunas cosas haría de manera diferente. Pero cuando se está ante un tsunami, no hay opción para decisiones sosegadas, ya que todo es arrasado por su furia.
Para fortuna de los venezolanos y del mundo, se ha abierto un rayo de luz de esperanzas en torno al proceso electoral del próximo 7 de octubre. Pese a las inmensas asimetrías derivadas del ventajismo oficialista, no es imposible un triunfo electoral, si el país reacciona como lo hizo en procesos previos en que fue capaz de derrotar al poderoso aparato oficialista. De esa manera, no sería por un acto de Dios que no deseamos, dada la precaria salud del presidente, pues además implica riesgos de que se erijan mitos políticos futuros, sino mediante una avalancha de votos, o la resistencia pacífica y constitucional, que se rescate la democracia en Venezuela. De ser así, ni la poderosa maquinaria propagandista del chavismo, ni el discurso de que la revolución llegó para quedarse, o la compra de conciencias y de encuestas, serían capaces de acallar la voluntad popular.
Escribo estas reflexiones durante la Semana Santa. Ello me mueve a invocar con fe al Dios Todopoderoso, para que vuelva los ojos sobre la sufrida patria, y le restituya, con el necesario tesón del pueblo, el don preciado de la libertad.
“Cuando los pueblos están en riesgo de desaparecer por obra de los hombres o de las instituciones, el grito de alarma es sagrado; someterse o callar no es solo debilidad, sino un delito público”. Julio César Salas, Venezuela, 1919.
"Cuando me desespero, recuerdo que a través de la Historia los caminos de la verdad y del amor siempre han triunfado. Ha habido tiranos, asesinos, y por un tiempo pueden parecer invencibles, pero, al final, siempre caen", Mahatma Gandhi.
"Para la verdad, el tiempo; para la justicia Dios"
Pedro Francisco Carmona Estanga nació el 6 de Julio de 1941 en Barquisimeto, Venezuela. Es Economista, graduado en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) de Caracas, con estudios de postgrado en la Universidad Libre de Bruselas, Maestría en Educación en la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá, y un Doctorado en Economía en la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (ESEADE) de Buenos Aires, Argentina.