Se avecinan tiempos cruciales para la institucionalidad política venezolana. La democracia republicana consagrada en la Constitución de 1999,la misma que impulsara con tanto ardor el gobernante Hugo Chávez Frías y que presentara como la mejor del mundo, ha ido suplantándose por un gobierno de corte autocrático, bajo la figura del Socialismo del Siglo XXI, que no es otra cosa que la emulación de fracasados modelos de inspiración soviético-cubana, en los cuales no se concibe ni un ápice de independencia de los poderes públicos, ni formas civilizadas de control político, pues el régimen conceptúa que éstos constituyen un apéndice del proyecto que lidera bajo una visión caudillista el Jefe del Estado, todo ello a la par de la creación de un Estado macrocefálico, omnipotente y omnipresente, que es fuente de desenfrenados abusos de poder, malversación de fondos, corrupción y restricciones al régimen de libertades.
Bajo ese marco,el país se prepara para una nueva y trascendente consulta popular: las elecciones de diciembre de 2012, las cuales tendrán a un candidato conocido: el actual Presidente de la República, y a un sólo contendor, el que sea seleccionado con criterio de unidad por las fuerzas democráticas que hacen vida en la Mesa de la Unidad Democrática, MUD. Está decidido que la escogencia del candidato opositor se hará mediante elecciones primarias, pero no hay aún acuerdos sobre si se realizarán en forma conjunta o separada con la selección de candidatos a otros cargos de elección popular, o si su convocatoria tendría lugar en el presente año, o en el 2012.
Todo ello es plausible, y aunque muchos dudan sobre la disposición del gobierno de respetar las reglas del juego, la opinión mayoritaria se inclina a transitar por el camino electoral para intentar un cambio político por medios pacíficos y constitucionales. Ante ese panorama, es pertinente formularse algunas interrogantes, con base en los antecedentes de jornadas anteriores: 1) La abierta injerencia del gobierno en los procesos electorales pasados, con total ventajismo y uso de recursos fiscales, medios de comunicación y del aparato del Estado al servicio de sus objetivos, así como la activa participación de los funcionarios públicos en el proselitismo político, al margen de la más elementales normas constitucionales y de equidad. 2)La negativa oficialista a permtir a la oposición conocer el Registro Electoral Permanente, para reducir sus inconsistencias o manipulaciones, pues es alto el número de votantes fallecidos, virtuales o repetidos con distintas cédulas, lo cual conduce a serias irregularidades. 3)La actuación sesgada del Consejo Nacional Electoral, como consecuencia de su composición favorable al oficialismo, ya que cuatro de sus miembros son parte de la estructura de gobierno. 4) Las débiles auditorías a las máquinas de votación y en general del proceso, incluyendo los sistemas de transmisión de datos, dado que es la CANTV estatizada la responsable de su manejo, y porque afloran nuevos temores de que la interconexión por fibra óptica con Cuba, pudiera facilitar la injerencia de ese país en el proceso electoral interno. 5) La necesidad de que se transmitan boletines parciales de resultados en la medida en que se avance en el escrutinio de los votos, sin las "cajas negras" secretas del centro de totalización, y las consultas del CNE al Presidente de la República antes de la emisión de resultados.
De allí que a la par de la preparación a la participación en los comicios, resulte indispensable que la MDU asuma un papel más proactivo hacia el logro de mayor confiabilidad y transparencia, ya que los antecedentes no generan confianza suficiente en el electorado. En otro orden de ideas, tanto o más importante que la selección del candidato por parte de las fuerzas democráticas, es la estructuración de unas bases programáticas unitarias que transmitan credibilidad al país, pues si bien aumenta el desencanto con el gobierno en los segmentos populares, subsiste incertidumbre respecto a cuál sería la platafoma alternativa para la conducción de un país sin Chávez. El contenido social es fundamental, pero no sobre bases populistas, sino para ofrecer programas sociales efectivos, con eficiencia en el manejo de los recursos y enfoques hacia la solución de problemas estructurales. En suma, es necesario estar conscientes de que el reto a enfrentar es gigantesco, ante fenómenos desbordados como la inseguridad, la anarquización del país, las profundas distorsiones económicas prevalecientes, la rampante corrupción que corroe a la nación, la necesidad de desarmar a la población, la reinstitucionalización, el rescate de los valores perdidos, el fin a la dilapidación de recursos y de los regalos al exterior, la reformulación de la política exterior del país, y tantos otros retos a los que habrá que enfrentarse en un futuro, de la mano de una reconciliación sin impunidad, en el momento en que se produzca la alternabilidad política en Venezuela.
Según las mediciones de opinión, la mayoría de los consultados considera que Chávez debe dejar el poder tras las elecciones del 2012, pero a la vez no desea vueltas al pasado o el protagonismo de figuras que cumplieron su misión como dirigentes. Subsisten asimismo interrogantes derivadas de la soberbia actitud del régimen de desconocer la voluntad popular, alentadas por insólitas actuaciones como las del General Rangel Silva, al declarar que ni la Fuerza Armada ni el pueblo aceptarán un gobierno de oposición en Venezuela, las cuales fueron respaldadas sin pudor por parte del Presidente de la República. Ello plantea retos y nubarrones, para los cuales es necesario prepararse con firmeza y claridad de actitudes. No son tiempos para actitudes blandengues, apatías o para eludir responsabilidades, pensando de manera equívoca que se alentaría el abstencionismo. Por el contrario, la mejor forma de promoverlo es mirando hacia un lado ante las legítimas dudas que subsisten sobre la solidez del ejercicio del voto.
Una sugerencia final: el voto del creciente número de venezolanos en el exterior se convierte para el 2012 en una fuerza relevante. Pero la mayoría no ha hecho traslado de su lugar de votación a sus nuevos lugares de residencia en el exterior. De allí que convenga desarrollar una campaña de información y concientización a los compatriotas para que cumplan oportunamente con esa formalidad, y no se desperdicie su voto.
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