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domingo, 27 de marzo de 2011

LA MILICIA

Continúa indetenible el proceso de demolición de la institucionalidad venezolana, de manos de un gobierno que, apegado a la más pura dialéctica marxista, no repara en los medios para el logro de sus fines: la implantación del Socialismo del Siglo XXI, y su irradiación hacia otros países de la región.
Parece no bastar con las impúdicas declaraciones de sumisión de los demás Poderes Públicos a los designios del Jefe del Estado, con lo cual la democracia está herida de muerte, sino que luce necesario acentuar la concentración de poder, asegurar la perpetuación del régimen a través de campañas sistemáticas de ideologización, y la creación de organizaciones armadas paralelas cuya finalidad es la defensa del proceso revolucionario, incluso ante la posibilidad de una alternabilidad política por vías constitucionales, al buen estilo de las tambaleantes dictaduras de los países árabes, o de la admirada Cuba.
Venezuela se encuentra así en una transición entre el sistema republicano consagrado en la Carta Magna de 1999, la que fue considerada la mejor del mundo por el gobernante en ejercicio, a uno en el cual ha desaparecido toda forma de control político, donde la oposición es criminalizada y perseguida, la propiedad privada es vulnerada por el régimen para reducirla a su mínima expresión, en aras de la construcción de un Estado dueño y señor de cuanto acontece dentro de sus fronteras, bajo exacerbantes modalidades de control e intervención en todas las formas de vida y organización de la sociedad venezolana. A tales efectos en diciembre de 2010 se aprobaron entre gallos y media noche, antes de que la nueva Asamblea Nacional asumiera sus funciones, decenas de leyes, incluyendo las que permitirán la creación del Estado Comunal, una nueva forma inconstitucional de organización política que reemplazará al Estado republicano, al margen de la voluntad popular expresada en el referéndum de diciembre de 2007, y en las elecciones parlamentarias de septiembre de 2010. Como si fuera insuficiente, el oficialismo optó por obsequiar al jefe supremo poderes especiales mediante una nueva Ley Habilitante, para gobernar durante año y medio mediante Decretos-Leyes, en lo humano y en lo divino, sea en leyes ordinarias u orgánicas o de rango superior -ello no interesa- dejando a la nueva Legislatura atada de manos, y con un nuevo reglamento de debates que restringe el ejercicio de sus facultades, hasta para reunirse o ejercer el derecho de palabra. Ya es visible la parálisis provocada por estas decisiones en la Asamblea Nacional, pues los representantes a la misma han quedado neutralizados para legislar y deliberar, sin olvidar que el número de representantes habría sido mayoritario, de no haber sido por la ilegítima modificación impuesta a la composición de los circuitos electorales.
En un país que ya parece no sorprenderse con nada, y donde en los últimos tiempos sólo la juventud ha promovido con determinación protestas capaces de obligar al gobierno a aceptar algunas de sus reivindicaciones, el Jefe de Estado en uso de las facultades de Ley Habilitante, modificó de nuevo la Ley Orgánica de la Fuerza Armada (LOFAN), cuarta en cinco años, para fortalecer la Milicia por él creada en 2005, e incorporada como componente de la Fuerza Armada en 2008, asemejándola cada vez más al estamento armado organizado por Gadafi en la convulsionada Libia.
De lo más grave en esta modificación a la LOFAN, es que se atribuye a la Milicia Bolivariana la función de "elaborar los programas y planes educativos, basados en los principios y fundamentos para la defensa integral, conforme a las políticas emitidas por el Sector Defensa y el Nuevo Pensamiento Militar Venezolano", un zarpazo que intenta subyugar a la sociedad venezolana desde la niñez, a la usanza de la China de Mao,  la Cuba de Castro, la Alemania de Hitler o la Rusia staliniana, y que consolida a la Milicia como la guardia pretoriana del Presidente, temeroso quizás de cualquier contagio de la situación que vive el mundo árabe, donde ahora en otro aliado, Siria, el pueblo ha insurgido en contra de la tiranía de Al Assad.
Pero además, como en el realismo mágico venezolano no hay imposibles, la Ley equipara a los milicianos y voluntarios sin formación con oficiales de rango de la institución castrense, bajo la figura de "oficiales de tropa y oficiales de milicia", con el fin de "lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo". La reforma también supera limitaciones legales preexistentes para que los integrantes de la milicia puedan militar en partidos políticos, pues a pesar de continuar como un componente de la FAN, se estipula que la Milicia no forma parte de la profesión militar.  
Para Rocío San Miguel, analista en temas militares: "La reforma fortalece la figura de la Milicia creando una oficialidad y permitiendo su acceso a las armas de la Fuerza Armada más allá de actos y desfiles, de un órgano paralelo que no forma parte de la estructura de la Fuerza Armada", agregando que " la reforma supone un aceleramiento y punto de no retorno en la consolidación del brazo armado de la revolución constituido por ciudadanos al margen de la FAN que detentan las armas de guerra de la República".
Por su parte, para el General (r) Raúl Salazar, ex Ministro de Defensa de Chávez: "La palabra milicia no está en la Constitución. Las Fuerzas Armadas en Venezuela pasan a ser una política de gobierno y no una política de Estado como debiera ser", mientras que otro ex Ministro de Defensa, el General (r) Fernando Ochoa Antich, afirma: "Es una forma más de destruir el profesionalismo de nuestros militares. Chávez considera que el profesionalismo compromete su poder político; su objetivo es seguir debilitando a las Fuerzas Armadas para controlarlas lo más posible".
Desde la distancia, quedan estos hechos propios de una autocracia obsecada a la consideración de los lectores, y de la dirigencia política, oficiales en retiro, analistas políticos nacionales e internacionales, el veredicto sobre una delicada realidad que no parece percibirse en su justa y profunda dimensión.



"Para la verdad, el tiempo; para la justicia Dios"

lunes, 21 de marzo de 2011

ELECCIONES 2012

Se avecinan tiempos cruciales para la institucionalidad política venezolana. La democracia republicana consagrada en la Constitución de 1999,la misma que impulsara con tanto ardor el gobernante Hugo Chávez Frías y que presentara como la mejor del mundo, ha ido suplantándose por un gobierno de corte autocrático, bajo la figura del Socialismo del Siglo XXI, que no es otra cosa que la emulación de fracasados modelos de inspiración soviético-cubana, en los cuales no se concibe ni un ápice de independencia de los poderes públicos, ni formas civilizadas de control político, pues el régimen conceptúa que éstos constituyen un apéndice del proyecto que lidera bajo una visión caudillista el Jefe del Estado, todo ello a la par de la creación de un Estado macrocefálico, omnipotente y omnipresente, que es fuente de desenfrenados abusos de poder, malversación de fondos, corrupción y restricciones al régimen de libertades.

Bajo ese marco,el país se prepara para una nueva y trascendente consulta popular: las elecciones de diciembre de 2012, las cuales tendrán a un candidato conocido: el actual Presidente de la República, y a un sólo contendor, el que sea seleccionado con criterio de unidad por las fuerzas democráticas que hacen vida en la Mesa de la Unidad Democrática, MUD. Está decidido que la escogencia del candidato opositor se hará mediante elecciones primarias, pero no hay aún acuerdos sobre si se realizarán en forma conjunta o separada con la selección de candidatos a otros cargos de elección popular, o si su convocatoria tendría lugar en el presente año, o en el 2012.

Todo ello es plausible, y aunque muchos dudan sobre la disposición del gobierno de respetar las reglas del juego, la opinión mayoritaria se inclina a transitar por el camino electoral para intentar un cambio político por medios pacíficos y constitucionales. Ante ese panorama, es pertinente formularse algunas interrogantes, con base en los antecedentes de jornadas anteriores: 1) La abierta injerencia del gobierno en los procesos electorales pasados, con total ventajismo y uso de recursos fiscales, medios de comunicación y del aparato del Estado al servicio de sus objetivos, así como la activa participación de los funcionarios públicos en el proselitismo político, al margen de la más elementales normas constitucionales y de equidad. 2)La negativa oficialista a permtir a la oposición conocer el Registro Electoral Permanente, para reducir sus inconsistencias o manipulaciones, pues es alto el número de votantes fallecidos, virtuales o repetidos con distintas cédulas, lo cual conduce a serias irregularidades. 3)La actuación sesgada del Consejo Nacional Electoral, como consecuencia de su composición favorable al oficialismo, ya que cuatro de sus miembros son parte de la estructura de gobierno. 4) Las débiles auditorías a las máquinas de votación y en general del proceso, incluyendo los sistemas de transmisión de datos, dado que es la CANTV estatizada la responsable de su manejo, y porque afloran nuevos temores de que la interconexión por fibra óptica con Cuba, pudiera facilitar la injerencia de ese país en el proceso electoral interno. 5) La necesidad de que se transmitan boletines parciales de resultados en la medida en que se avance en el escrutinio de los votos, sin las "cajas negras" secretas del centro de totalización, y las consultas del CNE al Presidente de la República antes de la emisión de resultados.

De allí que a la par de la preparación a la participación en los comicios, resulte indispensable que la MDU asuma un papel más proactivo hacia el logro de mayor confiabilidad y transparencia, ya que los antecedentes no generan confianza suficiente en el electorado. En otro orden de ideas, tanto o más importante que la selección del candidato por parte de las fuerzas democráticas, es la estructuración de unas bases programáticas unitarias que transmitan credibilidad al país, pues si bien aumenta el desencanto con el gobierno en los segmentos populares, subsiste incertidumbre respecto a cuál sería la platafoma alternativa para la conducción de un país sin Chávez. El contenido social es fundamental, pero no sobre bases populistas, sino para ofrecer programas sociales efectivos, con eficiencia en el manejo de los recursos y enfoques hacia la solución de problemas estructurales. En suma, es necesario estar conscientes de que el reto a enfrentar es gigantesco, ante fenómenos desbordados como la inseguridad, la anarquización del país, las profundas distorsiones económicas prevalecientes, la rampante corrupción que corroe a la nación, la necesidad de desarmar a la población, la reinstitucionalización, el rescate de los valores perdidos, el fin a la dilapidación de recursos y de los regalos al exterior, la reformulación de la política exterior del país, y tantos otros retos a los que habrá que enfrentarse en un futuro, de la mano de una reconciliación sin impunidad, en el momento en que se produzca la alternabilidad política en Venezuela.

Según las mediciones de opinión, la mayoría de los consultados considera que Chávez debe dejar el poder tras las elecciones del 2012, pero a la vez no desea vueltas al pasado o el protagonismo de figuras que cumplieron su misión como dirigentes. Subsisten asimismo interrogantes derivadas de la soberbia actitud del régimen de desconocer la voluntad popular, alentadas por insólitas actuaciones como las del General Rangel Silva, al declarar que ni la Fuerza Armada ni el pueblo aceptarán un gobierno de oposición en Venezuela, las cuales fueron respaldadas sin pudor por parte del Presidente de la República. Ello plantea retos y nubarrones, para los cuales es necesario prepararse con firmeza y claridad de actitudes. No son tiempos para actitudes blandengues, apatías o para eludir responsabilidades, pensando de manera equívoca que se alentaría el abstencionismo. Por el contrario, la mejor forma de promoverlo es mirando hacia un lado ante las legítimas dudas que subsisten sobre la solidez del ejercicio del voto.

Una sugerencia final: el voto del creciente número de venezolanos en el exterior se convierte para el 2012 en una fuerza relevante. Pero la mayoría no ha hecho traslado de su lugar de votación a sus nuevos lugares de residencia en el exterior. De allí que convenga desarrollar una campaña de información y concientización a los compatriotas para que cumplan oportunamente con esa formalidad, y no se desperdicie su voto.

LIBRO: "MI TESTIMONIO ANTE LA HISTORIA", por Pedro Carmona E. 2005.

"MI TESTIMONIO ANTE LA HISTORIA"





Pedro Carmona Estanga



2a. edición. 2005
ISBN 958-8235-18-9
Copyright Pedro Carmona Estanga, 2005















Dedicatoria:

A Gladys y a Gustavo Adolfo, mis compañeros de camino, en las buenas y en las malas.

A mis demás familiares, que han hecho gala de nobleza y solidaridad en momentos difíciles.

Al bravo pueblo de Venezuela, que no se rinde

Al hospitalario pueblo de Colombia.


Agradecimiento:

Al Dr. Eduardo Quiceno, por su valioso apoyo


















CIVILIZACIÓN Y BARBARIE (A manera de Prólogo)


Por Eduardo Casanova.

El verdadero tesoro del hombre es el tesoro de sus errores
José Ortega y Gasset

Pedro Carmona Estanga fue una esperanza. Una esperanza que duró demasiado poco y fue apartada del camino a manotazos por las hordas del caudillismo anacrónico que se apoderó de Venezuela desde 1998.Hugo Chávez es un retroceso, un error histórico, un regreso al caudillismo bárbaro que tanto daño le hizo a Venezuela y a su pueblo entre 1812 y 1935, y que parecía definitivamente erradicado, pero volvió con toda su carga de odios, de deshonestidad, de viveza criolla, de demagogia y de atraso. Con la misma carga de daños con que se hizo presente en 1811, y con más fuerza a partir de 1812.
Venezuela fue el primer país que se independizó de España, el 5 de julio de 1811. Desdichadamente, la reacción de España fue pésima. Era la peor de todas las Españas, la de Carlos IV y Fernando VII, la de José Bonaparte, Pepe Botella, la que había estado en manos de favoritos de una reina, de Godoy, de Floridablanca y de otros personajes que podrían haber salido de una muy pobre zarzuela, pero gobernaron un país que había sido grande, y que volvería a serlo. En vez de hacer la guerra, como lo hizo Inglaterra cuando trece de sus colonias americanas declararon su independencia y se constituyeron en nación, aquella España sin talentos entregó la defensa de su rey a una auténtica pandilla de caudillos bárbaros, desalmados, criminales, que en vez de combatir se dedicaron a asesinar hombres, mujeres, niños y ancianos, como simples delincuentes que eran. Monteverde, Zuazola, Cervériz, Yáñez y el peor de todos, José Tomás Boves, fueron los primeros caudillos demagógicos que se dedicaron a engañar al pueblo y a cometer fechorías en nombre de la política. La primera república, injustamente llamada por algunos historiadores “la patria boba”, contaba con hombres civilizados y cultos, como Cristóbal Mendoza, Juan Germán Roscio, Francisco Isnardi, Francisco Javier Ustáriz, Francisco y Fernando Rodríguez del Toro y Francisco de Miranda, el más universal de todos los americanos y el verdadero padre de la independencia de la antigua América española. Era imposible que aquellos hombres cultos y civilizados pudieran con la agresión brutal de los caudillos demagógicos y bárbaros que empleó la España menguada para combatir a la Venezuela independiente. Todos cayeron derrotados, en especial Francisco de Miranda, que fue violentamente apartado del camino por Simón Bolívar a fines de julio de 1812, cuando cayó postrada aquella primera república, que también había sido una esperanza demasiado breve.

Simón Bolívar, Libertador de varias naciones y uno de los más grandes hombres de América, a pesar de ser también un hombre culto y civilizado, asumió la condición de caudillo bárbaro para combatir a Boves y los suyos. Proclamó la terrible Guerra a Muerte, ordenó el asesinato de más de ochocientos civiles inermes que estaban presos en La Guaira por el solo hecho de ser españoles, causó la muerte de muchos inocentes, entre ellos varios frailes asentados en Guayana, para compensar las barbaridades que hacían los caudillos realistas. Combatió el fuego con el fuego, y con ello sentó un precedente desgraciado. En 1821, bajo la influencia de Antonio José de Sucre, el más humano de los próceres americanos, Bolívar dio un giro de ciento ochenta grados, dejó atrás para siempre la barbarie y auspició el Tratado de Regularización de la Guerra, instrumento increíblemente humanitario, cuyas alturas aún no han sido alcanzadas por el resto del mundo. Pero no logró que los caudillos que él había formado para aquella terrible Guerra a Muerte siguieran su ejemplo, y en 1830 los caudillos bárbaros americanos lo apartaron del camino tan bruscamente como él había apartado a Miranda, asesinaron a Sucre en Berruecos y causaron la muerte de Bolívar, consumido por la tristeza y el fracaso, en la Quinta San Pedro Alejandrino, cerca de Santa Marta.

Desde entonces, desde 1830, hasta 1935, Venezuela estuvo en manos de los caudillos bárbaros, y esa fue la causa de su atraso, de su fracaso como país. Apenas José María Vargas, Manuel Felipe Tovar, Pedro Gual y quizás Juan Pablo Rojas Paúl, pueden ser excluidos de la lista de caudillos bárbaros que fueron presidentes de la república de Venezuela entre 1830 y 1935.
En 1936, muerto el general Juan Vicente Gómez, el que debería haber sido el último caudillo bárbaro del país, Venezuela entró en una etapa luminosa. Primero fue Eleazar López Contreras, militar no formado en escuela, pero dueño de una notable cultura y capaz de llevar la transición con una habilidad envidiable, y luego Isaías Medina Angarita, militar civilista y civilizado, que hizo un excelente gobierno pero no se atrevió a dejar atrás ciertos elementos que lo condenaron al ser derrocado en 1945. Entró entonces la república en un breve período de desorden, de demagogia, de retroceso, que debería haber terminado con la presidencia de otro hombre probo y bien intencionado, Rómulo Gallegos, que también fue apartado a manotazos por los bárbaros. Y todo culminó con un retorno al caudillismo, en las manos de Marcos Pérez Jiménez, un militar ambicioso y poco honesto, que en 1952 llevó a cabo un fraude electoral de dimensiones increíbles. Pero esa dictadura innoble fue derrocada el 1958, y dio paso a un sistema democrático que finalmente parecía dirigir el país hacia la modernidad y el progreso. Con todos los defectos que hayan podido tener, los presidentes de la democracia, Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Rafael Caldera, Carlos Andrés Pérez, Luis Herrera Campíns, Jaime Lusinchi y Ramón J. Velásquez, fueron mucho mejores que todos los caudillos que asolaron al país entre 1830 y 1935. Lamentablemente los partidos políticos de esa democracia se anquilosaron y cayeron en manos de los peores, no de los mejores, y por esa causa pudo llegar a la presidencia, luego de dos intentonas por la vía de golpes de estado, el teniente-coronel Hugo Chávez, otro caudillo demagógico y bárbaro, del corte de José Tomás Boves, que, curiosamente, se hace llamar “bolivariano”. Su gobierno, lejos de corregir los defectos presentes en los cuarenta años de democracia, los multiplicó y los profundizó, y de nuevo, tal como ocurrió con aquellos primeros caudillos, incluido Simón Bolívar, el pueblo venezolano se vio condenado a la tristeza y el atraso. Para colmo, en su afán por mantenerse en el poder a pesar de que ya la inmensa mayoría del país lo repudia, el caudillo bárbaro Chávez ha llegado a extremos absurdos, como el de traicionar a la patria entregando el territorio Esequibo a cambio de pírricos apoyos internacionales.

Frente a ese retroceso, a esa involución, ha surgido orgullosa y firme la sociedad civil venezolana, que con marchas, canciones y banderas, y hasta con una alegría que a veces resulta inexplicable, empezó a combatir a la barbarie de Chávez y los suyos, que combinan el fascismo y el anacrónico comunismo staliniano con una serie de ingredientes demagógicos que por desgracia consigue engañar a muchos en perjuicio de todos. El 11 de abril de 2002 fue la cúspide de ese proceso. Una marcha multitudinaria, como pocas se han visto en la historia del mundo, una marcha colorida, alegre, llena de vida, fue masacrada por órdenes del caudillo bárbaro Chávez, y la repulsión universal al caudillo bárbaro Chávez y sus matones causó su salida del gobierno. El anuncio fue hecho en cadena de radio y televisión por el jefe máximo de las fuerzas armadas venezolanas, acompañado por los comandantes de las cuatro fuerzas, con lo cual no podía quedar duda alguna acerca de la renuncia de Chávez. En ese momento Pedro Carmona Estanga, que había sido uno de los principales protagonistas de aquel curioso y alegre drama desde el paro que se inició el 10 de diciembre del 2001, dio el paso adelante, asumió con valentía una posición que en verdad no era nada envidiable, pero sí indispensable. El sol volvió a brillar en aquella noche triste que se tornó alegre, a pesar de la sombra de la muerte.

Durante breves días, quizá breves horas, Pedro Carmona Estanga se convirtió en la esperanza de la mayoría de los venezolanos. Pero de repente, por obra de una realidad brutal, como la que debieron sufrir en su momento Vargas, Gual y Gallegos, se desvaneció, apartada a manotazos por hordas de bárbaros que todos vimos por televisión.

¿Qué pasó? ¿Cómo fue posible que la barbarie, el atraso, el anacronismo, se impusieran a la esperanza, la modernidad, el porvenir? ¿Qué ocurrió en esas horas críticas de las que la inmensa mayoría de los venezolanos fuimos testigos gracias a la televisión?

Al volver Chávez a la presidencia, al principio convertido en un simple y lloroso cordero que pedía perdón con la mirada, y poco después de nuevo caudillo bárbaro, demagogo, astuto, capaz de cualquier tropelía, el país se cubrió de interrogaciones. Un rumor de rumores, una confusión de palabras a medio decir, lo cubrió todo, y en verdad nadie sabía a ciencia cierta qué había pasado, por qué Pedro Carmona Estanga, tal como José María Vargas ante el golpe de Pedro Carujo, tuvo que salir al exilio, tal como le ocurrió a Rómulo Gallegos en 1948 por obra de un grupito de militares ambiciosos. Vale la pena también recordar cómo un hombre culto y civilizado, Pedro Gual, que ocupaba la presidencia en forma provisional y fue apartado del poder por los caudillos bárbaros de turno, cuando fue arrestado por Pedro Echezuría, el 29 de agosto de 1861, indignado le dijo: "¡Tan joven y ya trai¬dor! ¡Con hijos y tener que legarles un crimen... Lástima me da us¬ted, señor!". Es la barbarie exilando a la civilización, pero no venciéndola, sino mostrándose como lo que es: la brutalidad, el atraso, el poder de la maldad.

Hoy nos llega la palabra de Pedro Carmona desde su exilio bogotano. Su testimonio, que se convertirá en fuente para los historiadores y en explicación de todo para los que fuimos testigos de su esperanza. Personalmente, conozco a Pedro desde hace más de tres décadas. Fuimos compañeros de trabajo en tiempos mejores de la Cancillería, y en muchas oportunidades pudimos conversar, y pude calibrar su calidad humana. Por eso sé que no miente, que todo lo que nos cuenta lo tiene por cierto, pésele a quien le pese y digan lo que digan los que siempre dicen cosas en defensa propia.

Me complace contribuir a que la verdad de Pedro Carmona, su testimonio ante la historia, se conozca, se discuta, se confronte. No importa que se esté absolutamente de acuerdo o no con lo que dice, o con lo que quiso hacer. Lo realmente importante es que nos narre lo que tuvo que vivir. Lo que debió pasar cuando hizo un esfuerzo enorme por salvar a Venezuela. A una Venezuela que aún está en manos de los bárbaros. Pero que pronto cambiará, porque aún están en las calles los rostros emocionados, las banderas y los cantos y, sobre todo, esa alegría maravillosa que es algo contra lo cual no un Boves ni un Chávez podrán jamás.

El testimonio de Pedro Carmona está bien escrito, sin rebuscamientos, sin torcer ideas ni conceptos. Va dirigido no sólo a los historiadores, que hallarán en él buena parte del material que faltaba para entender estos tiempos, sino a todos los venezolanos de buena fe, que creemos aún en que el país puede salvarse.

Caracas, abril de 2004








INTRODUCCIÓN



“Cuando los pueblos están en riesgo de desaparecer por obra de los hombres o de las instituciones, el grito de alarma es sagrado; someterse o callar no es solo debilidad, sino un delito público”
Julio César Salas, 1919.


La vida de Venezuela transcurrió durante el primer tercio del siglo XX bajo el letargo propio de una realidad predominantemente rural, pobre y de una organización política aún primaria, previa a la irrupción del petróleo como su principal riqueza natural. El país se reponía de las heridas de las guerras intestinas y del caudillismo que dominó el siglo XIX, tratando de organizarse como nación bajo la férrea dictadura de Juan Vicente Gómez, llegado al poder en 1908 tras el golpe contra Cipriano Castro, de quien fue su Vicepresidente desde el triunfo de la Revolución Restauradora en octubre de 1899. Gómez se rodeó de gente capaz y falleció en diciembre de 1935 de muerte natural, no obstante la resistencia que le opusieron numerosos compatriotas, entre ellos jóvenes valientes que propiciaban el fin de un régimen prolongado y opresor. Por ello es válido afirmar que Venezuela llegó tarde al siglo XX, aun cuando durante el régimen gomecista se registraron logros, no tanto en educación y libertades, como en la organización de la economía, el saneamiento de la secular deuda externa, el inicio de la integración física y la creación de instituciones modernas, pero especialmente en la erradicación del caudillismo, bajo la conducción de un nuevo y único caudillo: Juan Vicente Gómez, amparado en la teoría del “gendarme necesario”.

A la muerte de Gómez se inició la transición hacia la anhelada democracia con la elección como Presidente del General Eleazar López Contreras (1936-1941), etapa que se cumplió dentro de un clima de relativa normalidad. Luego fue electo el General Isaías Medina Angarita para el período 1941-1946. En una visión objetiva, Medina fue un demócrata, un militar civilista, pero en el marco de una institucionalidad imperfecta, que condujo a que, en medio de batallas por la sucesión y la ampliación de los derechos democráticos, su mandato fuese interrumpido por el pronunciamiento cívico-militar de octubre de 1945, a escasos meses del término de la gestión. A partir de allí se inició una cadena de turbulentos sucesos en el escenario político, comenzando por la instauración de la Junta de Gobierno que presidió Rómulo Betancourt entre 1945 y 1948, la convocatoria a una Asamblea Constituyente en 1947 para elaborar una Carta Magna más moderna en cuanto a la institucionalidad democrática; luego la elección de Rómulo Gallegos en 1948, su derrocamiento por una Junta Cívico Militar en noviembre de ese mismo año, el asesinato del Coronel Carlos Delgado Chalbaud, Presidente de la Junta de Gobierno en 1950 y el surgimiento del liderazgo de Marcos Pérez Jiménez.

En diciembre de 1952 se celebraron elecciones presidenciales que favorecieron al líder político Jóvito Villalba, pero su resultado fue desconocido de manera fraudulenta por Pérez Jiménez, quien asumió la presidencia para el período 1952-1957. Este hizo aprobar una Constitución sustitutiva de la de 1947 y encabezó un gobierno “de las Fuerzas Armadas”, progresista en lo material, pero corrupto y restrictivo del régimen de libertades. A finales de 1957 la dictadura ignoró la convocatoria a elecciones y organizó un amañado plebiscito para mantenerse en el poder, lo cual exacerbó la resistencia y provocó su derrocamiento por un movimiento cívico-militar de orientación democrática el 23 de enero de 1958. Se inicia así la etapa más prolongada de civilismo y sucesión constitucional de la historia de la nación, hasta llegar al momento actual, en el cual se reedita un estilo autocrático y militarista de gobierno, aun cuando legal en su origen. Podría decirse que de los 183 años de Venezuela como nación independiente, solo ha estado regida por gobiernos civiles durante algo más de un tercio de dicho lapso, la mayor parte correspondiente a la etapa comprendida entre 1958 y 1999.

En los albores del siglo XXI, la historia parece retrotraerse a etapas pretéritas. Justo cien años después de la llegada de Castro y de Gómez al poder, mientras el mundo avanza indetenible, pues en la última centuria se han producido los cambios más revolucionarios en la historia de la humanidad, pareciera que Venezuela está de nuevo condenada a llegar tarde al siglo que se inicia, sumida en una crisis sin precedentes, bajo la visión populista de Hugo Chávez Frías, quien en cinco años de gobierno ha causado daños a la nación que la han hecho retroceder más de medio siglo, sembrando graves fracturas en una sociedad que con orgullo exhibía su extraordinaria movilidad social.

En efecto, Chávez, en lugar de aprovechar su capital político y económico para catapultar al país hacia el futuro, propiciar la reconciliación y el progreso bajo una visión de país compartida, ha dividido y polarizado a la nación. Las mayorías democráticas luchan así por impedir que la minoría gobernante logre arrancarle la democracia con la propia democracia y que se afiance un estilo de gestión autoritario de inspiración castrocomunista, pero a la vez se aferra a que la crisis política prevaleciente, causante de graves males económicos, sociales e institucionales, sea resuelta por vías constitucionales. Ese es el desafío que enfrentan los venezolanos en este difícil trance de su existencia como nación, el más delicado de todos los tiempos, cuya evolución y desenlace no puede ser indiferente a la comunidad internacional y en especial al hemisferio occidental.

Es por ello explicable que muchas personas se pregunten en el mundo: ¿cómo fue que el pueblo venezolano elevó al poder a Hugo Chávez Frías, un militarista de izquierda, sagaz pero sin condiciones de estadista y cómo es que ha conducido al país a la etapa de mayor turbulencia y deterioro de su historia?. La respuesta no es sencilla, pero es imperativo tratar de responderla, pues Venezuela ha sido empujada por Chávez y su camarilla a un clima de confrontación sin precedentes, que fue incrementándose desde su llegada al poder, hasta registrar su primera eclosión con el paro cívico del 10 de diciembre del 2001, evento en el cual correspondió al autor un papel protagónico.

Pero a la vez hay que admitir que las cosas no ocurren de una manera casual y aislada. Hay fenómenos en la historia de una nación que requieren ser profundizados para comprender cómo se involuciona hacia coyunturas tan complejas. De ello intentaremos ocuparnos en esta obra, haciendo énfasis en la etapa iniciada en 1999, en la cual el país se ha visto conmovido en sus cimientos, dando una admirable demostración al mundo de la capacidad de lucha del “bravo pueblo”, de su voluntad de participación y de resistencia. Recogeremos así mismo las experiencias personales vividas en esa difícil etapa, en la confianza de que el ineludible rigor de la historia resulte comprensivo al juzgar las actuaciones de este humilde servidor de su amada patria, Venezuela.

Un hecho merecerá especial atención: el día 11 de abril del 2002, tras un paro nacional y un grave conflicto en el seno de Petróleos de Venezuela, PDVSA, se produjo en Caracas la marcha de protesta más grande que hubiera tenido lugar en el país y a partir de allí se desencadenaron acontecimientos inesperados que minaron el poder de Hugo Chávez y condujeron a que en la madrugada del 12 de abril, se anunciara al país su renuncia. Ello desató una secuela de hechos de gran trascendencia y complejidad que esta obra tratará de desentrañar, como aporte a un mejor conocimiento de un capítulo controversial y no totalmente dilucidado de la historia contemporánea de Venezuela, del cual se hablará mientras el país continúe sumido en la peor crisis de su existencia.

No faltará una apreciación sobre el rumbo de Venezuela con posterioridad a esa fecha, las jornadas de lucha que continúan ocurriendo en una sociedad que no se rinde, el inicio de una fase represiva y ajena al Estado de Derecho por parte del gobierno de Chávez y un análisis de las salidas planteadas, por vías que la población insiste vivamente en que puedan mantenerse en un marco electoral y pacífico, a lo cual la mano autoritaria de Chávez trata de colocar innumerables obstáculos en nombre del autodenominado proceso revolucionario bolivariano, como se negó Pérez Jiménez a llamar a elecciones en diciembre de 1957, con el resultado conocido. De ello depende ahora, el destino y la paz de Venezuela.


LOS CUARENTA AÑOS: DE LA PROSPERIDAD AL DESENCANTO


“Muéstrame a un hombre totalmente satisfecho y te mostraré un fracaso”
Thomas Edison




Durante por lo menos seis décadas del siglo XX, Venezuela registró niveles envidiables de estabilidad y de crecimiento económico, a lo cual contribuyó la transición de una economía agrícola y rural a una economía petrolera y urbana, acelerada a partir de los años cuarenta. Fue proverbial la dureza del signo monetario, el bolívar, el bajo nivel de inflación –a la par de los países desarrollados- el crecimiento de la inversión pública y privada, que alcanzó a fines de los años 70 el 28 por ciento del PIB, el elevado monto del ahorro nacional, el acceso al crédito y el mejoramiento progresivo de la infraestructura física y social, todo lo cual permitió que emergiera una robusta clase media y que el poder adquisitivo del salario se mantuviese fuerte.

El país registró en ese lapso una de las mayores tasas de crecimiento del mundo, en un promedio superior al 5% interanual, pero el sector manufacturero se expandió a niveles aún mayores. La larga etapa de bienestar registrada estuvo acompañada a partir de 1958 de un incremento en la inversión social, una de cuyas expresiones fue la masificación de la educación. A la vez, el país logró atraer grandes contingentes de inmigrantes, muchos de origen europeo y gracias a las bajas tasas de interés prevalecientes, impulsó la construcción de viviendas e infraestructura, con un indudable efecto multiplicador sobre el empleo y el resto de la economía. El poder adquisitivo del salario, medido en dólares era alto, pero hacia los años 70 se sentía el efecto de la sobrevaluación cambiaria sobre la competitividad y el comercio exterior, obligando a mantener un esquema altamente proteccionista. La principal falla radicó en las limitaciones en “sembrar el petróleo”, vale decir en la diversificación económica, necesaria para garantizar un futuro nacional menos dependiente de las fluctuaciones del mercado petrolero y de la intervención del aparato del Estado, que fue creciendo voraz y desmedidamente en el tiempo.

Durante los tres primeros quinquenios de la era democrática instaurada en 1958, el gasto público y el endeudamiento estuvieron controlados, el ritmo de desarrollo y de inversión fue satisfactorio y se acotó la corrupción que había florecido en los regímenes de facto. El país se sentía optimista, pues a la vez se había logrado la pacificación política, tras la derrota a los grupos de izquierda alzados en armas entre 1960 y 1964 y su reinserción a la sociedad, pasando la página al contagio que produjo la revolución cubana instaurada en 1959. En esos años, la naciente democracia, liderada por Rómulo Betancourt, debió hacer frente a los intentos de desestabilización propiciados por la extrema izquierda –la idealista pro cubana- y por la extrema derecha -la nostálgica del perezjimenismo- hasta el punto de que a raíz del suministro de armas de Cuba a los grupos rebeldes por un lado y del intento de magnicidio ejecutado contra el Presidente Betancourt por el régimen dominicano, los gobiernos de Fidel Castro y de Rafael Leonidas Trujillo fueron ambos expulsados del sistema interamericano entre los años 1961 y 1962.

Rómulo Betancourt, Raúl Leoni y Rafael Caldera, bajo un entorno manejable y un acuerdo inicial de gobernabilidad, encaminaron con acierto los tres primeros períodos de la democracia, en una senda de estabilidad y de desarrollo. No obstante, la situación descrita sufrió un punto de inflexión hacia finales de los años 70, durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez y luego a partir de 1983, cuando se alteró el patrón de estabilidad y de progreso sostenido que experimentaba el país desde los años 30, dando paso a un período de deterioro económico y de la credibilidad de la dirigencia política, que fue abonando el terreno hacia la situación de crisis que hoy tristemente vive Venezuela.

En efecto, durante el gobierno de Pérez (1974-1979) se inició una fase expansiva del gasto público, de capitalismo de Estado y de aumento del tamaño de la administración pública. Además, pese a los altos ingresos petroleros que produjo la acción de la OPEP y la inestabilidad política en el Medio Oriente, el país contrajo un alto endeudamiento externo, estimulado por el reciclaje de los petrodólares en el mercado, bajo la expectativa de que los precios del petróleo continuarían subiendo. Posteriormente, durante la administración de Luis Herrera Campíns (1979-1984), gobernante probo y sencillo, proliferaron las discrepancias en su equipo económico y no se aprovechó un nuevo “boom” petrolero para reducir o refinanciar la deuda externa, sino que por el contrario, su monto total se incrementó. Adicionalmente, la ola de salida de capitales que precedió al tristemente célebre “viernes negro” en marzo de 1983, condujo a un control de cambios y a la primera devaluación significativa del bolívar, que se instrumentó mal, con un sistema de cambio múltiple causante de graves distorsiones, en lugar de haberse optado por un tipo de cambio único, como lo proponía el BCV.

A partir de allí se inició un lento pero persistente ciclo de inestabilidad macroeconómica que rompió la fortaleza del signo monetario, el equilibrio en los precios y en las tasas de interés, pese a lo cual la inflación al cierre de ese quinquenio (1983) llegó al 12 por ciento, pero ello entrañaba un grave cambio de tendencias. Al asumir la presidencia Jaime Lusinchi (1984-89), en lugar de procederse a la unificación cambiaria y a la eliminación de los controles, se decidió mantenerlos, acrecentando las distorsiones y fuentes de corrupción, pues se amplió la brecha entre el cambio oficial, que se cotizaba en Bs. 14,50 por dólar y el libre, que alcanzó al final de ese quinquenio Bs. 36 por dólar. En la década de los 80 comenzaron además a deteriorarse en simultáneo las variables de una economía sana: precios del petróleo, inversión, ahorro y se fue enquistando un fenómeno perverso: la inflación, que tocó severamente el bolsillo de los venezolanos y nos tomó desprevenidos, ajenos como estábamos a una cultura inflacionaria.

El binomio devaluación-inflación fue erosionando el patrimonio de los venezolanos, así como el poder adquisitivo del salario, que se había mantenido fuerte a lo largo de los años. Ello explica el inicio de una curva de retroceso en los índices de crecimiento y de bienestar de la antes pujante clase media, que llegó a significar el 70 por ciento de la población y el comienzo de una desconocida etapa de empobrecimiento e inestabilidad. Al concluir la gestión del Presidente Lusinchi, el país registraba claros signos de debilidad económica y social y Recadi, la oficina encargada de administrar un control cambiario que se extendió innecesariamente se corrompió, agravando la inconformidad prevaleciente. La inflación no retornó nunca más en Venezuela en los últimos veinte años a niveles de un dígito, alcanzando un 30 por ciento en el 2002 y un 27 por ciento en el 2003, siendo este el peor de los impuestos que debe asumir un pueblo.

Se llega así a las elecciones de 1988, en las cuales resultó vencedor Carlos Andrés Pérez por segunda vez después de diez años, como lo establecía la Constitución vigente, con un respaldo del 53 por ciento de los votos. Pérez derrotó a Eduardo Fernández, candidato democratacristiano y ello lo hizo sentir poderoso desde su toma de posesión en febrero de 1989, en la ceremonia del Teatro Teresa Carreño de Caracas, que coloquialmente se conoció como “la coronación”, ante cientos de invitados extranjeros. A los pocos días, Pérez debió enfrentar un sacudón que lo hizo bajar del pedestal: la revuelta social del 27 de febrero, “el caracazo”, iniciada en Guarenas, una de las ciudades dormitorio de Caracas, pues las primeras medidas adoptadas implicaron aumentos en los servicios públicos, producto de la fuerte devaluación del dólar requerida para hacer viable la reunificación cambiaria y el desmonte de los controles.

Las tarifas del transporte colectivo subieron antes que un primer incremento de salarios y ello generó la chispa fatal, difundida en demasía por los medios de comunicación, con un efecto catalizador del estallido. Coincidencialmente ese mismo día a las 5 p.m., yo me juramentaba en Miraflores ante el Presidente Pérez como Comisionado Presidencial ad-honorem para Asuntos de Integración, en presencia del Ministro Reinaldo Figueredo. A esa hora no se conocía la dimensión de la revuelta y el Palacio estaba tranquilo, tanto que esa noche Pérez viajó a un acto en la ciudad de Barquisimeto, hecho revelador de graves fallas de apreciación en los servicios de inteligencia.

La llama de los saqueos y de la violencia ardió principalmente en Caracas. Los muertos pasaron de varias centenas, pues las Fuerzas Armadas, con el distinguido General Italo del Valle Alliegro a la cabeza, debieron actuar para restablecer el orden público. Las pérdidas en 48 horas de desmanes fueron billonarias. Ello marcó el inicio de un quinquenio que lejos de la normalidad se caracterizó por la turbulencia, no obstante el poder y experiencia que conjugaba Carlos Andrés Pérez. La política económica del gobierno que asumía privilegió la apertura, la reducción de aranceles y subsidios y la privatización de servicios y empresas del Estado. La devaluación implicó un repunte de la inflación en 1989 cercano al 80 por ciento y la caída del PIB en alrededor del 8 por ciento, pero a partir de allí mejoró la confianza en el país y la economía comenzó a crecer con pujanza. La apertura fue emprendida por Venezuela en simultáneo con otros países de América Latina, especialmente Colombia, donde había asumido la Presidencia César Gaviria, apoyados en las políticas concertadas en el marco de la integración andina. En general, puede cuestionarse la celeridad de las medidas y la falta de información, pero la orientación de las mismas iba en una dirección correcta.


El GOLPISMO, LA CAÍDA DE PÉREZ, EL RETORNO DE CALDERA


“Un soldado feliz no adquiere ningún derecho para mandar a su patria. No es el árbitro de las leyes ni del Gobierno; es el defensor de su libertad”. Simón Bolívar, 1814.


Tres años después de la llegada de Carlos Andrés Pérez al poder, cuando ya el país crecía y se estabilizaba, el Comandante Hugo Chávez, conspirador nato que trabajaba desde hacía muchos años –confesiones propias- en un plan que fue subestimado y que fue tomando cuerpo, buscó en aquella coyuntura la justificación para insurgir contra el gobierno, junto a un grupo de oficiales de mediana gradación. Diez años atrás, en 1982, dicho grupo había hecho un juramento en el histórico “Samán de Güere”, símbolo de inspiración bolivariana y fue adelantando sus planes, lo cual revela que habría insurgido contra cualquier gobierno. Algunos líderes castrenses afirman que Chávez no es el soldado que él proclama ser, pues su actitud fue siempre rebelde, contestataria y nunca alcanzó buen nivel de desempeño, sino que es el producto del proyecto de infiltración de la izquierda en las FAN. Al final de cuentas, el ingreso de Chávez a la Escuela Militar obedeció más a sus cualidades beisbolísticas que a las académicas. Él mismo confiesa que entró a la Escuela gracias a tres batazos que logró meter en la pared durante las pruebas. Pero fue su hermano Adán, ideólogo marxista, quien lo inició en las inquietudes políticas de izquierda y lo alentó a abrazar la carrera de las armas.

No obstante, Chávez arguye que fueron las muertes del 27 de febrero de 1989 y las orientaciones neoliberales del gobierno de Pérez las que estimularon la sublevación del 4 de febrero de 1992, lo cual no fue sino un pretexto. Su plan era viejo en contra de la institucionalidad democrática, con miras a establecer una dictadura de izquierda. Los proyectos de decretos incautados así lo confirman y deberían ser recordados ahora que Chávez acusa de golpistas a sus adversarios para descalificarlos. La intentona del 4 de febrero se concretó dado que Chávez iba a ser transferido en pocos días a la frontera con Colombia; por ello quiso aprovechar un viaje del Presidente Pérez a Suiza para capturarlo a su regreso y según testimonios creíbles, asesinarlo. La estrategia se modificó en virtud de medidas adoptadas en el Aeropuerto de Maiquetía y de allí que la asonada se puso en marcha con la movilización de varios componentes, entre ellos el Batallón de Paracaidistas que comandaba Chávez en Maracay y los del grupo de Comandantes, incluyendo a Francisco Arias Cárdenas, quien tuvo a su cargo las operaciones en la ciudad de Maracaibo.

La actividad de los golpistas en Caracas, a cargo de Chávez, fue cruenta. Se ametralló la Residencia Presidencial de La Casona, en la cual se encontraba sola la familia presidencial, pues el Presidente Pérez, que había llegado minutos antes de Europa se trasladó al Palacio de Miraflores. Al cabo de un rato éste era atacado con tanques que derribaron puertas y abrieron fuego, pero el Presidente logró salir milagrosamente por la puerta de un sótano del Palacio y se dirigió hacia un Canal de Televisión asistido por el Jefe de la Casa Militar, Vicealmirante Iván Carratú Molina, quien le salvó la vida y con ello a la democracia, hecho que debe reconocérsele en justicia a ese valiente oficial. Cerca de las 2 a.m. el Jefe de Estado se dirigió a la nación expresando que tenía el control del país y que las fuerzas institucionales derrotarían militarmente la intentona.

Chávez se apertrechó en el Museo Militar, le fallaron algunas unidades comprometidas, así como el sistema de comunicaciones y le faltó efectividad en su estrategia, que sí lograron algunos de sus aliados. Por ello, al día siguiente en horas de la mañana, anunciaba su rendición y pedía a sus compañeros de golpe que depusieran las armas y se entregaran. Fue en esos momentos cuando erróneamente y para el pesar de Carlos Andrés Pérez, el Contralmirante Daniels Torres le proporcionó a Chávez la oportunidad de aparecer en televisión y que su imagen fuese conocida por primera vez por la nación, oportunidad en la cual pronunció la célebre frase “por ahora no se han cumplido los objetivos”, que tanto le ayudó después a proyectarse. Pero ese día, el pueblo no respaldó la acción de los rebeldes y rechazó la intentona.

Los tiempos posteriores fueron duros para Pérez. Para hacer frente a la crisis de febrero constituyó un Consejo Consultivo, decisión de la cual se arrepiente, pues le supuso la revisión de muchas de las políticas de ajuste. Pero por el lado positivo, de allí emanaron importantes reformas políticas, entre ellas la elección directa de Gobernadores y de Alcaldes y el proceso de descentralización regional. No obstante, pese a que Pérez conjuró la rebelión y que Chávez y sus compañeros fueron detenidos, las decisiones adoptadas por una Corte Marcial constituida para juzgarlos fueron anuladas por la Corte Suprema de Justicia. A partir de allí, Chávez permaneció detenido, pero se negó a presentarse ante los Tribunales para ser impuesto de cargos, aguardando el segundo capítulo de la asonada, pues la conspiración chavista no había concluido.

En efecto, una segunda rebelión militar, conectada con la primera, tuvo lugar el 27 de noviembre de 1992, encabezada por el Contralmirante Hernán Grüber Odreman, el General Francisco Visconti, el Contralmirante Jesús Cabrera Aguirre, el Coronel Castro y un grupo de oficiales. Ese lamentable episodio, también cruento y traumático, incluyó bombardeos a Miraflores y zonas de Caracas, pero al igual que el anterior, fue sofocado por fuerzas militares institucionalistas. Sus cabecillas fueron arrestados y otros, con el General Visconti a la cabeza, huyeron en un avión de la Fuerza Aérea hacia el Perú, donde recibieron asilo. Pero al final del día, un gobierno que se había iniciado con tanto apoyo y buenos auspicios quedó debilitado, no obstante que la economía y la confianza ya evolucionaban en términos favorables.

Superados los episodios del golpismo, a comienzos de 1993 se inició un juicio contra el Presidente Pérez por iniciativa del Fiscal General, Ramón Escovar Salom, quien lo acusó del delito de malversación de fondos, por la transferencia a la partida secreta de la Presidencia de US$ 20 millones, con aprobación del Consejo de Ministros, para apoyar al gobierno de Violeta Chamorro en Nicaragua. Poco antes, tras una dura campaña, Chamorro había derrotado al sandinismo y al asumir el poder había encontrado una economía en ruinas y sin un mínimo de seguridad personal. El juicio contra Pérez tuvo claros ingredientes políticos, pues podría argüirse que la estabilidad de Nicaragua tenía relevancia para Venezuela, como país caribeño que es y ante una situación tan anormal en Centroamérica, pero el gobierno de Pérez tenía ya un “tiro en el ala” y era políticamente vulnerable.

Tras los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia y del Congreso, Pérez fue destituido en mayo de 1993, a ocho meses del término de su mandato, lo que representó para él un duro final resumido en su célebre expresión de que “habría preferido otro tipo de muerte”. Era la primera ocasión desde 1958 en la cual un Presidente no concluía su período. De inmediato asumió la Presidencia el Dr. Octavio Lepage, Presidente del Congreso por un lapso de treinta días, al cabo de los cuales el Parlamento designó al historiador Ramón J. Velásquez para concluir el mandato de Pérez. Su propio partido AD no asumió una posición solidaria, quizás con la mente puesta en las elecciones que se avecinaban, en las cuales Claudio Fermín sería candidato y se desligó de él, dado el clima enrarecido existente y las secuelas de la conspiración de Chávez. Mirando en retrospectiva, habría sido preferible para el país que Carlos Andrés Pérez culminara su gestión y que luego se le sometiera a investigación o a juicio, pues se le habrían ahorrado elevados costos. Pérez fue entonces condenado por la Corte Suprema a dos años cuatro meses de prisión domiciliaria por el delito de malversación de fondos.

No deja de sorprender que con su vasta experiencia, Pérez haya desdeñado estrategias vitales como la búsqueda de legitimidad a través de un mayor apoyo político y el diseño de una política comunicacional para explicar mejor a la nación el sentido de las medidas de ajuste y de la apertura, así como el costo social que ellas involucraban. Además, el equipo económico era calificado y honesto, pero muy tecnocrático, en circunstancias que exigían mayor manejo político. Por último, Pérez se dedicó a consolidar su liderazgo internacional y descuidó el frente interno y a ello se sumaron consideraciones de su vida personal, que generaron críticas, incluso en el seno de la FAN. Todo ello es hoy considerado pálido comparado con la malversación de fondos durante el gobierno de Chávez, incluyendo la costosa e ilegal ayuda que se proporciona a Cuba y a movimientos extremistas en América Latina. Si existiera un mínimo de independencia de poderes y de respeto al Estado de Derecho, Chávez habría sido ya enjuiciado, con razones aún más poderosas que las esgrimidas en contra de Pérez.

En 1989, el General Peñaloza Zambrano había alertado al Presidente Pérez sobre la inconveniencia de ascender al entonces Mayor Chávez y a su grupo al grado de Tenientes Coroneles, pues disponía de informes de inteligencia sobre la conspiración que adelantaba la logia que éste dirigía en el seno del Ejército. Esa recomendación fue desestimada por Pérez y por el Ministro de la Defensa Ochoa Antich, pues consideraban imposible una rebelión militar, lo que constituyó otro grave error, pues Chávez expresó después que de no haber sido promovido, habría pedido la baja del Ejército. Sorprende que, pese a las deficiencias demostradas, Chávez haya sido ayudado a aprobar el curso de Estado Mayor en 1991 requerido para su ascenso, luego de lo cual fue designado al frente del Batallón de Paracaidistas en Maracay, mientras sus compañeros eran destacados en otras posiciones de mando. Antes, durante el gobierno de Lusinchi, con ayuda del Ministro Jesús Carmona y de otros oficiales, Chávez había logrado ser traslado desde una función marginal en la región llanera a la Comisión de Seguridad y Defensa en el Palacio Blanco y ello lo ayudó a proseguir su viejo sueño conspirativo.

Durante la breve gestión del Presidente Ramón J. Velásquez no se alteró el rumbo de la política económica y se convocó a las elecciones de diciembre de 1993, en las cuales resultó electo Presidente por segunda vez Rafael Caldera. Muchos analistas evalúan como un error la reelección de Pérez y Caldera para un segundo mandato, en lugar de haberse escogido figuras que garantizaran una renovación generacional y de liderazgo. Lo cierto es que Caldera emergió con fuerza el 4 de febrero de 1992 con su célebre discurso en el Congreso a raíz de la intentona de Chávez, en el cual cuestionó la viabilidad de una democracia con hambre. En 1988 Caldera se alejó de COPEI, partido que fundó en 1946, a raíz de la escogencia de Eduardo Fernández como candidato a la Presidencia, y se lanzó en 1993 como candidato extrapartido con el apoyo de fuerzas disímiles y de una nueva organización política, Convergencia, que lo llevaron al triunfo, no obstante que en abril se daba como triunfador a Oswaldo Álvarez Paz. Pero la democracia cristiana venezolana se atomizó y la campaña de Álvarez perdió impulso.

Con la elección de Caldera, con un 30 por ciento de los votos, el país dio una señal de que aspiraba a un cambio respecto al bipartidismo que había gobernado durante 35 años, aquejado de desgaste y pérdida de credibilidad. Pero Caldera corrió con mala fortuna: a pocos días de iniciar su gestión se desencadenó la peor crisis financiera del país y una de las más severas de América Latina, a raíz del derrumbe de un importante banco que ocasionó un efecto “dominó” sobre la mitad del sistema, el cual terminó intervenido por el Estado, con graves efectos fiscales e ingratos procesos legales en contra de directivos bancarios. La crisis exigió la adopción de duras medidas de control, entre ellos del régimen de cambios, que marcaron negativamente los dos primeros años de dicha gestión, que debió afrontó además un ciclo de bajos precios del petróleo, los cuales llegaron al final de su mandato a niveles cercanos a US$ 8 por barril.

En 1996, Caldera decidió renovar los cuadros ministeriales, incorporando entre otros a Teodoro Petkoff en el Ministerio de Planificación, lo cual refrescó el equipo, pero ello no fue suficiente para rescatar la confianza, dada la magnitud de la recesión y porque además ya pesaba sobre el Presidente el inevitable peso de su avanzada edad. Con todo, durante su gestión se materializaron reformas importantes, como la creación de un moderno ente impositivo, el SENIAT, la negociación tripartita para la modificación de la Ley del Trabajo y del sistema de seguridad social y la privatización de algunas empresas del Estado. Pero quedaron sin ejecutar muchos proyectos, en tanto que la adversa coyuntura petrolera obligó a efectuar fuertes recortes en el gasto, dura tarea que recayó en las manos de los Ministros de Hacienda, agudizándose el efecto contractivo sobre la economía y la insatisfacción por una gestión que fue honesta, pero no estuvo a la altura de las expectativas.


LA SEMBLANZA DE UNA VIDA


“El ser humano se expresa como piensa; piensa como es; es como siente; siente...como está educado”. Platón


No obstante el nivel de exposición pública a que me obligó la condición de dirigente empresarial y los paros del 10 de diciembre del 2001 y del 9 de abril del 2002, mi trayectoria puede ser desconocida por muchos. Por ello considero obligante hacer con humildad en este libro una semblanza de mi vida, pues a los hombres hay que conocerlos y juzgarlos con base en sus ejecutorias y no solo en función de episodios. Por algo decía Miguel de Cervantes que “Una persona es la suma de sus actuaciones”.

Nací en Barquisimeto, el 6 de julio de 1941, en plena Guerra Mundial, a escasos meses del ataque a Pearl Harbour, de la declaratoria de guerra de Estados Unidos al Japón y del inicio de la campaña de Hitler en Rusia, que marcó el inicio del fin del fascismo. En esos mismos días, Rómulo Betancourt fundaba el que durante medio siglo sería el partido político de mayor arraigo popular en Venezuela: Acción Democrática. Eran épocas de escasez, no obstante que Venezuela fue el principal suplidor de petróleo a los aliados durante la guerra. Mis padres, Roberto Carmona Figueroa y Elena Estanga Sigurani, gente de bien, formaron en 1931 un sólido hogar que duró 58 años, hasta el fallecimiento de mi madre en 1990, a lo cual mi padre sobrevivió tan solo un año. En su seno imperaron los principios de honestidad, trabajo y familia. Mi padre nació en Carora en 1897, trabajó hasta su muerte y fue especialmente consecuente con su larga parentela, en especial con los más humildes.

Mi madre, hija única, nacida en Ciudad Bolívar en 1913 pero larense de corazón, quedó huérfana a los tres años de edad, pues su padre Celestino Estanga fue envenenado siendo un veintiañero en la siniestra cárcel gomecista “La Rotunda”, por el solo hecho de haber saludado a Cipriano Castro en Trinidad durante una escala del barco que lo conducía de Ciudad Bolívar a La Guaira. El General Román Delgado Chalbaud, compañero de celda de mi abuelo, en carta a mi madre que conservo, relata que durante su agonía no hacía sino evocar el nombre de su adorada hijita. A los pocos días de ese infausto hecho, mi abuela Hortensia murió también siendo una jovencita, de la depresión que le produjo el asesinato de su amado esposo. De sangre viene pues mi rechazo hacia las dictaduras. A los 19 años de edad mi madre conoció y se casó en Caracas con ese noble hombre que fue mi padre y radicados de nuevo en Barquisimeto, lo acompañó durante la vida como su esposa amantísima y mano derecha en el manejo de la Tipografía “El Impulso”, luego “Carmona”, que fue importante en el pueblo grande que era la capital larense.

Del matrimonio Carmona Estanga nacieron cinco hijos: cuatro hermanas y yo, el cuarto, pues por desgracia, dos varones más fallecieron a temprana edad. Mi abuelo, Don Federico Carmona Álvarez, un visionario, fundó en Carora en 1904 el centenario diario “El Impulso”, decano de la prensa centro occidental, que trasladó en 1916 a Barquisimeto y más adelante a Caracas, pues aún sin las tecnologías modernas, el periódico circuló hasta 1934 con una edición larense y otra capitalina, cuando ésta última fue clausurada por el gobierno de Gómez, continuando luego solo en Barquisimeto. Junto a mi abuela, Doña Francisca Figueroa, mujer de gran sensibilidad espiritual, fina pluma y sólidos principios cristianos, procrearon una larga familia que ha dejado larga huella.

Yo me crié así en un ambiente de imprentas, linotipos, tinta y plomo. La vida austera era la norma y por ello las cosas más simples llenaban de alegría, como la compra de los primeros artefactos electrodomésticos. Por fortuna, mis hermanas y yo pudimos educarnos en los mejores colegios: “La Salle” para varones y el San José de Tarbes, para niñas. Ambas Congregaciones habían llegado a Barquisimeto a comienzos siglo XX y el de La Salle fue el primero de los institutos fundados en el país en 1913. La mayoría de mis educadores fueron españoles, al igual que en el medio universitario.

Doy gracias a Dios de haber recibido una formación de principios en el hogar y en las aulas, donde se impartía una educación humanística, cristiana y no elitesca, enriquecida con actividades culturales y deportivas. Cuando visito la hermosa casona que sirve de sede al Colegio, pasa por mi mente la película de los años más felices de mi vida, bajo el telón de una ciudad de 90 mil habitantes, tranquila, hospitalaria y amable.

Como muchos larenses desarrollé la vena musical, aprendí a tocar el acordeón y ello motivaba mi participación en celebraciones y el obsequio a las amigas de hermosas serenatas. Los valores de la amistad y buena vecindad eran proverbiales. Los muchachos nos congregábamos en la tradicional Plaza Lara, frente a la Catedral y allí formamos un grupo: “Los Siete Samurai”, que compartía inquietudes, deportes y parrandas, sin que faltaran pensamientos “conspirativos” contra el régimen de Pérez Jiménez, propios del rechazo que en nuestra mente de adolescentes generaba el totalitarismo que regía al país en ese entonces.

A los 17 años debí abandonar el hogar para trasladarme a la capital a seguir estudios superiores. Fue un cambio importante de vida, pero pronto me adapté al ritmo intenso de Caracas, cuando apenas superaba el primer millón de habitantes. No había en el Barquisimeto de 1958 ni un solo centro de educación superior y por ello los Bachilleres debíamos optar por la Universidad de Los Andes, la del Zulia o una de las tres capitalinas, entre ellas la Católica “Andrés Bello” donde ingresé. La Universidad Central estuvo cerrada por la dictadura durante varios años, lo cual obligó a muchos estudiantes a emigrar. Hoy Barquisimeto, como muchas ciudades de provincia, dispone de decenas de liceos, Institutos Tecnológicos y Universidades, lo cual debe ser ponderado cuando con ligereza se analiza el balance de cuarenta años de democracia.

Opté por estudiar Economía junto con mi mejor amigo: Raúl Anzola Pérez. Mi nexo con su familia fue tal, que viví en Caracas en su casa como un hijo más, gesto noble que no olvidaré. Don Raúl Anzola Anzola, casado con Doña Ligia Pérez Octavio, era hermano de Eligio Anzola Anzola, líder de AD y Ministro de Relaciones Interiores en el gobierno de Rómulo Gallegos y por ello a su caída fueron perseguidos por la dictadura. Como es usual en tiempos difíciles, los más cercanos a la familia éramos los amigos de sus hijos, pues no pocos les rehuían por razones políticas. Ello me ayudó a afianzar desde niño mis convicciones democráticas y palpar de cerca la dureza de los regímenes autocráticos, como también el oportunismo y la fragilidad de la condición humana.

Me gradué de Economista en julio de 1964 con un magnífico grupo de compañeros, en la vieja Universidad Católica en las esquinas de Jesuitas a Mijares. Trabajé desde estudiante para aliviar la carga de mis padres en el Ministerio de Fomento y luego en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en otra etapa fundamental de mi vida. Mi tío, el internacionalista Ramón Carmona, era Consultor Jurídico del Ministerio. A través de su consejo y el de otros amigos, ingresé en 1962 como “Mecanógrafo III”, que era el cargo disponible, en la Dirección de Comercio Exterior. Era Canciller el adusto Marcos Falcón Briceño y Director Manuel Rafael Rivero, otro hombre a quien mucho debo, pues me enseñó a trabajar con disciplina. Luego fui ascendiendo y compartí el trabajo con un inolvidable grupo de estudiantes y jóvenes profesionales. Todos cabíamos en la tradicional Casa Amarilla. Allí fui ampliando mi visión del mundo y conocí a mi esposa Gladys, con quien a los pocos meses entablé una sólida relación afectiva, que por fortuna dura hasta el día de hoy.

Tan pronto como obtuve el título de Economista a los 23 años, inquieto como siempre fui y con el mundo por delante, consideré que mi objetivo era irme al exterior. Expresé al Jefe de Personal John Raphael mi aspiración. Se abría la Misión de Venezuela ante la Comunidad Económica Europea en Bruselas y estaba propuesto como Embajador Manuel Rafael Rivero, con quien ya había antes trabajado. Raphael me postuló como Tercer Secretario y me gestionó una audiencia con el Canciller Ignacio Iribarren Borges que no olvidaré. Fue un examen hecho por el propio Canciller de la República a un muy joven funcionario del Ministerio, para determinar su capacidad para representar a Venezuela en el exterior. Al concluir la audiencia, el Canciller autorizó mi designación y ello me llenó de felicidad.

Salí hacia Bélgica en septiembre de 1964, vía Nueva York y Madrid, con la emoción de mi primera experiencia profesional, de visitar la ciudad de los rascacielos y luego Europa. Tuve en España mi primer contacto con el viejo mundo y me sentí dichoso de conocerla. Cuando llegué a Bruselas, la Misión funcionaba junto con la Embajada en una vieja casa flamenca en el Boulevard de la Cambre, vecina al Bosque del mismo nombre. Era Embajador ante el Reino Octavio Lepage, destacado líder de AD, quien al poco tiempo renunció y fue sustituido por el ilustre merideño Don José Nucete Sardi.

A la llegada de Rivero, instalamos la Misión en sede separada en la Rue de la Science. Eran los años iniciales del visionario proyecto de integración europea, emprendido en 1958 con la firma del Tratado de Roma, entre sus seis fundadores: Alemania, Bélgica, Francia, Holanda, Italia y Luxemburgo, iniciativa que no podíamos avizorar cuánto transformaría al mundo y evitaría que pudiesen reeditarse nuevas conflagraciones, tras dos devastadoras guerras mundiales frescas aún en el recuerdo. Aprendí el francés, hice una especialización en el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad Libre de Bruselas y desde el corazón de Europa recorrí, a esa edad hermosa entre los 23 y los 25 años, un continente que emergía pujante y que me deslumbraba.

Allí conocí a personalidades que pasaban por Europa, entre ellos a Rómulo Betancourt, quien al concluir su mandato en 1964 viajó a Londres, Bruselas, Nápoles, para luego establecerse en Berna. Recuerdo de Don Rómulo un trato cordial en algunas conversaciones con él y haberlo llevado en mi humilde Volkswagen al Hotel Westbury, donde residía. El 22 de febrero de 1965 participé de la celebración de sus 57 años en la Residencia de la Embajada. En esa ocasión pude apreciar a ese hombre tan recio, confundirse en emociones por la nostalgia de la patria, la disolución de su matrimonio con Doña Carmen Valverde y apartarse en cierto momento a una habitación contigua a desahogar su llanto. Betancourt iniciaba una nueva vida conyugal con Renée Hartmann. Admiraba ver cómo escribía sin descanso su libro “Política y Petróleo” y una prolífica producción epistolar de cada día.

A fines de 1965 fui promovido al rango de Segundo Secretario, allí en Bruselas. Luego, en enero de 1967 a Primer Secretario, con un cambio de destino, del extremo norte al extremo sur, a la Delegación de Venezuela ante la antigua ALALC, hoy ALADI, con sede en Montevideo. En ese año culminaba la ardua tarea del ingreso de Venezuela a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, a la cual el país llegaba tarde, como ocurrió luego con el Pacto Andino y el GATT, por los temores que generaba cualquier esquema de apertura. Era Embajador Braulio Jatar Dotti, en épocas del Presidente Raúl Leoni. Al recibir el nombramiento consideré llegado el momento de contraer nupcias con Gladys, mi prometida, en Caracas, a los 25 años de edad.

Llegamos a la capital uruguaya el 13 de febrero de 1967 y nos alojamos en el Hotel Victoria Plaza, frente al Río de la Plata. Montevideo era una ciudad tranquila, de gente amable, donde el tiempo parecía haberse detenido. Dejé las maletas, me presenté al Embajador en la Misión ubicada en el mismo Hotel y fue esa la primera ocasión en que debí retornar tarde, como ocurriría tantas veces a lo largo de la vida. Tan solo siete meses después fue posible disfrutar de una corta luna de miel en Río de Janeiro. En Montevideo se inició mi prueba de fuego profesional. Debí asumir siendo muy joven la conducción de delicadas negociaciones y para ello debí hacer una inmersión en los temas de la integración, aranceles, comercio exterior y la estructura productiva nacional. Las delegaciones empresariales eran numerosas y ello me permitió relacionarme con quienes luego compartiría en el futuro. Al menos era posible visitar esporádicamente Buenos Aires, la Reina del Plata, tan cercana como hermosa ciudad. Mis relaciones latinoamericanas se fueron enriqueciendo, así como la fluidez en mi actuación en foros y reuniones internacionales.

En 1968, la Cancillería me solicitó retornar a Caracas para asumir la Jefatura del Departamento de Negociaciones y luego la Subdirección de Política Económica. Trabajé con un magnífico equipo de colaboradores y amigos. Fui activo en las etapas previas a la firma del Acuerdo de Cartagena que requirieron intensa labor coordinadora. En diciembre de 1968 triunfa Caldera en las elecciones, cuando se encontraba avanzada la negociación del acuerdo de integración subregional bajo la dirección de Héctor Hurtado, de quien también mucho aprendí. Al producirse el cambio de gobierno, se solicitó una prórroga para la reanudación de las negociaciones, que no fue concedida por los demás países, pues estaban decididos a culminarlas sin demoras. El nuevo Canciller Arístides Calvani, uno de los mejores inquilinos de la Casa Amarilla, me distinguió especialmente pese a mi juventud y falta de trato previo. Fueron etapas de definiciones y de duras negociaciones con Fedecámaras, por problemas estructurales de la economía. No me imaginaba que 32 años después tendría el privilegio de presidir dicho organismo. Pero ante la imposibilidad de conciliar posiciones, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú suscribieron el Acuerdo de Cartagena el 26 de mayo de 1969 con la exclusión de Venezuela, dadas las exigencias planteadas por nuestro país.

Tras el fracaso de la negociación, en 1970 logré interponer argumentos ante el gobierno para emprender estudios orientados a la reanudación de negociaciones al nivel andino. Perseveré y contribuí a demostrar la importancia estratégica del tema, con el apoyo del Dr. Calvani. Comencé luego a asistir como observador por Venezuela a las reuniones de la Comisión en Lima. En el año 70 se creó el Instituto de Comercio Exterior y se designó a Leopoldo Díaz Bruzual como Presidente. No olvido el difícil empalme de funciones entre la Cancillería y el ICE, dado el duro carácter de Leopoldo, quien al final estructuró un valioso equipo al cual me sumé con orgullo y que constituyó uno de los mejores semilleros de profesionales del país.

En 1972 se iniciaron negociaciones formales para la adhesión de Venezuela al Pacto Andino. Caldera designó Plenipotenciario a Julio Sosa Rodríguez, quien concluía su misión como Embajador en Washington, gozaba de su confianza y del sector privado, necesaria para la superación de las resistencias. Así conocí a otra de las personas de mayor influencia en mi vida. Con él y su estilo honesto y acucioso me identifiqué, fui su mano derecha en el proceso negociador que concluyó en febrero de 1973 con la firma del Consenso de Lima y luego en la actividad empresarial. Con el equipo del ICE y el grupo asesor nos preparamos para triunfar en la mesa negociadora e inclinar la balanza a favor de la adhesión de Venezuela, lo que, junto con las primeras políticas de estímulos a las exportaciones y la denuncia del Tratado Comercial con los Estados Unidos de América, marcaban un hito en la nueva política de comercio exterior del país.

Los años siguientes me mantuvieron ligado a los temas de la integración. Al asumir Carlos Andrés Pérez la Presidencia en 1974 designó al frente del ICE a Reinaldo Figueredo y este me nombró Director de Integración Económica. Fueron tiempos vitales para la inserción de Venezuela en la integración latinoamericana y la promoción de las exportaciones no tradicionales. Luego, algunas diferencias entre Figueredo y Héctor Hurtado dificultaron las cosas. En esos años trabajé de cerca con Hurtado en la creación del Sistema Económico Latinoamericano, SELA y presidí la delegación técnica en Panamá. Posteriormente, acepté la invitación del gran amigo ecuatoriano Jaime Moncayo García, primer Secretario Permanente del SELA, para asumir la Dirección de Cooperación Regional en el organismo, junto a un valioso equipo de latinoamericanos.

En 1975 llegó para llenar y alegrar el hogar nuestro amado hijo Gustavo Adolfo, hoy convertido en todo un profesional, que tanto ha significado para nosotros. En un plano personal, en 1976 hice realidad un viejo sueño: volar. Seguí con seriedad mis cursos y adquirí una noble “Bonanza” que me acompañó durante 25 años, hasta el día en que salí al exilio. En ella recorrí Venezuela, la cuenca del Caribe y cuando residí en el Perú atravesé la imponente cordillera, la amazonía y el sur, en verdaderas proezas para una aeronave liviana. Fueron 26 años de piloto y 2.500 horas de vuelo, que me dejaron la disciplina de enfrentar con serenidad las situaciones más difíciles.

La experiencia del SELA amplió mi visión y relaciones hacia el área de Centroamérica y el Caribe. Al asumir la Presidencia Luis Herrera Campíns en 1979, me honró con la postulación como Miembro de la Junta del Acuerdo de Cartagena con sede en Lima, para la cual fui electo por la Comisión, a los 37 años de edad. El Presidente Herrera fue siempre deferente conmigo y ello facilitó en mucho mi labor. Antes de mi partida, fui ascendido al rango de Embajador, punto culminante de mi carrera diplomática y se me declaró en Comisión de Servicios. El tiempo vivido en Lima marcó otra época especial de mi vida. Iba por tres años que se convirtieron en seis, pues en 1982 fui reelecto por tres años más. Pasé en ese país el final del gobierno del General Morales Bermúdez, el quinquenio del Presidente Fernando Belaúnde Terry y los meses iniciales de Alan García. Con ellos pude entablar una cordial relación personal e institucional. Mi familia y yo vivimos muy a gusto en Lima, donde dejamos magníficos recuerdos y amistades.

Además de la lucha por revitalizar el proceso de integración, que después de su primera década exigía la revisión de sus mecanismos, tuve la fortuna de dirigir un equipo de multinacional de valiosos profesionales e interactuar con los sectores empresarial, político, laboral y académico del área, con cuya realidad pude compenetrarme. Allí hice muchas de las amistades que hoy me unen a Colombia. Cumplí tareas difíciles como el apoyo a la distensión en los conflictos entre Ecuador y Perú en la Cordillera del Cóndor, las gestiones para impedir el retiro de Bolivia a raíz del golpe de estado del General García Meza, la transición de los regímenes militares en el Perú, Ecuador y Bolivia a la democracia y el impulso a la estrategia de relaciones externas conjuntas.

Antes de retornar a Caracas en septiembre de 1985, Julio Sosa Rodríguez, fundador de Industrias Venoco C.A. y su Presidente Pedro Salom Power, me habían persuadido de incorporarme a la organización. Así me inicié como Director Comercial Corporativo. Era una nueva y retadora etapa de mi vida. Venoco es un exitoso conglomerado de empresas del sector químico y de lubricantes, con vocación exportadora y altos valores éticos. Es la única corporación química venezolana que ha sobrevivido a las crisis nacionales. Muy rápido escalé posiciones, me hice pequeño accionista, integré las Juntas Directivas de varias de las compañías y presidí las más importantes: Química Venoco C.A., productora de insumos petroquímicos para la industria de detergentes, eminentemente exportadora, Aditivos Orinoco C.A. y Promotora Venoco C.A. La gente es el activo principal de Venoco y por ello guardo gratos recuerdos de 17 años de luchas productivas compartidas, al nivel nacional e internacional. De algunas responsabilidades directivas debí desprenderme al asumir la Presidencia de Fedecámaras en el 2001 y luego totalmente a raíz de los eventos de abril del 2002.

Dada mi vocación de servicio al país, pronto me ligué al movimiento gremial en una carrera que inicié como directivo, Vicepresidente y dos veces Presidente de la Asociación de la Industria Química y Petroquímica (Asoquim); Vicepresidente de la Asociación Venezolana de Exportadores (Avex); Presidente de la Cámara Venezolano-Colombiana de Comercio e Integración (CAVECOL) y Segundo Vicepresidente de Conindustria. Pero mi primer reto de ligas mayores fue la elección en 1995 como Presidente de la Confederación Venezolana de Industriales, Conindustria. En 1989-1990, sin desligarme de la actividad empresarial, acepté el pedido del Presidente Pérez para asumir con carácter ad honorem la función de Comisionado Presidencial para Asuntos de Integración y Plenipotenciario en la Comisión del Acuerdo de Cartagena, institución que presidí en los momentos cruciales del relanzamiento del proceso. Conté con la confianza del Presidente Pérez y de Reinaldo Figueredo y asistí con ellos a varias de las cumbres andinas, hasta que la Presidenta del ICE, Gabriela Febres-Cordero pudo asumir dicha función y presenté mi renuncia, no del agrado total de Pérez, pues se había cumplido una exitosa gestión.

El tiempo al frente de Conindustria fue de transformación y modernización institucional y de afanosa búsqueda de estímulos a la inversión y a la reactivación económica, pero también de compromiso con tareas ambiciosas como la negociación tripartita para la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo y del sistema de seguridad entre 1995 y 1998, que tanto me vinculó al sector laboral venezolano, así como la creación del Consejo de Desarrollo Industrial, logrado gracias a una buena sinergia con el Ministro Freddy Rojas Parra. El reto de la reforma laboral fue denominado por uno de los protagonistas la “Misión Imposible”, pero se hizo realidad gracias a una férrea voluntad de las partes y a la convicción de que todos debían aportar al logro de un entendimiento justo.

A raíz de esas contribuciones al país, meses después el Presidente Caldera tuvo la gentileza de ofrecerme el Ministerio de Industria y Comercio y luego la Presidencia del Fondo de Inversiones de Venezuela, los cuales decliné por razones personales y porque además se correspondía con la etapa final de su gobierno. Tampoco acepté en 1997 el honroso ofrecimiento de las principales organizaciones políticas para presidir el Consejo Supremo Electoral, pues consideré difícil reorganizarlo en corto tiempo, reducir el clientelismo y preparar las elecciones de 1998. También en 1997, al concluir mi gestión en la Presidencia de Conindustria, un destacado grupo de industriales me propuso la reelección, pero la rechacé pues creía en la alternabilidad. Pensando en un sucesor bien formado, favorecí la escogencia de Luis Henrique Ball y a mí se me designó para representar al sector en el Directorio de Fedecámaras durante la presidencia de Francisco Natera (1997-99).

En 1999 opté a la Primera Vicepresidencia de Fedecámaras, para la cual fui electo por aclamación en la Asamblea de Maracaibo, oportunidad en que fue escogido Presidente Vicente Brito. A él lo acompañé durante dos años turbulentos, pues desde el inicio de la gestión de Chávez se generó un clima hostil hacia el empresariado. Brito es un buen gremialista y amigo, pero dispuesto a esgrimir la lanza cuando se le enfrenta por vías tortuosas, como los buenos orientales. No fueron fáciles las tensiones suscitadas entre él y el Segundo Vicepresidente Alberto Cudemus, quien trató de debilitar su gestión, alentado por el gobierno, pero Brito se defendió como un centauro. Apoyé a Brito en términos institucionales y personales y jamás le hice juego a los intentos de socavar su desempeño.

En enero del 2001 tomé la decisión de lanzar mi candidatura a la Presidencia de Fedecámaras con el apoyo del sector industrial, reto que consideraba un deber con el país y con el sector privado en tiempos difíciles y porque percibía el deseo del oficialismo de infiltrar la institución. Recorrí el país intensamente para tomar contacto con las bases empresariales durante seis agotadores meses, en los cuales mi pequeña aeronave me llevó de un rincón a otro de Venezuela. Mi contrincante, Alberto Cudemus, del sector de criadores de porcinos, era partidario de una visión gestora y condescendiente con el gobierno, del cual recibió amplio apoyo. A él lo derroté en la Asamblea de Maturín el 28 de julio del 2001 con una votación del 81 por ciento, record en la historia de la institución. Mis compañeros de directorio, también electos uninominalmente, fueron Carlos Fernández del sector transporte como Primer Vicepresidente, Albis Muñoz expresidenta de Consecomercio como Segunda Vicepresidenta y Gregorio Rojas Presidente de Fedecámaras-Monagas como Tesorero.

No podía vislumbrar en esos momentos que mi período sería concluido por la Segunda Vicepresidenta Albis Muñoz, pues Carlos Fernández, quien me sustituyó al asumir yo la Presidencia del Gobierno de Transición, se mantuvo valientemente al frente hasta marzo del 2003, fecha en la cual debió marchar al exterior víctima de persecuciones por parte del régimen de Chávez. A partir de ese momento Fernández continuó formalmente como Presidente, pero Albis Muñoz asumió como Presidenta Encargada. En julio del 2003 la presidencia de Fedecámaras fue disputada por ambos dirigentes y conquistada en buena lid por Albis, primera mujer que alcanza la presidencia de la institución en sus 60 años de existencia, cuyo mandato se extenderá hasta el 2005.

Al asumir la conducción de la institución hice un genuino esfuerzo por tender puentes al sector público en función de los intereses del país, iniciativa que no fue valorada por un gobierno sin vocación de diálogo. Fedecámaras es una institución sui generis, compleja, sin equivalentes en América Latina, que reúne a cerca de 300 Cámaras y Asociaciones de los trece sectores principales de la producción, el comercio y los servicios del país y a los empresarios de todos los Estados de la nación, los cuales están representados en el Directorio y en los órganos superiores de gobierno: el Consejo Nacional y la Asamblea.

He tenido pues la fortuna, a lo largo de la trayectoria de vida esbozada, de recoger ricas experiencias bajo una visión múltiple poco común: gubernamental, internacional, gremial, empresarial, académica y política, de lo cual me enorgullezco, pues me han dejado como balance una visión integral y valiosas relaciones en un mundo plural. Quienes me conocen de tiempo atrás son los mejores testigos de que en ese largo camino, mi mayor capital no ha sido material, sino el de los principios que he mantenido como norte, entre otros una actitud personal honesta y en la administración de recursos y capitales ajenos, gracias a Dios con éxito y sin una sola mancha.


CHÁVEZ PROYECTADO AL PODER


“No hay espejo que mejor refleje la imagen del hombre que sus propias palabras”.
Voltaire.


Hugo Chávez Frías triunfó en los comicios de diciembre de 1998 y se posesionó de la presidencia en febrero de 1999, ayudado por el sentimiento de frustración prevaleciente en el país, tras el deterioro en la credibilidad de los partidos políticos tradicionales, AD y COPEI, los cuales no supieron acometer a tiempo los necesarios procesos de relegitimación interna, de renovación doctrinaria, de lucha contra las desviaciones éticas y de apertura a las nuevas generaciones de dirigentes. A ello se añadió la erosión de la situación económica nacional ya descrita y la incapacidad de los gobernantes de turno para conducir con acierto a la nación en etapas desconocidas de turbulencia. Así se abonó el camino al mensaje populista de Hugo Chávez, potenciado en el ejercicio del poder, pues hizo creer a muchos, incluso a gente sensata que lo financió y apoyó, que podía conducir el proceso de cambio al cual el país aspiraba, fatigado del bipartidismo. La nación deseaba la oxigenación de la democracia, pero no su destrucción, como se lo ha propuesto Chávez al asaltar el poder con un proyecto totalitario y excluyente.

Durante el proceso electoral de 1998, los partidos tradicionales cometieron serios errores, como fue el lanzamiento de las candidaturas de dos figuras de baja aceptación: Luis Alfaro Ucero, Secretario General de AD e Irene Sáez Conde, ex Miss Universo y exitosa Alcaldesa, por el partido COPEI. Alfaro encarnaba la visión que los venezolanos ya no deseaban del bipartidismo, vale decir la de un “caudillo” autodidacta, de avanzada edad y hábil en el manejo de los hilos políticos y en el segundo caso, porque la figura atractiva de la ex Alcaldesa de Chacao, carecía de la consistencia necesaria para conducir al país en tiempos difíciles y enfrentar la candidatura emergente de Chávez.

Las fuerzas políticas se mantuvieron atomizadas hasta el final de la campaña, cuando lucía probable el triunfo del Comandante, subestimando sus habilidades demagógicas. Pocos días antes de las elecciones, los partidos tradicionales retiraron el apoyo a sus candidatos originales para respaldar a Henrique Salas Römer, llegándose a la expulsión de Alfaro Ucero de su partido al negarse a declinar su candidatura, lo cual causó malestar e hizo pensar que la opción independiente de Salas podía contaminarse de un continuismo que no se deseaba. Igual ocurrió con el apoyo de COPEI a Irene Sáez, quien terminó yendo sola a la contienda, sin alcanzar una figuración importante. Por su parte, el Movimiento al Socialismo (MAS) respaldó a Chávez en los comicios, pero más adelante un sector mayoritario de esa organización se alejó del gobierno y pasó a engrosar las filas de la oposición democrática al régimen.

Pese a todo, la única opción de triunfo frente a Chávez en 1998 fue la del ex gobernador Henrique Salas Römer, quien proyectaba la imagen de un mandatario regional exitoso, por encima de defectos que se le atribuían, como su presunto elitismo, no sin un trasfondo racista, pues con su nivel educativo y tez blanca debía enfrentar la condición populachera y mestiza de Hugo Chávez. En lo personal no dudé en apoyar a Salas desde mi invariable posición de independiente y de aceptar por primera vez la postulación de “Proyecto Venezuela” a un cargo de elección popular: el de Senador por el Estado Lara. Más que un interés político, que no tenía, ni podía dedicarme a la campaña por mis responsabilidades empresariales y gremiales, conocía a Salas por mis nexos de trabajo en el Estado Carabobo y consideré un deber ayudarlo, pues avizoraba el peligro de la candidatura de Chávez, en lo cual lamento no haberme equivocado.

En efecto, desde que Chávez hizo su primera aparición pública el 4 de febrero de 1992 en la intentona en contra de Carlos Andrés Pérez, percibí con claridad premonitoria el riesgo que representaba para el país. Así lo expresé en un artículo de prensa a pocos días del alzamiento, no solo por la cruenta rebelión protagonizada, sino por los nefastos planes que albergaba de haber prosperado el golpe. Pero fue en 1998, al surgir Chávez surgió como precandidato, cuando profundicé en el conocimiento de sus ideas, a lo cual mucho me ayudó la lectura del libro “Habla el Comandante” de Agustín Blanco Muñoz, obra que recogió varios meses de entrevistas al aspirante. Quedé así convencido de su pensamiento populista de izquierda, de la inconsistencia, desfase intelectual y ambición de poder de ese personaje, desconocido hasta 1992, quien desde que era Subteniente se fijó como meta la formación de una logia militar de orientación antidemocrática, todo ello complicado con una tipología psíquica desordenada y compleja.

AD y COPEI descendieron de un 93 por ciento de los votos en 1988 a un 11 por ciento en 1998, mientras que los candidatos del cambio: Chávez y Salas Römer aglutinaron el 90 por ciento. Yendo más atrás, el país resiente aún la decisión del Presidente Caldera de conceder en 1994 a Chávez el sobreseimiento de la causa, no obstante haber incurrido en el delito de rebelión militar, pues le allanó el camino hacia la candidatura. Habría sido mejor proseguir el juicio, dar al país una señal ejemplarizante y luego indultarlo, si esa era la voluntad presidencial. Caldera ha comentado después que dicha decisión representó la culminación de un proceso, ya que varios de los comprometidos en las intentonas golpistas habían sido ya sobreseídos con anterioridad, que el tema de la inhabilitación de los derechos políticos no ha sido bien analizado y que algunas organizaciones políticas como AD apoyaron la medida, apostando a un desinflamiento de Chávez sin “victimizarlo”.

No se puede decir que Chávez haya mentido, pues su ideal era conocido y se le temía, pero supo disfrazarlo en la campaña. Pese a todo, tras su triunfo, el país le ofreció apoyo, hasta el punto de que al inicio logró una aceptación mayor del 80 por ciento, pero desperdició la oportunidad histórica irrepetible de la conjunción de poder político y económico, para promover un proyecto con una visión más compartida, en lugar de uno excluyente y radical que ha ido revelándose en su perversa dimensión en el ejercicio del gobierno. Pocos creyeron que Chávez encabezaría un proceso involutivo. Se quería un cambio pero no una aventura que derivara en un salto al vacío, ni el debilitamiento del principal de los activos políticos de los cuarenta años previos: la democracia como un sentimiento arraigado, sin autoritarismo ni violencia. El país deseó que Chávez fuese fiel a las banderas que enarboló durante la campaña: la lucha contra la pobreza y la corrupción, las cuales traicionó. Siento al menos tranquilidad de haber alertado al país sobre las aviesas intenciones de Chávez, como consta en los artículos de prensa escritos en ese entonces y a lo largo de su mandato, no obstante haber yo protagonizado más tarde un genuino intento de diálogo con el gobernante.

La tónica del primer mensaje de Chávez la noche de su elección el 6 de diciembre de 1998, fue tranquilizante, pero luego impuso un estilo como Presidente de la República pugnaz y maniqueísta, dividiendo al país entre amigos y enemigos, pobres y ricos, revolucionarios y oligarcas, patriotas y “escuálidos”, ello agravado con la pretensión de sustentar su gobierno sobre peligrosas bases de violencia y lucha de clases, que representan el mayor yerro del cual tendrá que dar cuenta Hugo Chávez ante la historia, pues fracturó la permeabilidad social de una nación, que era su principal orgullo.

El día de la asunción de Hugo Chávez Frías al poder, al pronunciar el juramento irrito ante la “moribunda Constitución de 1961” que prometió eliminar, pudo percibirse que el objetivo de instaurar un modelo revolucionario de izquierda privilegiaría sus actuaciones. El interés nacional y el apego a la legalidad quedó subordinado a los objetivos del “proceso” político y las normas de convivencia democrática dieron paso a un talante autocrático e impositivo, con un claro divorcio entre las palabras y los hechos, en especial en cuanto a los principios de participación ciudadana e independencia de los poderes, que constituyen la esencia de un Estado moderno y de la propia Carta Magna.

En los comicios celebrados en 1999 el oficialismo logró, no sin ventajismos y artificios, una abrumadora mayoría en la integración de la Asamblea Nacional Constituyente, pues con el 46 por ciento de los electores que votó y un 65 por ciento a favor, conquistó el 98 por ciento de los 131 escaños, quedando solo 6 en manos de la oposición. De esa manera fue posible imponer textos y acortar los lapsos para la aprobación de la nueva Carta Magna, conforme a los deseos de Chávez. Ese fue el primer capítulo de la controversia nacional, pero que no impidió el triunfo del SÍ en el referéndum de diciembre de 1999, aun cuando con una abstención del 58 por ciento. Fue notable, a manera de ejemplo, cómo la Asamblea Constituyente, que había votado en contra del cambio de nombre de la República de Venezuela, tuvo que dar marcha atrás cuando Chávez la emplazó e impuso el de República Bolivariana de Venezuela.

En cuanto a la abstención, tanto en las elecciones de 1998 como en los comicios posteriores realizados en desarrollo del proyecto político, representó un factor decisivo para el triunfo de Chávez y para el control de las mayorías. En todas esas consultas, incluido el referéndum aprobatorio de la Constitución y la relegitimación presidencial de julio del 2000, la abstención promedió el 48%, hecho que valida el peso de dicha opción en la definición del futuro de Venezuela y la obligación que la población tiene de ejercer su derecho a decidir, pero no de abstenerse, de cara hacia el futuro.


CHÁVEZ Y EL SECTOR PRIVADO: UNA RELACIÓN DIFÍCIL
“El corazón de un estadista debe estar en su cabeza”
Napoleón Bonaparte


En noviembre de 1999, al someterse a referéndum el texto de la nueva Constitución, Fedecámaras convocó a una Asamblea Extraordinaria para fijar posición en torno a la consulta. El empresariado se sintió burlado por la precipitación y falta de diálogo, que ha sido la constante en el régimen chavista. Por tal razón, en una caldeada sesión, la Asamblea decidió invitar al país de manera razonada a votar negativamente por la nueva Constitución, con argumentos que la historia reivindicará. No olvido a manera de ejemplo, las premonitorias observaciones a la eliminación del carácter no deliberante de la Fuerza Armada y a las facultades omnímodas concedidas al Presidente en materia de ascensos militares; la supresión del Congreso bicameral, que debilitó la representación regional en el Poder Legislativo y el contrapeso de las dos Cámaras; el fortalecimiento del presidencialismo y la extensión del período presidencial a seis años con reelección; la pérdida de equilibrio entre los poderes; la inclusión de un capítulo sobre derechos indígenas desproporcionado para un problema inexistente; la reafirmación de una orientación estatista e intervencionista; los ambiguos conceptos de participación popular a través del asambleismo; y la sustitución de la democracia representativa por una democracia participativa, carente de contenido. El tiempo se ha encargado de darnos la razón y las violaciones continuas del propio gobierno a la Constitución impuesta, la han convertido en un instrumento acomodaticio, que se aplica a la conveniencia del caudillo.

En el seno de la Asamblea de Fedecámaras me correspondió sintetizar los argumentos que sustentaban la posición asumida y luego acompañar al Presidente Vicente Brito en giras por el país, bajo el seguimiento escrutador de los cuerpos de seguridad del Estado y la ira de Chávez, que no admitía que el organismo osara invitar al pueblo a votar NO por su proyecto estrella. Fue así como el gobierno marcó distancia con Fedecámaras, canceló las invitaciones a los actos protocolares y todo tipo de contactos con la institución. Pero era lógico que si de un referéndum se trataba, los órganos de la sociedad civil pudiesen transmitir libremente su opinión al país, más en un hecho de tanta trascendencia como era la formulación de un nuevo Contrato Social.

No obstante haber adversado la candidatura de Chávez y luego solidarizarme con la gestión de Vicente Brito, desde el momento de mi elección a la Presidencia de Fedecámaras en Maturín, traté responsablemente de tender puentes con el gobierno, consciente de las implicaciones para el país del distanciamiento entre ambos sectores. Fue así como mis primeras palabras como Presidente del organismo fueron para solicitar públicamente una audiencia al Presidente de la República, como quedó reflejado en los titulares de los diarios el 29 de julio del 2001. Sabía además que durante el segundo semestre del 2001 se adoptarían decisiones cruciales en desarrollo de las facultades extraordinarias que el Poder Legislativo había concedido al Ejecutivo para legislar por la vía de Decretos Leyes (Ley Habilitante), en temas de interés fundamental como las Leyes de Tierras, Hidrocarburos, Zonas Costeras, Pesca, Banca y Seguros.

A comienzos de agosto del 2001 coincidí con Chávez en el acto aniversario de la Guardia Nacional realizado en la Escuela Militar de Venezuela y luego de saludarlo, le insistí en mi pedido de audiencia, a lo cual se mostró dispuesto, no sin antes hacer un chiste ante los militares que lo rodeaban, sobre el “knock out” electoral que yo había propinado a mi contendor Alberto Cudemus, su amigo y candidato predilecto. La reunión tuvo lugar a los pocos días, el 22 de agosto del 2001 en el Despacho Presidencial en Miraflores, con las formalidades del caso. Me acompañaron por Fedecámaras los Vicepresidentes Carlos Fernández y Albis Muñoz y el Tesorero Gregorio Rojas. Por el lado gubernamental, Chávez invitó a la Vicepresidenta Ejecutiva Adina Bastidas, a la Ministra de la Producción y del Comercio, Luisa Romero, a los Ministros de Finanzas Nelson Merentes, de Planificación Jorge Giordani, de la Secretaría de la Presidencia Diosdado Cabello y a su hermano y Secretario Privado, Adán Chávez, hoy todopoderoso Embajador en la Cuba fidelista.

El Presidente me invitó a tomar asiento en uno de los sillones protocolares del Despacho, mientras los demás asistentes formaban un semicírculo. Plantee a Chávez la necesidad de iniciar una etapa de diálogo como una demostración de madurez y de responsabilidad de ambos sectores ante el país, por encima de las diferencias. Insistí en la necesidad de acometer un plan de reactivación económica, que implicaba la recuperación de la inversión, única vía para estimular la generación de empleo. Destaqué los retos medulares que enfrentaba la nación y la necesidad de abrir una etapa de consultas respecto a las leyes que se anunciaban para el segundo semestre del año, de manera que tuviesen un carácter nacional y una visión más compartida.

Chávez me escuchó y tras algunas disquisiciones, expresó su disposición de aceptar el diálogo y de seguidas enfatizó en que el sector privado debía ocuparse más del tema de la pobreza, planteándome la insólita propuesta de que promoviera la recolección de dinero organizando “tómbolas”, poniendo como ejemplo las dádivas que él a diario concedía a lo menesterosos en las puertas de Miraflores o de la Residencia de La Casona. Manifesté a Chávez que ni las limosnas que el concedía, ni lo mucho que hacía el sector privado en apoyo a fundaciones, actividades sociales o programas para los trabajadores representarían más que una gota de agua en el desierto, si no se emprendían iniciativas destinadas a atacar el problema de la pobreza en sus raíces, vale decir, a través de la generación de varios millones de empleos productivos y sustentables y fortaleciendo la educación para el trabajo.

Destaqué las cifras del desempleo abierto y la economía informal y le dije a Chávez, con visible intranquilidad de sus obsecuentes colaboradores: “Presidente, le propongo un reto: diseñar un plan nacional a cinco años para elevar la inversión privada que ha caído casi a cero, a niveles de entre 15 y 20 por ciento del PIB, es decir entre US$ 15 y 20 millardos por año y así impulsar el crecimiento, generar un millón de nuevos puestos de trabajo, reducir el desempleo abierto a no más de un 10%, la economía informal por debajo del 40% formalizando 1,5 millones de empleos y abrir oportunidades al medio millón de jóvenes que se incorpora anualmente al mercado laboral”. Añadí la propuesta de un plan para elevar las exportaciones no petroleras a US$ 10 millardos en cinco años para diversificar la economía y fortalecer el empleo. Al final indagué: ¿qué le parece el reto, Presidente?, a lo cual respondió: “me gustan los retos” y yo sin demoras alegué: “si es así, estamos dispuestos a hacerlo realidad”. Chávez insistió en el papel decisorio del gobierno, a lo cual expresé: “la responsabilidad del gobierno es gobernar y decidir; no queremos invadir sus competencias, pero sí participar conforme a la Constitución y a los intereses de la nación”. Chávez anticipaba con ello la intención de gobernar con decisiones excluyentes, conforme a la visión e intereses propios de la “revolución”.

Decidimos constituir una mesa de diálogo, pero cuando el Presidente me comunicó que estaría presidida por el Ministro Giordani, no pude evitar que pensara hacia mis adentros que la iniciativa no conduciría a ninguna parte, pues conocía el estilo desconfiado y hermético de Giordani desde mi participación en 1999 en una Comisión Presidencial para la Reactivación Económica, de la cual formaron parte por el sector privado: Reinaldo Cervini, Francisco Natera, Henry Gómez Alberti, Fouad Sayegh y yo, junto a varios Ministros del Gabinete Ejecutivo. Dicha Comisión concluyó en un total fracaso, pues Giordani nunca promovió una interacción sincera con sus integrantes.

Pese a todo, en septiembre del 2001 se inició el diálogo propuesto por mí de la mejor buena fe, el cual se prolongó hasta el 13 de noviembre de ese año, fecha en que fue suspendido en señal de protesta por las decisiones atropelladas e inconsultas del gobierno respecto a los Decretos Leyes derivados de la Ley Habilitante. En septiembre sostuve una segunda reunión más informal con Chávez en el Despacho privado en Miraflores, a la cual asistí con Lope Mendoza, Presidente de Conindustria. Eran las 10 p.m. Chávez lucía una chaqueta con el tricolor nacional y zapatos deportivos. Estaba de buen humor, pues acababa de concluir el partido de football Chile-Venezuela que había ganado nuestra selección. Por ello, antes de comenzar la reunión, llamó al entrenador de nuestra representación Richard Páez a Santiago para felicitarlo. A la misma asistió la Ministra Luisa Romero y la Presidenta del Banco de Comercio Exterior.

Mendoza le propuso a Chávez una visita a varias industrias en Valencia, que aceptó pero que luego no cumplió y de mi parte le insistí en la necesidad de impulsar una política más audaz de comercio exterior, fortalecer la CAN y las relaciones con Colombia, un tanto afectadas por las diferencias entre las Ministras de Comercio de ambos países. Le insistí en la inconveniencia de asumir posiciones de rechazo hacia el ALCA y en su lugar influir en las negociaciones para que su resultado fuera equitativo y luego adoptar una decisión final en el 2005 en función de la calidad de la normativa para la generación de oportunidades hacia todos los países. En pocas palabras, que depusiera el discurso antinorteamericano que comenzaba a hacerse explícito y que se ha ido exacerbando con el transcurrir del tiempo. Analizamos la marcha de la mesa de diálogo y su visita a Cartagena y a Chile, a la cual me invitó a acompañarle a la cabeza de una misión empresarial, aun cuando viajando por nuestra cuenta. Fue además una noche de acercamiento personal, que resultaba conveniente para romper los hielos.

Durante cien días sostuve reuniones semanales con el Gabinete Económico presidido por Giordani, con miras a impulsar la reactivación económica y la inversión en sectores como construcción, eléctrico, turismo, industria, energía y en los temas de competencia del SENIAT. A título de ejemplo, presentamos la iniciativa de un plan a doce años, trabajado con la Cámara Venezolana de la Construcción, para edificar más de 200.000 viviendas por año, con el aporte de los sectores público, privado y del ahorro interno, para erradicar el déficit habitacional al final del lapso, con una inversión total de US$ 40 millardos, generar cerca de un millón de empleos e impulsar el crecimiento del PIB por varios años a cerca del 8 por ciento interanual.

En una ocasión le expresé al Ministro Miquilena que si yo fuera gobierno “compraría” ese programa con los ojos cerrados, pues quien lo ejecutara quedaría atornillado en el poder. Pero no resultó de interés del Ejecutivo y más bien luego se cerraron opciones al financiamiento habitacional. Nada que diluya el protagonismo del Presidente o de cabida a esfuerzos compartidos con el sector privado es atractivo. El gobierno prefiere a los inversionistas extranjeros, que no opinan y golpea al empresariado nacional. En otra ocasión me reuní en el Banco Central con Luis Miquilena, Giordani, el Presidente del BCV, el Ministro de Finanzas Nelson Merentes e Ignacio Salvatierra, Presidente de la Asociación Bancaria, para analizar entre otros las tasas de interés, el tipo de cambio y la reactivación económica. En ella defendí que si bien el sector financiero debía realizar un esfuerzo para reducir sus costos operativos y bajar las tasas, no convenía imponer un control de las mismas, so pena de precipitarlo en una crisis similar a la de 1994 y advertí sobre las negativas consecuencias de la sobrevaluación cambiaria que se acumulaba. Pero Giordani defendía con vehemencia el anclaje cambiario como vía para reducir la inflación, sin reparar en que esa política terminaría por estallarle en las manos y generar efectos aún peores a la nación y a los estratos menos favorecidos.

En suma, pese a mi insistencia, nunca fue posible que la mesa de diálogo abordara la discusión de los proyectos de Decretos-Leyes, instrumentos vitales para el futuro de la nación, el mejoramiento del clima de confianza y la preservación de derechos fundamentales como el de la propiedad. Allí radicaban los temas de fondo, más allá de la reactivación económica, pero las reuniones fueron generales e informativas, con el estilo manejado por Giordani. En el mejor de los casos sólo se nos permitió consignar por escrito observaciones respecto a la Ley de Hidrocarburos, sin derecho a debate y en otros simplemente no hubo consulta, especialmente en el proyecto de Ley de Tierras, instrumento emblemático en el cual se consagraba la inestabilidad en la propiedad de la tierra y el riesgo de confiscaciones mediante subterfugios jurídicos. Todo ello generó un clima de escepticismo en el sector privado sobre la mesa de diálogo, que me movió a solicitar en Fedecámaras un voto de confianza hasta de diciembre del 2001, fecha en la cual se evaluarían los resultados obtenidos para definir las estrategias ulteriores.

Aparte de la Ley de Tierras, preocupaban al empresariado los proyectos de Ley de Hidrocarburos, de Pesca y de Zonas Costeras, pues afectaban intereses vitales y estratégicos, uno en el sector medular de la economía: el energético y los otros porque vulneraban el derecho de propiedad a lo largo de las zonas costeras y las riveras de los ríos o en el caso de la pesca, pues podía implicar la afectación de la pesca industrial. Era grave además el cambio en las regalías en el sector petrolero y el predominio accionario del Estado que se imponía en los convenios de asociación con el capital privado, pues ello comprometería las elevadas inversiones requeridas por el sector hacia el futuro. El Ministro Álvaro Silva Calderón, luego Secretario General de la OPEP, fue otro de los integrantes del Gabinete que compartía el estilo cerrado y estatista de Giordani. Ya lo había demostrado en iniciativas como la Ley de Minería, la cual no promoverá jamás un flujo adecuado de inversiones hacia un sector de gran potencial económico en el país.

En septiembre del 2001 viajé para coincidir con el Presidente Chávez en la visita que realizó a Cartagena de Indias, Colombia, atendiendo la invitación que le hiciera el Presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) Luis Carlos Villegas, a la Asamblea Anual de dicho organismo. Se encontraba en Cartagena el Presidente Andrés Pastrana participando en la Asamblea, ante la cual presentó un balance de su gestión económica, al final de su mandato; tuve la oportunidad de saludarlo, siempre de trato afable y de comprobar una situación económica estable en Colombia, que producía sana envidia a los venezolanos. Chávez se dirigió a los empresarios colombianos, no sin antes quejarse de la controversia promovida en algunos medios de comunicación y luego fuimos atendidos espléndidamente por los anfitriones. En dicha Asamblea pude escuchar por primera vez a los candidatos presidenciales, a ocho meses de las elecciones, entre ellos a quien luego sería electo Presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, que comenzaba a crecer sostenidamente en las encuestas.

Acto seguido, presidí la delegación empresarial venezolana que acompañó al Presidente Chávez en su visita oficial a Chile. En ambas ocasiones, Chávez destacó públicamente el triunfo que me había llevado a la Presidencia de Fedecámaras, dio muestras de reconocimiento hacia el acercamiento que yo propiciaba, pero más allá de las palabras fui percibiendo que su intención era llenar formas y llevarme hacia el estilo de relación al cual está acostumbrado en su concepción autocrática, que no conoce el color gris sino el blanco o el negro, los amigos o enemigos.

Durante la visita de Estado a Chile pude saludar al Presidente Lagos, a quien había conocido en Caracas durante su exilio, pues a Lagos, como a miles de chilenos en momentos políticos difíciles, Venezuela les brindó solidaridad y afecto. En esa ocasión, quedé sorprendido del pedido que Chávez hizo a la Embajada en Santiago de incluir en el programa un acto de naturaleza político-proselitista en el Palacio Diego Portales, incompatible con el carácter oficial de su visita. En efecto, la ultraizquierda chilena reunida en pleno, en especial el MIR y el Partido Comunista, recibieron a Hugo Chávez coreando vivamente: “Chávez sí, Lagos no” y con consignas que hacían recordar los mejores tiempos de Allende. Chávez y los suyos parecían no entender que el Partido Socialista Chileno en el gobierno, había actuado en la transición entre Pinochet y la democracia con madurez, responsabilidad histórica y una postura moderada y lúcida. Pero además, el acto era hostil al Presidente Lagos por parte de los grupos ultras, no obstante que era el anfitrión de Chávez en su visita. ¡Qué despropósito!. Quedé perplejo de oír los discursos de José Vicente Rangel, en ese entonces Ministro de la Defensa, del Diputado Tarek William Saab, el “poeta” de la revolución y del propio Chávez, cargados de un dogmatismo izquierdista desfasado, que hizo sentir incomodidad y vergüenza ajena a quienes con arrepentimiento aceptamos la invitación a dicho acto.

Después tuve ocasión de visitar a un amigo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, quien me contó que el gobierno había hecho lo posible para evitar el acto, pero que la Embajada de Venezuela había insistido tanto en él, que una negativa podía haber comprometido la visita, propiciada por el Presidente Lagos con el prudente auspicio del Presidente del Brasil Fernando Henrique Cardoso, para tratar de acercar a Chávez a la democracia suramericana y moderarlo en su impredecible postura revolucionaria. Razón ha tenido luego el Presidente Lagos en marcar distancia con Chávez e impedir que este tratara de apropiarse en septiembre del 2003 de los actos de conmemoración del XXX aniversario de la muerte de Salvador Allende y de reaccionar con molestia ante las impertinentes intromisiones de Chávez en el tema de la salida al mar de Bolivia.

A fines de octubre del 2001 se había realizado en el Estado Zulia un paro regional organizado por las fuerzas productivas del Estado para protestar por la inminente aprobación de la Ley de Tierras y por la asignación de parcelas en las cuales existían bienhechurías privadas, dando lugar al derecho a ser indemnizados por parte del Estado, si se quería asignarlas a terceros. Era ya notorio cómo Chávez buscaba retomar las banderas de la Guerra de la Federación de mediados del siglo XIX, con el mensaje zamorano de “hombres libres, tierras libres”, no bajo una reforma agraria que habría sido aceptable, sino por la vía de la confiscación o la invasión de tierras. Era increíble cómo Chávez atizaba en esos días el ambiente social cantando himnos incendiarios de la Guerra de la Federación y pidiendo que sus estrofas fueran entonadas por el pueblo.


EL PARO DEL 10 DE DICIEMBRE: EL INICIO DEL CONFLICTO


“El que intenta puede fracasar. El que no intente ya fracasó”.
Napoleón Bonaparte




El 13 de noviembre de 2001, el gobierno consumó la infeliz decisión de aprobar de una manera compulsiva e inconsulta el paquete de los 48 Decretos Leyes, en la fecha límite de las facultades concedidas por el Poder Legislativo, sin ni siquiera disponer de los textos definitivos anunciados en una Gaceta Oficial Extraordinaria, pues muchos no estaban listos. A finales de octubre coincidí con el Presidente Chávez en la apertura de una exposición de productos cubanos en el Círculo Militar. Al terminar el acto donde ambos compartíamos el presidium, antes de iniciar el recorrido por la exposición le solicité al Presidente unos minutos y casi arrinconándolo ante la gravedad del momento le dije: “Presidente, se avecina una confrontación, un choque de trenes; evite que se aprueben los Decretos Leyes en la forma como se pretende; no han habido consultas sobre los proyectos, entre ellos la Ley de Tierras, el más delicado”. Chávez me respondió con ironía: “Espero que no asumas la defensa de la oligarquía para impedir la aprobación de una ley que permitirá el reparto de tierras a los pobres”. Yo le insistí: “Otra cosa sería impulsar una reforma agraria. Convoque por favor a una consulta, evite una ruptura que resultará trágica”. Y así como ese día fui sincero, siempre en momentos críticos alerté sobre las consecuencias de decisiones negativas del gobierno.

Lamentablemente dentro de los designios de Chávez no estaba aplicar el principio constitucional de la participación ciudadana. Era obvio que se violaba el ordenamiento jurídico al no aplicar los procedimientos exigidos para la formulación de las leyes, entre ellas la Ley de la Administración Pública, según la cual una ley puede resultar nula de toda nulidad si no se cumplen los pasos previos de consulta en su formulación. Pero es usual que el gobierno se retracte de sus propias normas y de la Constitución cuando no le convienen, cuyo mejor ejemplo ha sido la actitud frente a los referendos. De mi pedido a Chávez solo fue posible que se efectuara una reunión informativa en Miraflores sobre la Ley de Tierras que presidió la Ministra de la Producción y del Comercio, Luisa Romero, con la presencia de la Procuradora y el Presidente del Instituto Agrario Nacional, en la cual se presentaron los lineamientos del proyecto de ley sin derecho a debate o a conocer su articulado. En dicha reunión estuve acompañado por la máxima dirigencia empresarial del país y por el jurista Román Duque Corredor, quien intentó sin éxito formular algunas observaciones conceptuales al proyecto.

En esos mismos días asistí a una reunión empresarial en la ciudad de Mérida, en la cual un grupo de psiquiatras me solicitó les concediera unos minutos para transmitirme el resultado de sus hallazgos profesionales sobre la personalidad de Chávez, dada la responsabilidad que tenía en mis manos. Sin rodeos me transmitieron que Chávez tiene rasgos de conducta paranoica, reflejada en actitudes como: a) El narcisismo histriónico, la pérdida de la memoria inmediata, la inclinación a los reconocimientos y actos grandiosos, a hacerse oír por radio y TV en largas intervenciones, al uso de uniformes, desfiles y a constituirse en el centro de los acontecimientos y decisiones y en un actor conflictivo; b) La mitomanía, el sentirse merecedor de gobernar durante 20 años, creerse un predestinado, la reencarnación de héroes del pasado o imaginar hechos que luego trata de llevar a la realidad; c) La incapacidad para rectificar, al costo que sea, lo cual hacía imposible esperar una respuesta favorable a mi insistente pedido de rectificación cívica y democrática; d) Las difíciles relaciones con los seres más cercanos y queridos; e) La incapacidad para admitir disensos y rodearse de colaboradores más preparados que él o con criterio independiente. De allí sus frases: “yo soy el águila, los demás son moscas”, “El que manda aquí soy yo”, “El Estado soy yo”, “La ley soy yo”, “No hago, no acepto” y por ello tantos lo han abandonado; f) Los resentimientos sociales, las ideas fijas, la rebeldía, indisciplina y la dificultad para perdonar; g) La tendencia a buscar un apoyo paternal en gente de edad (caso Fidel Castro y Miquilena); h) El deseo de escape a través de viajes perennes, muchos de ellos injustificados o impreparados. Ello entre otras consideraciones que no retuve, pero las mencionadas bastan para apreciar una tipología psíquica compleja en el caso del gobernante.

Además del ambiente de protesta generado por la aprobación de los Decretos Leyes, desde comienzos del año 2001, otro factor de inconformidad en la sociedad civil estuvo determinado por la reforma del reglamento de ejercicio de la profesión docente (Decreto 1011), que incluía la figura de los supervisores itinerantes y las líneas maestras de un Proyecto Educativo Nacional ideológico, que pretendía sustituir la metodología educativa en primaria y secundaria. Ello trajo como consecuencia un ambiente de fuerte preocupación y protesta de parte de las madres y familiares, dada la pretensión de adoctrinamiento que involucraba, la cual tuvo como lema: “Con mis hijos no se metan”.

En el mes de octubre de 2001, la Federación de Ganaderos, Fedenaga, presidida por José Luis Betancourt, celebró una Asamblea frente a su sede en la Avenida Urdaneta, importante arteria de la capital, contando con el apoyo de Fedeagro y de otros organismos del sector primario, en la cual se planteó el rechazo a la Ley de Tierras y la iniciativa de propiciar un paro nacional en protesta por su inminente aprobación. Ya se había producido antes un paro en el Estado Zulia como reacción a la entrega de títulos a campesinos al sur del Lago, sin el cumplimiento de los términos legales. Intervine en dicha Asamblea para expresar la solidaridad del sector empresarial ante las amenazas que representaba tal instrumento y los riesgos de que propiciara la confiscación de tierras por parte del ejecutivo, con previsiones ambiguas y discrecionales. Rechacé las invasiones promovidas por el oficialismo en diversas regiones del país y la inseguridad creciente en el campo. Agregué el desacuerdo con el proyecto de Ley de Pesca, en cuya redacción tampoco se escuchó al sector empresarial, como también con la Ley de Hidrocarburos, tema crucial para el país, pues se introducían inconvenientes cambios a la Ley de 1943 y a la Ley de Nacionalización Petrolera, que limitarían las inversiones futuras, necesarias para asegurar la expansión de la producción petrolífera.

Aprobados pues fatalmente los Decretos Leyes en la forma inconsulta que se temía y consciente de sus implicaciones sobre el futuro del país, el Directorio de Fedecámaras que presidía, decidió convocar el 28 de noviembre de ese año a una Asamblea Extraordinaria, a la cual recomendó promover un paro cívico nacional en protesta por las decisiones del gobierno. Ello exigió una movilización nacional de los miembros del Comité Ejecutivo para explicar a las bases empresariales y al país las graves implicaciones de dichos instrumentos, su inconstitucionalidad y la necesidad de pasar a una etapa de abierta protesta pública. Durante la Asamblea se produjeron encendidas intervenciones en un ambiente emotivo, tras lo cual surgió la moción de aceptar la recomendación del directorio de convocar a un paro de doce horas, a partir de las seis de la mañana del día 10 de diciembre, en rechazo a los Decretos-Leyes y para exigir rectificación, no solo de dichos instrumentos, sino del estilo agresivo, impositivo y descalificador de la disidencia que asumía el gobierno.

La moción fue acogida unánimemente por los asistentes, en medio de aplausos, vítores y entonando el himno nacional, no obstante lo cual, antes de cerrar la sesión, solicité a los asistentes dejar constancia de cualquier opinión en contrario, cosa que no ocurrió. Los medios recogieron a grandes titulares la trascendente decisión adoptada, sin precedentes en el movimiento empresarial desde el final del gobierno de Pérez Jiménez. Concluida la Asamblea, solicité una reunión con el Comité Ejecutivo de la CTV para solicitar el apoyo sindical a la iniciativa, la cual quedó en ser evaluada, lográndose pocos días después un pronunciamiento favorable, al igual que de otras organizaciones de la sociedad civil venezolana, que se sumaron con una posición decidida y firme a esa primera expresión de protesta, ante un estado de cosas que se tornaba insostenible.

La preparación del paro cívico fue exigente. Se organizaron grupos del Directorio para recorrer el país e informar a las bases empresariales. Participé febrilmente en decenas de reuniones. Se hacía manifiesto el respaldo que la iniciativa ganaba a nivel nacional, no solo por la aprobación de los Decretos-Leyes, sino porque cada sector sentía una razón para protestar, bajo el común denominador de un rechazo a la actitud arbitraria y de confrontación del gobierno. Una de las gestiones emblemáticas que cumplí fue con el gremio de los panaderos, dada su importancia como servicio y porque nunca antes habían estado involucrados en un paro. Me trasladé a Maracaibo a la Asamblea de Fevipan, Federación que los reúne y antes visité en Maracay a su Presidente, un filósofo del movimiento gremial, de estilo claro y difícil, de quien terminé siendo un buen amigo. Él era escéptico sobre la respuesta. Hablé hasta la medianoche con los dirigentes en torno a la justificación del paro, con una respuesta final favorable, pero cautelosa. Fue también el caso del gremio de los supermercados, dirigido por jóvenes y exitosos empresarios en su mayoría de origen portugués, que eran presionados por el gobierno, desde el Ministro Luis Miquilena hacia abajo, no obstante lo cual respondieron con un respaldo del mismo corte, para eludir las intimidaciones y presiones.

Los medios impresos también decidieron parar; el Bloque de Prensa acordó que el día 10 no circularían los periódicos, mientras que los medios televisivos optaron por una programación especial de día festivo. Sostuve reuniones con editores y con directivos de los canales de televisión. Fue doloroso constatar el caso de la Cadena Carriles, pues el gobierno chantajeaba con la reapertura del juicio sucesoral de Miguel Ángel Capriles, que favoreció a la rama familiar Capriles-López, circunstancia que les impedía sumarse al paro. Posteriormente, la Cadena Capriles, forzada hacia una línea editorial condescendiente con el oficialismo, decidió abandonar el Bloque de Prensa Venezolano. Otro de los huesos duros de roer fue la banca, vulnerable a las presiones oficiales. Me reuní varias veces con los Presidentes de la Asociación y el Consejo Bancario Nacional, a veces a altas horas de la noche. Ambos reconocían la validez de la protesta, pero eran cautos por sus eventuales consecuencias para el sector, pues arreciaban las presiones desde la Presidencia, los Ministerios, empresas del Estado, gobernaciones y alcaldías.

El jueves 6 de diciembre, Chávez invitó a un almuerzo en Miraflores a un grupo de dirigentes nacionales, entre ellos a empresarios, del cual fui excluido por el gobierno, pese a la queja de algunos representantes de mi sector. En dicha oportunidad, Chávez propuso enviar una misión de alto nivel encabezada por el Cardenal Ignacio Velasco y un grupo de empresarios para persuadirme de levantar el paro. Como la propuesta fue ignorada por los presentes, surgió la iniciativa de constituir un grupo de trabajo presidido por Luis Miquilena para propiciar un acuerdo que condujera a la suspensión del paro. Algunos banqueros participaron en la redacción de un documento, en el cual el gobierno se comprometía a interponer sus buenos oficios ante la Asamblea Nacional para la revisión de algunos Decretos-Leyes, sin ir más allá de una expresión de buena voluntad. A cambio de ello, Pedro Carmona Estanga se comprometía a levantar el paro convocado para el 10 de diciembre.

Al día siguiente, 7 de diciembre, me encontraba en las oficinas del Presidente de Conindustria en un desayuno con un grupo de líderes industriales para evaluar el tema del paro, cuando recibí una llamada del banquero Nelson Mezeranhe, para transmitirme el resultado de la reunión de la noche anterior y pedir mi receptividad, ante el riesgo de ser objeto de represalias oficiales como el retiro de depósitos o el control de las tasas de interés. Pedí que me remitieran por Fax el texto, el cual de un vistazo encontré inaceptable. Inexplicablemente, el proyecto fue a su vez rechazado por Chávez al serle presentado por Miquilena, lo cual molestó al Premier pues se sintió desautorizado, hasta el punto de que a partir de allí no se restableció jamás una buena relación entre ellos, pese a una reunión que sostuvieron en diciembre del 2001 en la Isla de Margarita.

Leí en voz alta el texto del documento a los empresarios reunidos y todos me concedieron la razón en rechazarlo. Manifesté a los banqueros en un nuevo contacto telefónico que el paro eran un tren sin frenos, a apenas horas de su inicio y mi negativa total a firmar el documento por ambiguo e inequitativo. Ese mismo día, en asamblea conjunta de ambos organismos, el Consejo Bancario y la Asociación Bancaria decidieron que el día 10 funcionarían solo con los servicios mínimos y en función de la concurrencia del personal y de factores de seguridad. Todo ello ilustra sobre las difíciles y tensas situaciones que debí sortear en esos días.

El Ministro de la Defensa, José Vicente Rangel, había sido encomendado por Chávez a fines de noviembre para liderar gestiones tendientes a quebrar el paro, tratando de dividir al movimiento empresarial. Rangel promovió contactos con empresarios, políticos y miembros de la sociedad civil. Recuerdo la convocatoria a un grupo de empresarios en el Hotel Tamanaco y las invitaciones a una larga lista de personas que desfilaron por el Despacho del Ministro de la Defensa en La Carlota, para intimidarlos o comprometerlos en una posición contraria al paro. Rangel trataba de mostrar al país que existía apertura para la eventual revisión de algunas leyes y expresaba que estaba dispuesto a reunirse conmigo cuando y donde fuera y que de ser necesario iría a buscarme de rodillas, en un toque de histrionismo hipócrita, pero efectista. Hablé con él dos veces telefónicamente, hasta que accedí a reunirnos, a cuyo efecto lo invité a un almuerzo privado en mi casa, el domingo 2 de diciembre del 2001.

Recibí a Rangel a las puertas de mi edificio y lo primero que me sorprendió fue el número de periodistas presente, notificados por el Ministerio de la Defensa. Subimos a mi apartamento y nos instalamos en la terraza, con la montaña como fondo. Rangel saludó a mi esposa y le obsequió una miniatura de la espada de El Libertador que conservamos, tras lo cual se inició una conversación directa y franca, pues yo estaba al corriente de las manipulaciones para dividir al movimiento empresarial y debilitar la huelga, sin nada a cambio, como no fuesen promesas para ganar tiempo. El visitante inició sus palabras recordando -como aún lo hace- la experiencia chilena de Allende, su conocimiento de la realidad de ese país y las tensiones y radicalismos que allí se generaron. Rangel manifestó sus temores de que se estirara tanto la cuerda que pudiera reventar, reeditándose la situación que condujo a la dictadura de Pinochet, asumiendo una táctica de ablandamiento. Insistía en que Chávez acorralado podía ser peligroso y que en consecuencia era necesario deponer las protestas y suspender el paro y que a cambio el gobierno interpondría sus buenos oficios ante la Asamblea Nacional para eventuales ajustes a los Decretos-Leyes; pero tanto Chávez como otros voceros oficialistas del ala radical ya habían expresado públicamente que ninguna de las leyes sería modificada.

Respondí a Rangel de manera clara: “José Vicente, ¿qué quieres decir?, ¿que viene el lobo?. El lobo ya llegó y está representado por la forma arbitraria e inconstitucional como han aprobado instrumentos vitales para el futuro de Venezuela, con una inclinación estatista, intervencionista y centralista que buena parte del país rechaza”. Le agregué que yo también conocía la historia chilena y que el principio del fin de Allende había estado influido por la afectación de la propiedad privada y la estatización de casi todas las actividades productivas y no solo por las tensiones entre actores políticos. Ya en el curso del almuerzo dispuesto por mi esposa le dije que no veía otra salida para cancelar el paro que la suspensión de la vigencia de al menos ocho de los principales 48 Decretos-Leyes, para someterlas a debate y revisión, pudiendo el resto mantener su vigencia, pese a la forma arbitraria de su aprobación. Rangel me manifestó que esa opción era inaceptable para el gobierno y que solo podía comprometerse a recomendar ajustes al Parlamento, de acuerdo con sus facultades, lo cual para mí estaba fuera de términos de referencia. Habría sido claudicar a cambio de nada, más ante la inveterada costumbre del gobierno de hacer promesas que luego quedan incumplidas.

Así concluyó nuestro encuentro, tras lo cual lo acompañé hasta la calle, pues no abordó su vehículo en el sótano sino que se dirigió hacia los periodistas que aguardaban en la calle. Dimos declaraciones en términos formales. Era obvio que a Rangel le interesaba transmitir la impresión de una apertura al diálogo y de haber propiciado el encuentro y de mi parte deseaba destacar que no me había negado a la reunión y que con amplitud había invitado a Rangel, reiterando la posición del sector empresarial respecto a las leyes, que no existía un acuerdo respecto a fórmulas de salida, pero que había sido una reunión cortés y franca. Cuando nos despedimos a las puertas de mi casa, no podía vislumbrar que nuestro próximo encuentro ocurriría cuatro meses después, en circunstancias aciagas, la noche del 13 de abril de 2002 en Fuerte Tiuna.

En una visita que realicé a Puerto Ordaz, en noviembre, me había reunido con el Presidente de la Corporación Venezolana de Guayana, General Francisco Rangel Gómez, amigo de Chávez, con quien había mantenido conversaciones constructivas en el pasado. Expliqué al General Rangel la delicada situación ante la ruptura del diálogo y el riesgo de una confrontación más abierta y ante ello me preguntó si había hablado en esos días con el Presidente Chávez, a lo cual respondí negativamente. Me consultó si estaría dispuesto a reunirme con él privadamente, le dije que sí, tras lo cual llamó a Diosdado Cabello, Ministro de la Secretaría de la Presidencia y le expresó la importancia de ese contacto. Cabello prometió informar a Chávez, sin respuesta. En una conversación posterior, Rangel me manifestó su pesar porque esa reunión no se hubiese concretado y dudó si Cabello le habría transmitido a Chávez su propuesta, lo cual me hizo pensar en que pese a la amistad que los unía, lo consideraba un hombre de línea dura, que quizás no había tenido interés en que la reunión se celebrara.

También sostuve una reunión privada en la primera semana de diciembre con Luis Miquilena, Ministro de Relaciones Interiores, en la residencia de Carlos Sequera Yépez, expresidente de Fedecámaras. El Premier concurrió en compañía de su hijo Adolfo, Presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Miquilena había sido un importante operador político en el gobierno, fue Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y factor fundamental en la fundación del Movimiento V República, partido oficialista, además de ocupar la cartera ministerial políticamente más relevante. La reunión giró también sobre el tema del paro. Miquilena había asumido también un papel activo en tratar de resquebrajarlo y propició múltiples reuniones con actores públicos y privados, que no excluyeron el recurso de las intimidaciones y amenazas.

Esa noche, ante la insistencia del Premier en el levantamiento del paro, fui consistente con el planteamiento formulado a José Vicente Rangel, en cuanto a que la suspensión del mismo solo sería viable si se declaraba el “vacatio legis” de algunos de los Decretos cuestionados o se suspendía su vigencia en la Asamblea Nacional, si se consideraba que las facultades legales del Ejecutivo habían expirado. La respuesta de Miquilena fue que ello no era posible, pues el Presidente no lo aceptaría. Fue un intento más de búsqueda de salidas; de haber existido disposición del gobierno se habría podido evitar el paro y se habría modificado la historia. Pero era evidente que ni Chávez ni el régimen estaban dispuestos a dar su brazo a torcer. Nos despedimos con un respetuoso saludo y después de ello solo volveríamos a vernos en una reunión privada en la residencia del empresario Reinaldo Cervini y luego en Venevisión, la noche del 11 de abril del 2002.

En los días anteriores al paro mantuve un alto nivel de exposición pública en los medios. Fue relevante la transmisión de algunas “cuñas” televisivas orientadas a contraponer las actitudes agresivas de Chávez con las del sector privado y los míos personales. Entre ellas destacaba una en la cual aparecía Chávez en un primer plano proclamando en tono iracundo que su revolución era armada, que tenía tanques, barcos, aviones y cañones y acto seguido aparecía yo en un tono sosegado diciendo: “no tenemos tanques, no tenemos aviones, ni barcos, ni cañones; tenemos fábricas, máquinarias, puestos de trabajo. Rectifique Presidente, se lo pedimos cívicamente, democráticamente”. De esa manera se fue marcando un contraste de lenguaje y de actitudes, que me ayudó a ganar credibilidad y a generar un ambiente propicio al paro.

A las cinco de la mañana del lunes 10 de diciembre me encontraba ya en pie. Los días previos habían sido extenuantes y de gran expectativa. Era la primera vez en la historia que el empresariado nacional promovía un paro nacional y que a él adhería la mayoría de la población. Además, habían mediado fuertes presiones contra los empresarios, a lo cual se abocó la maquinaria del Estado y ello generaba incertidumbres. A las 5:40 a.m. llegó a mi casa el periodista Roberto Giusti, de El Universal, quien había sido encomendado para acompañarme hasta la hora de culminación del paro. Desayunamos en la terraza, viendo el amanecer, con El Ávila como fondo. Hacia las 6 a.m., cuando observamos las primeras imágenes de televisión en pantalla dividida, mostrando de un lado el tráfico de un día normal en las arterias de entrada a la capital que suelen estar abarrotadas y la realidad de aquel momento, de una ciudad más desierta que el amanecer de un 1º de enero, en ese mismo instante supe que el paro tendría un éxito absoluto, confirmado por las imágenes de otras ciudades del país.

Salí de mi casa antes de las 7 a.m. para iniciar el recorrido por los principales canales de televisión, los cuales ratificaban en sus análisis los increíbles resultados del paro. Desde allí me comunicaba con Fedecámaras, donde los datos provenientes de las bases empresariales de la provincia confirmaban que la paralización alcanzaba un promedio del 90 por ciento a nivel nacional, incluyendo poblaciones pequeñas y apartadas.

La respuesta del Presidente de la República fue iracunda. Desde La Carlota, en un acto con motivo del día de la Fuerza Aérea, vestido con el uniforme de Teniente Coronel, insultó, amenazó a los organizadores del paro y expresó que era un fracaso, cuando estaba ante la vista su éxito total, exhortó a sus aliados a profundizar la revolución, hizo desfilar por primera vez a la Fuerza Aérea sobre los cielos de Caracas de manera desafiante y no como era usual en Maracay y retó a quienes lo “caceroleaban” desde las urbanizaciones vecinas a que bajaran, lo cual intensificó la protesta, llevándolo a la desesperación y al delirio. Ante el reto del Presidente, la gente bajó desde las viviendas aledañas a la Base Aérea y se aproximó a la cerca, para hacerlo con mayor intensidad. Nunca había visto a Chávez tan fuera de si y no podía dar crédito a lo que veía en los monitores. Al final de la convocatoria del paro, a las 6 de la tarde, proclamé ante el país el éxito del mismo, exhorté al gobierno a la rectificación de rumbos y pronuncié las palabras de cierre: “ ¡A trabajar, santamarías arriba!” y entonamos el himno nacional.

A partir de allí Chávez, en lugar de asimilar el mensaje como una realidad incontrastable, pues era pacífico y pedía cívicamente un cambio, reaccionó en sentido contrario, iniciando una etapa de endurecimiento de posiciones, de radicalización del conflicto con los demás sectores de la sociedad y designó a nuevos miembros del gabinete ministerial de una línea identificada a ultranza con el proyecto revolucionario, como fue el caso de Diosdado Cabello en la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, Adina Bastidas en el Ministerio de la Producción y del Comercio, protagonista fundamental de la redacción de las Leyes, Rafael Vargas en el Ministerio de la Secretaría de la Presidencia, Ramón Rodríguez Chacín en el Ministerio de Relaciones Interiores y de Justicia y María Cristina Iglesias en el Ministerio del Trabajo, designación que fue considerada por la CTV como una provocación.

Chávez desplazó además a muchos seguidores de tendencia moderada, entre ellos a su mano derecha, Luis Miquilena quien había manifestado ya deseo de retirarse del gobierno y a parlamentarios como Alejandro Armas y el grupo que hoy conforma el movimiento “Solidaridad”. Armas había recibido en diciembre la encomienda de presidir una comisión parlamentaria para la eventual revisión de los Decretos Leyes, pero la misma fue desconocida por sus copartidarios, impulsando su alejamiento del MVR, tras una enfermedad que lo afectó durante varias semanas, a la cual contribuyó la contrariedad que vivió en esas fechas. Como era de esperar, la revisión de las Leyes quedó en el olvido hasta el día en que esto escribo, más de dos años después. El paro del 10 de diciembre pasó a la historia como el primer gran hito de protesta de la sociedad civil. Según algunos historiadores, su éxito fue mayor que el de la huelga general que derrocó a Marcos Pérez Jiménez en enero de l958, solo que el objetivo en esta ocasión no era derribar a un gobierno, sino solicitarle rectificaciones de una manera firme, pero pacífica, cosa que de haber sido entendida, habría evitado la crisis que fue tomando cuerpo en el país, ante la tozudez y ceguera de los gobernantes.

Después de realizado el paro sin receptividad alguna por parte del gobierno, promoví en nombre de Fedecámaras tres iniciativas para impugnar los Decretos Leyes, para lo cual se contó con el apoyo de un calificado grupo de abogados: una demanda de nulidad por inconstitucionalidad de los 48 Decretos-Leyes ante el Tribunal Supremo de Justicia; en segundo lugar, la presentación ante la Asamblea Nacional de un proyecto de Ley de iniciativa popular en los términos del artículo 204 de la Constitución, con el respaldo de 25.000 firmas recogidas en tiempo record, presentado el día 20 de diciembre de 2001, para la derogatoria del paquete de Leyes y que se cumplieran las normas de consulta y participación ciudadana. La Carta Magna prevé en su artículo 205 que la discusión de un proyecto de ley presentado por los electores debe iniciarse a más tardar en el período de sesiones inmediatamente posterior a su presentación y que de no hacerse así, debe ser sometido a un referéndum. Pero esa iniciativa, al igual que la demanda ante el TSJ, pese a estar amparadas en disposiciones constitucionales, fueron ignoradas por los Poderes controlados por el oficialismo, manteniéndose latente la crisis. Así es la justicia revolucionaria y por ello el régimen se deslegitima cada día más en el desempeño del poder. Finalmente, en enero del 2002 se presentó ante la Comisión Especial de la Asamblea Nacional presidida por el Diputado Rodrigo Cabezas, un conjunto de observaciones a los Decretos Leyes para que fuesen considerados por el Parlamento en el marco de sus facultades. Hasta el día de hoy, ninguna de las tres iniciativas ha producido resultado alguno, pues prevalecen razones políticas sectarias para proporcionar a la “revolución” los instrumentos legales que le permitan enraizarse, de acuerdo a la más pura dialéctica marxista, según la cual “el fin justifica los medios”.


LA SOCIEDAD CIVIL EN LA CALLE


“Cuando no sabemos a qué puerto nos dirigimos, todos los vientos son desfavorables”.
Séneca.


A partir del 10 de diciembre, las mayorías opositoras sintieron que disponían de herramientas legales para luchar contra los atropellos oficialistas y la autocracia. La sociedad civil, alentada por el resultado del paro, inició una presencia casi permanente en las calles. El 23 de enero del 2002, las organizaciones partidistas, ONG´s y el pueblo organizaron la primera de las multitudinarias marchas, bajo un espíritu plural y unitario. El nivel de asistencia a la manifestación solo fue superado después en las marchas del 11 de abril del 2002, de octubre de ese año y de agosto del 2003. Pero desde el punto de vista de la rectificación, el gobierno no mostró ni un ápice de voluntad y ello exacerbó las tensiones con los principales factores de la sociedad, incluyendo la Iglesia.

El 27 de febrero del 2002, la CTV convocó a una concentración más reducida, en la cual hicimos acto de presencia, frente a la sede de la central sindical. Ya se iniciaba el conflicto de Petróleos de Venezuela, PDVSA, tema que emergía como el más álgido en las preocupaciones del país. Por ello, desde mediados de febrero, el sitio de las manifestaciones diarias se desplazó hacia la sede de PDVSA en Chuao, que fue bautizada como “Plaza de la Meritocracia”, en desagravio al maltratado profesionalismo en dicha empresa. Ese lugar y la Plaza Francia de Altamira, en Caracas, se convirtieron, pese a los Decretos que definieron arbitrarias zonas de seguridad en la capital, en símbolos de expresión del descontento de la población y de respaldo a la integridad de PDVSA, empresa de propiedad de todos los venezolanos, que había sido manejada con eficiencia y profesionalismo y que ha sido convertido en “caja chica” del gobierno.

En efecto, la designación de la Directiva de la empresa presidida por el Dr. Gastón Parra Luzardo, un profesor universitario zuliano comprometido políticamente con el gobierno y sin experiencia gerencial, provocó la reacción de los ejecutivos y trabajadores, pues se percibía con nitidez el propósito de politizar la corporación, segunda en importancia en el mundo y reducir su autonomía funcional, como se había intentado antes con un frustrado plan de desmembramiento de PDVSA-Gas, cuyo objetivo era asignar al Ministerio de Energía y Minas funciones operativas y no solo de formulación de políticas. La movilización de los trabajadores impidió la materialización de tan absurdo plan, pero ello representó apenas un repliegue táctico. El gobierno seguiría intentando por otras vías asumir el control político de PDVSA, como efectivamente lo logró.

Varias semanas de diálogo ponderado de los empleados de la empresa con el gobierno no arrojaron resultados, como tampoco la mediación de la Asamblea Nacional. Por tal motivo, en nombre de Fedecámaras plantee públicamente el 3 de marzo de 2002 y dos días después en un acto con la CTV y la Iglesia en la Quinta La Esmeralda, los riesgos de otra confrontación nacional de alto costo. Solicité en nombre del sector privado la renuncia de la Directiva de PDVSA como salida honorable a la crisis, posición que reiteré a lo largo de las semanas subsiguientes sin eco en el oficialismo, como no fuese el terco desafío presidencial de “aquí no renuncia nadie”. Tuve ocasión de asistir al poco tiempo al cierre de la Asamblea de Empleados de PDVSA, que se vio colmada por más de dos mil trabajadores, donde acordaron pasar a la ofensiva en contra de la política del gobierno. Allí dirigí unas palabras manifestando la solidaridad del sector privado con la legítima causa de los trabajadores de PDVSA y el rechazo a los arbitrarios despidos y jubilaciones forzosas anunciadas, que exacerbaron más los ánimos y movieron a los asambleístas a conceder plenos poderes a una comisión de conducción del conflicto, con el asesoramiento de destacados funcionarios jubilados de la empresa.

Pero ya la situación comenzaba a salirse de las manos, pues los trabajadores de la Refinería de El Palito en el centro del país iniciaron sin esperar instrucciones del comité de conflicto la paralización de dichas instalaciones, continuando con acciones similares en el complejo criogénico y petroquímico de Jose, en la refinería de Puerto La Cruz, en el centro de distribución de combustibles de Yagua en el Estado Carabobo y en otras plantas, que concluyeron con la afectación de la actividad del Centro de Refinación de Paraguaná, donde se localiza la mayor capacidad refinadora del país y del mundo.

En febrero de 2002 recibí en Fedecámaras la visita del Primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional, Diputado Rafael Simón Jiménez, quien buscaba un acercamiento. Lo atendí acompañado de miembros del Comité Ejecutivo de la institución. Fue una reunión muy franca. Siempre consideré que Jiménez era una persona que no se sentía dueña de la verdad, pese a sus nexos con el oficialismo. Él estaba preocupado por el deterioro del ambiente político nacional y por el nuevo paro que se gestaba en el seno de la CTV. Le expresé sin rodeos que las razones que habían motivado la protesta del 10 de diciembre se mantenían invariables, pues no se había logrado ni un ápice de modificación de los decretos-leyes y que la confrontación seguía marcando la conducta del gobierno. Le recordé que mi esfuerzo por tender puentes con el gobierno había sido frustrado por el dogmatismo e imposición de decisiones por parte del oficialismo. Le alerté que el paro convocado por el sector sindical ganaba terreno y que ante ello, el gobierno descalificaba y amenazada a la CTV y a sus dirigentes, violando las normas de la OIT sobre la no injerencia de los gobiernos en las organizaciones sindicales. Jiménez me expresó que conversaría con Chávez y me consultó si estaría dispuesto a hablar con algún alto personero del gobierno, a lo cual le indiqué que no me negaría, pero que por razones institucionales, solo lo haría si tenía un carácter privado.

Poco después recibí informaciones de Jiménez sobre la iniciativa para un encuentro con el Ministro de Relaciones Interiores, Capitán de Navío (R) Ramón Rodríguez Chacín, a quien no conocía. Se realizaron las coordinaciones a través del Director de la PTJ, Comisario Miguel Dao y por su intermedio se convino en que nos reuniríamos en mi casa, el domingo 17 de marzo del 2002. Rodríguez Chacín llegó cerca de las 9 p.m. en un vehículo con dos guardaespaldas, en vestimenta deportiva. Salí a su encuentro, subimos los dos solos en el ascensor, mientras sus escoltas aguardaban a la entrada. En ese caso no hubo filtración a la prensa. Nos servimos un trago y pasamos revista a la situación nacional. Con la franqueza con la que siempre hablé a los representantes gubernamentales, le transmití mi apreciación de que el paro convocado por la CTV y apoyado por la sociedad civil lucía inevitable, dada la radicalización oficialista respecto a temas sensibles como la contratación colectiva en el sector público, los compromisos financieros no atendidos, la falta de respuesta en relación a los Decretos-Leyes y la carga de conflictividad que entrañaba la tensa situación prevaleciente en PDVSA.

Me indicó que él era partidario del diálogo, pero una vez más, como en el caso del 10 de diciembre, percibí que trataba de dividir para debilitar el paro. Me transmitió la preocupación del gobierno respecto a algunos focos conspirativos identificados y fue explícito en señalar, como no podía ser de otra manera, que si bien Fedecámaras estaba en una posición disidente, estaba fuera de toda sospecha. Ello correspondía con la posición que yo siempre expresara: somos opositores racionales, pero no conspiradores. La reunión concluyó sin resultados distintos a conocernos personalmente, intercambiar teléfonos para casos de necesidad y escuchar por primera vez los puntos de vista de cada cual. Rodríguez Chacín tenía una merecida imagen de duro ante la opinión pública y era conocido por su protagonismo en los acercamientos con la guerrilla colombiana, principalmente en las negociaciones de liberación de algunos secuestrados.

En el lapso entre febrero y abril del 2002, se produjeron los pronunciamientos de altos oficiales de las FAN en desconocimiento a la autoridad del gobierno, el primero de los cuales fue el del Coronel Av. Pedro Soto, el 7 de febrero del 2002, durante el concurrido foro “Voces por la Democracia” organizado por el Diario El Nacional en el Hotel Caracas Hilton en defensa de la libertad de expresión. Anecdóticamente, después de los discursos de Miguel Henrique Otero, Editor del Diario y de otros expositores, me correspondió dirigirme al auditorio para expresar la posición del sector privado en resguardo de las libertades y cuando ya concluía, vi que se dirigía hacia la tribuna un oficial uniformado, lo cual me causó sorpresa. Soto tomó el micrófono y cuestionó la pretensión del Presidente de acabar con 44 años de democracia, generando con ello manifestaciones de júbilo en toda Caracas y en especial en la Plaza Altamira. En las semanas siguientes prosiguió “el goteo” de pronunciamientos en contra del gobierno, entre ellos del Contralmirante Carlos Molina Tamayo el 18 de febrero, del General Román Gómez Ruiz y del Teniente Coronel Hugo Sánchez, entre otros.

Otro significativo hecho digno de mención lo constituyó la firma de las “Bases para un Acuerdo Democrático” por parte de Carlos Ortega y mi persona, en nombre de la CTV y Fedecámaras, con el apoyo de la Iglesia Católica, representada por el Rector de la Universidad Católica, Padre Luis Ugalde, S.J. Fue un acto emotivo, multitudinario y representativo celebrado el 5 de marzo del 2002, que desbordó la Quinta “La Esmeralda” en Caracas. El documento era el producto de densas negociaciones entre ambos organismos, apoyadas por el equipo técnico de la Universidad Católica con el sociólogo Luis Pedro España a la cabeza y en su fase final, con el aporte de Teodoro Petkoff como moderador.

En el acto intervinimos Carlos Ortega, el Padre Ugalde y yo. En mis palabras destaqué la trascendencia del acto, el valor de los postulados del documento por tratarse de un paso entre dos sectores usualmente enfrentados, con alto contenido social, énfasis en la lucha contra la pobreza y un enfoque productivo y moderno. La opinión pública recogió la iniciativa como un acuerdo para la transición democrática y por tal razón fue rechazado por el gobierno, aduciendo que no existía crisis de gobernabilidad y que no participaría en algo que se parecía al modelo político abandonado en 1998, con lo cual se autoexcluyó del acuerdo. Aun cuando el documento no prescindía de ningún sector ni de los partidos, era difícil que el gobierno lo aceptara, dado el distanciamiento con Fedecámaras y la CTV y en segundo lugar porque en efecto ofrecía elementos para una transición política después de Chávez. Ortega fue más directo al señalar que las bases del acuerdo “solo podrían convertirse en un hecho con la salida de Hugo Chávez de Miraflores”. De mi parte puse de relieve el contenido unitario del documento, sus alcances y diferencias con el “Pacto de Punto Fijo”, que aseguró el piso político a la democracia a la caída de Pérez Jiménez. Finalmente agregué que el acuerdo ofrecía una salida a la crisis de gobernabilidad prevaleciente en Venezuela, con criterios futuristas compartidos por los sectores empresarial y laboral, entre los cuales se afianzaba su responsabilidad y vínculos, contando con el apoyo responsable de la Iglesia.

Los lineamientos de ese histórico documento, en el cual siento con orgullo haber dejado una huella, generaron celos en los partidos y en la ONG´s que fue necesario despejar en reuniones ulteriores, una de ellas en las oficinas de Henrique Salas Römer con el sector político y otras en el marco de Asambleas de organizaciones de la sociedad civil. La ejecución de ese acuerdo se vio interrumpida por los acontecimientos de abril, pero sus postulados mantienen plena vigencia conceptual y en el futuro deberían ser retomados.


EL PARO CÍVICO Y LA MARCHA DE ABRIL DEL 2002

“El éxito es posible únicamente si existe también la posibilidad del fracaso”. Benjamín Franklin


Tras considerar varias alternativas de fechas, la CTV oficializó la convocatoria a un paro nacional para el día 9 de abril del 2002, de una duración inicial de 24 horas, en protesta por la situación nacional y por la insatisfacción que en el movimiento sindical generaban las tensas relaciones laborales con el sector público, entre otros los contratos colectivos ya vencidos, el incumplimiento de compromisos y los continuos ataques y descalificaciones contra la institución. La central sindical solicitó de inmediato el apoyo de Fedecámaras y ello motivó la convocatoria a sus órganos de gobierno, incluyendo una Asamblea Extraordinaria que tuvo lugar el día 28 de marzo de ese año, en la cual se debatió ampliamente el tema y se decidió conceder pleno apoyo al paro, otorgando facultades especiales al Presidente y al Directorio para decidir de una manera ágil las acciones y estrategias necesarias para la ejecución del mandato.

De esa manera el sector empresarial retribuía al sector sindical el respaldo que este había brindado al paro del 10 de diciembre; pero más allá de la solidaridad, para el empresariado las causas que habían motivado la protesta de diciembre estaban vigentes, pues seguían en pie las leyes aprobadas y la situación se había agravado con la delicada crisis de PDVSA, cuya defensa justificaba nuevas acciones de presión a nivel nacional.
Con la experiencia recogida el 10 de diciembre, el sector empresarial se preparó para apoyar el paro, aun cuando no con el protagonismo de diciembre, ya que la iniciativa correspondía a la CTV, no obstante lo cual se efectuó con diligencia la coordinación necesaria con los organismos de base de la institución, incluyendo visitas a las cámaras empresariales. El conflicto en el seno de PDVSA había llegado en abril a su punto más álgido y cada día se realizaban multitudinarias manifestaciones en el país en solidaridad con su causa, frente a la sede de la empresa en Chuao.

El paro cívico se inició a las 6 de la mañana del martes 9 de abril, con una duración de 24 horas. El nivel de éxito inicial fue alto, aun cuando menor que el anterior, pero en todo caso, no inferior al 80% promedio en todo el territorio nacional. Pudo apreciarse que la promoción del paro de diciembre había sido más efectiva y ello nos motivó a intensificar la acción para asegurar su resultado. Las presiones e intimidaciones del gobierno fueron similares a las de diciembre, quizás multiplicadas. Ante la falta de respuesta del Ejecutivo a los planteamientos de la CTV y la crisis exponencial de PDVSA, después de las primeras 24 horas de paro, la CTV decidió y Fedecámaras secundó su ampliación hasta 48 horas, con el criterio unánime de los órganos de decisión de la institución y sin que influyeran criterios personales de sus directivos. Por el contrario, al presidir el Directorio de Fedecámaras mantuve objetividad crítica en el análisis de las posibilidades de éxito en la extensión del paro, pero la opinión consensual del Directorio fue acompañar a la CTV en su prosecución.

Luego, antes de cumplirse las 48 horas de paro, se acordó el carácter indefinido del mismo, producto de serios debates en ambos organismos y de una fuerte presión de opinión pública, aún a riesgo de que el porcentaje de acatamiento disminuyera; pero algunas empresas que inicialmente no se habían adherido lo hicieron luego por razones de seguridad o de concurrencia del personal. No obstante, estaba en nuestra mente que el paro podría levantarse con posterioridad a la marcha del día 11, sin vislumbrar cuál sería su desenlace. Era un hecho que las motivaciones de la protesta seguían invariables y que la situación se había tornado más tensa, pues Chávez, en uno de sus arranques de histrionismo decidió anunciar personalmente el domingo anterior, en uno de los actos más destinados de su mandato, el despido de un grupo de ejecutivos de PDVSA, mencionándolos uno por uno por su nombre e indicándoles: “está usted despedido” o “fuera, a su casa” o “gracias por los servicios prestados”. ¿Fue esa una estrategia deliberada de Chávez para provocar la crisis como él sugirió después públicamente?. ¿Formó ello parte de un complot oficialista, complementado con la masacre y la crisis militar?. Son quizás aspectos aún no dilucidados de los complejos eventos de abril.

Fedecámaras respaldó plenamente a la CTV como organismo promotor del paro; los anuncios en las ruedas de prensa se coordinaron de manera que los pronunciamientos iniciales correspondieran a la CTV y que luego lo hiciera Fedecámaras, cada uno desde su sede, respetando la prelación y protagonismo. Hubo momentos en que las decisiones del Directorio de Fedecámaras, investido de poderes por parte de la Asamblea, fueron más fluidas que las de la CTV, pero siempre se esperó antes de hacer anuncios, no obstante que el retraso en la transmisión de instrucciones a los organismos de base y al empresariado, influía en la efectividad de la convocatoria. Fue nítido que las decisiones de Fedecámaras fueron siempre adoptadas por consenso en sus órganos de gobierno.


En cuanto a la marcha, desde el martes 9 de abril se habían celebrado reuniones en la sede de Fedecámaras con la dirigencia de la sociedad civil para afinar estrategias, experiencia que coadyuvó al nacimiento posterior de la Coordinadora Democrática, la cual se venía gestando desde semanas atrás en las organizaciones políticas. Presidí las reuniones iniciales y encomendé a Aurelio Concheso, avezado líder empresarial, coordinar un grupo de trabajo más reducido, para considerar con la CTV, los partidos, ONG´s, la gobernación del Estado Miranda, Alcaldías y el empresariado, la iniciativa de organizar una marcha en apoyo a los trabajadores de PDVSA y a los objetivos del paro, el jueves 11 de abril, en el trayecto que va del Parque del Este al edificio de PDVSA en Chuao. En un principio se pensó que la misma debía partir de la redoma de Petare, en la populosa zona del este de la capital, pero por razones de seguridad y porque la Alcaldía de Petare es ocupada por el hijo de José Vicente Rangel, se modificó la ruta en la forma indicada y así fue autorizado por el Alcalde Leopoldo López.

En apenas dos días y con escasa promoción, ayudados por el tenso clima prevaleciente y por el impacto de opinión que generaba la crisis de PDVSA y la declaratoria del paro nacional indefinido, fue posible organizar la marcha pacífica más extraordinaria de que se tuviese registro en los anales de la historia patria. La colaboración de todos los sectores, incluyendo la Gobernación del Estado Miranda y la respuesta del pueblo, fueron notables. Fue así como, el día 11 a las 8:15 a.m., salí de mi casa de la mano de mi esposa con destino a la oficina del Presidente de Conindustria, Lope Mendoza, en el Parque Cristal, situada justo frente al punto de partida de la marcha. Allí habíamos quedado en congregarnos varios dirigentes empresariales.

En aquel momento éramos conscientes de que el país vivía una crisis de gobernabilidad y que la situación se deterioraba a pasos agigantados, pero no era posible anticipar lo que acontecería en las horas sucesivas, empezando por la dimensión de la marcha, que desbordó todas las expectativas, al reunir a una masa de cerca de un millón de personas que concurrieron espontáneamente, a diferencia de las concentraciones oficialistas, donde se paga a los asistentes y se les proporciona transporte, comida, bebidas y circo. Tampoco era posible prever que se produciría una reacción indetenible para continuar hacia el Palacio de Miraflores, ni podía alguien imaginar que ante esa decisión se movilizaría la violencia chavista bajo las órdenes de varios de sus líderes, entre ellos el Ministro de la Defensa, José Vicente Rangel, personaje de quien el país no esperaba su transmutación en máxima expresión del fundamentalismo. Como veremos, varios testigos oyeron a Rangel haciendo el desorbitado y vehemente llamado a los mal llamados círculos bolivarianos, para repeler a cualquier costo la marcha pacífica e impedir que llegara a Miraflores.

No era tampoco posible anticipar que la marcha motivaría la invocatoria por parte del Presidente Chávez del llamado Plan Ávila, operativo militar que habría implicado no ya los 19 muertos y más de 100 heridos causados, sino un genocidio, violando de manera flagrante el artículo 68 de la Constitución, que consagra el derecho de los ciudadanos a manifestar pacíficamente y prohíbe el uso de armas de fuego o sustancias tóxicas en el control de las manifestaciones pacíficas. En esa línea de pensamiento, tampoco era previsible que la masacre y el Plan Ávila generarían desacatos en altos oficiales de la FAN, así como renuncias y pronunciamientos, entre ellos del Ministro de Finanzas, General Francisco Usón Ramírez, del Viceministro de Gestión Ciudadana, General Luis Camacho Kairuz, del Embajador en Bolivia, General Gonzalo García Ordóñez y del grupo de oficiales y Comandantes de Fuerzas que solicitaron un alto al baño de sangre y decidieron desconocer al gobierno. Todo ello condujo a otro episodio impredecible: la renuncia del Presidente de la República anunciada al país por el más alto vocero castrense, el General Lucas Rincón, Inspector General de la Fuerza Armada Nacional, desencadenante de una grave crisis política y de un indudable vacío de poder.

La marcha del 11 de abril fue pues multitudinaria y espontánea. Recuerdo haber planteado el día anterior al Directorio de Fedecámaras que si alcanzábamos una cifra de 150 mil personas podríamos considerarla un éxito, dado el escaso tiempo que medió en su preparación. Pues bien, en esa concentración de un millón de personas se mezcló gente de los más variados sectores, desde la más encumbrada hasta la más humilde, fluyendo desde distintos puntos, como brazos de un caudaloso río humano. El ambiente era festivo, en un día nublado y fresco en el valle de Caracas. No imaginábamos cuál sería su trágico destino, ni mucho menos que unas horas después se me estaría acusando absurdamente del delito de rebelión, por coparticipar de la convocatoria de la marcha y el paro, como si ello hubiese obedecido a la voluntad de una sola persona.

Bajé luego a la entrada del Edificio “Parque Cristal”, desde donde podía apreciar a la multitud, mientras aguardaba la llegada del Comité Ejecutivo de la CTV para dar inicio formal a la marcha. La alegría, saludos y consignas de los manifestantes eran vibrantes. Cerca de las 9:30 a.m., hora de la convocatoria, era incalculable el número de personas congregadas, sin contar los que se dirigían directamente a PDVSA. A las 9:45 a.m., la gente impaciente no aguardó instrucciones y comenzó a marchar, hasta que finalmente, a las 10, ya con la presencia de la Directiva de la CTV, los promotores del acto nos organizamos en torno a una gigantesca bandera nacional, a la cabeza de la cual estaba Carlos Ortega, Presidente de la central sindical, mi esposa y yo, miembros del Comité Ejecutivo de la CTV y de Fedecámaras, el General Guaicaipuro Lameda y representantes de PDVSA, sindicalistas, empresarios y ONG´s.

La marcha partió con un entusiasmo indescriptible. Apenas a cien metros de recorrido, al cruzar la Plaza Francia en Altamira, ya se escuchaban voces que gritaban: “a Miraflores”. En esos momentos le expresé de manera genuina a Carlos Ortega quien se encontraba a mi lado: “Carlos, la gente clama seguir a Miraflores, ¿qué haremos?”, a lo cual me respondió: “esperemos a llegar a Chuao y veremos”. Los canales de televisión comentaban ya a esa hora el deseo de la gente de seguir a Miraflores. El oficialismo ha dicho que hubo premeditación, pero ello es incierto, al menos de parte de los organizadores. Al llegar a la sede de PDVSA, con dificultad y protegiéndonos de apretujones, pudimos subir a una inestable tarima levantada frente al edificio, cuya resistencia nos hizo temer y por ello decidimos turnarnos para ocuparla. Hablaron entre otros los representantes de PDVSA; Carlos Ortega, Manuel Cova, Alfredo Ramos, Andrés Velásquez, Froilán Barrios y otros miembros de la dirigencia sindical; diversos comunicadores y animadores, entre ellos Kiko Bautista, Rolando Salazar, hasta que finalmente me correspondió tomar la palabra en nombre del sector empresarial, que me había escogido como su único vocero.

Al comenzar mi intervención, sentía con más fuerza el pedido de todos los rincones de la gigantesca manifestación de proseguir a Miraflores y ya algunos de los que me habían precedido en la palabra lo habían aceptado como un hecho incontenible. Consulté a algunos de los colegas empresarios y lo hice también con los Alcaldes Leopoldo López, quien veía con resignación lo inevitable, pero Alfredo Peña, Alcalde Mayor de Caracas, fue explícito en alertarme del peligro que representaban los círculos bolivarianos y me expresó: “Pedro, no conoces a los chavistas. Son capaces de cualquier cosa. Es muy peligroso que la marcha llegue a Miraflores”. Por ello, a diferencia de algunos dirigentes que se contagiaron de los sentimientos de euforia colectiva y apoyaron la prosecución hacia Miraflores, en mi alocución, que está documentada para la historia, solicité insistentemente llegar solo hasta la Avenida Bolívar y mencioné la ruta: Autopista Francisco Fajardo, Plaza Venezuela, Avenida Colón y Avenida Bolívar. Los videos y comentarios periodísticos no mienten.

En mis palabras en nombre del empresariado nacional, previa aprobación del Directorio de Fedecámaras, no solo apoyé y justifiqué el paro y la legítima causa de PDVSA, sino que por primera vez durante una crisis que sobrepasaba los cuatro meses, solicité públicamente la renuncia del Presidente de la República, ante el deterioro de la gobernabilidad en que se había sumido el país, la incapacidad del gobierno para rectificar e interpretar el sentimiento de amplios sectores de la sociedad y la torpe conducción de la crisis de PDVSA. Hasta ese entonces nos habíamos limitado a exigir la rectificación de actitudes y políticas al Presidente. Ese día todos los oradores coincidimos en pedir la renuncia de Chávez. De otra parte, en solidaridad con la causa enarbolada por los empleados de PDVSA, culpé al gobierno y a la Directiva presidida por Gastón Parra de no haber escuchado nuestro pedido de separación formulado desde el mes de marzo, con lo cual se habría evitado una crisis que tuvo un desarrollo exponencial. Pero Chávez prefirió como tantas veces, desafiar al país ciegamente y conducirlo, al igual que a su propio gobierno, hacia el despeñadero.

Cerca de mediodía, además de la convocatoria hecha por el Ministro de la Defensa José Vicente Rangel a las turbas chavistas para defender a cualquier costo el Palacio de Miraflores, actuaron también otros dirigentes, entre ellos el Alcalde del Municipio Libertador Freddy Bernal, padre de los círculos bolivarianos, el inefable Diputado Juan Barreto del partido oficialista y el ideólogo del Comando Político de la Revolución, Guillermo García Ponce, comunista ortodoxo de muchas décadas. Poco después de la 1 p.m., los grupos violentos del régimen, se habían congregado en las inmediaciones de Miraflores, entre ellos en Puente Llaguno, escenario de la masacre que el país nunca olvidará, pese a la impunidad y exaltación de que ha sido objeto, inclusive por parte del Presidente de la República, quien justifica la actuación de sus autores en defensa propia, asumiendo así la responsabilidad intelectual de la masacre.

Cuando el grupo de Fedecámaras pudo descender de la tarima y nos abrimos paso entre la multitud para incorporarnos a la prosecución de la marcha, habíamos quedado separados de los líderes de la CTV mientras la manifestación avanzaba en dirección hacia el centro, por lo menos un kilómetro delante. Nos agrupamos como pudimos y en lugar de una gran bandera nacional, usamos una más pequeña y muchas individuales. La Autopista Francisco Fajardo se fue colmando de manifestantes que a gritos pedía la renuncia de Chávez y entonaba los lemas “ni un paso atrás” o “no tenemos miedo”. Ya en la autopista subí a la isla divisoria para otear la dimensión de la marcha y no podía dar crédito a lo que veía. Era imposible divisar ni el principio ni el fin de la misma. Una marea humana. Las noticias que se escuchaban a través de radios portátiles daban cuenta de que era la más grande de la historia, plena de banderas, pancartas, pitos y tambores. El gobernador Mendoza se desplazaba en un camión negro, desde el cual transmitía música y consignas y después lo divisábamos adelante, a lo lejos.

En ningún momento hubo alteraciones del orden público y no supe de presuntos altercados frente a la Universidad Central, al menos entre los manifestantes. Cuando llegamos al desvío hacia la Plaza Venezuela se sintió un estrechamiento de la densa masa humana. Como en eventos anteriores, se hacía gala del ingenio popular, con variadas consignas contra el Presidente, entre ellas: “El país estaba al borde del abismo, con Chávez hemos dado un paso al frente”; “Chávez, sacrifícate por el país, pégate un tiro”; “Chávez, ahógate en el mar de la felicidad (Cuba)”.

La Policía Metropolitana trató sin éxito de organizar una barrera de contención de la marcha al final de la Avenida Bolívar. Al llegar allí, recorridos unos 12 kilómetros, hidratándonos y estimulados por la adrenalina que motivaba esa multitud sin precedentes, empezamos a sentir irritación en los ojos, que algunos atribuían sin sentido a bombas lacrimógenas lanzadas desde helicópteros. El espacio aéreo de la capital fue restringido por las autoridades para evitar que la televisión transmitiera la dimensión de la manifestación. En esos momentos recibí un mensaje de Carlos Ortega pidiéndome que abandonara la marcha y me dirigiera a la sede de la CTV donde se encontraba, pues se hablaba de infiltrados y amenazas de muerte y se esperaba una posible reunión que luego supe que sería con militares en funciones, eventualmente con el General Rincón.

Es falso que el General Lucas Rincón me haya llamado por celular para solicitarme que detuviera la concentración, como lo afirmó durante la interpelación en la Asamblea Nacional. Allí están los testigos que me acompañaban y los registros telefónicos. Quizás se haya quedado en el terreno de las intenciones. Tampoco recibí llamada alguna del General Manuel Rosendo, quien manifestó en la interpelación que había intentado hacerlo. Era evidente en su descargo, el congestionamiento de los circuitos celulares. A Carlos Ortega le expresé que los promotores de la marcha no debíamos separarnos de ella y que en consecuencia yo llegaría hasta la Avenida Bolívar como lo había propuesto. Una vez alcanzado el final de la Avenida, decidimos avanzar hasta la Plaza O´Leary en El Silencio, plaza que lleva el nombre del noble irlandés, edecán de El Libertador. Me acompañaban empresarios, directivos y personal de Fedecámaras. La multitud continuaba hacia el Palacio. Otros, al enterarse que habría obstáculos para llegar a Miraflores por la vía de El Calvario, tomaron la variante de la Avenida Baralt en dirección al Puente Llaguno y allí los esperaba la fatal emboscada oficialista.

Desde la Plaza O´Leary pudimos divisar que la marcha estaba ya detenida por un cordón militar apostado frente a las escalinatas de El Calvario, a pocos metros de distancia de Miraflores. Nos acercamos un poco entre los arcos de El Silencio y la Guardia Nacional, dirigida por un connotado militar oficialista, el General Eugenio Gutiérrez Ramos, Comandante del CORE 5, más tarde premiado por Chávez con la Comandancia General de la Guardia, había comenzado a lanzar bombas lacrimógenas, secundado por la Guardia de Honor, lo cual hizo retroceder a los manifestantes. Resguardé a mi esposa tras las gruesas columnas de El Silencio por el temor a las estampidas y retornamos hacia la Plaza O´Leary. Allí me subí a la fuente en el medio de la plaza, tomé un megáfono y me dirigí a la multitud para pedirle no continuar hacia Miraflores y culminar la marcha frente a la Asamblea Nacional. Asombraba que, pese al peligro, la reacción era negativa a alterar la ruta, respondiéndome a gritos: ¡a la Asamblea Nacional NO!, ¡a Miraflores!. Fue esa una demostración más de mi actuación responsable en aquéllos momentos difíciles.

Mi colega Vicente Brito me recomendó que bajara de la fuente, pues era vulnerable a los francotiradores y me manifestó que había observado a alguien detrás de mí con un objeto brillante, que podría estar dirigido a orientarlos. Eran las 3:30 p.m. cuando supimos que había muertos en la Avenida Baralt y sentíamos disparos. La esquina de la Pedrera había sido escenario de las agresiones de los círculos de la muerte, provistos de armas de fuego. La Policía Metropolitana trató de neutralizarlos, al no poder impedir que la marcha llegara a Miraflores. Los videos muestran a miembros de la Policía Metropolitana mirando hacia arriba y en momentos disparando contra francotiradores. El mundo pudo ver cómo desde el Puente Llaguno, los grupos chavistas disparaban sin misericordia hacia la marcha, provocando casi veinte bajas y más de un centenar de heridos. La labor periodística de Luis Alfonso Fernández y el equipo de Venevisión permitió captar las imágenes de la masacre, impidiendo que se ocultara la verdad sobre hechos que han quedado impunes. Se ha pretendido justificar lo injustificable. El colmo de la humillación a una nación no solo fue la masacre, sino la eliminación de pruebas y la absolución de los autores por un Tribunal, alegando que dispararon en defensa propia y bajo el concepto de “estado de necesidad”.

Ante los hechos, decidimos refugiarnos en uno de los recodos de los edificios de El Silencio para colocarnos a resguardo, pues temí que pudiésemos ser atropellados por la multitud que corría atemorizada por el efecto de los disparos o bombas. En cierto momento vimos que bajaba gente extraña, de rostro agresivo, desde el norte de la ciudad. Me preguntaba cómo saldríamos de allí y la proporción y consecuencias de lo que acontecía. En esos momentos recibí una segunda llamada de parte de Carlos Ortega, quien insistió en que abandonara la marcha y me alertó que según fuentes fidedignas del chavismo, podía ser blanco de los francotiradores que me buscaban para matarme, como habían previsto hacerlo también con él. Me solicitó que me dirigiera al Hotel Coliseo ubicado en la Avenida Casanova, donde me aguardaban para una reunión, que se dijo supuestamente sería con el General Manuel Rosendo, pero que finalmente quedó frustrada. De seguidas, dos de mis acompañantes buscaron azarosamente cómo evacuarnos. El ambiente era confuso y peligroso. Dos motociclistas voluntarios se ofrecieron para llevarnos a mí y a mi esposa hasta el mencionado Hotel. Así salimos, con un casco en la cabeza, en medio de la multitud agolpada en la Avenida Bolívar, hacia la Plaza Venezuela y la Avenida Casanova, lugar de la presunta reunión. El gobernador Enrique Mendoza había sido también evacuado en otra moto, pues fue alcanzado por una bomba lacrimógena que lo hirió y asfixió.

Al llegar al Hotel, cerca de las 5:00 p.m., me informaron que los dirigentes de la CTV se habían marchado y que la reunión no se había realizado, pues se había recibido alguna señal de que los servicios secretos podían llegar para arrestarlos. Despaché a mi esposa hacia la casa con una familia que se encontraba en el Hotel y se ofreció a llevarla y yo tomé un taxi en compañía de un asistente, en dirección a una estación de servicio en la Avenida Principal de Las Mercedes pues los dirigentes de la CTV me habían pedido esperar allí una llamada. Se produjo el contacto esperado y nos trasladamos a una casa en la Urbanización La Floresta, cuyo dueño desconozco, pero que recuerdo tenía vista hacia el Aeropuerto de La Carlota. Allí se encontraban reunidos varios miembros del Comité Ejecutivo de la CTV.

Hablamos sobre lo acontecido, cruzamos informaciones, vimos en la TV la maratónica cadena presidencial, con las pantallas divididas, en el primer gran desafío de los medios al gobierno, para así informar al país lo que estaba ocurriendo. Chávez afirmaba que “todo estaba normal” y hablaba sin parar, ocultando la verdad sobre la marcha y la masacre. Allí supimos que el número de muertos era elevado. La indignación era inmensa, pues no había derecho a que una marcha pacífica y cívica, hubiese sido recibida de una manera criminal, a fuego limpio. Quienes digan que se buscaba un muerto faltan a la verdad para ocultar el ensañamiento y la matanza, pues nadie en su sano juicio habría conducido a una multitud al sacrificio. Al poco rato, Chávez decidió sacar del aire a los canales privados, pero estos tenían previsto un plan de contingencia.

Permanecimos en La Floresta hasta cerca de las 6:30 p.m., hora en que Carlos Ortega y Manuel Cova, máximos dirigentes de la CTV y yo nos dirigimos a Venevisión, en mi vehículo. Al llegar al canal percibimos fuertes medidas de seguridad, incluso rejas y santamarías cerradas, pues no existía confianza en la situación y se preveían posibles ataques o allanamientos a los medios. Subimos al cuarto piso, donde estaba congregado un grupo de personas de diversos sectores, mientras continuaba la programación con Napoleón Bravo. Pasé a esa hora al estudio y salí al aire. Analicé los acontecimientos. Fui enfático en rechazar la masacre y en solicitar que las Fuerzas Armadas fuesen garantes de la seguridad en el país para evitar mayores víctimas y violencia.

Al terminar mi participación en el programa, fui invitado por una funcionaria de Venevisión a subir rápidamente al Pent House, pues se insistía en el allanamiento del canal y ese era un verdadero bunker, con terraza y helicóptero, por si era necesario evacuar el edificio. Allí habríamos caído todos, incluyendo mi Primer Vicepresidente, Carlos Fernández, quien se encontraba en un piso inferior. Nos mantuvimos en una cómoda sala de conferencias dotada de una pantalla gigante, junto a un calificado grupo de dirigentes, entre ellos representantes de los medios. Vimos y analizamos noticias, en especial los pronunciamientos progresivos de militares, comenzando por uno que fue transmitido en diferido en virtud de la cadena presidencial, del grupo de oficiales encabezado por el Vicealmirante Héctor Ramírez Pérez, hasta ese entonces Jefe de Estado Mayor de la Armada y por los Contralmirantes Daniel Comisso Urdaneta, Jefe de Planificación de la Inspectoría General de la FAN y Francisco Noriega, Jefe de Logística del Estado Mayor de la Armada, así como por los Generales de Brigada GN Marcos Ferreira Torres, Director de la DIEX, Oscar José Márquez, ex agregado militar en Colombia y Ramón Lozada, Jefe de Guardería Ambiental, así como los Generales de Brigada Ej Henry Lugo Peña, Vidal Rigoberto Martínez y los Generales de Brigada AV Clinio Rodríguez y Pedro Pereira. Los altos oficiales se declararon en rebeldía en contra del gobierno, señalando la actitud antidemocrática del Presidente y el agravamiento de la conflictividad, así como por la actitud complaciente del Alto Mando. Manifestaron que el Presidente de la República había traicionado la confianza del pueblo y masacrado a personas inocentes con francotiradores, lo cual no podía ser permitido, señalando que a partir de ese momento, la Fuerza Armada Nacional desconocía al Primer Mandatario.

Acto seguido se produjo el pronunciamiento de la Guardia Nacional desde el Comando General de dicha Fuerza en El Paraíso, bajo la vocería del General Div. Carlos Alfonzo Martínez, Inspector General de dicha Fuerza, acompañado por el General Edgar Méndez Casanova, Jefe del Estado Mayor, del General Edgard Bolívar, Jefe de Operaciones y del General de División Rafael Damiani Bustillos. Luego se produjo el pronunciamiento del General de División Luis Camacho Kairuz, Viceministro de Relaciones Interiores y de Justicia, quien se sumó a la postura asumida por sus colegas de Fuerza. Luis Miquilena, factor fundamental en el proceso político que llevó a Chávez al poder y ex ministro de Relaciones Interiores y de la Asamblea Nacional Constituyente, declaró que no quería ver su nombre vinculado a un gobierno que tenía las manos manchadas de sangre y que el principal responsable de la violencia de ese día había sido Chávez. Más tarde, en horas de la noche, el Almirantazgo, liderado por el Vicealmirante Vicente Quevedo, Inspector General de esa Fuerza, se solidarizó con el pronunciamiento de sus compañeros de armas. Se encontraba en ese acto un numeroso grupo de oficiales, entre ellos el Contralmirante Carlos Molina Tamayo.

Todo ello fue posible, pese a que después de la cadena presidencial el gobierno ordenó “tumbar” la señal de las televisoras comerciales desde las antenas repetidoras ubicadas en la montaña, pero éstas utilizaron equipos de emergencia. Chávez fracasó en su intento por invocar el Plan Ávila. Solo un grupo de vehículos de combate “Dragón” pertenecientes al Batallón Ayala pudo salir de Fuerte Tiuna a Miraflores a reforzar la seguridad en el Palacio, bajo el mando del General Wilfredo Silva y llegó a su destino pese a la oposición de varios oficiales. Era obvio el peligro de un enfrentamiento entre componentes armados, que a Dios gracias no se produjo. El Alto Mando Militar acudió a Miraflores después de las 6 p.m. con el fin de evaluar la situación y participar de conversaciones que luego condujeron a la renuncia del Jefe de Estado. Antes de la medianoche renunció el Director de la DISIP, Capitán Carlos Aguilera y un funcionario, William Ojeda, declaró que ese cuerpo no actuaría contra el pueblo, pues estaba al servicio del país y no de un gobierno.

Cuando el Presidente Chávez adoptó la temeraria decisión de invocar el Plan Ávila para movilizar tropas y armamento de guerra en contra de la marcha cívica, contrariando las disposiciones del artículo 68 de la Constitución, la respuesta del generalato fue de desacato a dicha orden. Eran ya numerosos los muertos en las cercanías del Palacio cuando el Presidente dispuso utilizar las tropas, decisión que pesará siempre sobre su conciencia. Afortunadamente el General Manuel Rosendo, Jefe del Cufan, único autorizado para activar el Plan, no atendió el llamado del Presidente a través de la “Red Tiburón”, como tampoco lo hicieron otros altos oficiales, hasta que el Presidente en medio de su desesperación logró hablar con el General García Carneiro, después General de Tres Soles y Ministro de la Defensa, único que obedeció las instrucciones, pero no logró sacar ningún batallón a la calle, salvo la columna de tanques que partió hacia el Palacio. Es importante el señalamiento hecho por testigos de que el Presidente, al constatar la desobediencia, trató de comprometer a oficiales subalternos para instrumentar el plan y repeler a la multitud, resquebrajando las líneas de mando. En esos momentos el General Efraín Vásquez Velasco, Comandante General del Ejército, manifestó al Presidente su desacuerdo con la violación de los derechos humanos e indicó que no permitiría la utilización de las tropas contra el pueblo, lo cual coincidió con otros pronunciamientos realizados, sin que mediara coordinación previa.

A Venevisión siguieron llegando representantes de medios, del sector laboral, político, empresarial, comunicadores y personalidades, incluyendo a hora ya avanzada, la presencia para mí sorpresiva de los exministros de Chávez, Luis Miquilena e Ignacio Arcaya, ya alejados del oficialismo. No es cierto que allí se haya planteado la formación de un nuevo gobierno o salidas de otra naturaleza a la crisis, como no fuese la evaluación de la difícil situación nacional tras la masacre y de la cadena de pronunciamientos. A las 10:30 p.m. bajé de nuevo al estudio de televisión y salí al aire en el espacio de Napoleón Bravo, en un segmento que compartí con Rafael Poleo, de quien no habría esperado las falsedades que luego difundió con su hija Patricia. Concluido el programa volví al Pent House y desde allí pude comunicarme con mis colegas de Fedecámaras para constatar su integridad personal después de la marcha, así como con mi esposa e hijo. Hablé también con el colega de Directorio de Fedecámaras, Hugo Arriojas, Presidente de la Federación Nacional de Hoteles, quien me ofreció al igual que a otros dirigentes empresariales alojamiento en hoteles capitalinos por razones de seguridad, pues corríamos el riesgo de que nuestros hogares pudiesen ser allanados esa noche y que fuésemos detenidos. Ese era el grado de incertidumbre reinante.

LA RENUNCIA DE CHÁVEZ


“Los que son demasiado inteligentes para meterse en política, sufren el castigo de ser gobernados por los más estúpidos”. Platón

Transcurrieron horas de gran incertidumbre hasta que, a la media noche, tras la intensa jornada de ese día, decidí dirigirme al Hotel Four Seasons en Altamira, donde me había sido previsto alojamiento para pernoctar y aguardar la evolución de los eventos. Hugo Arriojas, Presidente de los hoteleros y Carlos Barrera, accionista del Hotel, me esperaban allí. Igual ocurrió con otros líderes gremiales que debieron permanecer en hoteles bajo nombres falsos, pues crecía el comentario sobre posibles represalias contra los organizadores de la marcha. Mi salida de Venevisión la hice con la frente en alto, sin ocultar mi destino, lo cual fue después tergiversado maliciosamente. Al llegar al Hotel, hacia las 12:30 a.m., recibí la llamada desde Fuerte Tiuna de uno de los oficiales allí reunidos, solicitándome que me dirigiera a dichas instalaciones para deliberar sobre la situación existente en el país. Tuve dudas en aceptar la invitación por los riesgos de caer en una celada y así se lo expresé a mis colegas, pero finalmente, consciente de la delicada situación imperante, acepté ir hacia allá en compañía de Arriojas y de un asistente, no sin antes asegurarnos del ambiente en las cercanías del Círculo Militar y requerir que nos esperaran emisarios militares en la Avenida de los Próceres para guiarnos hasta la sede de la Comandancia General del Ejército.

El General Vásquez Velasco y el grupo declarado en desobediencia lograron el control de Fuerte Tiuna desde tempranas horas de la noche y el General Carlos Alfonzo Martínez el liderazgo de la Guardia Nacional. De otro lado el General Pedro Pereira recibió el mando de la Fuerza Aérea de manos de su Comandante, el General Anselmi. Al llegar a la Comandancia General estaba presente un numeroso grupo de oficiales y de civiles, entre quienes recuerdo a Eugenio Mendoza, Orlando Urdaneta, José Rafael Revenga, Isaac Pérez Recao, Víctor Manuel García y Daniel Romero, a quienes saludé y me dirigí a un salón contiguo. Qué falsedades se dicen, como la de quien declaró que me había visto despachando desde el escritorio del Comandante General del Ejército. Jamás lo habría hecho. Los altos oficiales se encontraban reunidos en el Despacho del General Vásquez y por ello debí esperar antes de verlos, tiempo durante el cual cambié opiniones con algunos civiles, entre ellos Víctor Manuel García, testigo de mi llamado a Carlos Ortega. Después de un rato, cerca de las 2:30 a.m., dado que los militares continuaban deliberando, pedí a un oficial que informara a sus superiores que me retiraría a mi casa, pues entendía que la situación era compleja y que estaría a la disposición al día siguiente para cualquier contacto o consulta. La respuesta fue que no me ausentara, que en pocos minutos se produciría la reunión.

Desde mi llegada a Fuerte Tiuna se comentaba que la renuncia de Chávez era inminente, por informaciones que transmitían los canales de televisión desde la 1 a.m. y otras que provenían de Miraflores. El General Vásquez Velasco había sido notificado por José Vicente Rangel y por ello declaró a los medios a eso de la 1:30 a.m., que el Presidente se preparaba para renunciar y que se consideraba la constitución de un gobierno de transición. El Ministro Rangel llamó también a Omar Camero, Presidente del canal capitalino Televen, mientras que el Ministro de Relaciones Interiores, Ramón Rodríguez Chacín y el propio Chávez hablaron con Monseñor Baltazar Porras, Presidente de la Conferencia Episcopal, pues deseaban que ambos fuesen testigos de la renuncia y garantes de su integridad y del cumplimiento de la condición de viaje a Cuba exigida por el Presidente, en compañía de familiares y colaboradores cercanos.

Hubo llamadas, idas y venidas de emisarios a Miraflores. Los Generales Hurtado Soucre y Rosendo fueron activos en las gestiones para tratar de llegar a una solución convenida y luego los Generales Enrique Medina Gómez y Nestor González González fueron encomendados por Vásquez Velasco para trasladarse a Televen a presenciar la formalización de la renuncia presidencial, donde se les sumó el General Herminio Fuenmayor. Como veremos más adelante, dichos Generales y muchos altos oficiales no fueron partidarios de la salida de Chávez a Cuba, pues pensaban que debía responder por sus actuaciones, especialmente por la masacre que había dejado enlutada a la nación tan solo horas atrás y porque no sería explicable ante la opinión pública nacional que se dejara partir al exterior a quien se había manchado las manos de sangre.

Finalmente, cerca de las 3 a.m., el Inspector General de la FAN, General en Jefe Lucas Rincón, máximo vocero castrense, desde la sede del Ministerio de la Defensa, a corta distancia del edificio de la Comandancia General del Ejército donde nos encontrábamos y acompañado por varios Comandantes de Fuerza, hizo una breve pero categórica alocución al país, cuyo contenido hay que registrar para la historia, pues fue el hecho que desencadenó la crisis y los acontecimientos. Dijo el General Rincón lo siguiente:


“Pueblo venezolano, muy buenos días. Los miembros del alto mando militar de la Fuerza Armada de la República Bolivariana de Venezuela deploran los lamentables acontecimientos sucedidos en la ciudad capital en el día de ayer. Ante tales hechos, se le solicitó al Señor Presidente de la República la renuncia de su cargo, LA CUAL ACEPTÓ. Los Miembros del Alto Mando Militar ponemos a partir de este momento nuestros cargos a la orden, los cuales entregaremos a los oficiales que sean designados por las nuevas autoridades. Finalmente, quiero hacer un llamado al glorioso pueblo de Venezuela a mantener la calma y el ejercicio de un ejemplar civismo, rechazando toda incitación a la violencia y al desorden. Tenga fe en sus Fuerzas Armadas. Muchísimas gracias”.


Para los juristas, entre ellos el Dr. Allan Brewer-Carías, el efecto de ese anuncio no ofrecía dudas, pues una comunicación efectuada de manera pública y notoria por tan alto vocero militar configuraba un claro hecho comunicacional, tema sobre el cual existe jurisprudencia en el mismo Tribunal Supremo de Justicia que preside Iván Rincón. La sentencia No. 98 del máximo Tribunal, del 15 de marzo del 2000, de la cual fue ponente el Magistrado Jesús Eduardo Cabrera, es diáfana en señalar que cuando se produce un anuncio en temas de interés público por parte de un vocero representativo a través de los medios de comunicación, no es necesaria la existencia de pruebas para configurar un hecho de fuerza legal. Como si fuera poco, si el anuncio es recibido como fue el caso “de manera legítima” por la población, concurre otro elemento de consecuencias jurídicas incontrovertibles. No era pues necesaria la existencia de la renuncia escrita para que tuviese validez, pero con todo, no escapaba a mi criterio la conveniencia de que la misma fuese perfeccionada por escrito.

Esta opinión quedó luego reafirmada en otra sentencia del Tribunal Supremo de fecha 14 de agosto del 2002, en la cual se expresó:

“Una vez que se anunció por el General en Jefe la renuncia del Presidente y del Alto Mando Militar, todo el país tenía la obligación y el derecho de creer, tal como sucedió con la OEA, que en Venezuela existía crisis en el Poder Ejecutivo por carencia de titular en la Presidencia”, agregándose en otro párrafo, que al señalar el General en Jefe que habría “nuevas autoridades”, ante las cuales ponían sus cargos a la orden, eso se traducía necesariamente en “el reconocimiento de esas nuevas autoridades”.


El análisis del Dr. Brewer-Carías concluye en que “el anuncio del General Lucas Rincón produjo consecuencias jurídicas y políticas graves, pues con él se dijo al país y al mundo que en Venezuela no había gobierno, es decir, no había Poder Ejecutivo y que incluso habría nuevas autoridades”. Añade el jurista que la renuncia presidencial constituía una falta absoluta en los términos del artículo 233 de la Constitución, pues el General Rincón, al anunciarla, no indicó que el Vicepresidente estaba en ejercicio del Poder Ejecutivo, lo que habría implicado que el Alto Mando Militar habría permanecido inalterado, sino que indicó que ponían sus cargos a la orden de las “nuevas autoridades”, lo que representaba un reconocimiento que no había nadie en el ejercicio del Poder Ejecutivo y que habría nuevas autoridades. Agrega Brewer que el anuncio hecho por Lucas Rincón produjo una crisis de gobierno que la Constitución no resolvía. Como lo reafirmó después el TSJ: “A partir de ese momento, todos los ciudadanos del país tenían el derecho y más aun la obligación, de considerar cierta tal afirmación, al punto que rebasó las fronteras de nuestro país...”

Por su parte, el Tribunal Supremo de Justicia no solo se abstuvo de emitir una interpretación que llenara el vacío constitucional generado, sino que su Presidente, Iván Rincón, renunció ante los venezolanos, en una carta cuyos términos no hay que olvidar:

“A objeto de facilitar la transitoriedad, la continuidad de las instituciones y el respeto al Estado de Derecho y la seguridad jurídica, pongo a la orden el cargo de Magistrado de la Sala Constitucional y Presidente del Tribunal Supremo de Justicia”.


Vale decir, para facilitar la labor del nuevo gobierno de transición. Así ocurrió también con los integrantes del Alto Mando Militar y en el caso del General Belisario Landis, Comandante General de la Guardia Nacional, expresó en declaraciones posteriores que: “había cumplido a cabalidad las instrucciones del General Lucas Rincón y al otro día, esa misma madrugada, redacté mi renuncia”.

Otro principio destacado por Brewer en su obra “La Crisis de la Democracia Venezolana” es el de la “confianza legítima”, según el cual los ciudadanos debían confiar en lo que había dicho el Jefe del Alto Mando Militar, pues “dicha confianza se basa en signos externos producidos por la Administración suficientemente concluyentes para inducir racionalmente al ciudadano a confiar en la apariencia de legalidad de una actuación administrativa concreta….”. Según el jurista, luego de anunciarse la renuncia del Jefe del Estado, por esa confianza legítima que deben tener los ciudadanos en lo expresado por un alto funcionario militar, este no podía excusarse en ningún caso jurídicamente, alegando su propia torpeza”. De hecho, a nivel internacional el Grupo de Río consideró la renuncia del Presidente Chávez como un hecho cumplido, como lo expresó el Secretario General de la OEA, César Gaviria, así como también la destitución del Vicepresidente y su Gabinete, por lo cual no se solicitó su restitución como parte de las acciones necesarias para defender el orden constitucional, sino, “el respeto a la democracia y la celebración de prontas elecciones en Venezuela”.

Queda igualmente claro que en la madrugada del 12 de abril lo que se anunció fue la renuncia de Chávez y no el abandono del cargo. Según las expresiones del Coronel Julio Rodríguez Salas, protagonista de los cruciales momentos vividos en la isla de La Orchila, Chávez trató de enmendar su parecer en la noche del 13 de abril, manifestando que estaba dispuesto a considerar el abandono del cargo, quizás porque esa opción habría requerido la aprobación de la Asamblea Nacional. Pero como se ha dicho, fue el anuncio de Lucas Rincón el que desencadenó la crisis de gobierno, el vacío de poder por la renuncia y los acontecimientos posteriores.


LAS HORAS DECISIVAS


“Hay riesgos y costos al actuar, pero son menores que los de la comodidad pasiva”. John Fitzgerald Kennedy


En la sede del Ministerio de la Defensa en Fuerte Tiuna se encontraban reunidos entre 30 y 40 Generales y Almirantes y un número apreciable de oficiales. Conocí a la mayoría de ellos esa madrugada y solo a algunos había tratado ocasionalmente. Se sucedían llamadas con Miraflores y otras dependencias militares, exclusivamente entre integrantes del estamento castrense. Después supe que habían mediado conversaciones entre los oficiales reunidos en Fuerte Tiuna y los Generales Hurtado Soucre, Ministro de Infraestructura y Rosendo, en las cuales se habló de la renuncia escrita de Chávez, a cuyo efecto el Coronel Rodríguez Salas preparó en el Fuerte un proyecto de carta que fue enviado por fax a Miraflores y entregado por el General Hurtado al Presidente, mientras que el original era llevado personalmente a Miraflores por los Generales Camacho Kairuz, Damiani y Vargas Herrera. El Presidente no firmó la renuncia en ese momento, pues tenía la intención de negociar su texto y asegurar algunas condiciones, entre ellas la garantía de su salida a Cuba y la integridad de sus colaboradores más cercanos. Era claro que la dimisión prevería la destitución del Vicepresidente Diosdado Cabello por parte de Chávez, funcionario que desapareció desde el 11 hasta avanzada la noche del día 13.

Chávez llegó a comentar después de los hechos que en aquellos instantes decisivos estuvo reunido con unos pocos colaboradores en el Despacho Presidencial, entre ellos José Vicente Rangel y que antes de dejar Miraflores recibió una llamada de Fidel Castro, su mentor y amigo entrañable, quien lo conminó a no inmolarse, vale decir a no suicidarse, como lo hizo Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973. Fidel no sólo le ofreció asilo, sino que le hizo reflexionar sobre su capacidad para mantener vigencia política o reconquistar el poder con su ayuda y de los movimientos revolucionarios latinoamericanos. Se supo posteriormente que durante esa madrugada, Fidel Castro habría llamado en La Habana a tres Embajadores acreditados en ese país, entre los cuales se menciona al Embajador de Colombia Julio Londoño, para solicitarles que estuviesen preparados por si era necesario trasladarse a Venezuela en un avión cubano a buscar al Presidente Chávez y garantizar su integridad. En realidad, de haberse decidido el viaje de Chávez, se habría utilizado el avión presidencial venezolano, el cual llegó a estar listo para ese propósito, sin materializarse. Igualmente, fuentes confiables aseguran que Fidel Castro llamó en algún momento al General Vásquez Velasco, exigiéndole la restitución de Chávez en el poder.

Como testimonio de lo ocurrido, Monseñor Baltazar Porras, Presidente de la Conferencia Episcopal relata que hacia las 12:30 de la madrugada del 12 de abril el Ministro Rodríguez Chacín lo llamó y le pasó al teléfono al Presidente, quien le expresó que en vista de los acontecimientos, él estaba dispuesto a abandonar el país y le pidió que fuese garante de su vida y de su voluntad de marcharse si se le facilitaba un avión para dirigirse a Cuba, lo cual fue para él una sorpresa. Porras agrega que Chávez le indicó que estaban armados y que podrían defenderse hasta morir, pero que no quería provocar una matanza y que bastante había con los muertos de ese día; por ello, era preferible buscar una solución pacífica, pero que de no darse, estaba dispuesto a permanecer allí hasta el final. El prelado comenta que llegó hacia las 2 a.m. a Televen y que allí encontró a los Generales Medina Gómez, González González y Fuemnayor, quienes hablaban de la renuncia y de la garantía a la vida del Presidente, pero que el viaje al exterior y la firma en la escalerilla del avión eran otra cosa, pues no era momento para que Chávez pusiera condiciones. Ante ello, Porras les habría expresado: “Por qué no lo dejan ir, cuál es el problema”, recibiendo como respuesta: “Eso no puede ser, sería una locura, porque con ello la FAN quedaría más lesionada ante la opinión pública, haciéndola causante de las muertes y también de la huida del Presidente”.

Ya después, en Fuerte Tiuna, Monseñor Porras habría sido testigo de conversaciones entre altos oficiales, en las cuales se hablaba de las graves implicaciones de la invocatoria del Plan Avila por parte del Presidente, de la corrupción generalizada en el gobierno y en la compra de armamentos, de un “bunker” instalado en Miraflores con cerebros grises, equipos de inteligencia y espionaje destinado a promover violencia y muertes sin ética y que se mencionaban los nombres de José Vicente Rangel, Diosdado Cabello, Rodríguez Chacín y Freddy Bernal, como parte medular de esa estrategia.

La comitiva presidencial abandonó Miraflores a eso de las 3:30 a.m., alterando el plan de ir a Televen y se dirigió a Fuerte Tiuna, donde llegó a las 4 a.m. Antes de su salida de Miraflores, Chávez permaneció en su Despacho, por momentos solo o a ratos en conversaciones con Rangel o algunos oficiales que le sirvieron de contacto con el grupo declarado en desobediencia en el Fuerte. En los pasillos de Palacio, según testimonio de Guillermo García Ponce, permanecieron José Vicente Rangel y los Ministros Jorge Giordani, Aristóbulo Istúriz, Rafael Vargas, María Cristina Iglesias, María Urbaneja, Héctor Navarro, Nelson Merentes, su hermano Adán Chávez y los Diputados William Lara, Víctor Hugo Morales, Walter Bethiol, Julio García Jaspe, Iris Valera y Rodrigo Cabezas, quienes se despidieron emotivamente del Presidente. No se menciona que hubiese estado el Vicepresidente Diosdado Cabello, mientras que el Alcalde Freddy Bernal habría abandonado el Palacio de Miraflores desde la medianoche.

Chávez expresó en una alocución posterior que ahora no estaría dispuesto “a rendirse” como lo hizo en la madrugada del día 12 de abril, en un claro reconocimiento a que la decisión anunciada por el General Rincón era la de la renuncia, como lo fue su entrega voluntaria en Fuerte Tiuna, confirmada por el hecho de que el Jefe de la Casa Militar, General Vietri Vietri, lo acompañó en el vehículo presidencial hasta el Fuerte militar y lo dejó allí, entregado a la oficialidad reunida en dicho establecimiento, ante quienes formalizaría la entrega y acto seguido se marchó a su casa.

Los altos oficiales reunidos en el Fuerte convinieron en que a la llegada del Presidente renunciante sería recibido con las consideraciones del caso y que las conversaciones con él quedarían exclusivamente a cargo de un grupo reducido de altos oficiales designado s para ese efecto. No hubo pues esa madrugada contacto de ningún civil con Chávez en dichas instalaciones. Personalmente no lo vi jamás, como tampoco a Monseñor Baltasar Porras ni al Comandante Arias Cárdenas, quienes estuvieron en el lugar.

El General Nestor González González ha confirmado por su parte que, efectivamente, Chávez pensó renunciar en Televen, en presencia de Omar Camero, Presidente del Canal, llamado por José Vicente Rangel y de Monseñor Porras, a pedido de Chávez, pero que luego se produjo un cambio de opinión y se dirigió a Fuerte Tiuna, con la intención de entregar allí sus funciones. Fue así que González González y el General Medina Gómez se trasladaron a Televen, por instrucciones del General Vásquez Velasco, al igual que Monseñor Porras, quien llegó acompañado de Monseñor Azuaje. Todos debieron irse luego a Fuerte Tiuna, cuando se enteraron del cambio de planes y allí recibieron a Chávez y lo condujeron al salón de conferencias del Estado Mayor, en el marco de la decisión de dispensarle un trato cortés, garantizarle su integridad personal y el respeto a su investidura. El único hecho ocurrido fuera de ese guión fue el reclamo que un oficial, que creo fue el General González Gonzáles le hizo a Chávez por el uso indebido del uniforme militar en aquellos momentos y el pedido de que se lo quitara.

Monseñor Porras añade en sus testimonios que al llegar él y Monseñor Azuaje a Fuerte Tiuna esperaron a Chávez, quien venía rodeado de los Generales Rosendo y Hurtado Sucre, vestido de uniformes de campaña. Chávez saludó a Porras, le pidió la bendición y le dijo que lo perdonara por las cosas que hubiera dicho en su contra. Saludó también a Monseñor Azuaje, quien lo bendijo y le dio un abrazo y en medio de los dos se dirigió hacia el último piso. Porras, testigo de excepción de esos históricos momentos, agrega que a partir de allí los oficiales conminaron a Chávez a que firmara la renuncia, pero sin ofrecerle la opción de la salida al exterior, ante lo cual este les habría expresado que habían cambiado las reglas de juego y que hiciesen con él lo que estimaran conveniente. Fue así que le comunicaron la decisión de mantenerlo en el país bajo custodia militar, no obstante lo cual Chávez habría dicho: “Soy menos problema para ustedes si me dejan ir del país y seré mayor problema para ustedes si permanezco en él, pero ustedes tienen la palabra”. Chávez le comentó después a los Obispos que había estado dispuesto a firmar su renuncia y a destituir al Vicepresidente y al Gabinete, pero que al no estar satisfecha su condición principal –el viaje- ya no estaba dispuesto a firmar su renuncia. Culmina Porras su relato indicando que Chávez les habría dicho: “Que lástima terminar con una página como la de hoy, con todas esas muertes”.

Cuentan los Obispos que cuando el Presidente respiraba se le debilitaba el ánimo y que en el momento de la despedida fue cuando más se quebró su espíritu y les dijo: “Yo les pido que transmitan a todos los Obispos que recen por mí y les pido perdón por no haber encontrado el mejor camino para un buen relacionamiento con la Iglesia. Denme su bendición”. Y sin más, desapareció de la vista. Más adelante, con un criterio premonitorio sobre los verdaderos sentimientos presidenciales, Monseñor Porras comentó que pedir perdón era un paso importante pero no suficiente de parte y parte y que tanto el Presidente como todo el gobierno tendrían que ser capaces de rectificar, pues la situación a que se había llegado era el resultado de una deslegitimación en la convivencia democrática, que no estaba en discusión si Chávez había llegado al poder legalmente, sino su legitimidad en el ejercicio del poder, añadiendo: “Con odios no se edifica ninguna sociedad”. Más tarde, ¡oh ironía!, la principal víctima de los odios de Chávez y el oficialismo seguiría siendo la Iglesia y en particular Monseñor Porras. Todavía al día de hoy, Chávez ataca a los Obispos y a la jerarquía eclesiástica de manera inclemente, mancilla la memoria del fallecido Cardenal Velasco y le pide a Monseñor Porras que se quite la sotana. Ello demuestra que las palabras ni promesas de Chávez han tenido jamás consistencia, ni siquiera durante algunas horas.

Chávez ha llegado a afirmar en forma irresponsable, que ese día 12 se le pensaba asesinar y aún más, que Carmona había dado la orden de matarlo. Falsa y paranoica afirmación, no solo porque de mí jamás habría emanado esa orden, ni la habría avalado como hombre de principios, sino que a nadie le pasó por la mente semejante despropósito, a pesar de que muchos venezolanos lo habrían celebrado. Siempre he reflexionado sobre las consecuencias que se derivaron del asesinato de Gaitán en Colombia en 1948 para la paz de esa nación hermana. Pero si hubiese existido algún plan en tal sentido, fueron numerosas las oportunidades para haberlo ejecutado con éxito, durante el traslado que se hiciera de Chávez en helicópteros militares a la Base Naval de Turismo y luego a la isla de La Orchila, unas 85 millas al norte de la capital, donde funciona un apostadero naval que hiciera célebre Pérez Jiménez como su lugar favorito de recreación. Por el contrario, la Fuerza Armada honró su compromiso y lo mantuvo dignamente bajo su custodia. Chávez con su obsesión de magnicidio, inventa historias y como reacción a ello ha montado un aparato de custodia personal con la ayuda cubana, que solo es superado por el del propio Fidel Castro. No sería de extrañar que algún día organice un falso atentado para justificar la aplicación del estado de excepción y afianzar la dictadura.

Poco antes de la llegada de Chávez a Fuerte Tiuna, yo me encontraba reunido con los oficiales que tenían el control de la situación, entre ellos el General Vásquez Velasco, el único de los miembros del Alto Mando que permanecía en funciones, aun cuando declarado en desobediencia, el Vicealmirante Héctor Ramírez Pérez, el General (AV) Pedro Pereira, al Gral. (GN) Carlos Alfonzo Martínez y luego se incorporó el General Manuel Rosendo, tras haber acompañado al Presidente en el vehículo presidencial. Manifesté a los Generales que si bien la renuncia del Presidente había sido ya anunciada al país y que tenía valor jurídico, pese a los sentimientos encontrados que ello pudiera generar, convenía que la misma fuese perfeccionada por escrito. Ellos me confirmaron que el Presidente estaba dispuesto a firmarla si se le permitía viajar de inmediato a Cuba y consultaron mi opinión, que fue favorable a que se marchara al exterior. Recuerdo que el VA Ramírez Pérez hizo un gesto de alivio --dadas las opiniones discrepantes existentes-- y cuando comenzaba a hablar para apoyar mi planteamiento, en mala hora irrumpió en la sala un civil que en forma exaltada expresaba en nombre del grupo de ciudadanos presentes, que Chávez debía responder por sus desafueros y que no debía permitirse su salida al exterior pues ello significara una traición al sentir nacional. Se oían voces que afuera compartían este criterio. Se trataba de Daniel Romero, que había arengado afuera a un grupo de oficiales en torno a la inconveniencia del viaje de Chávez y por ello, uno de los Generales le habría solicitado que ingresara a la sala donde nos encontrábamos para transmitir esa opinión, la cual sembró mayores dudas entre quienes no estaban convencidos de la conveniencia del viaje de Chávez.

Había a no dudar un ambiente de controversia y de exaltación, compartido por muchos altos oficiales de las FAN. Las pantallas de televisión mostraban que la pista del aeropuerto de La Carlota había sido bloqueada con vehículos para evitar la salida de Chávez. Tan solo había sido autorizado el despegue del Boeing 737 presidencial para el traslado de su esposa Marisabel de Chávez a la ciudad de Barquisimeto en compañía de su hija, lo cual fue transmitido por la televisión capitalina. Todo ello, más la opinión adversa del grupo de Generales que pensaban que Chávez debía firmar su renuncia sin condiciones, influyó en la decisión que adoptaron los altos representantes de las cuatro Fuerzas de mantener al Presidente de la República en el país bajo su custodia, inicialmente en Fuerte Tiuna, quedando para una oportunidad posterior la definición de su destino, una vez que decantaran los ánimos prevalecientes.

Uno de los oficiales me expresó que el traslado de Chávez al exterior podría ser una opción posterior, pero que al no existir consenso, ello podría ocasionar negativas divisiones en la Fuerza Armada, pese a que algunos tenían una posición más flexible. Prevaleció así en aquel momento histórico la emotividad por encima de la racionalidad y no se ponderó debidamente la conveniencia de satisfacer la condición del viaje para la firma de la renuncia en la escalerilla del avión, con lo cual los acontecimientos y la historia habrían tomado un giro diferente. En el fondo, Chávez ofreció en aquellos instantes una salida, que infortunadamente no se satisfizo.

No tengo dudas en afirmar que ese fue el más grave error cometido en aquellas horas difíciles, aun cuando se tuviese como atenuante la carga emocional prevaleciente. Consumada la decisión, se comenzó a generar la matriz de opinión de que Chávez era un Presidente detenido y no renunciante, a lo cual contribuyeron las declaraciones del Fiscal General Isaías Rodríguez y del Presidente de la Asamblea Nacional William Lara, leales a Chávez, no obstante los efectos jurídicos y la crisis de gobierno que provocó el anuncio de Lucas Rincón, ya analizado. No tengo dudas de que si Chávez hubiese firmado la renuncia en aquel momento y se le hubiese permitido viajar a Cuba, el enfoque ulterior habría variado, incluyendo el acta de constitución del gobierno de transición. También, el día 13, Chávez logró enviar desde la Base Naval de Turiamo una carta manuscrita, sacada con la colaboración de un soldado, que luego circuló por fax, manifestando a los venezolanos que no había renunciado, mientras su esposa Marisabel declaraba a la Cadena CNN que había hablado con su marido y que él le había expresado lo mismo, contribuyendo al cuadro de confusión y de aliento a la reacción de sus seguidores y de quienes planeaban el reflujo de fuerzas del oficialismo.

Es bueno precisar además que con anterioridad al 12 de abril no conocí texto alguno sobre la posible constitución de un gobierno de transición, como sí lo afirman los Dres. Allan Brewer-Carías y Jorge Olavarria, a quienes presuntamente se les habría mostrado un borrador. De mi parte, la primera oportunidad en que tomé conocimiento de un proyecto fue en esa madrugada y ante los hechos concretos que acababan de consumarse. No niego que ante una crisis que se veía inminente hayan podido circular ideas, entre ellas las que se atribuye el Dr. Enrique Tejera París, pero no participé ni fui consultado al respecto. Tampoco supe si se consideraron otros nombres para presidir el gobierno de transición, pero no sería de extrañar que en las deliberaciones entre militares así hubiese ocurrido, como comentó el General Vásquez Velasco, de que se barajaron nombres como Enrique Tejera París, Adán Celis, Alejandro Armas e Iván Rincón, Presidente del TSJ. No tengo tampoco elementos de juicio que me hagan presumir que mi nombre haya sido sugerido por el Cardenal Ignacio Velasco, pues si bien sostuve conversaciones con él junto a muchos dirigentes nacionales en seguimiento a la crisis, considero improbable que en momentos tan complejos haya emitido opiniones al respecto. Al Cardenal solo lo vi al día siguiente en Miraflores.

En medio de la avalancha de acontecimientos, lo que si debo afirmar de manera diáfana es que al ofrecérseme ocupar la Presidencia de la transición esa madrugada, sin tiempo para abrir espacios de reflexión y consultas, decidí solo y ante mi conciencia asumir dicha responsabilidad, de la cual incluso mi esposa e hijo, mis seres más queridos, se enteraron por televisión como el resto del país y mis colegas de Fedecámaras. Pensé que de ello dependía el futuro de la nación. Confié en esos momentos en el apoyo que me ofrecía el estamento castrense para encabezar la transición y di con coraje un paso adelante, no buscado. Ahora, debo dejar registro para la historia con sinceridad y sin arrepentimientos, que no se debe confiar en palabras u ofrecimientos de dirigentes militares o civiles, sino en compromisos claros y precisos, por grave que sea la situación o la premura que exista para la toma de decisiones. Luego vienen los malentendidos, los lavatorios de manos y las distorsiones de la realidad. Tan es así que después, algunos han declarado que no saben quién me designó, cuando fueron altos oficiales que me lo solicitaron, me rodearon en esa madrugada y, como consta en los videos, yo requerí que hicieran un anuncio previo al país informando que se trataba de un pedido que me se me formulaba, vale decir algo no buscado por mí. Así lo hizo Vásquez Velasco, aun cuando escuetamente, antes de que yo hablara a la nación a las 5 a.m. del viernes 12.

Cuando ya se daba como un hecho el anuncio de la renuncia presidencial, se comenzó a analizar en Fuerte Tiuna la orientación que podría asumir un nuevo gobierno, con base en un borrador elaborado por un grupo de abogados, entre ellos, Daniel Romero. Hablé telefónicamente con el Dr. Allan Brewer-Carías, a quien me unía una respetuosa relación profesional. A él le pedí que se trasladara al Fuerte, pues deseaba conocer su criterio. Envié a mi conductor a buscarlo a su residencia y al llegar al lugar, le solicité analizar el papel de trabajo en el cual se encontraban plasmadas varias ideas al respecto. Pero es justo puntualizar, como lo hice ante la Asamblea Nacional, que nunca he atribuido al Dr. Brewer-Carías la autoría del Decreto, pues sería irresponsable, como sí lo hicieron luego representantes del oficialismo para inculparlo. Respeto incluso las diferencias que el Dr. Brewer expresara en relación con el camino elegido y las constancias que dejó en las actas de la entrevista que le hiciese la Fiscalía General de la República, aun cuando discrepo de algunas de sus interpretaciones. Pero él mismo dijo que se alegró con la rectificación posterior del Decreto, pues atendía la esencia de sus preocupaciones, principalmente respecto a la Carta Democrática Interamericana.

Es importante también dejar registro histórico de mi llamada al Presidente de la CTV Carlos Ortega esa madrugada desde Fuerte Tiuna, con quien había compartido tantas luchas, para que se hiciese presente, dada la naturaleza de los acontecimientos en marcha y las decisiones que se adoptarían. No me fue posible hablar directamente con él pues su teléfono celular estaba apagado, pero su leal asistente Marval es testigo del pedido encarecido que le hiciera de trasladarse de inmediato a ese lugar. El comunicador Víctor Manuel García fue testigo de mi llamada, deplorablemente sin la respuesta deseada. Respeto las razones que llevaron a Ortega a no atender mi solicitud, así como sus decisiones políticas posteriores, pues pese a mi deseo de dar un sentido plural al gobierno, su evasiva contribuyó a generar una matriz de opinión inconveniente a la provisionalidad. Siempre digo que cada quien es responsable de sus actos ante su conciencia y ante la historia. Él mismo tendrá que aclarar en algún momento si la decisión de que el gobierno fuera presidido por una persona y no por una Junta le resultó incómoda o si el hecho de que la responsabilidad recayera sobre mí, Presidente de Fedecámaras, le generó algún celo. De mi parte la motivación era de amplitud y la participación del movimiento sindical organizado estaba más que garantizada.

Concluida la reunión entre Chávez y los militares en Fuerte Tiuna, pasadas las cuatro de la madrugada y consumada fatalmente la decisión de no permitir su viaje a Cuba, sino de dejarlo bajo custodia de la FAN, quedó sin perfeccionarse la renuncia escrita, en lo que fue el pecado capital de aquella jornada. Luego se cruzaron algunas ideas en torno a las causales que podían permitir invocar el artículo 350 de la Constitución, confirmé con los representantes de las cuatro Fuerzas el pedido que se me hacía de presidir el gobierno de transición y enfaticé en mi solicitud de que se hiciera un anuncio previo al país de parte de un vocero castrense, pues no deseaba posteriores malentendidos sobre el origen de la iniciativa. Se me pidió además transmitir sin dilación unas palabras iniciales al país para evitar que se ampliara la situación de incertidumbre o de vacío. Sentí que mi escogencia obedecía al liderazgo que había ganado hasta ese día en el seno de la sociedad civil y a la preferencia castrense de no hacer parte de una Junta de Gobierno, pues no deseaban involucrarse de manera directa en la gestión o porque quizás les habría sido difícil escoger a un representante en una Junta, pero también porque el criterio mayoritario privilegiaba el retorno de los militares a sus funciones naturales, para así enfrentar la visible fractura derivada de la politización que Chávez ha sembrado en su seno.

Hacia las 5 a.m., apenas con un mínimo de coordinaciones previas, el General Vásquez Velasco expresó por televisión que había sido yo el escogido para asumir la presidencia del gobierno de transición y fue así que al entrar al salón donde él se encontraba y ya con la transmisión en vivo, insistí en consultar a los militares si habían hecho antes la declaración por mí exigida. Al recibir una respuesta afirmativa del VA Ramírez Pérez, dirigí a la nación las primeras palabras, rodeado de un grupo de altos oficiales, comunicando la decisión de llenar el vacío de poder y proceder a la constitución de un gobierno de transición, que aceptaba presidir. Pedí calma y garanticé la plena disposición de restablecimiento del orden constitucional. Enfaticé en que no había buscado esa función, pero que la asumía responsablemente en función del interés nacional. Me encontraba aún vestido con el atuendo deportivo con el cual había marchado el día anterior, pues no tuve tiempo de cambiarme y por ello el General Ovidio Poggioli me facilitó una chaqueta, con la cual aparecí ante los medios. El tono de ese primer mensaje estuvo pues dirigido a tranquilizar al país, a asegurarle la transición hacia un proceso pulcro de elecciones, indicando que debían aguardarse anuncios posteriores. Insistí en la necesidad de la unidad de los venezolanos y expresé el duelo y rechazo que causaba la injustificable masacre del día anterior.

Terminado ese capítulo, se iniciaron acontecimientos más complejos. Era necesario comenzar desde cero la formación del gobierno, pues no existía un plan premeditado que permitiera tener listos los equipos civiles y militares para hacerse cargo inmediato de la situación y garantizar la unidad de mando que habría sido deseable. A veces reflexiono que si hubiese sabido 24 horas antes la responsabilidad que asumiría, las cosas habrían ocurrido de una manera diferente. Pero se trataba de acontecimientos que se desarrollaron a manera de un deslave. Si el Doctor Enrique Tejera París, a quien mucho respeto, ha expresado que tenía lista la formación de un Consejo Federal de Gobierno y critica ácidamente las decisiones de ese día, ello revela que tenía la mente puesta en eso desde antes. Lamento que no haya sido llamado. Yo no lo busqué, pues estaba concentrado en mis responsabilidades ante la sociedad civil, pero no lo rehuí.

A las 5:30 a.m. de ese 12 de abril, cuando despuntaban los primeros rayos del alba, que anunciaban un amanecer de esperanzas para los venezolanos, salí de Fuerte Tiuna con quienes me habían acompañado horas antes y del Dr. Brewer-Carías, a quien debía retornar a su domicilio. Además de mi conductor, se sumó un guardaespaldas asignado por el Contralmirante Molina Tamayo mientras se organizaba la Casa Militar, pues a él le había expresado mi decisión de reincorporarlo al servicio activo, tras la arbitraria decisión de Chávez de pasarlo al retiro y lo escogí como Jefe de la Casa Militar en reconocimiento a su valiente actitud previa a los acontecimientos. Después supe que el guardaespaldas, un joven de apellido Sanabria, quien apareció detrás de mí en una foto, recibió dicha encomienda y si disponía de un arma era porque estaba autorizado para ello por el estamento militar, pues nos encontrábamos nada menos que en el corazón de la Comandancia General del Ejército. Nunca lo había visto antes. La foto fue cortada y no muestra que además de mi persona, papeles en mano y del guardaespaldas, a los lados se encontraban varios oficiales y el Coronel Gustavo Díaz Vivas, a quien había pedido que ocupara la posición de Subjefe de la Casa Militar.

En aquellos momentos pensé íntimamente que habría preferido no ser el escogido, pues tenía inmensas cargas institucionales que cumplir; pero las cosas en la vida no ocurren como uno las desea. No me arrepiento de haber actuado con coraje, pero sí lamento que otros no hayan actuado con claridad y firmeza. Las consecuencias de mis decisiones las asumo, pero no es justo que se pretenda hacer recaer sólo en mí la responsabilidad de todas las decisiones. Fueron momentos de gran complejidad histórica en los cuales concurrieron muchas opiniones, errores u omisiones, comenzando por la negativa al viaje del Presidente a Cuba y siguiendo por fallas militares y debilidades de quienes se rasgaron las vestiduras en la defensa de una legalidad inexistente.

Es falso también que me haya reunido en aquellas horas con el ex Presidente Rafael Caldera ni con ninguno de sus familiares o allegados, como él mismo lo ha confirmado. Han sido informaciones maliciosas, quizás originadas en el hecho de que algunos colaboradores en su gestión fueron llamados a hacer parte del equipo de la transición. Pero es incierto que yo lo haya consultado o que hubiese recibido su beneplácito para asumir el gobierno transitorio. En esas horas de tanta precipitación, está dicho que hasta mi familia y colegas de Fedecámaras se enteraron como todos los venezolanos de la decisión que hube de adoptar y por ello es absurda la especulación que se ha tejido

Tras los hechos, Chávez quedó bajo custodia de la Fuerza Armada en Fuerte Tiuna, con las consideraciones del caso, pero se sabe que logró mantener comunicación externa. El Coronel Julio Rodríguez Salas le facilitó un celular para hablar con sus familiares y luego tuvo acceso a otras líneas telefónicas y utilizó contactos personales. El mismo viernes 12 algunos grupos de seguidores comenzaron a hacer presencia en las inmediaciones del Fuerte y a pesar de no ser un número importante, eran activistas de los sectores de El Valle y Coche que expresaban su inconformidad ante la supuesta detención del Presidente. Ello obligó a trasladar a Chávez a la Base Naval de Turiamo y luego al asentamiento naval de la Isla de La Orchila. El Ministro designado de la Defensa, quedó a cargo de esas coordinaciones.

EN MIRAFLORES

“La no-violencia y la cobardía se excluyen entre si”
Gandhi.

Salimos de Fuerte Tiuna hacia mi residencia ubicada en el noreste de la capital, al amanecer del viernes 12 por las autopistas capitalinas, aún solitarias a esas horas. Estaba fatigado de tantos días de tensión y de la marcha del día anterior. Al llegar hablé con mi esposa y mi hijo que me aguardaban ansiosamente y les informé sobre los hechos, que habían conocido a través de la televisión. Decidí descansar una hora, asearme y partir con destino a Miraflores para iniciar la formación del nuevo gobierno. A las 8 a.m. estaba ya en mi casa el Coronel Gustavo Díaz Vivas, Subjefe designado de la Casa Militar, a quien conocía a través de su padre, el Contralmirante Manuel Díaz Ugueto, noble amigo fallecido. Estaban ya listos los vehículos y escoltas asignados. Partimos con retraso, a las 8:30 a.m., pues debí atender desde temprano varias llamadas. La caravana se desplazó fluidamente hacia el Palacio, ya que la ciudad, trasnochada por los hechos del día anterior, tardó en despertar ese día, como aconteció también en otros países que siguieron con pasión los eventos de Venezuela.

Al llegar a Miraflores, antes de las 9 a.m., el Regimiento de la Guardia de Honor, el mismo del Teniente Coronel Morao, me rindió honores militares, con la banda de guerra y la bandera nacional, bajo la voz: “con vista al ciudadano Presidente de la República”, como también ocurrió en la mañana del sábado 13. La Guardia reconocía así al Presidente del Gobierno de Transición, no obstante la traicionera arremetida que luego protagonizaría. Ingresé al Despacho presidencial por la puerta dorada, reservada al Jefe de Estado y encontré allí un ambiente de tensa calma y de total inoperancia, producto de las decisiones apresuradas de la noche anterior, cuando Chávez y el gobierno abandonaron el Palacio. Las centrales telefónicas habían sido desprogramadas, las computadoras sustraídas o fuera de servicio y el personal administrativo reducido a un mínimo, pues el de confianza, como era de imaginar, no se presentó. Miraflores estaba desprotegida y podía ingresarse sin medidas especiales de seguridad.

En esos momentos iniciales contaba apenas con la colaboración del Contralmirante Molina Tamayo y del Coronel Díaz Vivas. Pronto pedí a José Gregorio Vásquez, que estuvo desde tempranas horas en Palacio y me había sido presentado por algún amigo, que colaborara en el Viceministerio de la Secretaría. Más tarde solicité a Juan F. Mejía que me acompañara en la Secretaría Privada de la Presidencia. Uno de los problemas más serios en aquel instante era la debilidad organizativa y logística. Requerí que como primer acto se convocara a la representación laboral del país y luego a la sociedad civil y a las ONG´s a Miraflores, para hablar sobre el desafío que se tenía entre manos y los planes para su colaboración con el gobierno provisional, especialmente a través de un Consejo Consultivo de la Presidencia, al cual se le asignarían importantes atribuciones y comencé los contactos para la integración del equipo de gobierno.

Hacia las 10:30 me reuní con el Comité Ejecutivo en pleno de la CTV, encabezado por su Presidente Carlos Ortega y por el Secretario General Manuel Cova. Cambiamos ideas sobre la situación nacional, los retos y discutimos algunos aspectos de la agenda laboral, incluyendo el levantamiento del paro vigente desde el día 9 de abril. Les manifesté mi intención de dar amplitud a la integración del gobierno. Ratifiqué que no se modificarían las decisiones que en materia de salario mínimo habían sido adoptadas por el gobierno de Chávez y en suma, ofrecí manejar una agenda social justa, acorde con mis convicciones, pues había estado siempre comprometido con un amplio diálogo y entendimiento con el sector laboral, demostrado no en palabras sino en los hechos.

Al final de la reunión, en un breve aparte, Carlos Ortega me sugirió la designación de León Arismendi, profesional serio, de centro-izquierda, Viceministro de Planificación con Teodoro Petkoff durante el gobierno de Caldera y en esa condición participante activo en las negociaciones tripartitas para la reforma de la Ley del Trabajo y del sistema de seguridad social, como Ministro del Trabajo. Le manifesté a Ortega que Arismendi era un hombre valioso y cercano al sector laboral y que lo consideraba apto para algo aún más importante: el Ministerio de Planificación y Desarrollo y Jefe del Gabinete Económico. Así mismo le expresé que consideraba como excelente candidato para el Despacho del Trabajo al laboralista César Augusto Carballo, ex viceministro del Trabajo y profesor de Derecho Laboral en la Universidad Católica Andrés Bello, también con buenos vínculos con el sector laboral, en lo cual asintió plenamente Ortega.

A eso de las 11 de la mañana del viernes presidí la reunión con la sociedad civil y las ONG´s en el Salón de los Espejos. Fue inevitable que en ella estuviese presente gente ajena a la convocatoria que quería asociarse al ambiente de júbilo que en esos momentos reinaba por la salida de Chávez, sin negar que se hayan mezclado curiosos que no faltan en todo acto que involucre definiciones de poder. Saludé a cada uno de los asistentes. Me extrañó ver que la reunión estaba siendo cubierta en vivo por los medios, pues pretendía que fuese una reunión privada para informar sobre los lineamientos de la provisionalidad, especialmente el llamado a elecciones y la necesidad de conformar un Consejo Consultivo de la Presidencia de 25 miembros, en el cual estarían representados ampliamente los partidos políticos, las ONG´s, las organizaciones sindicales, empresariales, los medios, la Academia y personalidades de reconocida solvencia. Pedí a los asistentes que comenzaran a barajar nombres para integrar dicho Consejo pues le correspondería una responsabilidad de primer orden en la discusión de las más importantes decisiones que se adoptarían durante la provisionalidad. Puede que no se haya alcanzado a convocar a todas las ONG´s en tan breve lapso, pero no se puede decir que estas no hayan sido llamadas. Por el contrario, fue la primera iniciativa que tuve en mente en esas horas. Posteriormente, los pasillos de Miraflores fueron llenándose de gente y entre las carreras, pude saludar a muchos dirigentes nacionales.

No fue posible en solo siete horas, hasta las 5 p.m. del viernes 12, concluir la integración del equipo ministerial. Tenía que analizar caso a caso y hablar con cada uno de los candidatos. No obstante, habiendo logrado un buen avance, decidí hacer anuncios parciales en el acto de instalación del gobierno, aun cuando si pudiese dar marcha atrás al reloj, optaría por comunicarlo solo cuando estuviese completo, para poder mostrar su integración idónea y plural. Decidí que el Ministerio de la Defensa fuese ocupado inicialmente por el Vicealmirante Héctor Ramírez Pérez, en lugar de un General del Ejército, por una simple razón: dicho oficial había asumido un incuestionable liderazgo el día anterior, desde el pronunciamiento que hizo en nombre de un grupo de representantes de la FAN, se sabía de su ascendencia y además porque en el Ejército eran perceptibles controversias y aspiraciones que era necesario superar con el trabajo de algunas horas más. Era no obstante indispensable tener a una primera cabeza visible en el ámbito militar, sin que ello fuese inmodificable.

El General Vásquez Velasco lucía como un aspirante natural a dicha función y si bien se le reconocían méritos y liderazgo, no gozaba de total apoyo para la función ministerial. Otros oficiales se consideraban con méritos para ocupar el cargo de Comandante General de dicha Fuerza, entre ellos el General de División Enrique Medina Gómez e incluso Generales de Brigada, como Néstor González González y Henry Lugo Peña. Para mí era claro que el General Vásquez Velasco debía continuar al frente de la Comandancia General del Ejército, en reconocimiento a sus actuaciones, pero no tenía igual aceptación para el cargo de Ministro. Por ello escogí a Ramírez.

El caso de un General cuyo nombre aún me reservo, ilustra lo expresado. Tenía credenciales, pues hizo parte de los pronunciamientos del día anterior y coadyuvó en la búsqueda de una salida a la crisis política y militar. El oficial pidió hablarme el viernes 12 en la noche, a lo cual accedí y sin rodeos me planteó su aspiración a ocupar la Comandancia General del Ejército. Me indicó que su ascenso a General de División había sido postergado por Chávez pese a sus méritos y que había luchado en contra del perverso estado de cosas prevaleciente en la FAN. Hasta allí todo explicable. Pero luego me manifestó que si no era designado a dicha posición, asumiría una postura pública contraria al gobierno de transición. Le manifesté que en momentos difíciles era negativo que afloraran aspiraciones personales por legítimas que fuesen y le indiqué que había Generales de División por encima de él, que su colaboración sería requerida, pero que el tono de su planteamiento era inaceptable. Otro alto oficial me presentó su hoja de vida para avalar sus aspiraciones. Todo ello denotaba que en el Ejército, la fuerza más importante, era necesario superar fisuras y ello dificultaba la consolidación inmediata de la unidad de mando, tan necesaria para la estabilidad del gobierno naciente.

Pedí al Vicealmirante (r) Briceño García que le informara al General Medina Gómez que la Comandancia General del Ejército continuaría a cargo del General Vásquez Velasco y que él sería llamado a una importante función. Ello fue claramente comprendido. Por su parte, el Vicealmirante Ramírez Pérez tuvo el gesto de informar al General Vásquez Velasco de mi decisión de designarlo al frente del Ministerio de la Defensa para contar con su respaldo, pues este era un año más antiguo, ante lo cual la respuesta fue positiva, pero formal.

La labor de integración del Gabinete fue ardua. Ofrecí al VA (r) Jesús Enrique Briceño García, a quien siempre he admirado por su rectitud e institucionalismo el Ministerio de la Secretaría de la Presidencia, con lo cual contaría con la colaboración de una persona que conocía el mundo de Palacio y a la vez el complejo ambiente militar. Briceño había sido miembro de la Casa Militar del Presidente Herrera, Jefe de la Comisión de Seguridad y Defensa, organismo adscrito a la Presidencia de la República, durante la Administración Caldera II, Comandante General de la Armada, Director de la Escuela Básica de Formación de las Fuerzas Armadas y Jefe del Servicio de Guardacostas, entre muchas responsabilidades. Pero por encima de ello pensé en sus virtudes como hombre íntegro y en su formación como Doctor en Administración.

Por otra parte, designé Ministro de Relaciones Interiores al General de División GN Rafael Damiani Bustillos, por sugerencia del VA Ramírez Pérez, en atención a las prioridades que en materia de seguridad enfrentaría el gobierno provisional y al papel jugado igualmente por dicho oficial el día anterior. Ofrecí el Ministerio de Relaciones Exteriores al Dr. José Rodríguez Iturbe, hombre de dilatada trayectoria política e internacional vinculado a la democracia cristiana, cuya capacidad y lucidez política eran incuestionables para conducir la política exterior del gobierno. La Cartera de Finanzas la plantee al Diputado Leopoldo Martínez y este la aceptó a título personal, en un gesto que lo enaltece, pues por ello debió renunciar posteriormente a su vinculación con el partido Primero Justicia. Había meditado en otros nombres para el Ministerio de Finanzas, en particular los economistas Domingo Fontiveros y Maxim Ross, pero al final pensé que Fontiveros sería el indicado para la Presidencia del Banco Central de Venezuela, que Ross podría ocupar el Fondo de Desarrollo Social y que era mejor considerar una opción femenina para el Ministerio de la Producción y del Comercio.

Completó la lista de los anuncios iniciales César Augusto Carballo como Ministro del Trabajo, de quien valoraba su destacado papel en las negociaciones de la Comisión para la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo y la Seguridad Social entre 1996 y 1998 y que contaba como dije, con la aquiescencia de Carlos Ortega, como fue también el caso de Economista León Arismendi como Ministro de Planificación y Desarrollo, cercano como anoté al movimiento sindical venezolano. Anuncié además el nombre del Médico Veterinario Raúl de Armas como Ministro de Agricultura, de excelente formación, gremialista y promotor en el campo de la genética animal en el Estado Guárico. Así mismo comuniqué el nombre del Médico y Abogado Rafael Arreaza como Ministro de Salud, otro profesional de la nueva generación, que había sido Director del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales entre 1998 y 1999. Completó el primer grupo de anuncios la reincorporación del General Guaicaipuro Lameda a la Presidencia de PDVSA, quien se había separado de dicha posición ante diferencias en la conducción de la empresa y la aprobación de Ley de Hidrocarburos, siendo sustituido por Gastón Parra Luzardo y la directiva política que se convirtió en factor medular de los acontecimientos de abril. Además, se informó que Daniel Romero, abogado de ejercicio privado, ocuparía la Procuraduría General de la República, dada su experiencia previa en el Ministerio de la Secretaría de la Presidencia durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez y la contribución brindada en la redacción de varios instrumentos. Finalmente había decidido, aun cuando no fue anunciado, que la Dirección de la DISIP sería asignada al General Ovidio Poggioli y tenía en mente proponer la Dirección de la PTJ al Comisario Iván Simonovis.

Al día siguiente, sábado 13 a primera hora de la mañana, me reuní en Miraflores con el Secretario General de la CTV Manuel Cova, con quien había mantenido siempre una respetuosa relación personal e institucional. A él le ofrecí después de meditarlo mucho la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, oferta que como era lógico debía analizar con su institución. Siempre pensé que Cova podría proporcionar al equipo gubernamental el deseado balance y pluralismo, dadas sus excelentes dotes como comunicador y el buen manejo de las relaciones con los demás sectores, que serían necesarias en una etapa compleja como la que se iniciaba. En caso alternativo había pensado en el dirigente político y sindical Andrés Velásquez, con quien no llegué a tratar el tema.

El mismo sábado 13 en horas de la mañana, esmerado en completar el equipo, ofrecí el Ministerio de Educación a un luchador social del área educativa, Leonardo Carvajal, quien lo aceptó, pues además de ser también un buen comunicador, en él reconocía el aporte de las ONG´s a las conquistas ciudadanas desde la gesta del Decreto 1011 y porque de esa manera se fortalecía la dimensión plural y social del equipo de gobierno. Carvajal trató después de justificar de manera infortunada dicha decisión, por razones políticas que respeto y aun cuando no lo desmiente en su libro “El Laberinto de Chávez”, emite juicios que lamento. Menos afortunado fue su compañero de tolda Jesús Torrealba, quien refutando unas declaraciones mías expresó que Carvajal nunca aceptó el cargo. A él debo responderle sin polémicas estériles que sí lo hizo, el sábado 13 en la mañana ante testigos y que además agregó: “yo sabía que usted me iba a ofrecer el Ministerio de Educación” y en Miraflores inició la formación de su equipo. Esta puntualización la hago sin ánimo de lesionar a nadie sino de aclarar, pues he sido prudente, estimo a Carvajal y porque soy contrario a las descalificaciones en las filas de la oposición, como tantas que he debido sufrir en silencio.

Ese sábado 13 añadiría también al equipo ministerial el nombre de Eduardo Praselj para el Ministerio de Energía y Minas. Praselj, quien además de su brillante trayectoria, tiene amplia visión internacional, fue funcionario de carrera en PDVSA, donde ocupó la Presidencia de Pequiven, la Vicepresidencia de la Corporación en el equipo del General Lameda y fue Viceministro de Minas e Hidrocarburos durante la administración de Jaime Lusinchi. Su nombre y el del General Lameda, ambos nacionalistas y serios, echan por tierra las absurdas conjeturas de grupos radicales del oficialismo que señalan que una de las motivaciones del movimiento de abril era la privatización de PDVSA o el retiro de Venezuela de la OPEP, cosa que a nadie se le habría ocurrido y porque además estaba persuadido de la inconveniencia de levantar esa liebre, pues la propiedad de PDVSA está definida en el texto de la Carta Magna. No niego en cambio que sí se haya pensado en revisar el controversial acuerdo de suministro energético a Cuba, por ser altamente político y lesivo al patrimonio público y a los intereses nacionales.

Completaba la lista como Ministro de Infraestructura el Ing. Juan Andrés Sosa Branger, excelente promotor en el sector construcción, gremialista y representante de las nuevas generaciones, como era el perfil promedio del equipo y de una honestidad a toda prueba, requerida en ese importante Ministerio. Quedaban pendientes para un anuncio posterior el Ministro del Ambiente y de los Recursos Naturales no renovables y el Ministro de la Producción y del Comercio, para el cual barajaba como ya dije el nombre de una profesional, pues la mujer debía con justicia tener una participación en el Gabinete, aparte del ofrecimiento que hice para la Dirección de la OCI a la inefable Patricia Poleo.

Ningún Ministro o funcionario llegó a ser juramentado, no se produjeron actos de gobierno, ni asumieron responsabilidades administrativas. Es bueno además aclarar que así como Leopoldo Martínez, Diputado por el Partido Primero Justicia aceptó con valentía la cartera de Finanzas a título personal y luego renunció a su partido, son falsas las versiones oficialistas de que yo haya ofrecido cargos a otros dirigentes del partido Primero Justicia, entre ellos a Liliana Hernández o a Gerardo Blyde. Siento admiración por esos nuevos valores políticos, que tienen una gran responsabilidad actual y futura, pero esa afirmación se orientó a perjudicarlos, pues es bien conocido el ensañamiento chavista en contra de esa organización y de los Alcaldes pertenecientes a la misma.

Algunos detractores, entre ellos Patricia Poleo y el dirigente comunista Guillermo García Ponce, han señalado que algunos nombres obedecieron a presiones de grupos interesados, mencionando el nombre de Isaac Pérez Recao. Ya analizaremos ese tema en uno de los capítulos posteriores. Pero sí debo afirmar responsablemente, con el nombre de Dios por delante, que no recibí presiones de nadie ni las habría admitido, como no hayan sido las sugerencias de Héctor Ramírez Pérez y de Carlos Ortega para dos funciones específicas, ni mucho menos que hayan prevalecido intereses extraños en la selección de este equipo inicial, aun cuando como toda labor humana, en situaciones atropelladas, no haya sido perfecta y hubiera podido ser objeto de ajustes posteriores.

No hay que olvidar que a la caída del gobierno de Marcos Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958, la Junta de Gobierno quedó inicialmente presidida por el Contralmirante Wolfgang Larrazábal Ugueto e integrada por los Coroneles Luis Araque, Pedro José Quevedo, Roberto Casanova y Abel Romero Villate, pero al día siguiente, el 24 de enero, Casanova y Romero Villate fueron obligados a renunciar por sus vínculos con el régimen derrocado y sustituidos por los empresarios Eugenio Mendoza y Blas Lamberti. Se integró además en aquel momento un Gabinete provisional con juristas, empresarios y ejecutivos, entre ellos el Dr. Arturo Sosa, reservándose a un militar, el Coronel José María Castro León el Ministerio de la Defensa, quien después propiciaría un movimiento contra el gobierno de Rómulo Betancourt. Nótese cómo en circunstancias políticas también complejas, fue necesario modificar la integración del equipo inicial con un aporte clave de gente del sector privado, mientras se celebraban las elecciones de diciembre de 1958, en las cuales resultaría triunfador Rómulo Betancourt.

Por otra parte, algunos señalaron malintencionadamente que el equipo de gobierno tenía una orientación plutocrática o de derecha, lo cual he desvirtuado con los sólidos argumentos proporcionados y con la lista completa de integrantes del equipo, demostrativa de que era un Gabinete equilibrado. Yo en lo personal he mantenido una posición política de centro, con clara sensibilidad social y no como se ha querido hacer de derecha recalcitrante. Pero la izquierda tuvo especial esmero en satanizar al gobierno y en especial el nombre del Canciller designado José Rodríguez Iturbe por su afiliación al Opus Dei. A ello he respondido indicando que era uno de los mejores nombres del equipo, pues es un político de principios y de limpia trayectoria y que no dudaba de su brillante desempeño. A nadie pregunté su credo o afinidad política. Poco me habría importado si en lugar de ser católico, Rodríguez Iturbe hubiese sido protestante, judío o musulmán. Se trata por encima de todo de un gran venezolano.


EL DECRETO

“Si lloras por haber perdido el sol, las lágrimas no te permitirán ver las estrellas”.
Rabindranath Tagore


No fue sencilla la tarea de preparación del controvertido Decreto del 12 de abril, mediante el cual se instaló el Gobierno de Transición y de Unidad Democrática. Mucho se ha especulado sobre su origen y se le ha analizado en forma prejuiciada o maliciosa. Ante esa pregunta, manifesté en la interpelación parlamentaria y lo confirmo: no hubo autorías únicas. Fueron numerosas las opiniones recibidas. Se escuchó a juristas civiles y militares, entre ellos a los Doctores Allan Brewer-Carías, Carlos Ayala Corao, Cecilia Sosa, Daniel Romero, Juan Raffalli, Gustavo Linares Benzo, José Gregorio Vásquez, al Coronel Julio Rodríguez Salas y a numerosos actores políticos, pero no puede decirse que sus opiniones fueron plasmadas plenamente o que se les pueda imputar su redacción. De ellos, Daniel Romero actuó como un relator.

El criterio que prevaleció como premisa fue el de la confluencia en ese día de razones válidas para invocar los artículos 350 y 333 de la Constitución, ante el vacío de poder, la deslegitimación de un régimen –no solo de un Presidente- la continua violación del ordenamiento jurídico y de los derechos humanos, todo ello con miras a convocar a una consulta popular en breve plazo. Y en el fondo, ¿qué otra opción podía ser más legítima en circunstancias tan complejas que llamar al pueblo, depositario del Poder Constituyente originario, para que en limpios comicios procediese a la relegitimación de los Poderes?. Era claro, como ha quedado reafirmado en el tiempo, que una maquinaria que ha asaltado a los Órganos del Poder Público en aras de un proyecto político, que los ha subordinado y ha logrado imponer en forma ilegítima a sus integrantes al margen de la Constitución, difícilmente podía ser garantía de una transición para la celebración de nuevas elecciones. Júzguese la actitud asumida por el régimen de Chávez respecto a la convocatoria a un referéndum consultivo el 2 de febrero del 2003, ya aceptado por el Consejo Nacional Electoral y posteriormente ante la iniciativa del referéndum revocatorio, que ha sido objeto de manipulaciones y tácticas dilatorias para ganar tiempo o burlarla y las amenazas que el Presidente transmite al país de empuñar las armas y promover la guerra si es sacado del poder por vías constitucionales. Igual consideración cabe respecto al papel del TSJ y de la Asamblea Nacional para allanar el camino hacia la legalización de la dictadura, vale decir la utilización de mecanismos democráticos para conculcar el régimen de libertades y los valores fundamentales del sistema.

El objetivo era a no dudar, abrir un brevísimo período de facto, respetuoso de los derechos ciudadanos, para convocar a los noventa días a una primera elección, la parlamentaria, vale decir en julio de 2002 y seis meses después, en diciembre, la presidencial, para hacer entrega del poder en enero del 2003 a las autoridades que fuesen electas, apenas ocho meses después de instalado el gobierno de transición. En otras palabras, mediante la suspensión de un régimen deslegitimado en su desempeño, que ha conducido al país a la más grave crisis de la historia y registra un amplio prontuario de atropellos a la Constitución, a las leyes y a la Carta Democrática Interamericana, hechos documentados en estudios de los mejores juristas del país, entre ellos el sólido análisis del ex ministro Asdrúbal Aguiar de enero del 2003 titulado: “Los golpes a la Constitución en Venezuela y a la Carta Democrática Interamericana”, que es de obligatoria lectura, así como el ensayo “Democracia y Desobediencia Civil” del Dr. Allan Brewer-Carías, del año 2001.

Aguiar evidencia más de treinta violaciones a la Carta Magna y a la Carta Democrática Interamericana por parte de Chávez, dentro de la filosofía de que la revolución está por encima, justificando así el secuestro de los Poderes y el irrespeto al Estado de Derecho desde el acto mismo de su juramentación, en el cual desconoció la Constitución de 1961. Luego, la elección en 1999 de la Asamblea Constituyente fue un fraude constitucional, pues con la abstención del 54 por ciento del electorado y con un 65 por ciento de votos válidos, el oficialismo se hizo virtualmente con la totalidad de los escaños, violando el principio de representación proporcional de las minorías. Aguiar agrega que el régimen decidió, de espaldas a la doctrina, el carácter “originario” de la Asamblea Constituyente, subordinó a esta todos los órganos del Poder Público y asumió potestades legislativas reservadas a la Asamblea Nacional. La Constitución fue aprobada en un referéndum con el 72 por ciento del 42 por ciento de los electores que votó, vale decir con el 58 por ciento de abstención. Pese a ello, la Asamblea Constituyente, apoyada por un Tribunal Supremo de Justicia integrado ilegítimamente, hizo cesar al Congreso de la República, a las Asambleas Legislativas regionales y a todos los Poderes y designó a motu propio a sus titulares y a una Comisión Legislativa o “Congresillo” entre personas predominantemente afectas al régimen, incluyendo a una Comisión de Emergencia del Poder Judicial. Es por ello que el 90 por ciento de los jueces en Venezuela se encuentra en la situación de provisionalidad, contraviniendo en un todo la Constitución de 1999.

Adicionalmente, la Sala Constitucional del TSJ provisorio declaró improcedente la acción de inconstitucionalidad ejercida por la Defensora del Pueblo en contra de la designación que hizo la Asamblea Nacional de los Magistrados del máximo Tribunal, los directivos del CNE y los miembros de la Comisión Legislativa Nacional o “Congresillo”, alegando que la Asamblea Nacional Constituyente no estaba sujeta a la Constitución de 1961, pues representaba el mecanismo jurídico de producción originaria del nuevo régimen constitucional, con lo cual legitimó la dictadura constituyente y la violencia del orden constitucional. Se manejaron además varios textos de la Constitución, con cambios arbitrarios respecto al que fue votado. Además, el TSJ y sus actores políticos: el Presidente Iván Rincón y el Magistrado Jesús Eduardo Cabrera, este último ponente de las más abyectas decisiones del TSJ, declararon que el “Congresilllo” tenía un carácter supraconstitucional y que no tenía que ceñirse a la Constitución para hacer designaciones, siempre que fuesen “provisionales”.

Todo ello es muestra de los continuos atropellos del régimen chavista a la Constitución y a las leyes, a los cuales se suman violaciones a los derechos sindicales, al derecho a la participación y organización de la sociedad civil, el abuso de las “cadenas” presidenciales, las limitaciones a la libertad de expresión, la manipulación y politización de la FAN, la afectación de la intimidad de las comunicaciones, los mensajes racistas y de lucha de clases, la rebelión presidencial contra los jueces, la limitación al derecho a manifestar, las medidas contra los medios de comunicación, el secuestro a la Policía Metropolitana, la intervención del TSJ por el Parlamento, la desobediencia militar al Poder Público, la persecución a la disidencia, la utilización de la emergencia como instrumento para justificar la dictadura constitucional y la estrategia oficialista en contra de la convocatoria al referéndum revocatorio del mandato presidencial.

El artículo 350 de la Constitución, antes de ser mediatizado por el TSJ con posterioridad a abril, consagra textualmente: “El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”, ello dentro de la concepción pacífica y no violenta implícita en ese derecho. Fue por esas razones que se decidió desconocer al régimen, no para establecer una dictadura, sino para llamar a una inmediata consulta popular y restablecer el orden constitucional alterado. En pocas palabras, se asumió la desobediencia civil contra un sistema que ha anulado la independencia de los Poderes Públicos y los ha tomado por asalto, que ha aprobado de manera inconstitucional leyes vitales para el país y ha violado los derechos humanos e irrespetado reiteradamente el Estado de Derecho y Tratados Internacionales como el de la OIT y la Carta Democrática Interamericana.

Como si fuera poco, el día 12 de abril del 2002 se produjo un vacío de poder y por ello había que recuperar el orden vulnerado y llamar al pueblo, en los términos del artículo 5 de la Constitución, el cual añade que: “los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos”. Pues bien, era ese pueblo soberano el que tendría en sus manos la definición del futuro de la nación. Jamás se pensó en instaurar un régimen que se prolongara más allá de los pocos meses requeridos para restablecer el orden constitucional. Por donde se analice, las circunstancias movían a la relegitimación de los Poderes por la vía de limpios comicios, que es el pedido que el país ha continuado haciendo con posterioridad a los hechos de abril, incluyendo las motivaciones del paro del 2 de diciembre del 2002, del cual surgió la iniciativa de convocar a un referéndum consultivo y posteriormente el referéndum revocatorio del mandato presidencial, previsiones ambas de rango constitucional, la primera de las cuales fue abortada por el oficialismo y la segunda pretende ser burlada por todos los medios a su alcance.

Una de los juristas consultadas, la Dra. Cecilia Sosa, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, era partidaria de conformar una Junta de Gobierno más amplia y así me lo manifestó en su visita a Miraflores al mediodía del viernes 12. A ella le expresé que esa opción era válida, pero que no había sido considerada por quienes me habían encomendado la conformación del gobierno de transición, porque los militares preferían no involucrarse directamente en la conducción del alto gobierno. Pero lo cierto es que el proyecto de Decreto que tuvo a la vista la Doctora Sosa contemplaba la preservación del Tribunal Supremo de Justicia, pese a sus nefastas actuaciones, dada la conveniencia de que uno de los Órganos del Poder Público se mantuviera actuante y coadyuvara con la transición. Con el respeto que la distinguida jurista me merece, su reacción ante dicha opción fue terminante, señalando que si alguno de los Poderes merecía ser disuelto, por sus tropelías y por la forma ilegal en que había sido integrado, era el máximo Tribunal. El peso de sus razones fue convincente y ello movió a enmendar el proyecto de Decreto, para prever también su suspensión momentánea, hasta su relegitimación por parte del Poder Legislativo que resultase electo. Así se escribe la historia.

Es conocido que el Presidente del TSJ, Iván Rincón, ha cohonestado las más graves felonías contra el Estado de Derecho en el régimen de Chávez, entre ellas haber negado la solicitud de inconstitucionalidad de las designaciones del CNE y del Congresillo, así como haber permitido en nombre de la transición que se obviaran los preceptos de la Carta Magna para la integración de los Órganos del Poder Público. Como si fuera poco, promovió la ilegalidad del referéndum consultivo del 2 de febrero de 2003 solicitado por el pueblo y dio luz verde a la dictadura al dictaminar que se pueden aprobar Leyes Orgánicas con mayoría simple. Pues bien, ese mismo personaje, cuya actuación será juzgada por la historia, firmó como se dijo el 12 de abril una carta en la cual renunció ante los venezolanos a su cargo para facilitar la actuación de las nuevas autoridades, cuyo texto fue leído a través de los canales de televisión. Era obvio el remordimiento de Rincón por su vergonzosa subordinación a Chávez y por tantas actuaciones que han dado al traste con la legalidad, en aras de un proceso político. No puedo olvidar además, en lo que a mi caso atañe, la influencia ejercida por Rincón sobre la Corte de Apelaciones y el desconocimiento que hizo del recurso de Amparo que mi defensa introdujera en contra de la sentencia de la Corte, para finalmente rechazarlo por improcedente en septiembre del 2003, políticamente y sin fundamento.

En una versión preliminar del Decreto llegó a considerarse la restitución de la Constitución de 1961, dada la forma atropellada y excluyente como se aprobó la Carta Magna de 1999 por parte de la Asamblea Nacional Constituyente, por la manera en que esta fue electa y por la dictadura constituyente instaurada con el aval del TSJ. Esa tesis había sido sostenida en algún momento por el periodista, exconstituyente y corresponsable de la tragedia chavista, Jorge Olavaria, quien en sus inicios se identificó con el régimen y protagonizó actos poco dignos que el país no olvida. Olavaria se distanció después del oficialismo, pero en lugar de aportar a la unidad y a soluciones, ha orientado su talento a criticar destructivamente a quienes actuamos en abril, a los promotores del paro del 2 de diciembre de 2002, a la Coordinadora Democrática y a los militares. Olavaria con su habitual soberbia y tendencia a pontificar, descalifica en lugar de callar o construir, como se lo han sugerido muchos articulistas.

Brewer-Carías simpatizó también en algún momento con la idea de retornar a la Constitución del 61. Pero esa opción fue desestimada, pues habría resultado más polémica y vulnerable. No quedaban sino dos alternativas: o invocar los artículos pertinentes de la Constitución, ante el peso de las razones señaladas y la apertura del breve período de facto para convocar a la consulta popular, o dejar librada la decisión en manos del Parlamento, en cuyo seno, hasta el día de hoy, se mantiene una mayoría oficialista. De haber sido ese el caso, pese a que luego se convocó al Poder Legislativo mediante la rectificación del Decreto, es probable que la discusión en su seno sobre si Chávez había o no renunciado hubiese tomado semanas, con el riesgo de que operaran, como ha sido usual, presiones, componendas o compra de conciencias.

No obstante, más allá del contenido del Decreto y a riesgo de sorprender al lector, debo afirmar que antes de su instalación, el gobierno provisional estaba sentenciado de muerte, desde el momento mismo en que se negó la salida de Chávez a Cuba y se subestimó la importancia del perfeccionamiento de su renuncia escrita. En ello pesaron quizás sobre algunos militares y civiles los argumentos de los juristas sobre el valor legal y suficiente del anuncio hecho por Lucas Rincón. Estoy convencido de que al no haberse suscrito la renuncia y frustrado el viaje del Presidente, quienquiera que hubiera encabezado el gobierno provisional, habría enfrentado la reacción de los seguidores de Chávez, de ciertos sectores castrenses y de parte de la comunidad internacional, confundidos ante la información difundida luego de que Chávez no había renunciado.

Poco importaba que la declaración del General Lucas Rincón tuviese fuerza jurídica, como hecho comunicacional que fue, recibido como cierto por la población y el mundo. La decisión adoptada por el estamento militar de que Chávez permaneciera en el país para rendir cuenta de sus desafueros y por la masacre del 11 de abril resultó fatal y obedeció más a la emotividad prevaleciente que a la racionalidad requerida en esos delicados momentos. Es también cierto que si esa madrugada se hubiese hecho una encuesta, más del 80 por ciento habría opinado que Chávez debía permanecer en el país para ser juzgado. Pero no es menos cierto que se trataba de sentimientos efímeros. Por ello no dudo en calificar ese error, como el más notorio cometido en la transición.

En otro escenario, si Chávez hubiera firmado la renuncia y viajado a Cuba y luego pretendiera enguerrillar al país o promover una rebelión desde fuera, se habría tratado ya de un ex Presidente, al margen de la Ley, sin por ello subestimar eventuales perturbaciones al orden público promovidas por grupos chavistas armados, lo cual habría exigido actuar con firmeza. Confieso que si me hubiera correspondido esa dura responsabilidad, no me habría manchado las manos de sangre como lo ha hecho Chávez y sus seguidores sin rubor a lo largo de su mandato, actitud que se ve acrecentada con las insólitas amenazas de recurrir sin contemplaciones a las armas o a la guerra. ¡El talante de Chávez es de violencia y represión!. Falta ver si la FAN permitirá que se le siga manipulando como el brazo armado de la revolución, pues en ello va el germen de su propia destrucción. La historia lo confirmará. Pero el régimen manipula a su antojo la verdad, protege a sus aliados, no investiga ni sanciona a quienes están de su lado, sea cual fuere la gravedad de sus faltas. De allí el innegable incremento de la corrupción, incluyendo a la institución armada, así como el auge de la delincuencia y el terrorismo de Estado, bajo total impunidad, hechos que no necesitan pruebas, pues están avaladas por hechos y por las aterradoras cifras disponibles.

Además de la decisión de convocar a elecciones parlamentarias y luego presidenciales, se preveía entre uno y otro proceso comicial que el nuevo Parlamento, investido de poderes constituyentes, considerara algunas enmiendas a la Constitución, mas no su derogatoria. Entre ellas se preveía la necesidad de restaurar el carácter no deliberante de la FAN, como lo contemplaba la Constitución de 1961; la reducción del período presidencial a cuatro años con una sola reelección; la incorporación de la doble vuelta electoral, indispensable en el escenario político nacional para dar mayor legitimidad a los gobiernos futuros y por último, la formalización de la restitución del nombre de la República de Venezuela, anunciada en el Acta. Quedaría para discusión por parte del Parlamento la conveniencia de restablecer un Congreso Bicameral, pues el unicameralismo de la Constitución de 1999 rompió el balance que ejercían las dos Cámaras para evitar errores o atropellos legislativos, fortaleció los poderes presidenciales y limitó la participación de las regiones en el seno del Poder Legislativo.

En suma, las premisas sobre las cuales descansó el Decreto de formación del Gobierno de Transición fueron: la deslegitimación del régimen gobernante ante las violaciones en que había incurrido a la Constitución, a las leyes y a los Tratados Internacionales, la falta de autonomía de los Poderes Públicos, el vacío de poder que se había generado a raíz del anuncio de la renuncia presidencial, la flagrante y masiva violación de los derechos humanos provocada el día 11 a raíz de la masacre, los desacatos militares a órdenes inconstitucionales impartidas por el Presidente Chávez al invocar el Plan Ávila, que habrían ocasionado un genocidio y contrariaban abiertamente la Constitución y por último, el abandono del poder por parte de los más altos funcionarios gubernamentales. Todos ellos eran fundamentos suficientes para la invocatoria de los artículos 350 y 333 de la Constitución, abrir la breve transición y llamar al pueblo a legítimos comicios, dejando en manos del Parlamento que fuera electo la designación de los integrantes de los Órganos del Poder Público, noventa días después del 12 de abril. Así se habría satisfecho el deseo de la comunidad internacional de que se restableciera el orden constitucional mediante el llamado a elecciones, pues la renuncia anunciada de Chávez fue asumida como un hecho cierto al nivel mundial.

De allí que el texto del Decreto comenzó por evidenciar el conjunto de violaciones al Estado de Derecho, a los derechos humanos y al régimen de libertades en los cuales ha incurrido el régimen, circunstancias agravadas con posterioridad con una conducta aún más autoritaria y antidemocrática. Siempre rememoro a quienes alegan que el gobierno de Chávez fue electo por el pueblo, cosa que nadie duda, que los regímenes de Hitler y de Mussolini fueron también resultado de limpios comicios, pero luego se apartaron de la democracia y de las leyes, las cuales fueron manejadas a su antojo. Y por otra parte, que la Carta Democrática Interamericana enfatiza en las dos caras de una moneda: la legalidad en el origen y la legitimidad en el desempeño de un gobierno.

En ese orden de ideas, los fundamentos contenidos en la parte considerativa del texto del Decreto de constitución del gobierno de transición, fueron los siguientes:

• La necesidad de recuperar la institucionalidad democrática, haciendo uso del derecho legítimo a desconocer cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas, consagrado en el artículo 350 de la Constitución de 1999 y en los principios establecidos en la Carta Democrática Interamericana.
• Los hechos de violencia ocurridos el día 11 de abril, derivados de órdenes impartidas por Hugo Chávez y su gobierno para atacar, reprimir y asesinar a mansalva a inocentes que manifestaban pacíficamente en ruta al Palacio de Miraflores, hechos tipificables como delitos comunes y de lesa humanidad contra el pueblo de Venezuela.
• La transgresión por parte del gobierno de Hugo Chávez de los valores y principios democráticos al actuar en forma sectaria y excluyente, violando la norma de que los funcionarios públicos no pueden estar al servicio de parcialidad política alguna, así como haber elegido a los representantes de los Organos del Poder Público al margen de la Constitución, propiciando la subordinación de los demás Poderes, en contravención con los principios de separación e independencia. Ello hacía necesario restablecer su autonomía, para garantizar un régimen de libertades y el respeto al Estado de Derecho.
• La violación al Artículo 328 de la Constitución, al vulnerar el papel y funciones de la Fuerza Armada, sometiéndolas a la lealtad al proyecto político, ideológico y personal de Chávez.
• Las numerosas denuncias de violación de los derechos humanos ocurridas durante la gestión gubernamental de Hugo Chávez, especialmente el derecho a la vida, al debido proceso, la libertad de expresión e información.
• La constante instigación a delinquir propiciada desde el alto gobierno y las violaciones a la propiedad privada, además de la impunidad en delitos contra la cosa pública por parte de funcionarios y afectos al régimen.
• El clima de confrontación y de violencia social promovida por el gobierno, contrario a la unidad nacional, al pluralismo, a los valores democráticos y al respeto debido a las instituciones y sectores de la sociedad venezolana.
• La ejecución de una política exterior contraria a los intereses nacionales, causantes del aislamiento, con graves consecuencias para el país, especialmente por la ambigüedad ante el flagelo del terrorismo internacional y los vínculos irrefutables del gobierno con la narcoguerrilla colombiana.
• Las violaciones de los derechos a la vida, a la libertad de expresión y a manifestar, estipulados en la Constitución.
• La necesidad de asegurar la convivencia pacífica y ajustada a derecho de minorías y mayorías en el proceso político, así como el respeto a las instituciones religiosas, profesionales, políticas, gremiales, sociales, comunitarias, a fin de promover la unidad y sosiego en un marco de libertad, pluralismo, respeto y tolerancia.
• La renuncia al cargo presentada por el Presidente de la República ante el Alto Mando de la Fuerza Armada Nacional y el abandono del cargo del Vicepresidente Ejecutivo de la República, lo cual había configurado un vacío constitucional de poder que era necesario llenar para restablecer la institucionalidad democrática, adaptarse a los principios constitucionales y a los de la Carta Democrática Interamericana.

En virtud de lo cual se decretó:

• Constituir un Gobierno de Transición Democrática y de Unidad Nacional, presidido por quien esto escribe, que asumió en ese acto la Jefatura del Estado por un período nunca superior a 360 días, quedando facultado para dictar los actos que fuesen necesarios para la consolidación del Gobierno de Transición.
• Restablecer el nombre de la República de Venezuela, ya que el gobierno del Chávez había usurpado el nombre de El Libertador para un proyecto político personalista y excluyente del criterio de las mayorías nacionales. Dicha decisión quedaba sujeta a una enmienda constitucional.
• Suspender del ejercicio de sus cargos a los Diputados a la Asamblea Nacional, convocando a elecciones legislativas nacionales no más allá del mes de diciembre de 2001, con facultades constituyentes para introducir reformas a la Constitución de 1999.
• Crear un Consejo de Estado, o Consejo Consultivo, órgano de consulta del Presidente de la República, integrado por 25 miembros principales y suplentes en representación de los diversos sectores de la sociedad democrática venezolana, con amplias facultades de asesoramiento en las decisiones más importantes que fuese necesario adoptar en esa etapa.
• Coordinar las políticas de la transición democrática con los poderes públicos estadales y municipales.
• Convocar a elecciones generales en un plazo no superior a 365 días de la instalación del gobierno de transición. El Presidente Provisional cesaría en sus funciones al asumir el Presidente electo democráticamente por el pueblo y no podría presentarse como candidato a la Presidencia en dicho proceso electoral.

Para integrar el Consejo Consultivo, con un papel fundamental en las decisiones más importantes y en especial en la designación de autoridades o discusión de instrumentos jurídicos de significación en la vida nacional, se solicitarían nombres a los partidos políticos, a las ONG’s, a los sectores empresarial, sindical, a la Iglesia y a algunas organizaciones de la sociedad civil, como era el caso del sector académico y de algunas instituciones representativas al nivel nacional.

Las fechas señaladas en el Decreto para la celebración de los procesos electorales eran máximas, no mínimas y por ello, tras algunas consultas políticas se había decidido que el primero de los comicios, el parlamentario, se realizaría a los noventa días y los presidenciales el primer domingo de diciembre de 2002, una vez consideradas las enmiendas necesarias a la Constitución por parte del nuevo Parlamento.

Una de las cláusulas del Decreto que generó confusión fue la facultad concedida al Presidente del Gobierno de Transición para la eventual remoción de Gobernadores y Alcaldes, pero ello no constituía una norma, como se lo expresé a un Gobernador, sino una previsión para casos extremos de rebelión contra la provisionalidad, como sin duda habría ocurrido con el caso del Alcalde del Municipio Libertador, Freddy Bernal, pues era difícil imaginar que uno de los creadores de los círculos violentos e instigador del odio y de la organización de las milicias, estuviese dispuesto a cooperar con la transición política que el país emprendía.

En cuanto a la hipótesis de que habría sido posible lograr en la Asamblea Nacional un cambio en la correlación de fuerzas para remover su directiva y juramentar al Presidente Provisional, dándole la legitimidad necesaria, ello no pasó de ser una conjetura. Si Luis Miquilena y otros dirigentes parlamentarios hubiesen podido sumar los votos requeridos para alcanzar ese mayoría, ¿cómo es que hasta el día de hoy ello no ha sido posible, circunstancia que habría cambiado la historia y le habría ahorrado a la nación tantos sufrimientos?. Y de ser así, ¿por qué cuando hablé con él telefónicamente y le formulé la pregunta, solo hubo respuestas evasivas?.

En la tarde del viernes 12 supe que un grupo de parlamentarios había deseado verme, momentos antes del acto, por lo cual, sin conocer su urgencia, sugerí que lo hiciéramos inmediatamente después del mismo, que tendría lugar en el Salón Ayacucho. No hubo jamás una subestimación a la importancia de ese encuentro, sino limitación física de tiempo. No hay que olvidar que la instalación del gobierno había sido originalmente convocada para las 2 p.m., apenas cinco horas después de mi llegada a Miraflores y que la sugerencia original de los asesores y del estamento castrense era que se realizara a las 12 m, ante la expectativa existente y la necesidad de hacer anuncios inmediatos al país.

Recibí también esa mañana un planteamiento de Gustavo Linares Benzo, quien junto a Juan Raffalli y Gustavo García, compartían la opinión de que la juramentación del gobierno provisional debía ser hecha por la Asamblea Nacional, a cuyo efecto me entregaron un proyecto alternativo de Decreto, como base para su consideración.


LA JURAMENTACIÓN


“Si en su vida no hay fracasos, es porque no está tomando suficientes riesgos”.
Winston Churchill



Con retraso comenzó el acto que el país aguardaba y ello motivó que algunos dirigentes políticos y de la sociedad civil que habían hecho acto de presencia en Miraflores desde antes de las 2 p.m. optaran por retirarse. La razón principal de la demora se originó en los contactos requeridos para la estructuración del equipo, pero además porque antes de iniciar la ceremonia, dada la controversia que podría generar la suspensión temporal de los Poderes –que no de la Constitución-- sentí el deber de hacer algunas consultas finales. Fue así que llamé al Despacho Presidencial cerca de las 4:00 p.m. a algunas personalidades, entre ellas al Vicealmirante Héctor Ramírez Pérez, en representación de la FAN, a su Eminencia el Cardenal José Ignacio Velasco, a Alfredo Ramos por la dirigencia sindical, al Coronel Julio Rodríguez Salas y a algunos juristas, a quienes expresé: “tenemos dos opciones en la mano, o el llamado a elecciones previa suspensión temporal de los Poderes designados y leales al régimen de Chávez para su posterior relegitimación o colocar la decisión en manos de la Asamblea Nacional”. Solicité por tanto su opinión, antes de proceder a los anuncios.

La reacción unánime, salvo dudas de Ramos, a quien el Coronel Rodríguez Salas procuró persuadir sin un rechazo pleno de su parte, fue que era inconveniente intentar un camino alternativo y que consecuentemente debía seguirse adelante con la primera opción, respaldada por los artículos 350 y 333 de la Constitución. Una de las personalidades presente añadió de manera clara: “no cabe duda que el Decreto abre un corto período de facto, pero siendo la intención llamar a consulta al pueblo, depositario del poder constituyente, la nación lo agradecerá”. Así se consumó la decisión y se escribió, para bien o para mal una página de la historia, no de mi autoría única.

Otro hecho complejo en aquellos cruciales momentos lo constituyó la posición asumida por Carlos Ortega, Presidente de la CTV y la inconveniente matriz de opinión que ella generó. Como he dicho, desde la madrugada del 12 insistí infructuosamente en su presencia en Fuerte Tiuna y al no haberlo logrado, en la mañana del viernes 12, con prioridad sobre otras reuniones, lo hice con el Comité Ejecutivo de la CTV en pleno, encabezado por el propio Ortega y por Manuel Cova. El país sabe que siempre mantuve óptimas relaciones institucionales y personales con la dirigencia sindical. Además, en dicha reunión no se discutió la conformación del gobierno provisional, sino la agenda sindical y la consideración que se daría a dicho sector por parte del gobierno. En tal sentido, les garantice la integración de un equipo amplio y el respeto a la agenda laboral, cuya primera expresión era ratificar el aumento en el salario mínimo decidido por el gobierno saliente, así como la búsqueda de soluciones justas a las tensiones y contratos laborales pendientes con el sector oficial. Fue con posterioridad a ese encuentro cuando hablé con Ortega sobre algunos nombres para la integración del Gabinete y al día siguiente ofrecí a Manuel Cova, Secretario General de la CTV y uno de los más valiosos luchadores sindicales, la Vicepresidencia Ejecutiva de la República.

Resultó difícil para el país entender por qué esa tarde en Miraflores no se encontraba Ortega sino el dirigente laboral Alfredo Ramos, pese a las llamadas que se le hicieron en mi nombre o por iniciativa de otros. Respeto la decisión de dicho dirigente de optar por un deslinde político, comprensible desde el punto de vista institucional, pero no que en esos momentos optara por eludir el respaldo requerido por la provisionalidad, en el momento crucial de su nacimiento. Otra cosa hubiera sido que se le brindara apoyo, no con un cheque en blanco y que se incorporara Manuel Cova al gobierno, con lo cual muchas cargas se habrían enderezado en el camino con amplitud y buena fe, que de mi parte no faltaban. Ortega optó por viajar esa misma tarde del viernes a su casa en Paraguaná, Estado Falcón, manteniéndose fuera del alcance de las comunicaciones telefónicas. Hoy sufre los rigores del exilio.

El Salón Ayacucho estaba tan lleno, que muchos debieron permanecer de pie en los pasillos. El ambiente era de euforia. No hubo invitaciones previas, salvo el llamado a algunos dirigentes nacionales y se dio flexibilidad de acceso a quienes quisieron asistir para respaldar la etapa que se iniciaba. En el camino entre el Despacho Presidencial y el Salón Ayacucho se decidió que Daniel Romero diera lectura al Decreto de constitución del Gobierno de Transición y de Unidad Nacional; además, hablé con Leopoldo Martínez para ratificarle mi deseo de que ocupara el Ministerio de Finanzas, que aceptó. Era la demostración que no había un plan premeditado, pues de lo contrario habrían estado conformados con anticipación los equipos que asumirían la conducción del país.

Al ingresar al Salón, la audiencia me recibió con nutridos aplausos, explicables después de tanta lucha y sufrimiento. Tomé asiento en el escritorio presidencial, sin haber podido revisar con anterioridad el ceremonial del acto, vi a mano izquierda la representación civil y algunos de los integrantes del futuro Gabinete y a mano derecha la representación militar, en la cual destacaban el Vicealmirante Ramírez Pérez y los Generales Vásquez Velasco, Alfonzo Martínez, Pedro Pereira, Enrique Medina Gómez y el Vicealmirante Quevedo Moreno. Algunos adversarios insinuaron que el óleo de El Libertador había sido retirado del escenario como una actitud antibolivariana, a lo cual debo decir que jamás habría ordenado retirar a la figura a quien siempre he admirado fervientemente, como lo demuestra la extensa bibliografía bolivariana en mi biblioteca, pero nunca con el sentido sacrílego que ha hecho Chávez de su nombre, para avalar un proyecto político excluyente y totalitario. Después supe que durante el arreglo del salón el cuadro se había desprendido y que había sido momentáneamente colocado en otro lugar. De seguidas, al ver que mi esposa e hijo se encontraban en la fila posterior, me levanté y les ofrecí un beso afectuoso. Se inició entonces el acto con la lectura del Decreto y a decir verdad, cada artículo que se leía, generaba encendidos aplausos.

Luego vino la etapa de las firmas por parte de representantes de la sociedad civil. Suscribieron el Cardenal Ignacio Velasco, el Primer Vicepresidente de Fedecámaras y sucesor mío en la presidencia de la institución, Carlos Fernández, Miguel Ángel Martínez en representación de los medios de comunicación, José Curiel, Secretario General de COPEI en nombre de las organizaciones políticas, el Gobernador Manuel Rosales del Estado Zulia en representación de las regiones, Julio Brazón, Presidente de Consecomercio e Ignacio Salvatierra, Presidente de la Asociación Bancaria Nacional, Luis Henrique Ball, Presidente del Consejo Empresarial Venezuela-Estados Unidos y Rocío Guijarro en representación de las ONG´s, pero hubo omisiones o ausencias que resaltaron, especialmente la de la CTV y por ello el maestro de ceremonias disculpó a Alfredo Ramos al momento de la firma, indicando que se encontraba atendiendo una llamada. Habría sido mejor que las rúbricas se recogiesen al final del acto y no singularizar el llamado a un grupo de personas. Pero no era ya posible corregir un ceremonial que estaba en marcha.

Juré al cargo de Presidente del Gobierno de Transición Democrática y de Unidad Nacional en forma heterodoxa, pues no lo hice ante los Poderes constituidos por las razones señaladas, no obstante lo cual es importante dejar registro de las palabras que pronuncié al asumir la Presidencia del Gobierno de Transición, pues me comprometí a la restitución del orden constitucional, en los siguientes términos:

“Yo, Pedro Carmona Estanga, en mi condición de Presidente del Gobierno de Transición de la República de Venezuela, juro ante Dios Todopoderoso, ante la patria y ante todos los venezolanos, restablecer la efectiva vigencia de la Constitución de la República de Venezuela de 1.999, como norma fundamental de nuestro ordenamiento jurídico y restituir el Estado de Derecho, la gobernabilidad y la libertad del ejercicio de las libertades ciudadanas, así como el respeto a la vida, la justicia, la igualdad y la responsabilidad social”.

Seguidamente, dirigí a la nación unas palabras no escritas, que quise deliberadamente que fueran breves y directas, entre otras para marcar una diferencia con la incontinencia verbal de Chávez. En mi mensaje enfaticé en los siguientes puntos:

• La vocación democrática del Gobierno de Transición, cuyo propósito era conducir al país a la rápida relegitimación de los Poderes por la vía electoral, a través de limpios comicios, para restituir de la institucionalidad democrática.
• La solidaridad con las víctimas de la masacre, el luto nacional y la disposición del gobierno de ayudar económicamente a los familiares de los caídos el día 11.
• La solicitud de apoyo y comprensión de la comunidad internacional, el respeto a la Carta Democrática Interamericana y el pedido de colaboración a la OEA en el restablecimiento del hilo constitucional en la República, a cuyo efecto se solicitaría el envío al país de una misión del organismo.
• El pluralismo que caracterizaría la conformación del equipo de gobierno y el carácter amplio, tolerante y participativo del gobierno de transición, como norma fundamental de conducta.
• El llamado a la calma y a deponer pasiones o actitudes retaliativas. La garantía de la integridad personal del Presidente saliente Hugo Chávez Frías y sus familiares, a quien se mantendría bajo la custodia y responsabilidad de la Fuerza Armada, mientras se decidía su posible traslado al exterior.
• La reafirmación de que no se estaba en presencia de un golpe de estado, sino de un vacío de poder, derivado de la renuncia anunciada del Presidente de la República, del abandono de funciones por parte del Vicepresidente Ejecutivo y del alto gobierno y la deslegitimación del régimen en los términos del artículo 350 de la Constitución. Se trataba de una situación de excepción ante las violaciones reiteradas a la Constitución y las Leyes por parte del gobierno y a la condenable masacre ocurrida el día 11, que había cobrado un número importante de víctimas y de heridos.
• La disposición de dar continuidad a las políticas emprendidas por la administración anterior, en la medida en que fuesen de beneficio social y de interés nacional.
• El compromiso de actuación del gobierno provisional apegado a las más exigentes normas éticas y morales y de lucha efectiva contra la corrupción, todo lo cual debía reflejarse en una actuación transparente y en la integración de un equipo de gobierno representativo de todos los estratos de la sociedad.
• La preocupación social del nuevo gobierno y la disposición a la promoción de iniciativas responsables de proyección popular y especialmente en todo cuanto contribuyese a la generación de fuentes de trabajo.
• La restitución en la Presidencia de PDVSA del General Guaicaipuro Lameda y la reposición a sus cargos de los funcionarios despedidos por la administración saliente. La seguridad de suministro energético a los Estados Unidos y a los clientes tradicionales del país y la revisión de algunos compromisos asumidos en materia de facilidades petroleras, aludiendo al caso de Cuba.
• El rechazo a cualquier tipo de excesos o abusos que pudiesen derivarse del estado de ánimo prevaleciente, el pedido de cese de cualquier foco de perturbación del orden público y la disposición de actuar sin espíritu revanchista contra quienes ejercieron el poder hasta ese día y a proceder por las vías jurídicas en los casos que así lo ameritaran.
• El propósito de integrar un Alto Mando Militar de unidad, conforme a los criterios de jerarquía, antigüedad y méritos y de conducir a la nación con un criterio amplio, formando un equipo de equilibrio y concertación bajo la figura de un Pacto de Solidaridad.
• Las seguridades a los Gobernadores, Alcaldes y Legislaturas regionales de que continuarían en sus funciones, salvo casos de absoluta excepción.
• El pedido de apoyo al país, de confianza en el gobierno de transición de que conduciría los destinos del país con un criterio amplio y plural, y de comprensión de la comunidad internacional a las circunstancias especiales por las cuales atravesaba Venezuela.
• La necesidad de evitar confrontaciones, divisiones y luchas entre los venezolanos y de trabajar por la reconciliación y la reunificación nacional.

Pese a las intenciones del nuevo gobierno, recibidas por la audiencia con vítores y apoyadas con la firma del Acta por los asistentes al final del acto y que los mercados mundiales dieron la bienvenida a la transición con significativos repuntes en todos los indicadores y en la calificación de la deuda venezolana, otros actores comenzaron a trabajar activamente desde ese instante para erosionarlo, cuestionando el camino elegido y abonando así el terreno para el reacomodo y reflujo de las fuerzas leales a Chávez.

Confié en el respaldo de la Fuerza Armada y de la sociedad civil, pero muy pronto comenzaron a aflorar inconsistencias, celos y por qué no decirlo, cobardía y codicias. Confié así mismo en la capacidad de comunicación del Vicealmirante Ramírez Pérez con sus colegas militares, la cual, no obstante su rectitud, no ocurrió con la fluidez requerida. Por su parte, el Presidente de la Asamblea Nacional William Lara y el Fiscal General de la República Isaías Rodríguez, quienes mantuvieron total presencia pública, declararon a los medios que Chávez no había renunciado y que se estaba en presencia de un golpe de estado, mientras algunos analistas, como Rafael Poleo y Teodoro Petkoff, manifestaban extemporáneas críticas. Era obvio que en menos de doce horas, sin un plan preconcebido, resultaba imposible que todo estuviese previsto y por ello muchas decisiones eran susceptibles de perfeccionamiento. De mi parte estuve consciente de que se requerían decisiones heroicas y no obstante mi espíritu conciliador, no dudé en asumirlas con coraje y sentido de responsabilidad histórico.

Es fácil hacer juicios a posteriori con criterios sesgados o parciales. Lo importante es que en ese momento se requería rescatar la institucionalidad democrática y tomar medidas que iban más allá del Presidente de la República, pues afectaban a un régimen que había actuado de espaldas al interés de una nación, con una capacidad destructiva sin precedentes y que, como se ha afirmado, se había deslegitimado en su desempeño. En mi descargo, debo afirmar que no tengo vocación autoritaria, pues he sido siempre factor de diálogo y de entendimiento y porque además un dictador no convoca a elecciones inmediatas ni se autolimita en la posibilidad de ser candidato en posteriores comicios. Una trayectoria de vida limpia y de convicciones democráticas no se echa por la borda con un capítulo, por complejo que sea, aun cuando haya que reconocer con humildad los errores u omisiones en que pueda haberse incurrido.

Si alguna característica tuvo el gobierno de transición, para bien o para mal, fue no haber procedido con técnicas de un golpe de estado, pues no se decretó la suspensión de garantías, ni detenciones, ni toque de queda, ni control de los centros neurálgicos, incluyendo el Palacio de Miraflores, pensando que la situación podía manejarse sin un régimen de excepción y porque faltó además al inicio, la unidad en el mando militar. Pese a ello, el chavismo inició una campaña para magnificar la importancia de las pocas órdenes de allanamiento o de breves detenciones ocurridas y manipular algunos excesos espontáneos en esas horas cruciales. Compárese y júzguese con lo ocurrido en Chile el 11 de septiembre de 1973, en el golpe en Venezuela en 1948 o lo que tenía previsto Chávez en sus Decretos de haber triunfado el intento de golpe del 4 de febrero de 1992.

La realidad es que los aislados allanamientos realizados se cumplieron con la presencia de la Fiscalía y tenían como objetivo la requisa de armas o la preservación de informaciones valiosas para el Estado. La noche anterior habían sido destruidos muchos documentos, incluyendo la oficina del General Lucas Rincón, hecho que trató de ser impedido por el Coronel GN Isidro Pérez Villalobos. En el caso del Ministerio del Ambiente se decomisó un lote de armas y luego se hizo una requisa en las instalaciones de Venezolana de Televisión, pues se preveía restablecer el sábado 13 el funcionamiento de la planta. Finalmente, el ex ministro de Relaciones Interiores, Ramón Rodríguez Chacín, fue el único funcionario retenido por unas horas en la sede de la Policía de Baruta, mientras era llevado con todos sus derechos a un Tribunal de Control, como responsable de la política de seguridad del Estado. No me refiero al cacareado incidente del Diputado Tarek William Saab, pues el país sabe que fueron sus vecinos de la Urbanización La Lagunita quienes lo protestaron y que la Policía de Hatillo lo protegió de posibles maltratos y luego lo dejó marchar con las disculpas del caso. Y en cuanto a la manifestación contra la Embajada de Cuba, fue una expresión espontánea aun cuando reprobable en contra de la injerencia de ese país en los asuntos internos de Venezuela, pese a lo cual la condené y ordené su protección; hablé directamente con la esposa del Embajador Sánchez para tranquilizarla y solicité al Canciller designado que después de juramentarse hiciera acto de presencia en la Embajada para garantizar sus derechos e inmunidades. El Alcalde de Baruta Enrique Carriles se apersonó en el lugar y proporcionó información pública sobre los hechos.

La noche del viernes logré comunicarme con el Gobernador del Estado Aragua, Didalco Bolívar, con quien siempre mantuve una buena relación, al igual que con su esposa Marieta, pues sabía que había intentado telefonearme, preocupado por la hostilidad de algunos adversarios suyos en Maracay, entre los cuales se encontraban dirigentes gremiales, así como por el alcance del Decreto en relación con los Gobernadores. Le manifesté a Bolívar mi desacuerdo con cualquier presión indebida que tratara de ejercerse desde la sociedad civil contra mandatarios regionales, como ocurrió también en el Estado Táchira, pero allí el Gobernador Blanco La Cruz entregó la gobernación a un militar de apellido Iriarte. Le insistí a Didalco que los Gobernadores permanecerían en sus funciones y que se les respetaría, confiando que ejerciesen sus funciones en forma constructiva y le exprese el propósito de invitar a los Gobernadores a una reunión en Caracas a más tardar el día lunes 15 de abril, la cual sería convocada de seguidas.

Ello tranquilizó al Gobernador Bolívar y así le solicité que lo informara a sus colegas, algunos de los cuales estaban inquietos, pues pensaron que podían ser destituidos, error de percepción que perjudicó, pese a mi aclaratoria. Lamento que con base en ese malentendido, el Gobernador de Carabobo, Henrique Fernando Salas Feo, a quien me une una vieja amistad, se dedicara a hacer llamadas sin comunicarse conmigo, exhortando a sus colegas a defender a ultranza sus posiciones.

Concluido el acto de instalación del gobierno, a pesar de la fatiga derivada del intenso ritmo de muchos días, recibí a varias personas, entre ellos a miembros del Comité Ejecutivo de Fedecámaras, a algunos militares y no faltó el caso de una persona que en medio de las circunstancias me esperó hasta el final de la jornada para solicitarme apoyo en la solución de un conocido caso sucesoral en el cual se habría cometido en su opinión una gran injusticia. Quedé sorprendido del escaso de sentido de oportunidad de algunos para formular planteamientos personales y por ello, después de oírlo, le respondí que en otra ocasión estaría dispuesto a analizar sus planteamientos, siempre y cuando se encontraran en el marco de la más absoluta legalidad.

Esa misma noche encomendé a uno de los Ministros designados que leyera y clasificara un grupo de cartas que habían sido olvidadas en el Despacho en Miraflores, entre ellas varias cruzadas entre Fidel Castro y Chávez y otras con Sadam Hussein y Kadaffi. Las más importantes eran las de Castro, pues ponían en evidencia lo que es ya obvio: la entrega de Chávez a Fidel y la injerencia cubana en los asuntos internos de Venezuela, que se ha ido profundizando con el correr del tiempo. Alcancé a leer una de ellas, en la cual Castro analizaba y virtualmente transmitía a Chávez instrucciones sobre cómo actuar en escenarios como el Grupo de Río que se celebraba en Costa Rica y en el marco de la OEA. Lamento no haber ordenado esa misma noche poner a resguardo tan comprometedora correspondencia, pero los acontecimientos eran impredecibles. Dichas misivas habrían generado un candente debate posterior sobre la naturaleza de las relaciones entre Chávez y Castro, hoy colocadas en un nivel tal de sumisión, que representan una amenaza continental. ¿Con qué moral critica Chávez en sus discursos la supuesta injerencia de otros países u organismos en asuntos del país, entre ellos de los Estados Unidos, cuando ha claudicado de una manera tan vergonzosa ante los designios del dictador caribeño, Venezuela está penetrada por miles de cubanos y se le permite al Embajador fidelista en Caracas inmiscuirse abiertamente en nuestra política interna?.

Avanzada la noche del viernes supe de la existencia de focos de agitación en algunos puntos de la ciudad y en Guarenas y consulté al General Poggioli sobre su importancia. No parecían tener una dimensión preocupante, pero ya era conocido que ese día, en las cercanías de Fuerte Tiuna, se habían congregado grupos de instigadores al saber de la presencia de Chávez allí y ello movió a la Fuerza Armada, en su calidad de custodia, a trasladarlo a la Base Naval de Turiamo y al día siguiente, a la isla de La Orchila.

Me retiré de Miraflores pasadas las diez de la noche hacia mi residencia en compañía de mi esposa, quien me aguardó en Palacio, pues debía reponer energías. Desde mi casa tuve un nuevo contacto con Poggioli para conocer la situación de orden público, quien de paso me solicitó que hablara con el Dr. Brewer-Carías y conociera sus observaciones al Decreto. Brewer ha escrito con posterioridad su versión sobre los hechos. No refutaré sus comentarios sino con mi propio testimonio, pues siento la mayor consideración por su persona, por encima de las coyunturas políticas, además de reconocerle la lucha casi solitaria que libró en la Asamblea Constituyente y su contribución a la reflexión sobre las salidas a la crisis, siempre dentro de un espíritu democrático.


EL SÁBADO 13 DE ABRIL


“La vida es lo que te va sucediendo, mientras te empeñas en hacer otros planes”.
John Lennon.



Llegué a Palacio a primera hora de la mañana del 13, donde me fueron rendidos de nuevo honores militares, siendo recibido a las puertas del Despacho por el Ministro designado de la Secretaría, quien se esmeraba en mejorar el funcionamiento y organización respecto al día anterior. De seguidas me reuní con Manuel Cova, Secretario General de la CTV y le ofrecí la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, como demostración de voluntad de integrar un equipo plural y buscar la colaboración de un hombre amplio y buen comunicador, como es Cova. El me expresó que no podía darme una respuesta, pues debía consultar con su institución, para lo cual viajaría al encuentro de Ortega en Paraguaná. Le insistí a Cova que le solicitara encarecidamente su regreso a Caracas y se le ofreció de ser necesario un avión privado, de manera de reanudar conversaciones y ampliar consensos que tuvieran como norte el interés nacional, en una coyuntura tan crucial. El quedó a hacerlo, entiendo que viajó a Paraguaná, pero avanzado el día 13 no supe más de él. Sin haber vuelto a hablar con Cova, he seguido su trayectoria al frente de la CTV y en la Mesa de Negociación de la OEA y en función de ello, ratifico mis sentimientos de aprecio hacia sus ejecutorias.

A las 9 a.m. atendí en el Despacho presidencial a los Embajadores de los Estados Unidos, Charles Shapiro y de España, Manuel Biturro de la Torre, quienes desde el día anterior habían tratado sin éxito de establecer un contacto telefónico, dada la congestión y desprogramación de las centrales telefónicas de Miraflores, controladas por la Guardia de Honor. Tan solo en horas de la noche del viernes pude hablar con Shapiro y le manifesté que los recibiría el día sábado. Atendí a los Embajadores en compañía del Canciller designado José Rodríguez Iturbe. La visita tuvo un carácter informativo y no tuvo jamás como propósito la expresión de apoyo o rechazo al nuevo gobierno. Los Embajadores estaban preocupados por la suerte de la institucionalidad democrática, la cual estaba siendo evaluada por la comunidad internacional y el Embajador español, cuyo país ejercía la presidencia de la Unión Europea, me informó sobre el acuerdo suscrito entre ésta y los Estados Unidos, en el cual se afirmaba que la situación excepcional de Venezuela debía conducir en el más breve plazo a la normalización democrática y a elecciones, dando como un hecho la renuncia de Chávez.

Les expresé que esa preocupación era compartida por el gobierno, pues su objetivo era conducir a la normalización democrática del país y como prueba de ello comuniqué la decisión de invocar el artículo 17 de la Carta Democrática Interamericana, para solicitar el apoyo de la OEA al pleno restablecimiento del orden constitucional en el país. Manifesté mi propósito de oficializar esa mañana tal decisión y requerir el envío de una misión integrada por el Secretario General César Gaviria. Ello fue apreciado por los diplomáticos como muestra del propósito de convocar a elecciones, respetar los derechos ciudadanos y buscar el apoyo de la comunidad internacional. Rodríguez Iturbe hizo una lúcida intervención sobre el compromiso del gobierno de transición de llevar desde una breve situación de facto al restablecimiento de la institucionalidad mediante la consulta popular, confirmándome que su concurso sería esencial en el delicado manejo de la política exterior. He negado categóricamente que en esas horas se haya producido injerencia alguna de agentes o gobiernos extranjeros, como lo expresan Chávez y sus acólitos en la Asamblea Nacional, salvo el apoyo brindado por los servicios de inteligencia cubanos en favor del retorno del mandatario al poder.

Al concluir la reunión, Rodríguez Iturbe fue testigo del ofrecimiento hecho a Leonardo Carvajal como Ministro de Educación y de su aceptación. Autoricé a Rodríguez a transmitir a la OEA la invocatoria de la Carta Democrática Interamericana, lo cual aun cuando luzca increíble le tomó varias horas, pues era casi imposible enviar un Fax, así como la decisión de remover al Embajador Valero como Representante ante la OEA. Por último, le solicité comparecer después de juramentarse a la Embajada de Cuba, para asegurarle sus derechos. Más tarde, sorteando las dificultades de comunicación pude hablar con el Secretario General César Gaviria en Washington, a quien comuniqué las intenciones del gobierno provisional y la solicitud de envío a Venezuela de la misión referida. De allí que la visita de Gaviria al país el 15 de abril se haya originado en mi solicitud y no del gobierno de Chávez. De esta iniciativa tenía previsto informar al país en el frustrado acto de juramentación del gabinete en la tarde del sábado 13. Dicho sea de paso, lució que el Embajador Valero actuó con más diligencia en Washington que el Embajador Roy Chaderton en Bogotá, de quien se dice que mantuvo total silencio hasta que no vio asegurado el retorno de Chávez al poder.

Esa mañana recibí también la visita del sacerdote jesuita Mikel De Viana, con quien había sostenido una buena relación, en especial en reuniones o programas que compartimos, al igual que con el Padre Armando Jansen, activo líder de las ONG´s a quien estimo. De Viana me entregó con emotividad una comunicación escrita que conservo, en la cual enfatizaba en la necesidad de asegurar una representación equilibrada en la conformación del gobierno y la atención de los intereses de los sectores más necesitados, cosa que no tuve la menor reserva en garantizarle, pues coincidía claramente con mi propósito de conformar un equipo plural, con orientación de centro y un perfil de alto nivel profesional y ético. Luego lo recibí en mi casa estando detenido, en otro emotivo encuentro.

El Grupo de Río se encontraba reunido en San José de Costa Rica y acordó la convocatoria del Consejo Permanente de la OEA para analizar en días posteriores la situación venezolana. En San José, a cuya reunión pensaba asistir Chávez pero debió desistir del viaje, si bien se produjeron algunas declaraciones individuales de gobernantes respecto a la interrupción del orden constitucional en el país, era claro que la OEA como cuerpo y la comunidad internacional, requerían evaluar la situación imperante. De allí el valor de los contactos telefónicos directos que comencé a realizar con algunos Jefes de Estado y la decisión de apoyarme en la Carta Democrática Interamericana. En todo caso, los principales pronunciamientos iniciales estuvieron dirigidos a solicitar la celebración de prontas elecciones en Venezuela, lo cual era el objetivo primordial de la transición y restituir de manera rápida el orden constitucional.

También esa mañana recibí en el Despacho Presidencial al Secretario General de AD, Rafael Marín, acompañado de algunos directivos de ese partido, a quienes consulté sobre el plazo mínimo para la celebración de las elecciones parlamentarias, como primer paso para el restablecimiento de la legitimidad democrática en la transición. Indagué si consideraban viable un lapso de noventa días para llamar a comicios y su respuesta fue afirmativa. Les aseguré que así sería anunciado. De otra parte, Marín me planteó el deseo de AD de contar con una participación en el Consejo Consultivo de la Presidencia acorde con la representación de ese partido en la Asamblea Nacional, a lo cual manifesté que el Consejo sería plural, que su composición no estaría atada al peso de las organizaciones políticas en el Poder Legislativo y que había que evitar diferencias por su integración, pues más que un criterio de proporcionalidad, convenía que todas las organizaciones tuvieran cabida en un gobierno que tomaría decisiones escuchando al país y a los sectores representados en dicho órgano.

Alrededor de mediodía me reuní en la sala del Consejo de Ministros con los representantes de los medios de comunicación escritos, televisivos y radiales. Estuve acompañado por el Vicealmirante Ramírez Pérez, Ministro designado de la Defensa, el General Rafael Damiani, de Relaciones Interiores y otros colaboradores, para informar a los asistentes sobre las gestiones que se adelantaban ante la OEA, así como sobre la situación existente en materia de orden público nacional y los movimientos que iniciaban en la ciudad de Maracay los grupos afectos a Chávez. Cedí la palabra al VA Ramírez Pérez, quien manifestó que la situación no estaba consolidada desde el punto de vista militar, pues se conocía de los planes del General Raúl Baduel en la capital aragüeña, como también del llamado a manifestaciones de calle en esa ciudad y en la capital de la República, las cuales podrían tener efectos indeseables.

De ninguna manera se solicitó como se ha pretendido hacer ver una autocensura a los medios o que no cubrieran una eventual rueda de prensa de Baduel, sino que se les puso al tanto de una situación explosiva y delicada. Los representantes de medios formularon con amplitud sus comentarios en torno a la situación nacional y transmitieron con toda claridad algunas preocupaciones, como lo hizo Marcel Granier en nombre de los comunicadores, con énfasis en la necesidad de preservar un clima de amplitud y de libertades y de acelerar la convocatoria a elecciones en el más breve plazo.

A dicha reunión llegó con retraso la periodista Patricia Poleo. Al final, públicamente y de la mejor buena fe, le expresé: “Patricia, eres una persona valerosa, representante del papel cumplido por la mujer venezolana en la difícil etapa vivida por el país. Te ofrezco que ocupes la Dirección de la Oficina Central de Información (OCI)”. Patricia no respondió ni afirmativa ni negativamente, pues la tomó por sorpresa, pero la reacción de los asistentes no fue favorable, hasta el punto de sugerirme rápidamente un nombre alternativo. Quizás ello le haya generado resentimientos ajenos a mi voluntad, que luego la llevaron a afirmar que había rechazado el ofrecimiento y que el mismo habría tenido como propósito neutralizarla o comprar su conciencia. Hubo muchos testigos. Cómo se nota que Patricia Poleo tiene otra escuela. Luego publicó una serie de crónicas infames tratando de construir una leyenda negra sobre el gobierno de transición que le generó notoriedad a su periódico “El Nuevo País”. Así terminó la reunión, tras lo cual cada Director de medio, al tanto de la situación y de los retos, adoptó las decisiones que estimó pertinentes según su conciencia.

Avanzaban al mediodía del sábado los preparativos para la juramentación del equipo de gobierno, cuando el Gral. Ovidio Poggioli me informó sobre reacciones derivadas del Decreto, planes de reagrupación de fuerzas leales a Chávez y la situación de orden público. También en esa mañana inicié llamadas a otros Jefes de Estado, para informarles sobre los acontecimientos, intenciones y planes del gobierno de transición.


LA ARREMETIDA CHAVISTA Y LA PÉRDIDA DE MIRAFLORES


“El fracaso no es otra cosa que un cambio temporal de dirección…para reubicarse en la dirección adecuada hacia el próximo éxito”.
Sir Isaac Newton



Cuando ya se congregaban los invitados en Miraflores para el acto de juramentación del Gabinete, ocurrió lo inesperado: la pérdida de control del Palacio de Miraflores y el pedido que me hiciera la Casa Militar de abandonar de inmediato dichas instalaciones por razones de seguridad. El Contralmirante Molina había recibido una llamada del Coronel Gustavo Díaz Vivas notificándole la inminencia de la retoma del Palacio por parte de las fuerzas leales a Chávez. A eso de las 2 p.m., Molina me pidió salir con urgencia del Despacho presidencial, encontrándome en la afinación de los detalles del vital acto que estaba por iniciarse y sin ninguna explicación me dijo: tenemos que dejar el Palacio y acto seguido me pidió colocarme en la puerta dorada del Despacho presidencial y abordar un vehículo que llegó a los pocos segundos.

Una de las estrategias de la Guardia de Honor, guardia pretoriana de Chávez, había sido dejar al Palacio con libre entrada de personas y circulación de vehículos por la Avenida Urdaneta. Se conoce que el plan de retoma del Palacio se encontraba previsto desde tempranas horas de la mañana del sábado 13, mientras que Fuerte Tiuna era objeto de un plan especial para ser ejecutado en horas de la tarde. Lamentablemente, el pedido de cambio de la Guardia de Honor y protección del Palacio no fue atendido por el Ejército, pues tanto los Almirantes Molina Tamayo como Briceño García me confirmaron con posterioridad que sí habían requerido la protección del Palacio y el cambio de la Guardia, pero que ese pedido no obtuvo respuesta. El General Vásquez Velasco tiene mucho que decir a ese respecto y también la Guardia Nacional. Algún tiempo después, Vásquez admitió en una entrevista que he analizado cuidadosamente, que no había dado curso a dicha solicitud, como tampoco a la remoción del General García Carneiro sugerida por altos oficiales, pues consideraba que no debía hacerse ningún cambio en los mandos militares, por no tratarse de un golpe de estado. ¡Qué lamentable actitud de quien tenía una posición fundamental en esos momentos cruciales!

Abordamos un Mercedes Benz sin escoltas, solo con el CA Molina Tamayo y un ayudante que conducía el vehículo y arrancamos sin demora. Ambos se ubicaron en los asientos delanteros, se quitaron sus guerreras para pasar inadvertidos en el barrio de La Pastora y tomamos por la Avenida Baralt y la Cota Mil hacia el este de la ciudad. Molina Tamayo me dijo: “perdone la precipitación, pero tenemos el deber de preservar su integridad como cabeza del gobierno de transición” y me indicó que se tomarían previsiones para que la juramentación del Gabinete pudiese hacerse en Fuerte Tiuna, trasladando en autobuses a las personas involucradas. Ya en el vehículo, me pidieron que me inclinara para no evidenciar mi presencia en esa zona de la ciudad. Era un hecho que se convocaba a los círculos “bolivarianos” como lo testifica el dirigente comunista Guillermo García Ponce, miembro del Comando Táctico de la Revolución, quien en su libro “El golpe del 11 de abril” relata los movimientos e instrucciones que se dieron para reunir a los grupos violentos al centro de Caracas y crear rápidamente enlaces con otros, en lo cual colaboró activamente el hermano del Presidente, Adán Chávez.

Los hechos descritos confirman que no se manejó la situación con criterios de un golpe de estado, pues se mantuvieron las garantías constitucionales, no hubo toque de queda, ni control de los centros álgidos de la nación o detención de los principales dirigentes del régimen. Las fuerzas oficialistas comenzaron a movilizar gente hacia las puertas de Fuerte Tiuna y en Maracay frente al Cuartel Páez y planeaban una manifestación el día domingo 14. Según afirma García Ponce, la consigna era movilizar los círculos bolivarianos y al pueblo frente a los cuarteles y en la calle. Algunos cabecillas del chavismo propagaron la consigna de que Chávez no había renunciado, que estaba preso, que se trataba de un golpe y que se ocultaba la verdad para favorecer la “conspiración golpista”. Se afirma además que los círculos violentos intensificaron su movilización en los barrios y que algunos habían sido trasladados hacia Caracas desde poblaciones vecinas. Los tres centros en los cuales se concentró la estrategia del retorno de Chávez fueron el Regimiento de Paracaidistas de Maracay, algunos batallones del área metropolitana de Caracas y el Regimiento de la Guardia de Honor Presidencial.

Después de salir de Miraflores fue necesario aguardar en el este de la ciudad mientras se confirmaba la situación imperante en Fuerte Tiuna. Al cabo de un rato, tomamos rumbo hacia el Fuerte por la vía de Prados del Este y la Urbanización Cumbres de Curumo, por cuya puerta ingresamos. En el trayecto llamé al General Carlos Alfonzo Martínez, a quién le ratifiqué mi decisión de designarlo Comandante General de la Guardia Nacional. Le indiqué que estaba en camino a Fuerte Tiuna y que allí nos reuniríamos para formalizar designaciones impostergables en el Alto Mando. No hubo de su parte respuesta en contrario. En fecha ulterior, a raíz del injusto proceso que se le sigue, Alfonzo declaró --en una comprensible postura defensiva-- que me habría manifestado que a él no se le manipulaba, cosa que jamás ocurrió y que había tratado de verme el día viernes pero que no le había sido posible, pues la Casa Militar no le había permitido el acceso. Quienes estuvieron en Miraflores el viernes 12 saben que el ingreso al Palacio y al Despacho fue flexible y nadie me informó de esa iniciativa. A partir del sábado, la Casa Militar y la Secretaría de la Presidencia sí trataron de reestablecer el orden, sin limitar la puerta franca al Palacio, circunstancia que facilitó la tarea de quienes desde tempranas horas trabajaban en la recuperación de la sede del Poder Ejecutivo.

Pocos minutos después de mi salida de Palacio se produjo la toma de Miraflores por parte del primero y segundo Comandantes del regimiento Guardia de Honor, Coronel Celso Canelones y Teniente Coronel Jesús Morao Cardona, en una acción que tuvo conexión con la Brigada de Paracaidistas de Maracay a cargo del General Raúl Baduel. Muchas de las personas presentes para asistir a la juramentación del gabinete ministerial pudieron salir del Palacio a pie o en sus vehículos y algunos fueron objeto de acoso verbal por integrantes de los círculos bolivarianos, sin agresiones que lamentar. Pero un grupo de unas quince personas y de empleados administrativos decidieron permanecer en Palacio bajo la indicación de que allí estarían mejor protegidos, quedando retenidos en los sótanos hasta el día siguiente, 14 en la mañana, cuando fueron trasladados por gestiones del Comandante Morao y de la Fiscalía en autobús hasta el Hotel Tamanaco y allí liberados, no sin antes vivir momentos inciertos, especialmente las damas y familiares, pues fueron objeto de hostilidad por parte de allegados al oficialismo que hacían presencia en Miraflores. Se comentó que la retención de ese grupo de personas habría tenido también como propósito formar un escudo humano si se producía un ataque al Palacio. El manejo aplomado de la situación tuvo como actores al Almirante Briceño García y a los Dres. Raúl de Armas y Benigno Alarcón. Dos días después pudieron retirarse los vehículos que habían quedado estacionados en Palacio, y posteriormente varios de los firmantes del Acta o de los integrantes del Gabinete del Gobierno provisional, fueron llamados a rendir declaraciones en la Fiscalía.

A partir de las 4 p.m comenzaron a hacerse presente en Miraflores altos funcionarios del gobierno de Chávez y colaboradores políticos, algunos de los cuales hicieron su entrada al Palacio a través de los túneles que comunican a Miraflores con el Palacio Blanco, ubicado al frente y con el Cuartel del Regimiento de la Guardia de Honor. Fue en esos momentos cuando José Vicente Rangel llamó al General Vásquez Velasco para felicitarlo por el pronunciamiento hecho en la rueda de prensa de ese día y le solicitó que se le permitiera dirigirse a Miraflores, ante lo cual la actuación de Vásquez fue débil y ello facilitó completar la retoma del poder por parte de las fuerzas allegadas a Chávez.

El General Raúl Baduel, Comandante de la Brigada de Paracaidistas con sede en Maracay jugó un papel protagónico en el movimiento para el retorno de Chávez, no obstante una actitud inicial insegura, destacada por el General Vásquez Velasco, quien nunca habló directamente con él sino con su Jefe, el General Verde Graterol. Baduel ha dicho que a primera hora de la mañana del 13 recibió una llamada del Comandante Arias Cárdenas, su compañero de golpe en 1992 y de juramento en el Samán de Güere en 1982. Arias Cárdenas alentó a Baduel para que liderara el movimiento militar que facilitó el regreso de Chávez y así ha quedado confirmado en varios testimonios. Ello pone en evidencia que pese a las diferencias, a la hora de la verdad las aguas vuelven a su cauce y que Arias, que fue candidato contra Chávez en el 2000, se realineó momentáneamente con su antiguo compañero, oyó cantos de sirena para obtener su apoyo y se le mencionó como candidato a la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, todo lo cual ha deteriorado su credibilidad. Baduel, luego premiado con la Comandancia General del Ejército, es considerado por sus colegas como un hombre sin respetabilidad ni ascendencia y según el General Pedro Pereira, “es peor que el propio Chávez”.

Según Baduel, en la mañana del sábado estaba resuelto a no aceptar el gobierno de transición y a desconocer a Vásquez Velasco y a los militares declarados en rebeldía contra el gobierno. Reconoció su amistad con Chávez y manifestó que adoptó esa actitud en conocimiento de que Chávez no había renunciado, negando el valor del anuncio hecho por Lucas Rincón. Agrega Baduel que se constituyó un equipo de mando de la “Operación de Rescate de la Dignidad Nacional”, apoyado por un grupo de oficiales, entre ellos el General Julio García Montoya, otro de los prohombres del chavismo, el Gral. FAV Pedro Torres Finol, el Gral FAV Luis Acevedo Quintero, ex Inspector General de la Aviación, el General Verde Graterol, Comandante de la Cuarta División de Maracay, el General Alí Uzcátegui y los Almirantes Luis Acevedo Quintero y Maniglia, algunos de los cuales habían sido relevados de funciones y ahora ocupan destacadas posiciones. El propósito era, según lo expresaron, buscar “la restitución del orden constitucional”, controlar a la Policía Metropolitana, evitar la confrontación entre las unidades militares y provocar la renuncia del gobierno provisional.

Añade el General Baduel que estableció conexión con el Comandante Morao, de la Guardia de Honor, a quien le dio cerca de mediodía del sábado 13 su aprobación para la ejecución del plan de retoma del Palacio de Miraflores. Ya habían logrado movilizar en Maracay a los círculos bolivarianos frente al Cuartel Páez, los cuales coreaban consignas pro chavistas. Además, se había coordinado con el General García Carneiro la toma posterior de Fuerte Tiuna y finalmente el rescate de Chávez en la Isla de la Orchila, al mando del General Uzcátegui y de un Almirante Camejo, operativo que según Baduel no encontró resistencias. El otro actor protagónico en el retorno de Chávez, el General García Carneiro, nombrado luego de los eventos Comandante General del Ejército y Ministro de la Defensa en premio a sus actuaciones, en las horas críticas del 12 de abril se colocó bajo el ala del General Vásquez Velasco, según testimonio público de este y le dijo: “General protéjame porque la tropa no me quiere, déjeme que me vean a su lado y yo le seré leal hasta la muerte”. El General Vásquez Velasco destaca que le reprochó su falta de dignidad y que García se encerró en un baño hasta la madrugada. ¡Qué actitud tan vergonzante!. Pero fue ratificado en el cargo.

Chávez tuvo alguna información sobre las acciones de Baduel y a las 2:45 p.m. del sábado 13 logró con la colaboración de un soldado sacar de la Base Naval de Turiamo un papel manuscrito en el cual manifestaba que no había renunciado, el cual circuló ampliamente a través del fax. Partidarios de Chávez confirman que éste tuvo contacto con García Carneiro, quien junto a los Generales García Montoya, Baduel y Silva, los Coroneles Montilla, Granadillo Perozo y los oficiales de la Guardia de Honor, lideraron el movimiento que llevó de vuelta a Chávez al poder, ayudados por el clima de desunión que reinaba en el Ejército y en la civilidad. Se sabe que los Generales González González y Luis Hermógenes Castillo trataron de detener al General García Carneiro o lograr su remoción, pero ello no fue posible, porque como se dijo, el General Vázquez Velasco impidió que se produjera algún cambio en los mandos del Ejército.

En Fuerte Tiuna la situación era tensa esa tarde del sábado 13. Al llegar allí, alrededor de las 2:50 p.m., me dirigí a la oficina del Inspector General de las FAN. Solicité llamar al General Vásquez Velasco para que se hiciera presente, con el fin de considerar juntos los anuncios que habrían de hacerse al país, pero se me informó que estaba reunido con oficiales del Ejército y que solo podría hacerlo después de una rueda de prensa que preparaba para la fijación de posición por parte de esa Fuerza. Manifesté mi desacuerdo con el anuncio e insistí en su presencia, ante lo cual Vásquez envió como emisario al General García Ordóñez, para recibir la información. A este le manifesté que deseaba que se hicieran anuncios consensuados en la modificación del Decreto y que por ello Vásquez debía apersonarse. García Ordóñez me escuchó con cierto aire de superioridad y se retiró a la Comandancia para transmitir mi solicitud a Vásquez Velasco, la cual lamentablemente no fue atendida.

De allí que con pesar, no pueda omitir en esta obra mi opinión de que el General Vásquez Velasco representó, quizás sin meditarlo, un factor fundamental en el retorno de Chávez, impulsado por diversos actores, unos civiles como el caso del Dr. Hermann Escarrá, quien lo acosó con argumentos jurídicos, otros de la esfera militar que lo presionaron, especialmente los oficiales allegados a Chávez. Se conoce que antes de la rueda de prensa, el General de División Navarro Chacón le insistió a Vásquez en dos ocasiones en no hacer el anuncio, pues la rectificación del Decreto estaba lista, pero este no lo escuchó. Tampoco oyó a los Generales Ovidio Poggioli y Guaicaipuro Lameda, así como a otros oficiales que trataron de que entrara en razón. Al final fue emplazado por oficiales pro chavistas, algunos de los cuales pidieron ver la renuncia escrita de Chávez. El propio García Carneiro ha testimoniado que cuando vio vacilar a Vásquez Velasco lo conminó a regresar al salón previsto para la rueda de prensa, a sentarse, pronunciarse y concluir así el objetivo de la reunión. Lo lógico habría sido que juntos, como yo lo proponía, con la cúpula militar en pleno, se anunciara la rectificación del Decreto, que el mismo Vásquez manifestó que le satisfizo y que después se reuniera con los comandantes de guarnición con hechos en la mano y un sentido de afirmación de la transición, con lo cual el giro de los acontecimientos habría sido otro. Si en última instancia se hubiese considerado conveniente un cambio, yo habría sido el primero en allanar el camino, pero es imperdonable haber provocado la vuelta de Chávez al poder.

Fue así pues como, en la tarde del sábado 13, el país presenció por televisión la rueda de prensa del General Vásquez Velasco, rodeado de esa heterogénea pléyade de oficiales, algunos de los cuales le entregaban papelitos para que se mantuviera dentro del guión de lo que aspiraban que se dijera. Ello generó una matriz de opinión negativa, pues se interpretó como el retiro de apoyo del Ejército al gobierno de transición, lo cual alentó con más determinación a los partidarios de Chávez. El comunicado pedía la restitución del funcionamiento de los Órganos del Poder Público y a ello se condicionaba el apoyo al gobierno provisional. Las otras Fuerzas no participaron del pronunciamiento, pero sospecho que el General Carlos Alfonzo Martínez coincidió con el acto y sus alcances.

De esa manera, el Ejército infringió un sórdido golpe al gobierno de transición, segundo tras la pérdida del control del Palacio de Miraflores, marcando el principio del fin. Tan es así que después del infortunado pronunciamiento, varios oficiales partidarios de Chávez manifestaron: “la misión está cumplida, el resto del operativo para el restablecimiento del gobierno es cuestión de detalles y de horas”. Entre ellos estaba García Carneiro, el mismo que antes había pedido indignamente a Vásquez Velasco: “déjeme sentarme a su lado...yo le seré leal hasta la muerte” y quien pese a todo había sido ratificado en su cargo. García Carneiro desconoció luego a Vásquez Velasco y se convirtió en su principal detractor. Fue por ello lamentable que cuando algunos oficiales recomendaron transferir a dicho oficial de la posición clave que ostentaba, Vásquez se haya negado. Así, ese día 13 el mandado estaba hecho, a la medida de lo que aspiraba el grupo de Baduel, García Carneiro, García Montoya y compañía.

Antes de ello, alrededor de las 3 p.m., recibí en el Fuerte la visita de Teodoro Petkoff, con quien había mantenido buena relación durante su gestión como Ministro de Planificación de Caldera, durante el cual coordinó con éxito la difícil tarea de la reforma laboral y de la seguridad social, tarea a la cual di mi decidida contribución. Teodoro me alentó después a aceptar el ofrecimiento ministerial que tuvo a bien hacerme el Presidente Caldera, que decliné, pero mantuvimos una buena sinergia. Luego le brindé un apoyo desinteresado en la fundación del diario Tal Cual, animando a varios a apoyar la iniciativa y en marzo del 2002 solicité su colaboración en la redacción de las Bases del Acuerdo Democrático entre Fedecámaras y la CTV. También recuerdo que durante el empalme entre Caldera y Chávez lo visité saber de la marcha del proceso y las caras del nuevo gobierno, sobre lo cual me expresó: “El equipo que verás nada tiene que ver con la izquierda lúcida que conoces. La gente que asumirá el poder está sacada de los baúles de los 60. Son de una izquierda que nunca encontró espacios, impreparada y dogmática, la izquierda que yo llamo borbónica, que ni olvida ni aprende”. Siempre recuerdo esa premonitoria expresión de Teodoro, que se ha cumplido cabalmente.

Pese a ello, el día anterior Petkoff había emitido opiniones prejuiciadas en relación con la transición, antes del anuncio del Decreto, las cuales aún lamento y que atribuyo a los sentimientos cruzados en su postura respecto al gobierno de Chávez o a trasfondos ideológicos, pues Teodoro conoce de mi seriedad y sabía que llamaría a integrar el equipo ministerial a gente honesta, algunos de ellos cercanos a él. Deseo por ello de veras que sea incierta la versión de que Teodoro protegió a José Vicente Rangel el 11 de abril. Pues bien, en la conversación en Fuerte Tiuna, Petkoff me expresó su desacuerdo con el Decreto y la suspensión de los Poderes y me solicitó rectificarlo. Le indiqué que pese a su validez, estaba decidido a hacerlo en aras del interés nacional y para evitar discrepancias. Fue así como solicité al Dr. Gustavo Linares Benzo, jurista a quien respeto, que ayudara a la redacción del proyecto de modificación del Decreto.

De inmediato me dirigí al país, casi al tiempo de la rueda de prensa de Vásquez Velasco, con las limitaciones de comunicación que prevalecían en Fuerte Tiuna, pues los canales de televisión no tenían instalado sistema de microondas en el Fuerte. La rectificación se sustentó en la necesidad de convocar a todos los factores sociales del país, reconociendo a la Asamblea Nacional como escenario propicio para ello. Con esas consideraciones se enmendó el Acta de Constitución del Gobierno de Transición, en los siguientes términos, anunciados personalmente por mí a la nación:


“Pedro Carmona Estanga
Presidente del Gobierno de Transición

De acuerdo con lo previsto en el Artículo 236, numeral 9 de la Constitución y el Acta de Constitución del Gobierno de Transición Democrática y de Unidad Nacional

Considerando:

Que es necesario, de acuerdo con los propósitos de reunificación nacional del gobierno Transitorio, convocar a todos los factores sociales existente en el país;
Que el escenario propicio para ello es la Asamblea Nacional;
Que es necesario evitar la confrontación entre los venezolanos;

Decreto:

Artículo 1. Se modifican los artículos pertinentes del Acta de Constitución del Gobierno de Transición Democrática y de Unidad Nacional, y se convoca a la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias para esta misma fecha, a los efectos de juramentar al nuevo Presidente de la República, restablecer su funcionamiento ordinario y que proceda a designar a los titulares de los Órganos del Poder Público. Los actuales funcionarios continuarán en el ejercicio de sus cargos hasta que se produzca tal designación.

Dado y firmado en el Palacio de Miraflores, a los trece (13) días del mes de abril de 2002. Años 191 de la Independencia y 143 de la Federación”.


Concretado ese paso crucial y contando con la presencia de la alta oficialidad en el Despacho donde me encontraba, promoví una reunión para definir la integración del Alto Mando Militar y escoger a un Ministro de la Defensa que afirmara la unidad de mando. Fue una reunión clave pero tardía. Vásquez Velasco indicó que la rectificación del Decreto satisfacía las inquietudes del Ejército y se incorporó a la reunión. Subsistían diferencias de opinión en cuanto a la integración del Alto Mando y ante ello recuerdo una intervención del General Guaicaipuro Lameda, quien increpó a sus colegas diciéndoles: “Señores, ¿no les da vergüenza con el Doctor Carmona?; ¿cómo es posible que afloren la desunión o aspiraciones por encima de los intereses del país, en un momento histórico tan complejo para la nación?. Dicho sea de paso, guardo una buena impresión de las actuaciones del General Lameda en esas horas, pues se mostró firme y sensato. Quizás por ello se alejó de Chávez. Por su parte, el VA Ramírez Pérez destacó la necesidad de la unidad de criterio y de mando y su desprendimiento para facilitar el camino hacia el consenso, señalando su disposición a declinar el ofrecimiento que le había hecho para el Ministerio de la Defensa y que, si era necesario, estaría dispuesto a asumir cualquier función subalterna, gesto que lo enaltece.

De seguidas, propicié la consulta en torno al nombre de un oficial del Ejército que concitara la unidad y reconocimiento de para ocupar la Cartera de la Defensa, ante lo cual, no obstante las íntimas aspiraciones del General Vásquez Velasco, surgió el nombre del General de División Antonio José Navarro Chacón, Contralor General de las FAN y el más antiguo, quien mereció total apoyo y aceptó asumir la delicada responsabilidad. De inmediato se lograron consensos adicionales para que el VA Ramírez Pérez ocupara la Inspectoría General de las FAN y sobre los nombres de los Generales Efraín Vásquez Velasco para la Comandancia General del Ejército, Carlos Alfonzo Martínez para la Guardia Nacional, a quienes ya se los había propuesto, así como el General de División AV Gabriel Chacón Quintana como Comandante General de la Fuerza Aérea y el Vicealmirante Vicente Quevedo Moreno como Comandante General de la Armada. Se agregó así mismo el nombre del General de División Ej. Manuel Antonio Rosendo como Comandante del Comando Unificado de la Fuerza Armada Nacional N° 1.

Así como es justo reconocer el desprendimiento del VA Ramírez Pérez, debo destacar la postura asumida por el General de División Av. Pedro Pereira Olivares, quien no tuvo reservas en ceder el liderazgo al General Chacón Quintana. Del General Pereira conservo el recuerdo de un oficial honorable, cuya actuación en esas horas fue determinante pues mantuvo el control de la Fuerza Aérea. Después confirmó su rectitud en la interpelación ante la Asamblea Nacional. Por ello prefiero ignorar unas declaraciones ulteriores menos felices al diario El Nacional, diciendo que no sabía quién me había ofrecido la Presidencia, para así no afectar la buena imagen que de dicho oficial me he formado. Ojalá que él pueda elaborar más hacia futuro sobre la presunción de que un grupo de oficiales afectos a Chávez se habría prestado para protagonizar un autogolpe, uno de cuyos indicios sería la celebración el 12 de abril de una reunión en Maracay entre varios de los comprometidos con el retorno, incluyendo a Baduel, varios de los Comandantes de Fuerza renunciantes y el General Lucas Rincón.

De esa manera quedó definido, avanzada la tarde del sábado 13 el Alto Mando Militar, con criterios de jerarquía, antigüedad y méritos, con lo cual se hacía posible restablecer la unidad de mando y el control de la situación, pero había transcurrido un tiempo vital, que fue aprovechado por las fuerzas contrarias para reagruparse y recuperar posiciones. Se analizó de inmediato con el Alto Mando escogido la necesidad de anunciar al país medidas que aseguraran la unidad y el control del orden público y se habló de eventuales medidas en caso de deteriorarse la situación del orden interno. Había quedado en suspenso, como se dijo, la juramentación del nuevo Gabinete y otros importantes anuncios, lo cual impidió para mi pesar que el país y el mundo tuviesen una visión de conjunto que habría sido vital en esas horas cruciales.

El Cardenal Ignacio Velasco fue invitado esa tarde a Fuerte Tiuna para solicitarle, con respeto a su investidura, que encabezara una misión a La Orchila a fin de parlamentar con Hugo Chávez y transmitirle la decisión del gobierno de transición y del Alto Mando de garantizarle su traslado al exterior, como había sido su deseo. En el estamento castrense había ya finalmente convicción de que eso era lo más conveniente. El helicóptero dispuesto para ese efecto terminó en condiciones inoperativas, quizás saboteado, al igual que el Boeing 737 presidencial, el famoso “camastrón” como lo denominaba Chávez para justificar la adquisición del lujoso Airbus para uso de la Presidencia. Finalmente, la misión abordó un jet privado gestionado por el Ministerio de la Defensa sin compromiso de su dueño, el empresario Víctor Gil Ramírez. Acompañaron al Cardenal Velasco el General José Esteban Godoy Peña, Director de Recursos Humanos del Ministerio de la Defensa, el Contralmirante Shieto Romero, Jefe de la Estación Naval de La Orchila y el Coronel Julio Rodríguez Salas. Con anterioridad, cerca de las 2 p.m., por instrucciones del VA Ramírez Pérez y del CA Daniel Comisso, el Coronel GN Isidro Pérez Villalobos, un Capitán Blondel del Ejército y otro oficial, le plantearon al General Carlos Alfonzo Martínez el envío de un Grupo de Comando de la Guardia Nacional para reforzar el Grupo de la Armada en la isla de la Orchila y evitar una posible operación comando cubana para rescatar a Chávez, pero Alfonzo se negó y en una actitud ambigua se refería al “Señor Presidente Chávez”.

La llegada de la misión a La Orchila se demoró hasta el anochecer, tras lo cual se informó a Chávez sobre la garantía para su salida del país, satisfaciendo así la condición para perfeccionar su renuncia. El Coronel Rodríguez Salas llevaba un texto de carta, en la tónica de lo que Chávez estuvo dispuesto a firmar ante el Alto Mando. Según el testimonio del Coronel Rodríguez, Chávez le expresó que en lugar de la renuncia consideraría la opción del abandono del cargo, lo cual alteraba lo antes planteado. Rodríguez Salas, militar y abogado, protagonista de esos históricos momentos, relata que cuando Chávez le propuso esa variante, realizó consultas y habló de nuevo con él para modificar el texto, procurando allanar el camino para que firmara y a tal efecto agregó la expresión “abandono del cargo”. Chávez decidió escribir una versión en manuscrito, que se conserva, incorporando el pedido de Rodríguez Salas de remover del cargo al Vicepresidente Ejecutivo de la República Diosdado Cabello. Se sabe que el oficial que quedó encargado de pasar el texto en limpio en una computadora lo demoró deliberadamente. Comenta el Coronel Rodríguez Salas que Chávez estaba en esos momentos destrozado anímicamente y que lo vio llorar.

Cuando Chávez estaba ya dispuesto a firmar, habiendo transcurrido un tiempo mayor del estimado, cambió de nuevo la dirección del viento. A través de un oficial de la Base, Chávez tuvo información sobre la recuperación del Palacio, el pronunciamiento de Vásquez Velasco y la acción cumplida por los Generales Baduel y García Carneiro. En esas circunstancias, Chávez no estuvo ya dispuesto a firmar ni a salir al exterior. Además, la tripulación del avión había definido un tiempo máximo de permanencia en la isla que fue excedido y ante el temor que ocasionó un helicóptero militar que se aproximaba, decidieron despegar dejando en tierra a los integrantes de la misión. Rodríguez Salas comentó que si ya no disponía la aeronave para la salida de Chávez y se había modificado la situación en el país, ya no tenía sentido insistir en la firma de la carta de renuncia o en el abandono del cargo. Se había consumado ya mi dimisión en la capital, así como la retoma de Fuerte Tiuna por las fuerzas leales a Chávez. Poco después, José Vicente Rangel conversó desde dicho Fuerte con Chávez a través del celular del Coronel Rodríguez. Coincidencialmente, yo era testigo desde el Despacho del Inspector General de la FAN, del contacto entre los dos actores principales del régimen que retornaba, para mi tristeza y de la mayoría de la nación y del mundo.

A partir de ese momento, la conversación entre Chávez y el Cardenal Velasco se orientó hacia una reflexión por parte de aquel, a pedir perdón, expresar propósitos de enmienda y a formular promesas de que modificaría su actitud ante el país. El Cardenal Velasco actuó fundamentalmente como un confesor. El propio Chávez expresó que en aquellos momentos, con el mar y las estrellas como marco, en ese hermoso lugar del territorio caribe-insular de Venezuela, meditó, lloró y se arrepintió de muchas de sus faltas. ¡Lágrimas de cocodrilo!. Después, Chávez se negó a asistir a las exequias del Cardenal Velasco, Príncipe de la Iglesia y ha arremetido sistemáticamente contra su memoria y contra la jerarquía eclesiástica. Duró poco el arrepentimiento, ya que luego también se acentuó el atropello y desprecio hacia la disidencia y se reafirmaron sus actitudes contrarias a las normas más elementales de la democracia.

Recuerdo que estando bajo detención domiciliaria, hablé brevemente por teléfono con Monseñor Baltasar Porras, Presidente de la Conferencia Episcopal para saludarlo y me expresó: “las agresiones de los grupos afectos al gobierno en Mérida son crecientes, hasta el punto de verme forzado a permanecer por un tiempo en Caracas, pues hasta lanzan piedras e insultan a los empleados del Arzobispado”. Ante ello le pregunté: pero Monseñor, ¿Y Chávez no se le arrodilló, le pidió que lo bendijera y perdonara por sus faltas, además de haber solicitado su protección?, a lo cual exclamó: “No Doctor, las cosas están peor que antes”. Así se confirma la poca seriedad de las promesas de Chávez y la falta de credibilidad que generan, como se ha visto reafirmado en tiempos recientes con el manejo del referéndum. Recuérdese que en esos días de abril, Chávez expresó: “estoy dispuesto a someterme a un referéndum, pero revocatorio; esperen, organícense para agosto del 2003” y ya sabemos de las manipulaciones que se propician desde el oficialismo para ganar tiempo o impedirlo, no obstante las previsiones expresas de la Constitución y los compromisos asumidos ante la comunidad internacional.


MI RENUNCIA Y EL RETORNO DE CHÁVEZ


“Hay tres cosas que nunca vuelven atrás: la palabra pronunciada, la flecha lanzada y la oportunidad perdida”.
Aforismo chino.



En medio de los episodios de ese día 13 en la noche, ocurrió el acto írrito propiciado por el Presidente de la Asamblea Nacional, William Lara, en el cual juramentó al Vicepresidente Diosdado Cabello como Presidente Interino, quien se encontraba oculto en un lugar desde donde, según sus palabras, dirigía operaciones para comunicar a la prensa y al mundo que Chávez no había renunciado. Ante esa realidad, decidí acatar la decisión, a lo cual coadyuvó la ambigüedad que percibí en los momentos álgidos en algunos representantes castrenses, no solo Vásquez Velasco, sino el General Alfonzo Martínez, quien se notaba nervioso, confundido, plegado a Vásquez, hasta llegar a insinuar mi renuncia. Todo ello me produjo decepción, pues veía consumarse el retorno de Chávez y sus terribles consecuencias. El General Alfonzo es ahora víctima ahora de la implacable sed de venganza de las fuerzas oficialistas, en abierta violación al estado de derecho, en tanto que el General Vásquez Velasco fue el único oficial a quien le fue restaurada por el TSJ su condición de oficial activo, pero luego fue pasado al retiro y es hoy un perseguido del régimen.

Al General Vásquez no le niego posiciones valerosas, pero no es menos cierto que él mismo declaró en una entrevista televisiva, que inmediatamente después de su rueda de prensa del sábado 13, recibió una llamada de José Vicente Rangel elogiando el pronunciamiento del Ejército, además de solicitarle que se le permitiera ir a Miraflores, ya recuperado por los oficiales leales a Chávez, a lo cual accedió, no sin antes advertirle sobre ciertos riesgos fuera de su control. Rangel inquirió sobre cuál sería el siguiente paso y Vásquez Velasco le respondió que él creía que el Presidente del TSJ Iván Rincón, debía dirigir el restablecimiento del orden constitucional. Ante ello, Rangel reaccionó indicándole que no eso no era correcto, pues debía corresponderle al Vicepresidente Diosdado Cabello. Vásquez le manifestó que Cabello estaba oculto, pero Rangel le pidió tiempo para meditar, tratar de ubicarlo y le dijo que lo llamaría de nuevo. Viendo Rangel después que el ambiente se les tornaba favorable, le hizo una segunda llamada para expresarle que no había transacción, que el Presidente a juramentarse sería Diosdado Cabello. Este relato no hace sino confirmar lo que con pesar he expresado, que el General Vásquez Velasco sirvió en bandeja de plata el fin del gobierno de transición y el retorno de Chávez, lo cual queda registrado como un hecho triste pero objetivo para la historia, confirmado en el video grabado de ese programa.

Ante ese estado de cosas, manifesté a los presentes que estaba decidido a acatar la decisión de la Asamblea Nacional y que presentaría de inmediato sin apego, pues no la había buscado, mi dimisión a la función que me había sido encomendada y que así lo anunciaría sin dilación a la nación y al mundo, como en efecto lo hice a través de los medios presentes en Fuerte Tiuna. Serían las 7 p.m. del día sábado 13 de abril. Había concluido así, de una manera lamentable para el país y para quienes todo dimos en aquellos momentos difíciles, uno de los capítulos más complejos de la historia reciente, con lo cual quedaba allanado el camino para la plena recuperación del poder por parte de Chávez. Estoy convencido de que si hubiese existido buena voluntad en algunos actores claves, habría sido posible limar diferencias, cohesionar posiciones y diseñar las estrategias más acordes a los intereses del país, pero prevaleció la desunión y funcionó con éxito la estrategia de los grupos leales a Chávez. Irónicamente, durante ese tiempo las emisoras de radio pertenecientes al Estado, en manos de Fogade, continuaban transmitiendo llamados a las fuerzas chavistas y a los círculos bolivarianos para salir a la calle, defender a su líder y restablecerlo en el poder. Otra manifestación más de la falta de control de puntos estratégicos registrada durante la transición.

A partir de allí, consumados los hechos, preocupado y por qué no decirlo, triste y decepcionado, retorné desde el lugar de la rueda de prensa hacia el Despacho del Inspector General, donde permanecí con un grupo de los Generales y Almirantes, hasta que se sintieron ruidos de contingentes militares que hacían presencia en dichas instalaciones. Se dice que tras mi renuncia, el grupo afecto a Chávez había solicitado a los Generales y Almirantes presentes en Fuerte Tiuna que se entregaran, lo cual no fue aceptado y por ello decidieron tomarlo, de acuerdo con el plan preestablecido. Al escucharse el movimiento, uno de los Generales me indicó: “hay problemas, protéjase mientras verificamos lo que ocurre”. Se trataba del grupo enviado por el General García Carneiro, el hombre peligroso y ambiguo, luego promovido por Chávez al más alto rango militar, solo concedido a prohombres de la patria. Los oficiales tenían orden de tomar el Fuerte, detener a los oficiales comprometidos y sacarme en forma arbitraria.

Un General me pidió que pasara a la habitación del Inspector General, contigua al Despacho en el cual nos encontrábamos, la misma donde se había encerrado el General Lucas Rincón en la madrugada del 12. Allí me acompañó el abogado Robert Carmona Borges, con quien no tengo nexos familiares, profesor universitario y amigo de Guaicaipuro Lameda. A él agradezco en esos duros momentos, su comportamiento gentil y solidario. Eran aproximadamente las 8 p.m. del sábado 13 de abril. Habían pasado unos diez minutos cuando un grupo militar fuertemente armado y en uniforme de campaña, perteneciente al Batallón Caracas, encabezado por el Coronel José Gregorio Montilla Pantoja, irrumpió en la habitación para llevarme y así fue reconocido por Montilla en la interpelación parlamentaria, aun cuando su nombre no aparece en el acta forjada después por dicho grupo. Eran en total seis oficiales: el Coronel Montilla, dos Mayores del Ejército de apellidos Parra Vega y Novo Costoya, dos Capitanes del Ejército de apellidos Guerrero Núñez y Machuca Nadales y el Teniente de Fragata, Ladera Andrade. Al entrar a la habitación, los oficiales trataron de ejecutar no una detención sino un secuestro, pues pese al insólito forjamiento del acta de detención y la falsa afirmación de que yo me había negado a firmarla, no cumplieron ningún procedimiento jurídico ni mencionaron mis derechos constitucionales, especialmente el de la defensa.

Los oficiales solo expresaron que cumplían funciones de seguridad del Ministerio de la Defensa, pero en sus ojos pude leer que la intención era llevarme a un lugar desconocido y liquidarme. Pregunté al Coronel Montilla el basamento legal para arrestarme y mi destino, a lo cual respondió solamente que debía acompañarlos y de una manera vaga, que por violar la Constitución Bolivariana. No había orden judicial, ni indicación de mis derechos, ni acusaciones específicas o del lugar donde se me llevaba, ni se levantó un acta de detención en la cual constaran los cargos y circunstancias de la acción que se protagonizaba. Los militares armados, me rodearon y conminaron a salir por un pasillo que desviaba el salón donde se encontraban aún los Generales. El Coronel Montilla Pantoja tenía la instrucción de “proceder” conmigo (ejecutarme), como se lo comentó luego con remordimiento a un alto oficial cuyo nombre omito.

Afortunadamente, al avanzar por el pasillo lateral del Despacho se abrió una puerta, de donde salieron los Generales Rosendo y Navarro Chacón, quienes se interpusieron y preguntaron dónde me llevaban, dando órdenes de que me liberaran y que me dejaran pasar al Despacho, a la espera de las instrucciones de las autoridades. Los oficiales se negaban a soltarme, pero el General Rosendo insistió, me hizo pasar y frustró el secuestro. El General García Carneiro se encontraba en las afueras de Fuerte Tiuna a la cabeza de una poblada, acompañado del General Vietri Vietri y de un Coronel Granadillo. De haberme sacado de allí, mi suerte estaba echada.

Es totalmente falso que los militares enviados por García Carneiro me hayan detenido y que luego me hayan obligado a renunciar. Cuando se produjo su llegada a Fuerte Tiuna hacía ya hacía más de una hora que yo había comunicado al país mi renuncia. Así se tergiversan los hechos de la historia. Al poco tiempo, llegó el Obispo Castrense, Monseñor José Hernán Sánchez, a quien solicité en su condición de representante de la Iglesia, que velase por la integridad de las personas que allí nos encontrábamos.

Al cabo de una hora, el Despacho del Inspector General de las FAN estaba pleno de oficiales, unos que habían apoyado la transición, otros leales a Chávez, otros demostrando arrepentimiento, como ocurrió con el General Usón Ramírez, quien de una actitud cooperativa, pues me había ofrecido el viernes 12 ayudar a hacer efectivo el pago de una cuota de la deuda externa que vencía ese día y la nómina de la Administración Pública, su posición se tornó en airada, me enrostró la fotocopia de la carta enviada por Chávez desde Turiamo y me dijo: “Chávez no ha renunciado”. Qué cambios de actitud se ven en esas circunstancias. Cuánta razón tenía Napoleón Bonaparte cuando expresó: “La victoria tiene cien padres y la derrota es huérfana”.

El texto manuscrito de la carta que Chávez había logrado enviar desde Turiamo, a través de un soldado de apellido Rodríguez, decía lo siguiente:

“Turiamo, 13 abril 2002 a las 14:45 Hrs.
Al pueblo Venezolano….(y a quien pueda interesar)
Yo, Hugo Chávez Frías, venezolano, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, declaro:
No he renunciado al poder legítimo que el pueblo me dio.
¡¡ Para siempre!!
Hugo Chávez F.”

Pocos momentos después hizo acto de presencia en el Despacho del Inspector General en actitud soberbia y altanera, el principal operador político del gobierno, el inefable José Vicente Rangel. Entró dando gritos y órdenes. Nos cruzamos en un pasillo, eludió mi saludo, despotricando que cómo era posible que la oligarquía hubiese pretendido tomar el poder, echó pestes contra el empresariado, la dirigencia nacional, los militares y la conspiración contra Chávez. Ante su actitud desorbitada le dije: “Doctor Rangel, usted está exaltado, no es momento para hablar”. Quise ausentarme hacia otra oficina para no presenciar el retorno de ese nefasto personaje, pero debí permanecer allí, forzado por los hechos. Fui así testigo de los movimientos y órdenes que impartía, de las llamadas a guarniciones y gobernaciones informando la reconquista del poder, así como de la conversación telefónica que sostuvo con Chávez, aún en La Orchila. El tono de esa conversación se tornó en celestial, expresando su alegría y lealtad hacia su jefe político. Pero luego retornó a la prepotencia, dirigió una arenga a los oficiales que habían hecho posible el regreso, agradeciéndoles su contribución y manifestándoles que el Presidente estaría en poco tiempo de vuelta en Miraflores. Señaló hacia el final que al golpe se le había respondido con un contragolpe. Luego se sosegó e indicó que confiaría el destino de los civiles y militares comprometidos a la Fiscalía General de la República.

Más tarde llegaron a Fuerte Tiuna los Generales Lucas Rincón y Belisario Landis. Venían como siempre juntos, dados sus nexos y parentesco. Con ambos había compartido un almuerzo en ese mismo lugar en septiembre del 2001, con ocasión de una invitación que me hiciera Rincón para conversar, de manera constructiva, a la cual asistí en compañía del Primer Vicepresidente de Fedecámaras, Carlos Fernández. El retorno del General Rincón a sus funciones, en gloria y majestad, me llamó poderosamente la atención, pues en condiciones normales, quien había anunciado la renuncia del Presidente en nombre del Alto Mando Militar y desencadenado la grave crisis de gobierno, habría terminado alejado del poder o rindiendo cuenta de sus actos. El General Belisario Landis, otro de los protagonistas de la renuncia del Presidente, que presentó la suya propia, también reasumió sus funciones y luego fue premiado con la Embajada en la República Dominicana.

Lucas Rincón dirigió también unas palabras a la oficialidad, no caracterizadas por su elocuencia. Era curioso cómo en ese momento compartían el Despacho del Inspector General oficiales de ambos bandos, pues del mundo civil solo estaba yo. El General Rincón exaltó la contribución de oficiales de mediana gradación a la recuperación del poder, criticando severamente la actitud de los Generales y Almirantes que habían incurrido en el desacato y desobediencia. Tuvo palabras de reproche hacia el Coronel GN Isidro Pérez Villalobos, por su actitud la noche del 11 de abril cuando impidió la destrucción de documentos de su Despacho en máquinas especiales. En aquellos instantes yo reflexionaba sobre cómo el reconocimiento a las lealtades sembraba una semilla más de fractura en las líneas de mando y en la verticalidad de las FAN, exponiendo a muchos líderes militares al escarnio ante oficiales subalternos.

Después de todo lo ocurrido, aún me ronda en la mente una incógnita no despejada. ¿Qué llevó a que Lucas Rincón fuese perdonado por Chávez, ascendido luego a Ministro de la Defensa y que en el momento de escribir estas páginas sigue siendo un hombre fuerte en el gobierno como Ministro de Relaciones Interiores?. ¿Qué secretos conoce Lucas Rincón para que Chávez no haya prescindido jamás de su amistad, servicios y le mantenga su confianza?. Son ellas sombras que algún día deberán ser despejadas. ¿Tiene acaso asidero la tesis de un posible autogolpe del gobierno como lo insinúa el General Pedro Pereira?. Personalmente pienso que de ser cierto, se habría tratado de una estrategia riesgosa, que habría podido resultar fatal y por ello solo sería explicable como un recurso desesperado, al sentir que estaban acorralados. La única declaración de Lucas Rincón fue que su actuación tuvo como propósito evitar un choque sangriento entre los militares y que lo hizo para aliviar las presiones ante los pronunciamientos de líderes castrenses, pero es cierto que un grupo de militares allegados a Chávez se reunió en Maracay el día 12 de abril para planear la recuperación del poder.

Al argumento del autogolpe habría que anteponer que la renuncia anunciada de Chávez fue el hecho que desencadenó la crisis de gobierno. Pero a la vez hay que admitir que el retorno le permitió a Chávez hacer una poda de centenas de oficiales en la FAN, sacar del juego a muchos actores y cubrir importantes posiciones ascendiendo a hombres cercanos a él, sin tomar en cuenta calificaciones sino la lealtad como única condición. Es un hecho que el respaldo ha sido premiada con poder y prebendas y que hay laxitud en el control de la corrupción en el seno de la institución armada y del gobierno. Para nadie son extraños los negocios por parte de altos oficiales de la FAN, que desmoralizan y son destructivos, como lo es también la reducción de la capacidad operativa militar y la incorporación creciente de reservistas con orientaciones ideológicas definidas.

Concluida la alocución de Lucas Rincón, le solicité hablarle unos instantes en privado. Con José Vicente Rangel simplemente no deseaba cruzar ni una palabra. Es un fanático. Quedó atrás aquella figura que lo identificaba con el Dr. José Gregorio Hernández en sus campañas presidenciales y ahora es un Ayatolah que el país rechaza. Pasamos a un salón contiguo, donde Rincón estuvo acompañado por el General Landis. Le solicité garantías a la integridad personal de las personas retenidas y le informé de los momentos inciertos vividos momentos antes con el grupo de oficiales que tomó Fuerte Tiuna. Dejé constancia de que durante las 48 horas de gobierno se había dispensado un trato digno al Alto Mando renunciante e incluso a líderes del oficialismo y que no había emanado orden alguna de maltratos o detenciones, salvo el caso de Rodríguez Chacín que iba a ser remitido a los Tribunales. Rincón me manifestó que en el trayecto hacia Fuerte Tiuna había comentado con el General Landis que conociéndome, pensaba que yo había sido impulsado a asumir esa responsabilidad engañado por grupos de militares y que lamentaba la situación en la cual me encontraba. Me garantizó mi integridad y la de los altos oficiales, mientras permaneciéramos en las instalaciones castrenses.

Poco después pude hacer una llamada para saber de mi esposa e hijo, quienes estaban a buen resguardo tras haber sido movilizados durante la tarde del sábado a varios lugares por la escolta asignada por la Casa Militar, conformada por tres oficiales femeninos de la Armada. Tras mi renuncia, las oficiales los dejaron en nuestra residencia y se retiraron y de allí ellos se dirigieron por razones de seguridad a una casa amiga.

Hacia la medianoche se habían ausentado ya de Fuerte Tiuna todos los oficiales presentes, unos para dar la bienvenida a Chávez en Miraflores, otros porque habían podido salir del Fuerte por sus medios, incluyendo varios de los comprometidos en los eventos de esos días. Sólo permanecimos allí, de acuerdo con lo dispuesto por Rangel, el VA Héctor Ramírez Pérez, el General Pedro Pereira, el Contraalmirante Daniel Comisso, el Contraalmirante Carlos Molina Tamayo, el Coronel GN Isidro Pérez Villalobos y yo. No supe del paradero de los Generales Vásquez Velasco, Alfonzo Martínez y del resto del Alto Mando designado. Pasaban por mi mente muchas reflexiones, además de las interrogantes sobre Lucas Rincón y la escena que protagonizó cuando se encerró a dormir en su habitación armado de granadas.

Después se inició una deprimente espera hasta cerca de las 4:30 a.m., durante las cuales los presentes meditábamos, casi sin cruzar palabras. A esa hora se hizo presente la Fiscalía Civil y Militar a constatar nuestra condición física. Declaré sobre los eventos y sobre el intento de secuestro, pedí un trato digno y señalé que salvo lo indicado, no había sido sometido a torturas ni maltratos. Insistí que mi caso debía ser orientado por los canales de la justicia civil y no de la militar. A esa hora supimos de la llegada de Chávez a Miraflores, transportado desde La Orchila en un helicóptero Superpuma, en medio de la algarabía y discursos del oficialismo, y la actitud del Fiscal General, Isaías Rodríguez, quien celebró en forma indigna el reencuentro con su jefe político. El país y el mundo no podían dar crédito a la noticia de que Chávez había retornado al poder.

Nunca debe olvidarse que en aquellos momentos Chávez expresó categóricamente desde Miraflores: “vengo dispuesto a rectificar lo que tenga que rectificar”, promesa que como siempre, quedó en el vacío, como también ocurrió con el esperanzador mensaje que pronunció el 6 de diciembre de 1998 frente al Ateneo de Caracas, al conocerse los resultados que le dieron el triunfo, o también los ofrecimientos incumplidos que hiciera a los representantes de la Iglesia y a la nación en esos días, en torno a su disposición de cambiar de actitud hacia el futuro y someterse a un referéndum. Chávez miente con desparpajo y ha asumido el engaño como norma de conducta a lo largo de su mandato.

Ya hacia el amanecer, el Coronel GN Isidro Pérez Villalobos a quien no conocía, se me acercó, me expresó su pesar por lo ocurrido y me comentó cómo un ayudante del General Manuel Rosendo, el Capitán O´Brien y otro oficial de la Armada habían sido testigos de la insólita llamada hecha por Rangel al Alcalde Freddy Bernal, jefe de los círculos violentos el 11 de abril antes de mediodía y de la exaltación con la cual Rangel le pedía convocar a los círculos a defender a Miraflores a cualquier costo para enfrentar la marcha que se dirigía a Palacio con armas, palos, piedras y lo que fuese, “para que se cagaran”. El Capitán O´Brien, quien con valentía dio después testimonio formal de lo que vio, ha sido relegado, pasado al retiro y su declaración no tuvo consecuencias, mientras que el autor de la acción y coautor de la masacre es hoy el Vicepresidente Ejecutivo de la República y operador político fundamental de la “revolución bonita”.


EL TRASLADO A LA DISIP



“Toda dificultad eludida se convierte más tarde en un fantasma que perturbará nuestro reposo”. Frédéric Chopin



La actuación de la Fiscalía concluyó cerca de las 7 a.m. del domingo 14 de abril, de ingrata recordación, pues ya había amanecido. Era mi tercera noche sin descanso y muchas semanas de intenso trabajo. Los allí presentes pasamos a rendir declaración individualmente, para constatar nuestro estado físico y consignar comentarios, pero ello no implicó jamás la apertura de un procedimiento legal, sino un paso previo al envío a la justicia civil o militar. Dejé constancia del intento de secuestro de que había sido objeto sin orden judicial, imposición de cargos ni respeto a mis derechos por parte de los militares que tomaron Fuerte Tiuna. Fue necesario esperar hasta las 11:30 a.m. del domingo a que llegasen las comisiones de la Fiscalía que nos conducirían, en mi caso a la DISIP (Policía Política) y a los militares a sus residencias, en calidad de detenidos.

El traslado a la sede de la DISIP, ubicada en la Roca Tarpeya fu rápido, pues es corta la distancia que media entre Fuerte Tiuna y dicha edificación y fluido el tráfico ese día en la capital. Llegué acompañado de funcionarios de la Fiscalía cerca del mediodía. El ambiente en la ciudad era de tensa calma. Se sabía que se habían iniciado saqueos, que luego se incrementaron a lo largo de la jornada. En las puertas de la DISIP fue necesario esperar a que verificaran los documentos, antes de que se abriera la puerta principal. El medio que rodea a Roca Tarpeya es de barrios marginales y la visión que de allí se tiene no es precisamente gratificante. Una vecina identificó el vehículo que me trasladaba y profirió un grito hostil, antes de traspasar la puerta rumbo a la Dirección de Inteligencia.

Descendí del automóvil e ingresamos a la recepción. Sabía que en la DISIP estaba detenida la dirigente chavista Lina Ron por un juicio que se le seguía y ello representaba un peligro potencial que no debía desdeñar. Al no más apreciar el sórdido ambiente a las puertas de la DISIP, señalé a los representantes de la Fiscalía que si no era recluido en un lugar seguro, no aceptaría permanecer en ese lugar. La Fiscalía parlamentó con la DISIP, tras lo cual me condujeron a unas dependencias no ocupadas en la Rampa 4, en la Dirección Nacional de Investigaciones, a cargo del Comisario Juan Carlos Morales. Allí quedé en calidad de detenido a la orden del Ministerio Público; previamente se me hizo un reconocimiento médico y se levantó un acta. El Comisario Morales actuó profesionalmente y me dispensó un trato digno. Mientras se preparaba el lugar de detención, el Comisario me vio tan agotado, que me permitió descansar en su habitación. En tres días no había dormido más de cuatro horas. Cuando caí en la cama mi mente era un hervidero, pero me repuse y tome luego una reparadora ducha.

Al despertar se encontraban ya en la DISIP los juristas a quienes había solicitado asumir mi defensa: Juan Martín Echeverría, padre e hijo y Carlos Sanz, quienes después de considerar el caso, lo habían aceptado. A ellos debo reconocer su actitud generosa y de elevado profesionalismo, circunscrita a los aspectos jurídicos de la defensa. Además, para mi tranquilidad, habían llevado a mi esposa, que se encontraba bien y cuya entereza ha superado mis propias expectativas. Conversé con los abogados para proporcionarles los elementos de juicio necesarios para iniciar la difícil labor de la defensa, que luego jurarían ante el Tribunal de Control. La siguiente visita que recibí ese día fue la de mi colega Vicente Brito, siempre consecuente, pese a que debió esperar e insistir a las puertas de la DISIP. Yo había sido por dos años su Primer Vicepresidente y juntos habíamos librado arduas e inolvidables luchas. El me testimonió su solidaridad, constató mi condición personal y me dio palabras de aliento, que mucho valoré.

Luego fui llevado al área de detención, de unos 30 m2, a cuya entrada fue colocada la custodia; interiormente consistía en un espacio con tres camas, tres calabozos, todos vacíos, un baño e iluminación artificial. Al menos estaba solo y seguro. Allí pasé la primera noche de detención en una institución policial en toda mi vida. El sueño de esa noche fue ligero; por mi mente transcurrían escenas a manera de una pesadilla, recordando hechos, actitudes innobles, fallas y preocupado por el futuro del país y el mío propio, ambos sin duda inciertos.

El lunes 15 me levanté a las 6:00 a.m., tomé un baño y un ligero desayuno y luego recibí la visita de familiares, desolados por verme detenido. Más tarde llegó el Defensor del Pueblo, Germán Mundaraín, que fue a verme y me obsequió, con cierta ironía, un ejemplar de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, además de proporcionarme sus números de teléfono y garantizarme el respeto a los derechos humanos, lo cual ocurrió en la DISIP, pero no durante el proceso, el cual como se verá, fue manipulado políticamente con descaro. Otra visita que agradecí fue la de Liliana Ortega, quien con tenacidad ha liderado una ONG en materia de derechos humanos desde el famoso “caracazo”, ofreciéndome su apoyo para resguardar mis derechos. Me visitó igualmente la Dra. Dilia Parra, ex Defensora del Pueblo, persona con la cual había mantenido una cordial relación desde Fedecámaras y que en esos momentos estaba también vinculada al tema de los derechos humanos. A ella hay que reconocerle una valiente actuación cuando demandó la nulidad por inconstitucionales de las decisiones de la Asamblea Nacional y del “Congresillo” y por ello fue apartada de su función.

Se me anunció que el lunes en la tarde sería trasladado al edificio de los Tribunales en el centro de la ciudad, a cuyo efecto la DISIP tomó las previsiones del caso. Antes, volví a reunirme con mis abogados. Una cosa plantee sin vacilaciones al equipo de la DISIP: que no aceptaría ningún acto denigrante y que si se congregaban grupos violentos en la sede de los Tribunales, simplemente retornaríamos sin atender la audiencia. La labor del Comisario Morales fue efectiva. En la tarde, cerca de las 5:30 p.m. se inició el operativo de traslado a la sede de los Tribunales en el centro de la ciudad. Ya se sabía que los saqueos producidos en distintos sitios de Caracas desde el domingo tras el regreso de Chávez habían sido de significación, especialmente en el oeste de Caracas y en algunos centros comerciales, como fue el caso de La Florida, donde los vecinos del barrio Chapellín se hicieron cargo del mismo. Era el botín de guerra.

Llegamos a la sede de los Tribunales ese lunes 15 cerca de las 6 p.m., al día siguiente de mi reclusión en la DISIP y a menos de 48 horas de la renuncia a la Presidencia del Gobierno de Transición. Qué diferencia con relación a la actitud de Chávez en 1992, quien pese a estar incurso en el delito de una rebelión militar cruenta, nunca aceptó presentarse a los Tribunales para ser impuesto de cargos. Apenas momentos antes de llegar al Edificio supimos en cuál de los Tribunales del Circuito Penal había recaído por sorteo el conocimiento de mi caso, hecho importante en virtud de la politización del Poder Judicial. De ello dependía el mayor o menor grado de independencia con que actuara. Cuando mi defensa me informó que nos correspondería el Tribunal 25 de Control a cargo de la Dra. Josefina Gómez Sosa, consideró que se trataba de una Juez profesional y no uno de tantos Tribunales tomados por el oficialismo o de la gran cantidad de Jueces provisionales o personas sin calificaciones que han ido penetrando el sistema judicial en función de sus afinidades políticas con el régimen.

La llegada a los Tribunales resultó en un episodio inesperado. Entramos por sorpresa a través de los sótanos, donde se encuentran los calabozos de judiciales y ello impidió cualquier contacto con personas extrañas. Subimos por los vericuetos del edificio y cuál no sería mi sorpresa, que cuando ingresamos al piso principal donde se encuentra el Tribunal, me aguardaba un grupo de empleados y de público a los lados del pasillo y en la medida que avanzaba hacia el lugar de la audiencia me saludaban con aplausos. No salía de mi asombro y tampoco la policía política, hasta el punto de que alguno me comentó: ¿era esto lo que usted temía?, no hay insultos sino manifestaciones de aprecio.

Entramos a una pequeña sala desprovista de facilidades y de aire acondicionado, donde funcionaba el Tribunal 25. Era también la primera vez que en 60 años de vida pisaba un Juzgado. Antes de instalar la audiencia, la Dra. Sosa comentó sobre las precarias condiciones en las cuales operan los Tribunales en Venezuela y relató cómo los propios empleados habían debido reunir recursos para arreglar la oficina y dotarla de una computadora. Esa es la realidad de las condiciones de trabajo del Poder Judicial y del mal uso de los recursos presupuestarios por parte del Estado.

Nos reunimos en torno a la mesa mis abogados: Juan Martín Echeverría padre e hijo, Carlos Sanz Gómez y yo, los representantes de la Fiscalía José Benigno Rojas Lovera y Gledys Josefina Carpio Chaparro, la Juez de Control Josefina Gómez Sosa y la Secretaria del Tribunal. El acto comenzó con una narración del representante de la Fiscalía de los hechos: la supuesta renuncia de Chávez, la constitución del gobierno de transición, el acto en Miraflores, el Decreto, el cual según la Fiscalía transgredía el orden constitucional, pues Chávez no había renunciado. En virtud de ello, el Ministerio Público precalificó los delitos de rebelión, usurpación de funciones y el concurso ideal de delitos, según los artículos 98, 114 y 244 del Código Penal. La Fiscalía acompañó el acta forjada por los militares que supuestamente me habían arrestado en Fuerte Tiuna, pues trataron de enmendar las omisiones jurídicas mintiendo, al señalar que yo me había negado a firmarla. La Fiscalía solicitó la privación preventiva de libertad, para que se cumpliera la “larga investigación” que sería requerida para la obtención de la verdad.

Seguidamente fui impuesto por la Juez de los preceptos Constitucionales y sobre el objeto de la audiencia. Intervine para manifestar que estaba dispuesto a rendir declaración y negué lo expresado por el Ministerio Público, sobre cualquier acto que pudiese ser calificado como rebelión o conspiración, pues todos los acontecimientos se habían desencadenado a partir de la renuncia presidencial anunciada por el General Rincón. Rechacé toda participación en hechos que pudiesen calificarse como rebelión y enfaticé en el concepto del vacío de poder ocurrido el día 12.

Cedí la palabra a mi defensor, quien destacó en la jurisprudencia existente en el TSJ el “hecho comunicacional” originado en el anuncio del General Rincón como hecho notorio; se refirió al pedido que sin conocimiento previo yo había recibido para llenar un vacío de poder, lo cual requeriría investigación y análisis, rechazando cualquier hecho que pudiese involucrarme en alzamientos públicos en actitud hostil al gobierno. Argumentó sobre el vacío de poder a partir de la renuncia, la desaparición del alto gobierno, la puesta a disposición del cargo por parte del Presidente del TSJ y el alto mando militar, quienes pidieron al país perdón por la masacre ocurrida. Negó que yo hubiese conspirado, afirmó que cumplí funciones de liderazgo sin que me hubiese alzado contra el gobierno constituido y rebatió las acusaciones sobre la presunta usurpación de funciones, pues ocurrió un vacío de poder y por tanto la forma de determinar responsabilidades era con una investigación profunda de los hechos. Señaló que la presunta acta de aprehensión no se conocía, que no se habían seguido los procedimientos previstos en la Constitución y en el Código Penal, ni señalado delitos o a la orden de quién se me colocaba, por lo cual expresó que lo actuado era nulo de nulidad absoluta y que se habían violado mis derechos a la defensa y al debido proceso.

Echeverría destacó la afirmación hecha por el Presidente Chávez en la reunión con el Dr. César Gaviria, Secretario General de la OEA, de que Pedro Carmona debía estar en su casa y reafirmó las violaciones al ordenamiento jurídico ocurridas, pues la Fiscalía solo había aportado un video, todo lo cual tipificaba un proceso inexistente. En tal virtud solicitó el sobreseimiento, reiterando la omisión constitucional en el caso de un vacío de poder y el llamado que recibí para llenarlo, requiriendo a la Juez una medida cautelar, vale decir arresto domiciliario. En cuanto a la marcha del 11 de abril, la calificó como una manifestación cívica, pacífica y democrática, basada en derechos establecidos en la Constitución y argumentó la improcedencia de alegar el delito de rebelión, pues yo era el único civil, desarmado y que por definición, dicho delito involucra a un colectivo alzado en armas, que actúa con violencia e irrumpe contra un gobierno con el fin de deponerlo. Eso fue a manera de ejemplo, lo ocurrido el 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992 con los intentos de golpe que encabezara Hugo Chávez Frías y sus seguidores en contra del gobierno de Carlos Andrés Pérez.

Al final de la audiencia la Juez Gómez Sosa, quizás por temor a eventuales consecuencias políticas, decidió proseguir la averiguación por el procedimiento ordinario, denegando el sobreseimiento, como también el pedido de la Fiscalía de la medida privativa de la libertad y me otorgó la detención domiciliaria bajo custodia de la DISIP, con prohibición de salida de la jurisdicción del Tribunal y del país. Pero negó la calificación solicitada por el Ministerio Público en relación con el delito de rebelión, señalando que para que existiese esa calificación el sujeto del delito debía ser un colectivo y no un imputado. Decidió así abrir la investigación por el presunto delito de usurpación de funciones conforme al artículo 214 del Código Penal y declaró sin lugar el pedido de la defensa de decretar la nulidad de lo actuado. El acta fue firmada por los presentes, incluyendo a los representantes del Ministerio Público, ambos de la absoluta confianza del Fiscal General de la Nación, Isaías Rodríguez.

Era obvio que de los delitos por los cuales podía ser acusado, el más grave e impropio era el de rebelión, ya que la investigación por la presunta usurpación de funciones podía ser rebatida e implicaba penas de entre dos y seis meses de prisión, en tanto que la rebelión suponía entre 12 y 24 años de prisión. Fue así como después de firmar las actas, incluyendo los representantes del Ministerio Público, que no objetaron su texto, cerca de las 9:30 p.m. emprendimos el regreso a la DISIP para cumplir los trámites de traslado a mi residencia, incluyendo un examen médico de rutina. En consecuencia, retorné a mi hogar la misma noche del 15, convertido a partir de ese momento en el lugar de detención. En las puertas del edificio fui recibido hacia la medianoche por vecinos y amigos que me aguardaban desde que se conoció la noticia a través de los medios, entonando consignas solidarias. Sentí alivio de llegar a mi casa y estar rodeado de los míos, aun cuando privado de la libertad. Pero además me tranquilizaba que la primera instancia hubiese procedido conforme a derecho, al desestimar la acusación por rebelión, como aspiraba la Fiscalía y el gobierno, que son en términos prácticos lo mismo. No podía imaginar el largo y accidentado camino que tendría que recorrer y las presiones políticas que el gobierno ejercería sobre el Poder Judicial, en un orquestado plan con la participación del TSJ y la Fiscalía.

Desde ese momento tuve asignada una custodia de la DISIP a las puertas del edificio, en cuyas áreas comunes podría hacer mis caminatas diarias con aprobación policial. Al día siguiente comencé a recibir innumerables visitas y solicitudes de entrevistas de medios nacionales e internacionales, salvo de televisión que no eran permitidas, lo cual me mantuvo ocupado durante varias semanas. El trato de la custodia fue impecable, pero al segundo día comenzaron a llevar un registro de las personas que llegaban. Varios familiares debieron asistirnos como recepcionistas, pues era necesario atender a diario cientos de llamadas y visitas, todo lo cual era fatigante pero a la vez reconfortante, pues reflejaba la solidaridad de personas de los más variados sectores, incluyendo niños y hasta religiosas que acudían a saludarme. Resultaba sí difícil satisfacer la curiosidad de quienes querían hurgar en los hechos, pero me sentía tranquilo y respondía las preguntas más difíciles. A los pocos días decidí organizar mi tiempo, reservando las mañanas para escribir, conceder entrevistas y ocuparme de la defensa y las tardes para las visitas.

Lamentablemente, el alivio que me había producido la decisión apegada a derecho de la Juez de Primera Instancia duró poco, pues el 19 de abril, tan solo cinco días después, se conoció la apelación de la Fiscalía a dicha sentencia, pese a que en la opinión de los defensores y de otros juristas, desde un punto de vista estrictamente legal era casi imposible acusarme por el delito de rebelión. Ello, dicho por muchos abogados me tranquilizaba, pero no obstante, en un escenario de politización del Poder Judicial, la “dimensión desconocida”, todo podía ocurrir en función de los designios del oficialismo, como en efecto quedó demostrado posteriormente.


EL PENOSO PASQUÍN DE PATRICIA POLEO


“El oro vale más según su peso y la persona según el peso moral”.
Baltasar Gracián



Tan pronto como se produjo mi detención domiciliaria, la periodista Patricia Poleo, la misma a la que ofrecí de buena fe la Dirección de la Oficina Central de Información, inició la publicación en el diario “El Nuevo País” a fines de abril de una serie de “crónicas”, con las cuales quiso alcanzar la notoriedad lograda cuando escribió sobre el caso Montesinos, el siniestro personaje que se convirtió en mano derecha de Fujimori y que terminó protegido por el entorno policial del gobierno de Chávez y finalmente detenido y extraditado al Perú cuando ya no era posible ocultarlo, tras la investigación hecha por los servicios de inteligencia de ese país. No conocía personalmente a Patricia, pero admiraba su arrojo, que la convirtió en ejemplo del papel de la mujer venezolana y de las comunicadoras sociales en oposición al régimen de Chávez. Pero nunca me imaginé de lo que podía ser capaz, por un afán de figuración y otros fines inconfesos.

En una las pocas cosas en que concedo razón a Chávez es que algunos, subrayo, algunos periodistas, son capaces de actuar sin escrúpulos. Patricia Poleo es una de ellos, pues encarna un estilo que no tiene empacho en distorsionar la verdad para construir una novela. Ella quizás se resintió por el rechazo que su propio gremio mostró hacia mi iniciativa de ofrecerle la Dirección de la OCI o deseó crear un chivo expiatorio en torno a los acontecimientos de esas fechas. Se dice que Poleo trató a la vez de proteger a Carlos Ortega para desligarlo de los eventos, pues compartían un proyecto político futuro. No objeto que Patricia quisiera ayudar a Ortega pues ello es legítimo, pero jamás en detrimento de la verdad y del honor de otros. Sus escritos sensacionalistas le permitieron incrementar las ventas del periódico “El Nuevo País”, que se fotocopiaran y reprodujeran las crónicas en algunos periódicos en el exterior, sembrando dudas entre quienes no me conocían, pues nadie que supiera de mi línea de conducta dio crédito a sus relatos y más bien ello le generó el rechazo de muchos compatriotas.

Lamentablemente, en esos mismos días, el juicio se encontraba en una etapa delicada y me impedía emitir declaraciones que pudiesen incriminarme, hasta el punto de que mis abogados me prohibieron de manera terminante responderle a Poleo o caer en sus provocaciones, a pesar de que tenía que contenerme para no replicar tantas infamias. Por ello debí guardar silencio, muy a mi pesar, pero transcurrido ya un tiempo de los hechos, en este testimonio no puedo omitir una referencia a los maléficos relatos y con ello paso de nuevo la página a tan deplorable iniciativa:

• El disparatado capítulo, como califica Poleo los acontecimientos del 11 al 13 de abril, no toma en cuenta que si se hubiera hecho una encuesta en aquellos momentos, la mayoría de los venezolanos estaba de acuerdo con el llamado a elecciones rápidas para la relegitimación de los poderes y la suspensión temporal de un régimen que se había deslegitimado. Mucho se ha debatido en este tiempo sobre la validez de los artículos 350 y 333 de la Constitución en circunstancias especiales, como vía de salida a una crisis que siendo eminentemente política, requería decisiones firmes y no solamente jurídicas.
• Mi relación y solidaridad con el sector laboral trasciende a las circunstancias de ese día. El sindicalismo sabe que durante años contribuí al entendimiento con los sectores empresarial y gubernamental en numerosas circunstancias y que luego defendí con firmeza el reconocimiento debido a la CTV, a su directiva, a su proceso electoral interno y exigí reiteradamente el respeto del gobierno a los principios fundamentales de la Carta de la OIT en cuanto a la no injerencia gubernamental en los asuntos de las organizaciones sindicales. Llegué al extremo de negarme a asistir a reuniones convocadas por el gobierno en las cuales se excluía a la CTV.
• Mi posición en los hechos de abril no fue excluyente del sector sindical. No solo llamé a Ortega, dialogué, consulté, sino que como he demostrado, ofrecí a uno de sus más conspicuos representantes, Manuel Cova, la Vicepresidencia de la República para compartir la delicada responsabilidad que se me encomendaba. Además, aseguré al Comité Ejecutivo de la CTV el respeto a la agenda sindical, abordar la agenda pendiente con el sector público y garanticé una consideración respetuosa y amplia a ese sector en la toma de decisiones durante la transición. Otra cosa es que Ortega haya decidido marcar distancia por razones que respeto, lo cual perjudicó sin duda al gobierno provisional. El lo sabe y solo su conciencia le dirá si actuó correctamente en ese momento histórico y si no hubiese sido más sensato apuntalar al gobierno transitorio y participar en su gestión, buscando la estabilidad y la preservación de los equilibrios.
• Existen, como he afirmado, testigos de mi llamada a Carlos Ortega desde Fuerte Tiuna la madrugada del día 12, pues consideraba que su presencia era vital para garantizar un sentido de unidad. Víctor Manuel García ha dado fe de ello, pues presenció mi insistencia en hablar con Ortega y mi encarecido pedido para que compareciera en Fuerte Tiuna, pues iban a producirse decisiones trascendentes. Si Ortega hubiese atendido mi llamado la historia sería otra y hasta podría haberse replanteado la opción de una Junta de Gobierno, pese a la preferencia castrense de un gobierno presidido por un civil. Posteriormente desde Miraflores, insistí de nuevo en la presencia de Ortega, al igual que otras personas que se preocupaban por su ausencia.
• La leyenda del papel de Isaac Pérez Recao está llena de malévolas fantasías. Tuve escaso trato con Pérez Recao desde mi posición de dirigente empresarial y como directivo de Industrias Venoco. Cuando Poleo afirmó que Pérez Recao era el accionista mayoritario de Industrias Venoco y la Corporación lo desmintió, se cayó la primera falacia de que había entre Pérez Recao y yo una relación de dependencia laboral. El representaba a la sucesión Pérez Alfonso pues su padre, Isaac Pérez Alfonso, connotado empresario, hermano de Juan Pablo Pérez Alfonso, había invertido años atrás en Venoco un monto que no supera el 4 por ciento de las acciones, convirtiéndose así en uno más de los 800 accionistas en la empresa “holding”. No vi a Pérez Recao, en representación de la sucesión Pérez Alfonso más de tres veces en Asambleas de Accionistas o Directivas de Venoco y nunca mantuve con él un contacto profesional cercano.
• Como Presidente de Fedecámaras recibí a Pérez Recao, una vez para informarme sobre el proyecto de construcción que adelantaba de un Centro Comercial en el Municipio Baruta, como recibía a cientos de empresarios de todo el país y en otra ocasión atendí una invitación a cenar en su casa con un príncipe kuwaití de visita en Venezuela acompañado del Embajador de ese país, pues se trataría el tema de las oportunidades de inversión en Venezuela.
• Dos veces participé en compañía de Carlos Ortega en reuniones en las cuales se encontraba Pérez Recao en febrero y marzo del 2002, en las cuales junto con otras personas representativas del país se analizaba la situación nacional y la escalada de la crisis. De dichos encuentros quedé persuadido de que Pérez Recao era un joven preocupado, pero de limitada experiencia.
• Pérez Recao guardaba sí vínculos con el estamento militar, pues había realizado cursos, era dueño de helicópteros y de una empresa de seguridad. Alternaba así con oficiales de las FAN, entre otros en eventos de defensa civil y de rescates, como fue el caso de la tragedia del Estado Vargas en 1999. Si proporcionó a alguien ayuda financiera, como mencionó Poleo, que él lo aclare pues me es totalmente ajeno, como también sus supuestas influencias. Dicho sea de paso, es conocido que la familia Pérez Recao ayudó a la campaña electoral de Chávez y que Vicente salió como Diputado Suplente por el partido V República. Y si en algún momento Isaac llegó a expresar delante de Ortega que yo era una figura presidenciable, no hacía sino repetir una opinión de ciudadanos y comunicadores, sin que ello supusiera que yo albergara aspiración ninguna.
• Pese a que Pérez Recao es un prominente empresario del sector construcción y seguridad, no tuvo nunca cercanía con las actividades de Fedecámaras y no donó ni un solo bolívar a su presupuesto, como tantos empresarios del país lo hacen y mucho menos a mí personalmente. Jamás he recibido un céntimo indebido y lo que tengo lo he ganado con mi honesto trabajo. Es por tanto una infamia afirmar que Pérez Recao haya subordinado al Presidente de Fedecámaras, pues además de mis principios, la institución es conducida por órganos de gobierno plurales y jamás con criterios individuales.
• A lo largo de las crónicas, se trasluce el afán de Poleo en deslindar la posición de Carlos Ortega. Ella sabrá las razones. Si lo hacía en función de la amistad que los une o del eventual proyecto para preparar a Ortega como un futuro candidato presidencial laborista, vale decir un Lula venezolano, ello habría sido respetable y plausible, pero no justifica su saña. Por lo demás, como lo he dicho mil veces, a Ortega le brindé respeto, consideración y solidaridad y pese a algunas declaraciones impropias de su parte, jamás lo he cuestionado, sino que por el contrario, mi apoyo y búsqueda de entendimiento fue siempre amplio y notorio, dentro del límite de las representaciones institucionales de cada uno.
• Poleo trató de marcar diferencias entre Ortega y yo con frases como: “Ortega se portó como el defensor de los partidos políticos, incluyendo al MVR, …” “Ortega, preocupado de que no se cometieran ilegalidades, expuso sus puntos, insistiendo en el respeto a la Constitución...etc”, además de otras expresiones que revelan cuando menos sintonía de pensamiento. Ello me llevó a expresar en una ocasión que la búsqueda de un chivo expiatorio por parte de Poleo olía al deseo de proteger a alguien, lo cual encendió su ira y trató de plantear un debate inquisitorio, provocación en la cual no caí por las razones expresadas.
• Es totalmente falso que yo me haya negado a aparecer con Carlos Ortega en un programa de televisión en la mañana del 11 de abril. Si había sido yo quien le había levantado la mano a Ortega en Fedecámaras el mismo día de su turbulenta elección a la presidencia de la CTV, en aquella célebre foto que indignó a Chávez y luego aparecimos de nuevo de la mano con el Padre Luis Ugalde en la Quinta La Esmeralda en el acto de suscripción de las Bases de un Acuerdo Democrático en marzo del 2002, y compartimos el 10 de diciembre, el 23 de enero, el 27 de febrero, el 9 y 11 de abril, entre muchas ocasiones, ¿cómo podía negarme a aparecer en TV con él si nuestros contactos y presencia conjunta eran casi una rutina?. Ese día 11 estábamos invitados al programa de Marta Colomina en Televen en segmentos diferentes; yo había iniciado mi participación cuando fuimos interrumpidos por una de las numerosas “cadenas” que insertaba el gobierno. Ante ello, la productora de Colomina propuso que nos juntáramos Ortega y yo en el siguiente segmento, ante lo cual solo indagué si podíamos continuar en forma separada para ganarle más tiempo a los espacios televisivos en momentos tan importantes. Como ello no era posible, tan no tuve problemas, que aparecimos juntos al reanudarse la transmisión. Las grabaciones están disponibles para desmentir otra falsedad más de Patricia Poleo.
• Hasta la madrugada del 12 de abril, en que di el paso de asumir la Presidencia del Gobierno de Transición, no hubo fisuras en el empresariado como insinúa Poleo, pues todas las decisiones fueron adoptadas por consenso en los órganos de gobierno de Fedecámaras, las cuales interpreté y cumplí cabalmente. Incluso en algunos momentos asumí el papel de abogado del diablo con posiciones moderadas, como consta en las grabaciones de las sesiones del Directorio, para que fuesen los órganos colectivos los que definieran las posiciones que más convinieran al empresariado y al país. Pero a partir del momento en que adopté la decisión de presidir el gobierno de transición, todas las determinaciones fueron de naturaleza personal y en nada comprometieron a la institución que tuve el honor de presidir hasta esa fecha.
• Yo no invité a marchar a Miraflores el 11de abril sino que más bien consulté, medí los graves riesgos que ello implicaba y pedí insistentemente a la multitud llegar solo hasta la Avenida Bolívar. Otros líderes que hablaron en la tarima sí invitaron a ir a Miraflores y no los acuso por ello, pero responsablemente no compartí el llamado que se hacía. Los videos del acto de ese día en la sede de PDVSA en Chuao lo demuestran y mi infructuosa insistencia con un megáfono en la Plaza O´Leary, pidiendo que la marcha se desviara para culminar en la sede del Parlamento y no en Miraflores.
• La noche del 11 no salí de Venevisión “a hurtadillas” como insinúan los Poleo y que de pronto aparecí en Fuerte Tiuna. Me retiré, como he dicho, hacia la medianoche del canal sin nada que ocultar hacia el Hotel Four Seasons, donde pensaba alojarme, aguardar noticias y reunirme con colaboradores. Le pedí a Carlos Ortega antes de salir del canal que nos mantuviéramos en permanente comunicación. Al llegar al Hotel recibí el llamado de Fuerte Tiuna pidiéndome que me trasladara a ese lugar. Hay tres testigos de ese hecho y de mis dudas de dirigirme al Fuerte, como luego de mi intención en esa madrugada, de retirarme del lugar e irme a mi casa y hablar con los militares después si era requerido.
• Mientras estuve en Venevisión nunca se habló de planes de conformación de gobierno, ni se prepararon documentos como lo afirmó Poleo. Si ello ocurrió cuando yo no me encontraba en ese sitio, que lo atestigüen los asistentes. Decir que en Venevisión se analizó la formación de un gobierno en mi presencia y que quizás por ello me retiré, es ridículamente falso. Tanto es así que ante una nota recogida por la revista Newsweek que implicaba a Gustavo Cisneros en los hechos, suscribí una carta dando fe de que mientras permanecí en sus oficinas, jamás se trataron esos temas, ni que él haya sido factor fundamental en el movimiento, pues hasta donde supe, lo que se hizo fue dar seguimiento a las noticias y analizar paso a paso la evolución de la crisis y los hechos ocurridos.
• Pese a mi deseo, no pude hablar con Ortega esa madrugada sino hasta el viernes en la mañana en Palacio, pues como he manifestado, cuando lo llamé desde Fuerte Tiuna con urgencia, solo pude hablar con su asistente. Es pues falsa la anotación de Poleo de que Ortega me haya expresado esa noche por teléfono: “Mire, yo creía que usted era un hombre serio...” y que hubo molestia o desacuerdos. Que Ortega no haya deseado ir a Fuerte Tiuna es harina de otro costal, pero ese diálogo nunca existió y es otra infamia. Ortega y yo sólo pudimos hablar el viernes 12 en Miraflores, en los términos relatados.
• Es absurdo señalar que Pérez Recao y Daniel Romero se sentaron en una computadora a nombrar Ministros. ¡Que locura!. Puedo afirmar que no recibí imposiciones de nadie y pocas sugerencias, como la del Vicealmirante Héctor Ramírez Pérez sobre Rafael Damiani y la de Carlos Ortega respecto a León Arismendi, en lo cual coincidimos. La escogencias del equipo ministerial obedecieron a un denodado esfuerzo de mi parte en buscar pluralismo, representatividad e idoneidad. Cada una de las personas escogidas fueron llamadas por mí telefónica o personalmente. Con excepción de Manuel Cova, quien quedó en consultar el ofrecimiento que le hice de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, obtuve la aceptación de todos los candidatos.
• El escolta civil que me asignó Molina Tamayo para acompañarme hasta mi casa en ese amanecer fue dispuesto por este, como responsable de mi seguridad y si estaba en Fuerte Tiuna armado, era porque los militares lo habían autorizado y el arma tenía permiso. La foto publicada por Poleo fue mutilada y por ello no se aprecia que en el original a mi lado se encontraban varios militares de alto rango, incluyendo miembros de la Casa Militar designada.
• El acto en Miraflores estaba pleno de dirigentes, personalidades y público que decidió hacer acto de presencia y colmó el Salón Ayacucho, la mayoría sin invitación especial. Es otra infamia señalar que los presentes atendían a invitaciones de Pérez Recao o de Romero. Muchas personas del equipo reunido colaboraron en la organización del acto y la principal parte de la tarea logística se hizo con el apoyo de voluntarios.
• Los pronunciamientos públicos de Rafael Poleo y de Petkoff antes de conocerse el Decreto denotaban un prejuicio, ignoro si por que aspiraban otra cosa o porque yo era hasta ese entonces el Presidente de Fedecámaras. El hecho es que no se concedió al nuevo gobierno el beneficio de la duda al menos por unas horas, hasta que se configurara el equipo y se viera de manera objetiva su orientación. Hubo pues consecuencias dada la matriz de opinión que se generó y ello, quiérase o no, alentó a los seguidores de Chávez, pues puso en duda la sinceridad de la dirigencia que asumía la conducción del país.
• Como he dicho, cuando ofrecí en público el cargo a Patricia Poleo para la OCI de la mejor buena fe, no hubo rechazo sino sorpresa de su parte y eso sí, una reacción adversa ya comentada de los representantes de los medios de comunicación presentes.
• Es falso que Vásquez Velasco haya discrepado conmigo sobre la integración del gobierno y sobre la supuesta constitución de una Junta de Gobierno. Si esa opción fue discutida entre los militares antes de hablar conmigo, lo ignoro. Pero cuando me reuní con ellos esa madrugada, con Vásquez Velasco presente, el pedido que se me hizo fue asumir la Presidencia del gobierno provisional, llenar el vacío y hacer anuncios inmediatos al país. Tanto es así que Vásquez estuvo a mi lado desde el primer anuncio hecho en Fuerte Tiuna e informó previamente al país por exigencia mía que yo había sido la persona escogida para ello. Es también falso que Pérez Recao haya participado en alguna de las conversaciones que sostuve con los militares, ni en esa madrugada ni en momentos posteriores. Saludé a Pérez Recao al llegar, como a todos los que se encontraban en Fuerte Tiuna, pero no volví a verlo hasta el día de hoy. Y antes de esa fecha no lo veía desde el mes de marzo.
• El Almirante Molina Tamayo iba a ser reincorporado al servicio activo y firmé una disposición en ese sentido, pues había sido arbitrariamente pasado al retiro por Chávez. Nadie puede negar la valentía de Molina en las semanas previas a los acontecimientos. Poleo quiso también satanizarlo. Y en cuanto a Ramírez Pérez lo designé Ministro por las discrepancias en el Ejército, pero luego sería el General de División Navarro Chacón el Ministro de la Defensa, en función de su antigüedad, méritos y de la aceptación que merecía. Es pues falso que la designación de Ramírez obedeciera a un propósito diferente o que haya habido alguna influencia ajena en dicha decisión. Al final, él iba a ser el Inspector General de la Fuerza Armada, con la aceptación de sus colegas de armas.
• Vásquez Velasco estuvo entre el grupo de militares que decidió que Chávez permaneciera bajo custodia de la Fuerza Armada, por las razones emocionales y de presión analizadas en otro capítulo. Es absurdo que Poleo plantee que este le haya podido expresar al General Baduel --con quien Vásquez afirma no haber hablado-- que no había visto la renuncia escrita de Chávez, habiendo sido Vásquez un protagonista de excepción de los hechos. El sabía que no hubo una renuncia escrita, pues no se aceptó el viaje presidencial, sino borradores y el indudable anuncio verbal hecho a la nación por el General Rincón.
• El General Guaicapuro Lameda actuó como un oficial en retiro firme, serio y respetuoso de las instituciones. Que Poleo se atreva a señalar que en algún momento él haya dicho eufórico que “a mí me salen unas accioncitas de PDVSA” es una canallada y una falta de respeto.
• La decisión de renunciar a la Presidencia tras los hechos ocurridos fue mía. El propio Vásquez Velásquez ha dicho que estaba dispuesto a apoyar al gobierno de transición si modificaba el Decreto, que nada había contra mí y que la rectificación le satisfizo. No obstante, ante las debilidades en que muchos habían incurrido y la decisión espuria de la Asamblea Nacional de juramentar a Diosdado Cabello, opté por renunciar ante el país, por cierto que antes de que García Carneiro y los suyos tomaran Fuerte Tiuna.
• Jamás hubo claridad en la hipótesis de que en la Asamblea Nacional hubiera podido darse un cambio en la correlación de fuerzas capaz de dar otro giro a la provisionalidad. Siempre he pensado que si ello hubiese sido así, se habría materializado en una fecha posterior y la historia sería otra. Sigue habiendo una mayoría precaria, pero mayoría al fin del oficialismo en la Asamblea Nacional. Hablé con Armas y Miquilena telefónicamente y este último fue evasivo. Según testimonio de Ignacio Arcaya Smith, ex Embajador en Washington, Miquilena, su padrino, le pidió hablar con funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, no precisamente en apoyo al gobierno de transición, sino quizás de su viejo amigo Chávez, de quien afortunadamente se ha distanciado.
• No obstante lo anterior, el sábado 13 rectifiqué con hidalguía el Decreto llamando a sesiones a la Asamblea Nacional, pero ese hecho no fue ni siquiera mencionado por Poleo en sus relatos.
• Isaac Pérez Recao emitió unas declaraciones públicas que Poleo reproduce. Que el país las refresque y las analice. Representan su propia defensa y en ellas enfatiza en que me conoce poco, pero que me considera un hombre íntegro y de principios. El resto de las acusaciones de Poleo, que sea él quien las refute.

Lo anterior es tan solo una referencia parcial a los ataques de Poleo, que aguardaban una aclaratoria de mi parte. El tiempo dirá por qué Patricia Poleo se embarcó en este deplorable capítulo del periodismo venezolano que, con estos comentarios, paso a ignorar de nuevo, esta vez para siempre.


LA INTERPELACIÓN PARLAMENTARIA



“Siempre es más fuerte quien se sonríe, que quien se enfurece”.
Proverbio japonés.



En el lapso entre mi detención domiciliaria y la decisión del asilo, el 27 de abril del 2002, la Asamblea Nacional acordó constituir una Comisión Parlamentaria para investigar los acontecimientos ocurridos entre los días 11 y 14 de abril, a cuyo efecto, de conformidad con la Constitución y la Ley sobre Comparecencia, elaboró una lista de personalidades civiles y militares del gobierno y de la oposición, que serían interpeladas en sesiones públicas de dicha Comisión. La misma quedó presidida por el Diputado Edgar Zambrano de la fracción de AD, por Tarek William Saab del MVR como Vicepresidente e integrada mayoritariamente por Diputados del oficialismo, entre ellos varios de la línea radical como Iris Valera, Juan Barreto, Cilia Flores, Luis Tascón, Raúl Esté y Calixto Ortega. La oposición estuvo representada por los Diputados Juan José Caldera, Liliana Hernández, Alfonso Marquina, Vestalia de Araujo, César Pérez Vivas, Carlos Tablante y Gerardo Blyde.

La lista de los interpelados fue encabezada por mí y se fijó el día 2 de mayo del 2002 para mi concurrencia a la Comisión. Como dato curioso, el oficio de notificación fue firmado por el Presidente Edgar Zambrano y por el Diputado Tarek William Saab, con la fórmula final, “le reitero mis sentimientos de alta estima y consideración”, que denotaba no haber sido leída por Tarek, el “poeta” de la revolución, el incondicional de Chávez, cuyas actuaciones y presuntas conexiones internacionales motivan tantos comentarios. El Diputado Zambrano cumplió un papel objetivo en la difícil conducción de la presidencia de la Comisión y en tratar de moderar a la jauría oficialista, que concurría a las sesiones no con el propósito de investigar, sino de juzgar y ver sangre. Fueron interpeladas en total 33 personas a lo largo de ese mes de mayo.

El día de la comparecencia, la DISIP organizó un operativo para mi traslado, previa autorización de la Juez de Control, dado que los círculos violentos conocían del acto y habían tomado los alrededores del Capitolio hasta la Plaza Bolívar, como lo siguen haciendo hasta el presente. La sesión fue fijada para las 10 a.m., por lo cual salimos temprano de mi residencia por la vía de la Cota Mil, donde por seguridad se hizo un cambio de vehículo, prosiguiendo por la Avenida Baralt hasta llegar a la sede del Poder Legislativo a las 9:15 a.m. Entramos por la puerta lateral de la esquina de la Bolsa, donde funcionaba la Cámara del Senado, en cuyo hemiciclo se celebraría la reunión. Permanecí en la antesala acompañado por miembros de la DISIP y de la Policía Metropolitana. Comenzaban a sentirse gritos hostiles de los círculos chavistas y algunos de los policías presentes se expresaron su molestia hacia ellos, dada su agresividad y los episodios protagonizados. El Presidente de la Comisión entró a la antesala, me saludó cortésmente y me aseguró que se esmeraría en un manejo respetuoso e imparcial de la Comisión. No imaginaba aún cuál sería la actitud de los fanáticos del oficialismo.

A las 10 de la mañana se inició la sesión. Hecha la instalación formal por parte del Presidente y señalados sus propósitos, me ofreció la palabra para que efectuara una exposición introductoria de veinte minutos. En esos momentos, el Diputado Tarek William Saab protagonizó el primer incidente, pues objetaba la presencia de mis abogados defensores. Afortunadamente, el día anterior yo había enviado una carta al Presidente de la Comisión solicitándole autorización para estar acompañado por mi defensa, ya que se trataba de un acto de consecuencias jurídicas, que podía requerir asistencia legal, petición que el Presidente de la Comisión consideró razonable. Por ello, el Presidente notificó a la Comisión que la presencia de mis abogados estaba autorizada y que así se procedería con los demás interpelados, dando por cerrada la discusión.

En mi exposición me centré en las siguientes consideraciones:

• Destaqué mi presencia ante la Comisión Parlamentaria con dignidad y entereza; no se trataba de alguien con vocación de dictador, sino de una persona con una trayectoria de conducta ciudadana limpia, transparente, de servicio democrático al país, con aportes conocidos como factor de entendimiento y concertación entre los diversos sectores de la sociedad, de una manera consistente.
• Puse de relieve mi sincera actitud de apertura al tender la mano al diálogo con el gobierno una vez electo Presidente de Fedecámaras, en aras de una relación más armónica entre ambos sectores, aportando un sinnúmero de propuestas a la mesa de diálogo para la distensión, la reactivación económica y la definición de políticas, lamentablemente sin una respuesta favorable del gobierno, sino por el contrario, con un endurecimiento de posiciones, la aprobación inconstitucional de los Decretos Leyes y una actitud impositiva y excluyente.
• Me referí a los antecedentes que condujeron a la etapa de protestas cívicas iniciadas el 10 de diciembre del 2001 y a la búsqueda de la calle por parte de la sociedad civil, con una respuesta airada del Presidente Chávez que enervó los ánimos y estimuló las marchas y protestas cívicas, exacerbadas por la confrontación del gobierno con la Iglesia, sindicatos, medios de comunicación, empresarios y partidos políticos.
• Analicé las consecuencias de la agresión gubernamental contra la CTV y su directiva, el acercamiento entre los sectores empresarial y sindical, dentro de sus diferencias, entre ellos mediante la búsqueda de alternativas para la reactivación de la inversión y del empleo y la firma de las Bases del Acuerdo Democrático entre ambos, con el apoyo de la Iglesia.
• Destaqué la crisis económica nacional, que crecía exponencialmente, agravada por el conflicto de PDVSA, dado el intento de politización de la institución por parte del gobierno; el fracaso del diálogo con sus empleados y la coincidencia cronológica del paro de la CTV con el conflicto de PDVSA. Insistí en el carácter pacífico y democrático del paro del 9 de abril, sus motivaciones, origen y la tozudez del gobierno, los atropellos al personal de PDVSA y sus efectos.
• Puse de relieve el carácter pacífico de la marcha del 11 de abril como expresión de una esperanza contenida y del legítimo deseo de protesta democrática, que fue reprimida por el oficialismo, violando los derechos humanos y pretendiendo activar un plan militar, que habría sido causante de un genocidio. Enfaticé en la solidaridad del país con PDVSA, mi actitud ante la marcha y mi insistencia de no llegar al Palacio de Miraflores, por los peligros que entrañaba; así mismo, los clamores frustrados del empresariado nacional por una rectificación de rumbos y de actitudes y finalmente, cómo el 11 de abril se solicitó la renuncia del Presidente, ante la falta absoluta de respuestas y de salidas a la crisis.
• Puntualicé mi actuación al frente de Fedecámaras y las decisiones del empresariado y de la sociedad civil de organizar los paros del 10 de diciembre y del 9 de abril, como producto de decisiones de los órganos de gobierno de la institución y de la CTV, muy lejos de posturas de carácter personal. No obstante, hubo circunstancias que generaron un reconocimiento al liderazgo asumido, que quizás influyeron en que fuese llamado a llenar el vacío de poder el 12 de abril.
• Precisé cómo la renuncia del Presidente Chávez anunciada por el General Lucas Rincón fue el factor desencadenante de la crisis política y enfaticé en el valor jurídico del mismo, a lo cual se sumó el abandono del gobierno, la entrega del Presidente en Fuerte Tiuna y la decisión del Presidente del TSJ y del alto mando militar de poner sus cargos a la disposición.
• Puse de relieve los vacíos de la Constitución de 1999 en caso de ausencia del Presidente y del Vicepresidente Ejecutivo y mi convicción de no haber violado la Constitución al asumir la Presidencia del Gobierno Transitorio, de no haber conspirado, propiciado un golpe de estado, ni mucho menos protagonizado una rebelión. Defendí el concepto de que la rebelión involucra a un colectivo armado que en forma violenta trata de derrocar a un gobierno, lo cual no ocurrió, pues no se produjo ni un solo disparo y las autoridades abandonaban el poder. Reafirmé que no hubo un plan premeditado, que no llegó a ejecutarse ninguna decisión de Estado y que nadie llegó a ser juramentado.
• Reiteré la firme intención de haber llamado a elecciones parlamentarias en 90 días y de invocar la Carta Democrática Interamericana. No había otro propósito que restablecer rápidamente la plena vigencia de la Constitución de 1999.
• Expresé que tuve confianza en el respaldo de la FAN y de la civilidad, lamentablemente sin una actitud consistente y que se requerían decisiones heroicas, ante lo cual no dudé en dar un paso adelante, con honestidad, para buscar la relegitimación de los poderes y enfrentar la fractura social propiciada por el oficialismo. Pero rectifiqué cuando fue necesario y llamé a la Asamblea Nacional a que sesionara y decidiera.
• Afirmé que no hubo usurpación de funciones, pues se configuró un vacío de poder de indudables repercusiones.
• Manifesté que nadie me impuso ningún nombramiento, ni hubo presiones extrañas, que mi único compromiso era con el país. Ratifiqué mi fe en la democracia como el mejor de los sistemas de gobierno y como único medio para conducir al país hacia los objetivos de progreso y de desarrollo.
• Destaqué mi comparecencia a la Comisión con la frente en alto, sin nada que ocultar ante mi propia conciencia, mi familia, la sociedad civil y el empresariado, al cual representé con orgullo hasta el día 11.
• Confirmé que no tuve ninguna relación con la desobediencia militar del día 11 ni con las presiones castrenses para la renuncia del Presidente, pues mi participación se inició en el momento de la renuncia presidencial anunciada por el General Rincón. Dejé constancia de que no hubo ninguna instrucción de represalias o excesos durante las horas del gobierno de transición, las cuales condené abiertamente, sino pocos allanamientos con base legal, en búsqueda de armas, responsables de la masacre y protección de documentos. El vandalismo y los saqueos se desataron después del retorno del Presidente Chávez al poder.
• Manifesté haber sido un opositor racional al gobierno pero jamás un conspirador y mi aspiración de que el proceso jurídico se cumpliese apegado a la Ley. Además, mi convicción de que Venezuela necesitaba un cambio de actitudes y de políticas, de reconciliación, de respeto a la disidencia, de resguardo de las instituciones y de relegitimación de los Poderes Públicos. Una sola Venezuela donde todos podamos convivir sin sectarismos ni exclusiones, sin temor al cambio, a la apertura, a elecciones, so pena de una confrontación fratricida.
• Rendí homenaje a los caídos el 11 de abril. Solicité el imperio de la verdad y de la justicia y destaqué cómo en manos de la Comisión estaba rescatar la majestad e independencia del Poder Legislativo y realizar una investigación objetiva de los hechos ocurridos en esos días.

Acto seguido, las hienas estaban listas para atacar. Fueron doce largas horas, de 10 a.m. a 10 p.m., solo interrumpidas en horas del mediodía con una pausa, pues el Diputado César Pérez Vivas de COPEI pidió una moción de orden, ya que había sido agredido con huevos por las hordas violentas a las puertas del Capitolio, lo cual motivó su airada protesta y una exigencia a la directiva del Parlamento de desalojarlos. Ello motivó contactos parlamentarios con el Presidente William Lara y la salida a las rejas del Capitolio de los Diputados Tarek William y Solórzano del MVR, presuntamente para apaciguar a sus compañeros políticos, aun cuando su presencia más bien los incitaba. La turba pedía: “suéltennos a Carmona pa´matalo”, en el estilo sanguinario que les caracteriza. Aproveché los momentos de la pausa para, por única vez visitar los servicios higiénicos, pero me mantuve sin ingerir alimentos durante todo el día.

La sesión se reanudó cerca de las 2 p.m. y prosiguió hasta las 10 p.m. sin interrupciones. Las preguntas e intervenciones estaban llenas de mentiras e injurias, pero las respondí pacientemente. Fue un espectáculo indigno y cruel, propio de los peores momentos de la inquisición, donde se desfogaron las más bajas pasiones. Desde el inicio fijé en mi mente no caer en provocaciones, pues de lo contrario sería crucificado. Para ello emplee un ejercicio de autocontrol, tratando de construir una barrera imaginaria, a manera de un cristal blindado. En un par de ocasiones mi defensor habló con el Presidente de la Comisión sin mi conocimiento para manifestarle que se estaban violando mis derechos fundamentales, pero el Presidente le pidió que concluyéramos, pues había mantenido ponderación en las respuestas. Durante la interpelación la defensa estuvo atenta al resguardo de mis derechos constitucionales, pero al verme desenvolver con soltura, no resultaron necesarias muchas acotaciones.

Como parte del anecdotario, la Diputada Cilia Flores lucía “jeans” y chancletas en la sesión de ese día; el Diputado Juan Barreto, a quien nunca había visto en persona me provocaba señalando que yo lo tenía como número uno en la lista de los perseguidos, “según se lo había informado el Diputado Carlos Tablante”, a quien ante semejante afirmación le dirigí una mirada de extrañeza, que fue esquivada por éste con la demostración de una conciencia intranquila. De Juan Barreto, sólo conocía de su fundamentalismo y de la información que es vox populi en Venezuela de que Barreto fue objeto de una acusación penal en 1998 por la presunta agresión con un arma blanca a un joven abogado, quien se salvó milagrosamente de la muerte, pero la investigación fue cerrada al producirse el triunfo de Chávez. El agredido debió marcharse de Venezuela y el presunto agresor es flamante Alcalde Mayor de Caracas.

El Diputado Tarek William Saab se declaró víctima de atropellos el día 12, pero es sabido que provinieron de sus vecinos de la Urbanización La Lagunita, razón por la cual la Policía de El Hatillo lo protegió, lo retuvo y luego lo dejó marchar con las debidas excusas. Otros me llamaban dictador y me retaban. Las intervenciones de los Diputados de la oposición ocurrieron en un tono más objetivo que el de la bancada oficialista. Durante el receso del mediodía, algunos tuvieron la gentileza de saludarme, pero del sector oficial el único que lo hizo fue el Diputado Rafael Simón Jiménez, con quien había sostenido con anterioridad francas conversaciones. La intervención de cierre la hizo con firmeza e hidalguía el Diputado Juan José Caldera, protestando por el duro trato que se me había dispensado y por la intención de proseguir la interpelación a través de cuestionarios, lo cual era revelador de un propósito eminentemente retaliativo.

A las diez de la noche, cuando el Presidente de la Comisión dio por concluida la maratónica sesión, record en la historia parlamentaria venezolana, para pasar a la siguiente interpelación, la del Contralmirante Carlos Molina Tamayo, me levanté de la mesa y fue allí cuando sentí debilidad y cansancio. El trato que se me dispensó irritó a la opinión pública y por ello aparecieron luego artículos de prensa destacando mi ponderación y cuestionando al tribunal inquisitorio, ante lo cual el oficialismo se vio obligado a modificar su estrategia para no generar más rechazos. Entre ellas recuerdo la columna de Fausto Masó en El Nacional, titulada “la resurrección de Pedro Carmona Estanga” con una caricatura en la cual aparecía yo subiendo hacia el cielo en bicicleta, al estilo de la película “ET” y abajo quedaba el diminuto hemiciclo parlamentario.

A pesar de la avanzada hora, permanecían en las afueras del Capitolio los grupúsculos violentos. Salimos por la misma puerta lateral en forma sorpresiva y segundos antes uno de los agentes de la DISIP me obligó a colocarme un chaleco antibalas, primero que usaba en mi vida. Era mejor prevenir que lamentar. Tomamos rumbo a mi casa, donde mi esposa me aguardaba con una cena y un trago de whisky que encontré gloriosos. Pude ver parte de la interpelación al Almirante Molina Tamayo, la cual terminó antes de una hora, pues abandonó el hemiciclo al segundo insulto de los parlamentarios del gobierno, que lo llamaron payaso, espantapájaros y otros adjetivos hirientes. Molina pudo tomar esa decisión sin consecuencias, pero si lo hubiese hecho yo habría sido llevado a la hoguera. Conservo aún en mis archivos las preguntas escritas de los Diputados oficialistas, escritas con pésima letra y “horrores” ortográficos, indicativas de la calidad intelectual de los representantes de la “revolución” en el Parlamento.

El grupo oficial en la Comisión Parlamentaria orientó su informe hacia la demostración de la existencia de un golpe de estado “caudillista y fascista”, apoyado en la fuerza de las armas y en una conspiración de derecha. ¡Que ironías!. Pareciera que para ellos no existiesen los espejos y que la memoria fuese frágil. El informe incluye un sinnúmero de argumentos para afirmar que la marcha y el paro cívico tuvieron como propósito derrocar al Presidente mediante una presión hacia su renuncia, conclusión orquestada con la Fiscalía. Se trató de desvirtuar la realidad sobre la masacre propiciada por el gobierno, haciendo ver que existía un comando armado de la oposición y que los responsables de la marcha hacia Miraflores y de los homicidios eran Pedro Carmona, Carlos Ortega, Carlos Molina Tamayo y Guaicaipuro Lameda, culpando además a la Policía Metropolitana y al Alcalde Alfredo Peña. ¡Insólito!. Sostiene la versión que la masacre fue una pieza dentro del plan de golpe de estado para atraer la atención de los seguidores del gobierno hacia Puente Llaguno y la Avenida Baralt y dejar libre el Portón N° 1 del Palacio y así facilitar su asalto. Se critica además a los medios de comunicación y se señala a los editores como cómplices de la acción golpista.

El informe concluye declarando la participación en el “golpe de estado” o en hechos relacionados a los ciudadanos Pedro Carmona Estanga, C.A. Carlos Molina Tamayo, Alcaldes Alfredo Peña, Leopoldo López y Enrique Carriles Radonsky, Gobernadores Manuel Rosales y Enrique Mendoza, Generales y Almirantes Efraín Vásquez, Enrique Medina Gómez, Manuel Rosendo, Romel Fuenmayor, Héctor Ramírez Pérez, Gonzalo García Ordoñez, Rafael Damiani Bustillos, Carlos Alfonzo Martínez, Nestor González González, Rigoberto Martínez Vidal, Henry Lugo Peña, Andrés Eloy González, Italo Fernández Rodríguez, José Félix Ruiz, José María Román Betancourt, Daniel Comisso Urdaneta, Pedro Pereira Olivares y Coronel Julio Rodríguez Salas, además de los Diputados Liliana Hernández, Leopoldo Martínez Nucete y los Sres. José Rodríguez Iturbe, Miguel Dao, Daniel Romero, Generales (R) Guaicaipuro Lameda y Ovidio Poggioli, Carlos Ortega, Angela Sago, Orlando Urdaneta, Alan Brewer-Carías, Isaac Pérez Recao, los medios de comunicación televisivos y los firmantes del Acta, por presuntos delitos, incluyendo en algunos casos el de rebelión. En atención a ello, la Comisión recomendó acciones al Ministerio Público, a las autoridades competentes, a los órganos jurisdiccionales, a varios Ministerios, a la Asamblea Nacional, a la Defensoría del Pueblo, investigar y sancionar tales hechos, en función de su participación activa y concertada en la “conspiración y el golpe de estado”.

Frente al informe oficialista, los Diputados de la oposición dejaron consignado su voto negativo razonado, por desacuerdo con aspectos de forma y con la mayoría de los de fondo, así como por vicios de incompetencia de orden constitucional manifestados en usurpación de funciones y de autoridad, vicio en el objeto, desviación, abuso o exceso de poder, falta de motivación, violación al principio de la igualdad y ausencia de base legal, todo lo cual fue bien sustentado en el voto negativo. En él se rebate además la afirmación de que existió un golpe de estado, por ser una materia que no corresponde a la Asamblea Nacional, pues es potestativa de otras ramas del Poder Público Nacional. Se analiza el conflicto de PDVSA, estimulado por el Ejecutivo y los antecedentes del paro y de la marcha, así como el desarrollo del mismo, rebatiendo el concepto de que ellos hayan tenido como propósito propiciar la salida del Presidente de la República.

Adicionalmente, basándose en un informe técnico sobre la masacre de Puente Llaguno que recoge declaraciones de un numeroso grupo de interpelados que contrarían la versión oficialista, los Diputados de oposición recomendaron a la Asamblea Nacional que analizara y determinara la declaratoria de responsabilidad política de los ciudadanos Hugo Chávez Frías, Presidente de la República y José Vicente Rangel Vale, Ministro de la Defensa en las condiciones que condujeron a la masacre de Puente Llaguno, donde se disparó sobre una muchedumbre indefensa que no hacía otra cosa que ejercer el derecho a manifestar pacíficamente y sin armas y porque la actuación de los francotiradores armados cerca de Miraflores no motivó a las autoridades a ejercer ningún tipo de control para evitarla, sin explicación alguna. Antes bien, se invocó un Plan Ávila de carácter represivo contra la manifestación pacífica y desarmada, además de la activación ilegal de los llamados “círculos bolivarianos” por parte de Rangel, el Alcalde Freddy Bernal, Diosdado Cabello y otras personas ligadas al oficialismo, incluyendo Diputados y Ministros. Por todo ello, la fracción de la oposición recomendó considerar un voto de censura contra los Ministros José Vicente Rangel y la Ministro del Trabajo María Cristina Iglesias, por falta de diligencia en el cumplimiento de sus atribuciones legales y por contribuir a la radicalización del conflicto.

En relación con mi juramentación, los Diputados de oposición indicaron que no era dable a la Asamblea Nacional calificar los hechos como golpe de estado o vacío de poder, so pena de invadir atribuciones del Poder Judicial y mucho menos afirmar, como se recogía en el informe oficialista, que habían quedado probados delitos de rebelión militar, usurpación de funciones y otros, los cuales sólo podían surgir mediante la garantía a un debido proceso, el ejercicio de la legítima defensa, el establecimiento de los hechos delictuales y sus consecuencias jurídicas, en caso de haberlas. Tampoco era dable a la Asamblea Nacional –agregó-- establecer responsabilidades políticas a ciudadanos particulares --solo a funcionarios públicos-- pues escapa de las competencias constitucionales de la Asamblea Nacional, reconociendo finalmente que ninguna autoridad ni Ministro llegó a ser juramentado por el gobierno transitorio.

El informe de la oposición interpreta adicionalmente lo ocurrido al señalar: “Luego que el Alto Mando Militar presionara al Ciudadano Carmona Estanga para que modificara su Decreto y aceptada por este las condiciones de la modificación y juramentado por otro lado Diosdado Cabello como Presidente de la República por el Ciudadano William Lara, Carmona renunció”. En ello hay imprecisiones, pero lo importante es que dejó sentado que en la madrugada del 14 de abril, el Presidente de la Asamblea Nacional William Lara “juramentó al hasta entonces Vicepresidente Ejecutivo Diosdado Cabello como Presidente de la República interino, fuera del Palacio Federal Legislativo, sin la convocatoria correspondiente a los demás Diputados para dicha sesión”. Expresiones reveladoras del carácter irrito del acto, aun cuando sus efectos hayan sido reconocidos por mí mismo, pues imaginaba que la Asamblea Nacional había sido llamada a sesiones.

Por todo lo expuesto, el grupo parlamentario insistió en que se estableciera la responsabilidad política del Presidente de la República Hugo Chávez por acciones y omisiones que en el cumplimiento de sus funciones causaron la violación de los derechos humanos de los muertos o heridos el 11 de abril. Lamentablemente, ni esa petición fue atendida, ni la Comisión de la Verdad fue constituida, en la más clara demostración del propósito de mantener bajo total impunidad los crímenes cometidos y tratar de falsear la verdad sobre lo ocurrido. Llegará el momento para que hechos tan repulsivos sean desentrañados, pues los delitos de “lesa humanidad” no prescriben.


LA EVASIÓN Y EL ASILO

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“Un hombre no está acabado cuando lo derrotan; está acabado cuando se rinde”.
Richard Nixon


Transcurrió algo más de un mes desde la apelación de la Fiscalía, mientras yo cumplía detención domiciliaria, a la espera del pronunciamiento de la Corte. El miércoles 22 de mayo del 2002, fecha en la cual se aguardaba la decisión, recibí hacia las 4:30 p.m. la llamada de una periodista del Diario “Tal Cual” para informarme que el representante de la Fiscalía, Dr. José Benigno Rojas, había declarado a un comunicador que la decisión de la Corte estaba lista, que me era adversa y que supondría mi remisión a una penitenciaría, ante lo cual solicitaba mi reacción. La llamada me sorprendió. Confiaba, al igual que mi defensa, en una decisión conforme a derecho. Decliné declarar, argumentando que no podía opinar sobre supuestos. Tan pronto cerré el teléfono informé a mis abogados de la llamada y su respuesta fue de extrañeza, pues a las puertas del Tribunal se encontraban dos juristas del equipo, quienes manifestaron que el Tribunal estaba cerrado y que no se esperaba un pronunciamiento ese día.

Los Magistrados de la Corte de Apelaciones se habían ausentado de su lugar de trabajo para reunirse en otra oficina y así quizás compartir con más facilidad la redacción de la decisión con el Fiscal, el Presidente del TSJ y el gobierno. La llamada sirvió en todo caso para alertarme de que podía haber sorpresas. Esa misma noche decidí activar el plan de contingencia, el asilo, enviando a un emisario de confianza a la Embajada de Colombia para reafirmar lo planteado en un contacto previo, de que en el supuesto de que se confirmara una decisión violatoria de mis derechos constitucionales y se tratara de privarme de libertad en una penitenciaría, solicitaría el asilo diplomático, pues me convertiría en un perseguido político y estaría en grave riesgo mi integridad personal.

Algunos vecinos me ofrecieron solidariamente esa noche protección en sus viviendas si trataban de llevarme a una prisión, pero ello no fue necesario. La torpeza fue tan grande, que en virtud de los vínculos del Presidente del Tribunal Supremo Iván Rincón con el diario Panorama de Maracaibo, decidió suministrarle la primicia o “tubazo” de la noticia a dicho medio, a la cual no había tenido acceso ni siquiera mi defensa, pero sí el gobierno, el TSJ con Iván Rincón a la cabeza y el Fiscal Isaías Rodríguez, pues ya el Dr. José Benigno Rojas lo había dejado filtrar el día anterior.

A las 5:45 a.m. del jueves 23 de mayo repicó el teléfono de mi habitación, lo cual me hizo sospechar algo malo. Era un miembro del equipo de la defensa que había sido encargado de revisar muy temprano la prensa nacional y que me comunicaba la noticia aparecida en “Panorama”, según la cual la Corte aceptaba la apelación de la Fiscalía, me acusaba del delito de rebelión y decidía revocar mi detención domiciliaria y cambiarla por privación de libertad en la prisión de Yare, la misma en la cual estuvo detenido Hugo Chávez con los suyos, a raíz de la rebelión contra el gobierno de Pérez.

Apenas recibí la confirmación de la noticia decidí sin demoras ejecutar el plan de contingencia, evadir mi custodia y dirigirme a la Embajada de Colombia, situada en la Urbanización Campo Alegre, a apenas quince minutos en automóvil de mi residencia. Me encomendé a Dios y para todos los efectos, como solía hacerlo a diario, le indiqué a mi esposa que bajaba a realizar la caminata dentro del perímetro del conjunto residencial, pues la policía se mantenía vigilante en la única puerta de acceso al edificio. Bajé al jardín y para burlar los teléfonos intervenidos desde tiempo atrás, solicité a un vecino que me permitiera efectuar una breve llamada, en la cual alerté a un allegado que aguardaba con una contraseña. Algunos minutos después, en el sótano del estacionamiento, me ocultaba en el baúl de un vehículo.

Se puso en marcha el motor, ascendimos lentamente por la rampa hacia la puerta, en medio del suspenso propio de una operación riesgosa. Sentí la pausa a la entrada del edificio mientras los vigilantes levantaban la barrera de acceso y al cabo de unos segundos me percaté que la habíamos traspasado sin obstáculos. El vehículo se enrumbó hacia el Centro San Ignacio y luego cruzó hacia Campo Alegre. Eran las 6:50 a.m. cuando arribamos a la residencia diplomática. Minutos antes había notificado que me dirigía hacia allá y por ello al tocar el timbre, se me permitió ingresar por una puerta lateral. Respiré hondo: ¡estaba a salvo, en territorio colombiano!.

Al subir al segundo piso me recibió aún saliendo de la ducha, con una toalla cubriendo su cintura, el Encargado de Negocios a.i., Ministro Gustavo Daza, pues el Embajador Germán Bula había viajado el día anterior a Estados Unidos para asistir a la celebración del aniversario de boda de sus padres. De inmediato fui conducido a la terraza de la habitación del Embajador, para no ser visto por dos distinguidos visitantes colombianos alojados ese día en la Embajada. No se consideró conveniente que ellos se enteraran de mi presencia allí hasta tanto no se produjese un anuncio oficial por parte de las autoridades. Después supe que se trataba de Alfonso López Caballero, hijo del expresidente Alfonso López Michelsen, actual Embajador de Colombia en Londres y Miguel Santamaría, político de trayectoria, hoy Embajador en la Rusia de Putin. Ellos solo conocieron la noticia del asilo en horas de la tarde a través de los medios, cuando ya se dirigían al aeropuerto para retornar a Colombia.

Posteriormente me enteré de las peripecias que vivió mi esposa cuando cerca de las 9:30 a.m., hora habitual de contacto con la custodia de la DISIP, comenzaron a indagar por mí y no hubo otra respuesta posible: que había bajado a mi caminata matutina dentro del conjunto y que no había regresado. Quizás mi familia lo sospechaba, pues conocían la decisión de la Corte y porque en algún momento yo les había manifestado que esa era una opción no descartable. La policía inició la búsqueda por todo el condominio, se sucedieron llamadas a la DISIP en medio de gran nerviosismo y ya avanzada la mañana, se convencieron de que no me encontraba en los predios del edificio. Uno de los guardias preguntó a mi esposa si no me habría ido a la marcha que celebraba la oposición ese día, mientras otros temían que pudiese haber sido secuestrado. Al final, uno de ellos expresó: “Y pensar que fui yo quien le colocó el chaleco antibalas al Doctor Carmona a la salida del Parlamento”.

En horas de la tarde, mi esposa, hijo, la empleada Rosa, que comparte casi 20 años con la familia y un sobrino político de visita en casa, fueron conducidos a la DISIP a rendir declaraciones en torno a mi evasión, que no fuga, pues la evasión es un escape, en tanto que la fuga entraña violencia. Estuvieron acompañados por el abogado Carlos Sanz y por un sobrino abogado, Ibrahím García. Las declaraciones se prolongaron durante cinco horas y en el caso de Rosa durante cinco horas y media, pensando que ella sería la persona más vulnerable para la obtención de información. No sabían de su entereza y capacidad de análisis, hasta el punto de que, siendo yo Presidente de Fedecámaras, a la hora del desayuno solía ofrecerme los resúmenes de las noticias de prensa, radio y televisión matutinos. Pero además, nada tenía que agregar a lo que sabía: que había bajado a caminar y que no había regresado, pues mantuve la decisión en total reserva, salvo la advertencia hecha a mi familia sobre esa eventualidad y la encomienda que hice a una persona de confianza de servir de enlace con la Embajada de Colombia.

La noticia oficial de mi presencia en la Embajada fue conocida en el país a través de un comunicado oficial del gobierno colombiano. En esos momentos mi familia estaba camino a la DISIP para ser sometida a interrogatorios. Ello motivó, según su relato, sorpresas en los medios policiales y del Ministerio Público, pues había circulado el rumor de que me dirigía en un avión privado hacia Curazao. Algunos funcionarios no ocultaron en su rostro un sentimiento de alivio y para otros, los de la DISIP, habría sido más grave si se hubiese tratado de un secuestro. El anuncio del asilo no fue hecho por la Embajada en Caracas sino por el Canciller Guillermo Fernández de Soto desde el Palacio de San Carlos en Bogotá, quien lo comunicó a su colega Luis Alfonso Dávila y luego a los medios de comunicación. Así supo el gobierno de Venezuela de mi paradero. La Asamblea Nacional se encontraba en sesiones y fue informada de la noticia por el Diputado Tarek William Saab, quien a su vez la conoció de boca del Canciller. El gobierno colombiano informó además que, conforme a las normas del derecho internacional, analizaría mi solicitud de asilo, a los efectos de su calificación.

Me constituí así en el primer asilado y perseguido político del gobierno de Hugo Chávez. Pero el gobierno de la ilegalidad me califica como un prófugo de la justicia y me sigue los pasos. No tardaron las reacciones en contra de mi custodia, que fueron detenidos y el propio Chávez señaló su culpabilidad, por haberse confiado. En meses posteriores se sucedieron otros casos de asilo, entre ellos el del Contralmirante Carlos Molina Tamayo en El Salvador, el de Carlos Ortega, Presidente de la CTV, en Costa Rica y el de un grupo de numerosos militares que han recurrido a la protección de los gobiernos de México, Perú, República Dominicana, Uruguay, Colombia y Estados Unidos, además de la situación de Carlos Fernández, ex Presidente de Fedecámaras, asilado en este último tras la orden de detención que pesa en su contra. De allí la significación que mi caso revestía para el país y para el gobierno y una de las razones de la escogencia que hice de la nación vecina.

Colombia ha sido en efecto un país emblemático en el respeto a la institución del asilo. Fue proverbial el caso de Víctor Raúl Haya de La Torre, fundador del APRA, asilado en la Embajada de Colombia en Lima entre los años 1948 y 1953, en virtud de la negativa de la dictadura del General Odría de concederle el salvoconducto. El gobierno colombiano, pese a las tensiones que el tema provocó en la relaciones con el Perú, se negó a entregar a Haya. Por ello, la Embajada de ese país en Lima se ha convertido en un museo a la libertad. A raíz de ese problema, en 1954 se promovió la modificación de la Convención sobre el Derecho de Asilo, para incorporar la obligatoriedad de otorgamiento del salvoconducto, una vez que el país asilante decide la calificación.

Otros casos notorios de asilo en Colombia fueron el de Alan García, expresidente del Perú, perseguido por el gobierno de Fujimori, hasta que pudo retornar a su país a la caída de este. En 1948, Rómulo Betancourt, a la caída del gobierno de Rómulo Gallegos, se asiló en la Embajada de Colombia en Caracas, desde donde se dirigió a Jamaica y luego a México. También Raúl Leoni, expresidente de Venezuela, vivió en el exilio en Colombia durante la dictadura de Gómez, culminando la carrera de Derecho en la Universidad Externado de Colombia en 1938; allí se conserva la foto de su grado. También residieron en Colombia en épocas de Pérez Jiménez: Carlos Andrés Pérez, Rómulo Gallegos y muchos políticos venezolanos recibieron protección en momentos de dificultad. Finalmente cabe mencionar que el Presidente José María Velasco Ibarra de Ecuador, quien a lo largo de su accidentada carrera política vio interrumpido sus mandatos por golpes de estado, gozó del asilo en cuatro oportunidades en Colombia.

Algunas razones adicionales me motivaron a elegir a Colombia, entre ellas la experiencia del Canciller Guillermo Fernández de Soto y del Embajador en Caracas, Germán Bula. En el caso del Perú, que era una opción dados mis nexos con ese país, se encontraba al frente de la Misión un Encargado de Negocios, pues el Embajador Luis Marchán, de larga trayectoria diplomática, acababa de ser trasladado al Ecuador. Por otra parte, pesó en mi escogencia la cercanía geográfica de Colombia, que facilitaría el contacto con el país, familiares y amigos, la relación bilateral existente y la calidad de vida en Bogotá. Además, eran muchas las amistades que había cultivado en Colombia a lo largo de años de dedicación a la integración económica, al comercio exterior, a la actividad gremial y al estímulo de las relaciones entre ambos países, lo cual me había hecho acreedor del aprecio de los colombianos. Era el fruto de la siembra desinteresada durante años desde la actividad pública, privada e internacional con diversos estamentos de la sociedad de ese país, sin que nada tuvieran que ver con los hechos de abril.

Además pensé que si debía dejar la patria, qué mejor que aprovechar el tiempo del exilio para profundizar el conocimiento y relaciones con una nación con la cual estamos obligados a mantener vínculos de vecindad y de cooperación irreversibles, en función del nivel de interdependencia alcanzado, pese a los daños que el gobierno de Chávez ha infringido a esa relación, así como al proceso de integración andino, hoy en la peor crisis de sus 35 años de existencia. Lo sorprendente es que a la cabeza del Ministerio de Relaciones Exteriores estaba el Embajador Roy Chaderton, diplomático de carrera, antes Embajador en Colombia, quien pudo haber contribuido más en pro de los vínculos bilaterales, pero que con el afán de hacer méritos con su mentor abrazó la causa chavista y avaló el traslado del radicalismo a la política internacional del país.

En Colombia Chaderton protagonizó desplantes, “listas negras”, acusaciones contra Ministros y machacones reclamos por la satisfacción que habría generado en ciertos sectores de la vida colombiana los eventos de abril, lo cual raya en lo ridículo e irrespeta a instituciones y dirigentes colombianos. No se comprende cómo puede aspirarse a que en Colombia existan sentimientos de aprecio hacia Chávez y su gobierno, en especial a José Vicente Rangel, hombre hostil a Colombia desde sus actividades periodísticas y luego en ejercicio de funciones de gobierno. Esos sentimientos son correspondidos por los colombianos, que perciben en Rangel ser protagonista de una crisis nacional que repercute sobre Colombia, del deterioro de la relación bilateral y de la tolerancia con los grupos irregulares, enemigos de la pacificación de la nación neogranadina. Ello pese a que los padres de Rangel, Don Pepe Rangel y Doña Leonor Vale vivieron en Cúcuta y Bochalema a la caída de Gómez y luego en 1950 en compañía de sus hijas Graciela y Avelina. José Vicente fue expulsado del país en 1952, residió en Cúcuta y Bogotá y después de un tiempo marchó al exilio en Chile. Los nexos de la familia Rangel con Colombia son pues fuertes, pero por razones que se desconocen, José Vicente fue incubando un malsano sentimiento hacia el país hermano.

En cuanto a Chaderton, muchos piensan que habría podido desempeñarse como un Canciller profesional, pero optó por convertirse en actor político y ardoroso defensor de las políticas de Chávez. Él mismo ha dicho que cuando se compromete lo hace de manera integral. Basta con analizar sus discursos en los foros internacionales en tiempos recientes, entre otros en el marco de la OEA, los cuales hablan por sí solos y han potenciado críticas hacia su persona, incluyendo viejos amigos que le expresan su rechazo en cartas y artículos de prensa, pues no se le perdona que con su trayectoria y formación, se haya postrado ante Chávez halagado por la ambición de poder.

Conozco a Chaderton desde hace muchos años, pues ambos provenimos de la Casa Amarilla. Siendo él Embajador de Caldera en Londres, en 1998 mi familia y yo fuimos sus huéspedes y en una de las cenas privadas que gentilmente nos ofreció, percibí que preparaba el “salto de garrocha” hacia el terreno de Chávez, pues afirmaba que en Venezuela se requería un cambio y que el Comandante podía ser capaz de encabezarlo. Recuerdo haberle expresado: “Roy, ¿cómo crees que Chávez pueda liderar el cambio que el país requiere?. He seguido sus ejecutorias y leído sobre el personaje y no tengo dudas de que puede ser trágico para el país.. Te recomiendo la lectura del libro ´Habla el Comandante´ de Agustín Blanco Muñoz; allí está expresado todo de manera bien clara”.

Dicho y hecho. Más tarde, recién nombrado Presidente de Fedecámaras, fui de nuevo durante unas horas su huésped en Bogotá, cuando todavía mantenía el diálogo con el gobierno, ello con ocasión de un Foro organizado por el Diario Portafolio, que mucho le irritó, pues intervinieron figuras de la oposición venezolana. En esa ocasión me ofreció una cena con representantes del sector empresarial colombiano y al final en privado, le expresé mis preocupaciones sobre el futuro de la nación. No lamento su actuación política, pero sí las inconsecuencias, pues después supe de sus gestiones fallidas para la revocatoria del asilo en Colombia, su intervención en el caso de la visa de los Estados Unidos, el acoso y persecución que me dispensó y sus molestias por cualquier reconocimiento que se me hiciera. Algún día Chaderton deberá rendir cuenta de sus actuaciones.


LA DECISIÓN DE LA CORTE: UN PODER JUDICIAL MANIPULADO


“Consuélate de soportar las injusticias; la verdadera desgracia consiste en cometerlas”.
Pitágoras.


El Ministerio Público apeló como era de esperar, la decisión de la Juez de Primera Instancia, alegando entre otros falta de motivación del fallo en torno a la procedencia de la medida solicitada de privación preventiva de libertad. La objeción a la decisión de la Juez Gómez Sosa se basó en la no calificación del delito de rebelión del artículo 144 del Código Penal, cuestionando el argumento de que se requiere la existencia de un delito colectivo, pues en su criterio yo me habría rebelado contra un gobierno legítimamente constituido y contra el orden constitucional al alzarme públicamente en un actitud hostil contra el gobierno, a través de la huelga convocada “con el fin de deponerlo”. Además, la Fiscalía reiteró la acusación de usurpación de funciones y otros de los argumentos presentados al Tribunal de Primera Instancia, por lo cual solicitó a la Corte decretar la medida de privación preventiva de libertad, pero jamás exigió ir al fondo de la materia, como ocurrió, sino mi detención en prisión mientras seguía el juicio.

La elección recayó en la Sala N° 6, integrada por los Magistrados Carlos Eduardo Mejías, designado Juez Presidente y Ponente, María Inmaculada Pérez Dupuy y Sonia Soto de Hussein. Si se seguían los procedimientos y criterios legales, era escaso el riesgo de que se revisara la decisión de la Juez de Primera Instancia. Pero era vital para el gobierno construir la acusación por rebelión, bajo una estrategia de presión de la cual hicieron parte el Fiscal General de la Nación y el Presidente del TSJ sobre el ponente y demás integrantes de la Corte. En efecto, forzar una acusación en mi contra por rebelión, sentaría jurisprudencia respecto a otros juicios posteriores e intimidaría al país y a la oposición en relación con sus actuaciones futuras.

Transcurrieron treinta y tres días desde el 19 de abril hasta el 22 de mayo del 2002, fecha en la cual se pronunció la Corte de Apelaciones, en una sentencia que pasará a los anales de la justicia venezolana como un monumento al irrespeto al Estado de Derecho, digna de ser analizada en foros políticos, jurídicos y académicos. En efecto, mi defensa solicitó declarar sin lugar la apelación del Ministerio Público y con ello el pedido de privación preventiva de libertad, puesto que la Constitución y el Código Penal (COPP) establecen como regla el principio de procesamiento en libertad. No había tampoco elementos de convicción suficientes respecto a la existencia del delito de rebelión y por ello la defensa refutó el planteamiento con sólidos argumentos jurídicos.

No obstante, la Corte consideró arbitrariamente, con criterios políticos y no legales, basados en los fundamentos de la Fiscalía, que el ciudadano Pedro Carmona Estanga “CONVOCÓ” el 9 de abril de 2002 a un paro general con sectores de la oposición en apoyo al conflicto de PDVSA; que dicho ciudadano “LO EXTENDIÓ” hasta el 10 de abril, fecha en que “DECLARÓ” conjuntamente con la CTV una huelga general; que bajo esa circunstancias el ciudadano Pedro Carmona “CONVOCÓ” el día 11 de abril a una marcha multitudinaria que desde el este de la ciudad se dirigió al Palacio de Miraflores para pedirle la renuncia al Presidente de la República...etc., concluyendo que los hechos acreditados por el Ministerio Público configuran los delitos de Rebelión y Usurpación de Funciones. Demasiada elaboración para tratar de demostrar delitos que, de ser ciertos, habrían hecho de mí el ser más poderoso de Venezuela.

La Corte de Apelaciones dio cabida a los hechos reseñados por la Fiscalía y señaló que Pedro Carmona asumió la Presidencia de la República y ejerció funciones de gobierno, “no porque estuviese imposibilitado o que hubiese renunciado el Presidente de la República, Hugo Chávez, sino como consecuencia de que dicho ciudadano y las personas relacionadas con los hechos…públicamente y en actitud hostil conspiraron para deponer al gobierno legítimamente constituido y lo depusieron, para cambiar violentamente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la cambiaron”. Añade la Corte que “tal actitud hostil viene del hecho de haber planificado y realizado por lo menos desde el 9 de abril de 2002 un paro general…apreciándose la utilización de la huelga como mecanismo para desestabilizar al país y presionar al Ejecutivo Nacional; hechos que revelan la actitud hostil manifestada públicamente”. Se agrega que: “constituye un acto hostil públicamente manifestado, que bajo esas circunstancias el ciudadano Pedro Carmona E. convocara a una marcha multitudinaria que se dirigió al Palacio de Miraflores para pedirle la renuncia al Presidente de la República, con el resultado de muertos y heridos, hechos que aparecen admitidos en los considerandos del Acta de Constitución del Gobierno de Transición Democrática y Unidad Nacional.”, cuando se expresa que “el día 11 de abril del 2002, fecha que será recordada con profunda indignación y tristeza, ocurrieron hechos violentos en la ciudad de Caracas que se debieron a órdenes impartidas por Hugo Chávez y su gobierno de atacar, reprimir y asesinar a mansalva a inocentes venezolanos que manifestaban pacíficamente en los alrededores del Palacio de Miraflores, cometiéndose con ellos graves delitos y de lesa humanidad contra el pueblo de Venezuela”.

Es pues obvio que la Corte no se limitó a abrir una investigación por el presunto delito de rebelión o a acoger la petición de la Fiscalía de dictar una medida de privación preventiva de libertad, sino que decidió ir al fondo del asunto y me sentenció sin juicio, al concluir que “ESTÁ ACREDITADO EL DELITO DE REBELIÓN” previsto y sancionado en el artículo 144 del Código Penal y que “existen suficientes elementos de convicción que permiten tener como autor de ese delito al ciudadano Pedro Carmona Estanga, y así se declara”. Así mismo, la Sala consideró acreditado el delito de Usurpación de Funciones, “y así lo declara”. Por todo ello, expresó que existían hechos punibles que merecen pena privativa de libertad, decretando la medida y revocando la detención domiciliaria acordada por la Juez 25 de Control, lo cual se ejecutaría “inmediatamente”. La Corte de Apelaciones desestimó así la sólida fundamentación jurídica con la cual mi defensa rebatió los planteamientos de la Fiscalía, por no estar conforme con las normas del Código Orgánico Procesal Penal.

La decisión adoptada constituye un ejemplo fehaciente del nivel de politización a que ha llegado el Poder Judicial en Venezuela y de los continuos atropellos jurídicos del régimen de Chávez. Por tal motivo, encontrándome ya asilado en la Embajada de Colombia, mis defensores calificaron públicamente dicha decisión como una sentencia eminentemente política, por las siguientes razones principales:

• Porque ignoró las dos etapas fundamentales del sistema acusatorio, que son: las fases de investigación y la intermedia. Porque se pronunció sobre el fondo, atentando contra derechos constitucionales fundamentales, como son la presunción de inocencia, el derecho a ser juzgado en libertad, la imparcialidad, el derecho a la defensa y al debido proceso, el derecho de reunión, la libertad de expresión, el derecho de participación política, el de asociación y manifestación, contemplados en los artículos 26, 49, 53, 57, 67 y 68 de la Constitución.
• Porque en opinión de los sentenciadores el delito de rebelión se configuró a través de protestas cívicas, multitudinarias y pacíficas, del paro general iniciado el 9 de abril y de los actos de desobediencia civil realizados por la sociedad democrática en ese momento crítico. De todo ello se infiere que los ciudadanos que convocaron las marchas, hablaron en podios, tarimas o a través de los medios, podrían estar incursos en el delito de rebelión simplemente por expresar su disentimiento contra las políticas oficiales y podrían ser imputados como coautores de tales hechos. Es obvio que dicha sentencia fue elaborada para iniciar una “cacería de brujas” en contra de aquellos ciudadanos que cívicamente y en el ejercicio de sus derechos constitucionales se reúnan en marchas u otro tipo de concentraciones, para disentir de las políticas del régimen. Si se aplica ese criterio, una especie de “hueco negro”, cualquier venezolano podría ser citado por la Fiscalía e imputado como coautor del delito de rebelión. Obsérvese que ese punto de vista sería utilizado posteriormente en contra de otros dirigentes como Carlos Fernández, Carlos Ortega y la Gente del Petróleo.
• No se puede configurar un delito de rebelión con un solo rebelde. Por ello, expresó la defensa, Pedro Carmona Estanga es un perseguido político y como tal es justificable que la República de Colombia le conceda el asilo, más con la tradición de ese país en la defensa de dicho derecho.
• La sentencia afecta gravemente el Estado de Derecho y revela la preponderancia del Ejecutivo Nacional sobre los demás Poderes y en especial sobre el Poder Judicial, lo cual potencia la corrupción e impunidad de los funcionarios públicos, aparte de la manipulación política evidenciada en decisiones judiciales que interesan al Gobierno.
• La decisión viola principios procesales y constitucionales. Los magistrados de la Corte de Apelaciones se pronunciaron sobre el fondo, porque era la única forma de privar a Pedro Carmona de la libertad, sin respetar las etapas del proceso que son esenciales en una actuación imparcial y en la búsqueda de la verdad.
• Se violó gravemente el derecho a la legítima defensa, pues se incorporaron al expediente piezas y anexos remitidos por la jurisdicción militar, sin que se celebrara audiencia probatoria alguna y sobre los cuales la defensa no tuvo control de la prueba, ni posibilidad de ejercer su derecho, contradecirla o impugnarla, por lo que es cuestionable su legalidad.
• La actitud de los Magistrados de abandonar el 22 de mayo y cerrar el Tribunal al público y que luego se haya entregado la decisión a un solo medio, el diario Panorama de Maracaibo, que la publicó sin que se sepa con qué propósito, hace suponer que fue entregada por quienes la dictaron.
• La privación preventiva de libertad se convierte en un peligroso antecedente que puede utilizarse como medio de intimidación contra dirigentes de la oposición política, con el pretexto de estar incursos en el delito de Rebelión.

Los argumentos comentados contribuyeron al estudio que el gobierno de Colombia debía hacer de mi solicitud de asilo, pero además resultaron premonitorios de lo que ocurriría posteriormente con los dirigentes que convocaron al paro del 2 de diciembre de 2002, a quienes se acusó de rebelión, como también en el caso de algunos militares, en especial el General de División GN Carlos Alfonzo Martínez. Ello reafirma que el precedente que se sentaba en mi caso constituía una pieza clave para el gobierno, con el fin de utilizar a su antojo la tipificación de un delito tan grave como el de la rebelión, el cual sí era plenamente aplicable a los golpistas de 1992.

Ese criterio no pudo ser sostenido en el caso del grupo de Generales y Almirantes vinculados a los hechos de abril, a quienes se pretendió abrir el antejuicio de méritos ante el TSJ, pues en octubre de 2002 éste adoptó una de las pocas decisiones independientes de su gestión, que indignó a Chávez y que se pretende modificar, mediante la cual se concedió a los altos oficiales el sobreseimiento de la causa, al dictaminar que no estuvieron incursos en el delito de rebelión. Con dicha decisión se sentó una abierta contradicción entre el tratamiento concedido por el TSJ a los militares y el que la justicia civil adoptó en mi caso, siendo que no puede haber tratamientos diferentes en relación al mismo tema. Tales razonamientos corroboran la validez de mi decisión de recurrir al asilo, pues fui de hecho sentenciado sin juicio por la Corte de Apelaciones, con abiertas transgresiones legales y procesales. Dicha decisión fue objeto posterior de un Amparo Constitucional presentado por mi defensa ante la Sala Constitucional del TSJ, que fue ignorado durante casi un año para luego ser declarado improcedente, dejando en firme de manera arbitraria y sin argumentos, como veremos, una decisión tan cuestionable.


LOS DÍAS DEL ASILO DIPLOMÁTICO


“La vida es muy peligrosa. No sólo por las personas que hacen el mal, sino por las que no hacen nada y se sientan a ver lo que pasa”.
Bertrand Russell, 1872-1970.




Los seis días que permanecí asilado en la residencia de la Embajada de Colombia en Caracas estuvieron llenos de suspenso. Se trata de una grata y solariega casona ubicada en la Urbanización Campo Alegre que data de los años cuarenta, ya un tanto esclerótica en algunos de sus servicios por el paso de los años. Su origen se remonta al intercambio de residencias diplomáticas que acordaron los gobiernos de ambos países a comienzos de los años cincuenta y fue así que, en retribución a la donación de la sede en la cual me encontraba, Venezuela recibió en propiedad la mansión que ocupa la Embajada en Bogotá, localizada en la Carrera 7ª con la calle 85, en épocas en que Bogotá, que se ha expandido en forma indetenible hacia el norte, apenas llegaba hasta la calle 72.

El Embajador dispuso que se me asignara la suite de huéspedes distinguidos, con facilidades y privacidad respecto al resto de las dependencias, entre ellas el área reservada al Embajador y a su familia. Ello era importante, pues no se sabía por cuánto tiempo se prolongaría mi permanencia en dicha sede. El personal de la Embajada tuvo hacia mí un trato especialmente amable, tanto cocineros, mayordomos, como la noble Martica, una diminuta colombiana que reside desde hace décadas en Venezuela y que es una institución en la residencia diplomática. Fue ella quien me indujo el domingo 26 de mayo, cuando la plaza ubicada frente a la Embajada estaba colmada de gente que coreaba consignas de solidaridad, a que me asomara por segundos por una ventana y diera un saludo con la mano, hecho que fue captado por las cámaras de televisión y que luego me valió una justificada reprimenda del Embajador Bula.

Desde el viernes 24, los alrededores de la Embajada comenzaron a llenarse de gente, cámaras y comunicadores. La puerta principal de la Residencia diplomática fue cubierta de flores, pancartas, mensajes, estampas y oraciones religiosas a cuál más hermosa y se entonaban emotivos cánticos, entre ellos el de: “Colombia, hermano, danos una mano” y el “ni un paso atrás”. También recibí serenatas con mariachis y vallenatos el día domingo 26, fecha de la elección presidencial en Colombia, en la cual triunfó el candidato Álvaro Uribe Vélez, tras una fulgurante campaña. Después de votar, muchos colombianos residentes en Venezuela decidieron trasladarse a la Embajada, donde se mezclaron solidariamente con los grupos de venezolanos que allí se encontraban.

Sentía un poco de vergüenza con el Embajador, pues mi estancia en su residencia resultaba bulliciosa y aún más, la gente deseaba permanecer durante la noche en actitud de vigilia, sin permitirle el debido descanso. Hubo un momento en que, una vez anunciada la calificación del asilo por parte de Colombia, mi esposa debió agradecer cortésmente a los presentes en la calle su solidaridad y les invitó a retirarse a sus casas. Mi presencia en la Embajada incomodó a algunos vecinos, entre ellos al Vicepresidente José Vicente Rangel, quien al parecer no pudo circular en esos días por la zona donde posee un apartamento. Pero ahora ocupa la residencia “La Viñeta”, anexa al Círculo Militar, reservada a los Jefes de Estado extranjeros que visitan Venezuela, pues como todos los prominentes líderes chavistas ha debido refugiarse en instalaciones militares.

El Embajador Bula debió regresar de urgencia desde Estados Unidos a Caracas por instrucciones del Presidente Pastrana, lo cual me causó pesar, pues sabía la importancia que atribuía a la reunión familiar con motivo de las bodas de oro matrimoniales de sus padres. Fue así que arribó a Caracas en la noche del viernes 24 de mayo para reasumir la jefatura de la misión y la conducción de las gestiones relacionadas con mi asilo, que hasta ese momento habían estado a cargo del Canciller Guillermo Fernández de Soto y de la Viceministra Clemencia Forero, en coordinación con el Ministro Gustavo Daza.

Recibí varias veces en la Embajada la visita de mis defensores, quienes proporcionaron informaciones a la prensa en torno a mi caso y a la condición de perseguido político. Era necesario que el país conociera el exabrupto legal que representaba la decisión de la Corte de Apelaciones, la vulneración de mis derechos constitucionales, sus consecuencias y cómo, al ser un perseguido, tenía el derecho de buscar la protección diplomática conforme a las Convenciones interamericanas que rigen la materia. De hecho, en el análisis que desde el punto de vista del derecho internacional hizo el gobierno de Colombia, saltaba a la vista que el elemento medular de la decisión de la Corte fue la acusación contra mí por el presunto delito de rebelión, que aunque no tuviese sustento, representa por definición un delito eminentemente político y en consecuencia justificativo del asilo.

Después supe de las gestiones que se suscitaron en torno a mi caso, entre ellas reuniones celebradas en Bogotá entre el Embajador Roy Chaderton y el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país, conversaciones telefónicas entre los Presidentes Pastrana y Chávez y del Embajador Bula con el Canciller Luis Alfonso Dávila, en ese entonces titular de la Casa Amarilla. Sin haber querido indagar sobre ese particular, el Gobierno de Colombia no demoró la decisión, entre otros porque pocos días después tendría lugar el proceso electoral en ese país. Con anterioridad, habría propuesto alguna fórmula a Venezuela, que presumo fue la de concederme protección para que el asilo se materializara en un tercer país, pero al no haber recibido aceptación, el gobierno del Presidente Pastrana quedó en libertad para resolver unilateralmente el caso.

El sábado 25 fui invitado por el Embajador Bula a una conversación con él y el Ministro Daza, en la cual el Embajador evaluó varios escenarios, que no excluían la hipótesis de mi retiro voluntario de la Embajada para entregarme a la justicia. Sobre ello, le pedí transmitir a su gobierno que mi solicitud era irreversible y que “había quemado las naves”. También se habló sobre los procedimientos previstos en la Convención Interamericana sobre asilo, sobre una eventual demora del gobierno nacional en otorgar el salvoconducto si me era concedido el asilo y sobre las repercusiones del caso. Transmití al Embajador mi confianza en el manejo del gobierno de Colombia para no afectar las relaciones bilaterales y mi creencia de que si se me concedía el asilo, Venezuela entregaría el salvoconducto, pues con la modificación introducida en 1954 a la Convención, era explícita la obligación de concederlo una vez adoptada la decisión por parte del país asilante y porque consideraba cuesta arriba para Chávez abrir un frente más de conflicto si desconocía sus obligaciones internacionales, menos con un país vecino y adalid en la defensa de esa institución del derecho internacional.

Transcurría el domingo 26 en medio de la algarabía de la gente congregada frente a la Embajada, con las expectativas que generaban los comicios presidenciales de ese día en Colombia, en los cuales las encuestas favorecían claramente la candidatura de Álvaro Uribe Vélez. Solo había dudas de si ganaría o no en la primera vuelta. Cerrado el proceso electoral al final de la tarde, en cosa de minutos comenzaron a fluir con celeridad los boletines electorales, a pesar de que en Colombia se utiliza un sistema manual de conteo de votos. En todas las regiones, salvo en la costa, lo cómputos confirmaban un sólido triunfo de Alvaro Uribe en la primera vuelta sobre su principal contrincante, el candidato liberal Horacio Serpa. La tendencia se sostuvo en un rango de entre 52 y 54 por ciento. La Registraduría y los medios colombianos transmitían sin descanso los boletines oficiales y yo sentía sana envidia de la rapidez de las autoridades electorales de ese país en proporcionar resultados.

Cuando ya se había contabilizado cerca del 95 por ciento de los votos, pocos instantes antes de emitirse el último boletín oficial, hubo una interrupción en las cadenas informativas colombianas para transmitir una noticia de último minuto: “El gobierno de Colombia ha decidido conceder asilo político al ciudadano venezolano Pedro Carmona Estanga, quien se encuentra en la Embajada de la República en Caracas”. A los pocos minutos, se hacía entrega del boletín final que proclamaba a Álvaro Uribe Vélez como Presidente Electo de Colombia para el período 2002-2006, cuando eran apenas cerca de las 8 de la noche en Caracas. Así, mediante un hábil manejo, la decisión recayó sobre el gobierno del Presidente Pastrana, sin endosar el tema al Presidente Electo. Era obvio que si hubiese concluido el escrutinio sin una decisión previa, le habría correspondido al nuevo gobierno involucrarse en un tema sin duda sensible en la agenda bilateral.

Más adelante supe, por vías totalmente extraoficiales, que Chávez trató de comunicarse ese domingo con el aún candidato Uribe para oponerse a la concesión del asilo, pero que, en la forma sensata en que se manejan los temas internacionales en Colombia, Uribe habría optado por hablar con el Canciller Fernández de Soto y recibir la información pertinente. Éste le indicó que tras el estudio y consultas realizadas, la decisión de la Administración Pastrana era favorable a la calificación del asilo y que convenía no demorar la decisión, ante lo cual Uribe le habría dado luz verde al Canciller para culminar la tarea y efectuar los anuncios.

La decisión del gobierno de Colombia honra a ese país, a sus tradiciones e instituciones y fue manejada con seriedad para no enturbiar las relaciones bilaterales, más cuando se habían producido resquemores en el gobierno venezolano por el respiro que la población colombiana sintió el 12 de abril al conocer que Chávez había renunciado y porque algunos funcionarios y dirigentes que me conocían, expresaron satisfacción de que hubiese sido yo el escogido para asumir la Presidencia, dados los nexos que había mantenido con Colombia y la integración andina. Entre ellos los Ministros Juan Manuel Santos, de Hacienda, Ángela Orozco de Comercio Exterior y la Viceministro de Relaciones Exteriores Clemencia Forero hicieron una discreta pero positiva alusión a mi persona, sin opinar sobre el fondo, como es también cierto que el Presidente de la ANDI Luis Carlos Villegas me envió una carta, como las recibí de otros colegas del mundo. Pero como lo expresó en una declaración posterior el Embajador Bula, decir que Pedro Carmona es un integracionista y un propulsor de las buenas relaciones bilaterales es “una verdad de a puños”, pero ello no implicaba en forma alguna una injerencia de Colombia en decisiones que solo concernían a los venezolanos.

Los Ministros Santos y el Presidente de la ANDI Villegas comentaron posteriormente que negar la amistad y luchas comunes que nos unían desde muchos años atrás habría sido absurdo. En el caso de Villegas eran 25 años de amistad y de luchas compartidas y como él expresó, si por ello se le calificaba como golpista, era como si lo hubiesen tildado de chavista por invitar a Hugo Chávez a participar en el 2001 a la Asamblea de la ANDI celebrada en Cartagena de Indias. A partir de allí, los voceros oficialistas y en particular Chaderton y el Embajador Santiago Ramírez no han hecho sino reincidir sobre el tema y molestar a la ANDI, institución bandera del empresariado colombiano, faltando al respeto que merece, por encima de las diferencias.

Más debería preocupar al gobierno de Venezuela la alegría que se experimentó a nivel latinoamericano y mundial el 12 de abril. Y es que, muy a su pesar, en la región se percibe a Chávez como un populista, pendenciero, amigo de la guerrilla y de grupos extremistas, cuyas políticas han afectado a la integración y a las relaciones con varios países de la región; ello con excepción de las organizaciones radicales que agradecen su amplio apoyo. En América Latina se siente pesar por la suerte de Venezuela, que no merece y por los estrechos vínculos entre Chávez, Fidel y las organizaciones del Foro de Sao Paulo, pues ello representa una amenaza para la región y golpea a los intereses permanentes de la zona. Ese sentimiento se ve alimentado por las frecuentes denuncias sobre la relación del gobierno de Chávez con grupos irregulares de Colombia y del área. En el caso de las FARC se conoce que les dispensa un trato tolerante y les brinda apoyo logístico en territorio venezolano. Por ello, en todos los países y estamentos de las Américas y del mundo se sigue con preocupación la impredecible evolución de los eventos de Venezuela y el acelerado proceso de cubanización del país.

El domingo 26 de mayo, decidida ya la calificación del asilo por el gobierno colombiano, persistían dudas sobre el tiempo que tomaría el otorgamiento del salvoconducto por parte del gobierno venezolano. Pese a ello, desde el lunes 27 de mayo comencé a prepararme para el viaje a Colombia, el cual podía producirse en cualquier momento. Recibí ese día la visita de mi sucesor en la presidencia de Fedecámaras Carlos Fernández. Al haber presentado mi renuncia al cargo de Presidente de Fedecámaras para asumir la Presidencia del gobierno transitorio, Fernández ocupó en su condición de Primer Vicepresidente la presidencia de la institución y en ella se desempeñó valientemente hasta el mes de marzo del 2003, cuando concluido el paro cívico de la sociedad civil, fue virtualmente secuestrado y arrestado por la policía política de Chávez. Poco después una Corte de Apelaciones le revocó la detención y pudo así salir oportunamente del país, decisión afortunada, pues a los días, la decisión fue apelada por la Fiscalía y el Tribunal Supremo de Justicia ordenó de nuevo su arresto, con intenciones de llevarlo a una penitenciaría. De allí no habría salido con vida, más en las condiciones de salud de Fernández, convirtiéndose en otra víctima de la persecución política en Venezuela. Otro tanto ocurrió en esos días con Carlos Ortega, Presidente de la CTV, hoy asilado político en Costa Rica, quien en algún momento había expresado, a propósito de mi decisión, que jamás se iría de Venezuela. Hasta la fecha, ambos líderes permanecen en el exilio, para mi pesar y el de toda la nación.

Por razones comprensibles, las visitas estuvieron restringidas mientras permanecí en la Embajada. El lunes 27 de mayo, se me permitió invitar a mi esposa e hijo a compartir la cena, anticipando la despedida de la patria. El martes 28, el acoso de la prensa en torno a la Embajada se acrecentaba. Ya no bastaban los camiones sobre los cuales se colocaron cámaras de TV, sino que habían instalado grúas que se desplazaban como arañas por encima del muro que bordea la residencia, con lo cual podían captar el más mínimo movimiento. En ciertos momentos recogieron imágenes mías dentro de la sede y hasta mi familia pasó aprietos con los periodistas, pues dada la avidez de noticias, llegaron hasta a montarse encima del vehículo que los conducía.

El martes 28 de mayo se iniciaron los trámites del salvoconducto y los preparativos de mi salida. Recibí también la visita final de despedida de mi esposa e hijo, lo cual me llenó de tristeza, pues anticipaba una dura separación. El personal de la Embajada recogió los mensajes, flores e imágenes que habían sido dejados a las puertas de la sede y después de leer varios de ellos, escritos con sentimiento por mucha gente sencilla que ni siquiera conocía, fueron colocados en una caja y llevados a mi casa. Recibí también la visita de Rosa, la noble empleada de tantos años y de mi mascota Tana, una vivaz Boxer que al verme dio un saltó de alegría que casi termina con mis dientes.

El Presidente Chávez había anunciado ese martes al país, en un acto con un grupo de indígenas en el Teatro Teresa Carreño, que los compromisos internacionales obligaban a su gobierno a concederme el salvoconducto, en el marco de sus típicas actuaciones histriónicas, que motivaban que mientras los indígenas gritaban NO al salvoconducto, Chávez mostraba benevolencia, para luego manifestar que lo otorgaría, pero que Carmona sería tenido como un prófugo de la justicia, como si el derecho internacional y la figura del asilo no hubiesen sido creados para proteger a quienes son acusados de delitos políticos, no comunes, como parte de compromisos válidamente asumidos por la República. Aún durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez el país honró sus obligaciones, como ocurrió con el asilo de Rómulo Betancourt en 1948 en la Embajada de Venezuela en Colombia, o el menos conocido caso del expresidente Alfonso López Pumarejo y del ulterior Presidente de Colombia Carlos Lleras Restrepo, quienes se asilaron en la Embajada de Venezuela en Bogotá en 1952, cuando se produjeron los actos de violencia política que provocaron el incendio de los periódicos liberales El Tiempo y El Espectador y la residencia de Carlos Lleras. El gobierno de Pérez Jiménez les concedió el asilo, solo que se dirigieron a México y no a Venezuela, pues eran políticos de credenciales democráticas, que no compaginaban con el gobierno dictatorial que regía los destinos del país.

Cerca de las 9 de la noche llegó a la residencia el Embajador Bula, quien venía de reunirse con el Canciller Dávila, trayendo en su mano los formularios que debía suscribir con las huellas dactilares, para la emisión del salvoconducto. Dicho documento debía ser firmado por el titular de Relaciones Interiores Diosdado Cabello. Se comentaba que, pese al anuncio presidencial de esa mañana, el Ministro estaba renuente a expedirlo en forma inmediata. Sin embargo, pasadas las once de la noche, llegó el salvoconducto, con lo cual hubo un respiro pues se cumplía otra etapa delicada del proceso. En ese momento el Embajador me comunicó que su gobierno había decidido no utilizar un vuelo comercial para mi viaje a Colombia, sino que había dispuesto enviar a Venezuela un avión de la Fuerza Aérea Colombiana, que despegaría de Bogotá en la madrugada del día 29 de mayo y estaría listo para decolar a las 7 a.m., a la apertura de operaciones de la Base Aérea Francisco de Miranda en La Carlota. Fue por tanto necesario realizar esa misma noche los trámites del permiso de sobrevuelo y autorización de aterrizaje del avión militar y coordinar detalles que quedaron finiquitados antes de la medianoche.

Anecdóticamente, la noche del otorgamiento del asilo cuando me retiraba a descansar, me interesé en una entrevista televisiva que le hacía la periodista Nitu Pérez Osuna a la astróloga Adriana Azzi, la cual seguí íntegramente, por aquello de que “no creo en las brujas pero de que vuelan vuelan”. Como antecedente, Adriana Azzi, el 13 de enero del 2002, en el suplemento dominical del diario El Nacional, había hecho sombríos pronósticos sobre el país y el gobierno de Chávez para el primer semestre del año, como en efecto ocurrieron y le anticipó al Presidente momentos amargos. Pero cuando hizo algunas predicciones individuales, al referirse a mí dijo: “Carmona se verá inmerso en situaciones convulsionadas y difíciles; debe cuidarse del riesgo de cárcel o exilio”. Cuando mi esposa y yo lo leímos aquello nos causó hilaridad, pues no nos pasaba por la mente la posibilidad de estar envuelto en hechos que supusieran tal peligro. ¡Oh sorpresas de la vida, la predicción se había cumplido! Luego, Nitu interrogó a Adriana: ya que acertaste con Pedro Carmona, ¿cuándo retornará él a Venezuela?, a lo cual ella respondió: “El retornará al país y por ahora, Colombia le brindará su protección y asilo”, ello pese a que el programa había sido grabado el viernes anterior a que se conociera la decisión del gobierno neogranadino. Después de esa vivencia y en espera de que Adriana acierte de nuevo con sus predicciones, no me reiré nunca más de los astrólogos. Ahora considero con más fuerza que: “de que vuelan, vuelan”.

El descanso en la noche previa a mi partida no fue del todo reparador. Sentía que dejaba una vida atrás: patria, familia, trabajo, liderazgo, pero a la vez estaba convencido de que había adoptado la decisión correcta. En medio de sueños reflexionaba sobre el sentido que tendría inmolarme en un país donde no existe la independencia de Poderes, pues están secuestrados, ni se me garantizaba un proceso justo, además de que el sistema carcelario supone un grave riesgo a los más elementales derechos humanos. Tenía además información de que se planeaba asesinarme en la prisión de Yare, en medio de una reyerta carcelaria para diluir responsabilidades, la cual ocurrió el domingo posterior a mi viaje a Colombia. En el retén de Yare la vida de un perro vale más que la de un ser humano, pese a que sirvió de lugar de reclusión a Chávez durante dos años, pero durante su gobierno ha empeorado, como ejemplo de un sistema indigno y vergonzoso. Era entonces preferible defenderme, continuar en la lucha con vida y reivindicar mi nombre antes que sacrificarme, más aún después de tantas inconsecuencias.

En aquellos días, comentarios oficialistas, que en nada hacen mella en las muchas expresiones de solidaridad recibidas, comparaban mi situación con la de Chávez y señalaban que si él había estado dos años preso, por qué yo eludía mi responsabilidad ante la justicia. Es por ello importante recordar que Chávez fue detenido cuando fracasó la rebelión militar del 4 de febrero de 1992 contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez y que luego fue recluido junto con sus colaboradores, primero en el Cuartel San Carlos y luego en la cárcel de Yare. Una vez que la Corte Suprema anuló las actuaciones de la Corte Marcial constituida para juzgarlos, Chávez se negó sistemáticamente a presentarse a los Tribunales para ser impuesto de cargos, hasta que, posesionado Rafael Caldera en la Presidencia, le concedió el sobreseimiento de la causa, con lo cual borró las faltas cometidas contra la Constitución y las Leyes, en lugar de haberse optado por el juicio y luego el indulto, como en esos días se lo expresé por escrito al buen amigo Julio Sosa Rodríguez, cercano en ese entonces a Caldera.

Pues bien, yo me presenté a los Tribunales antes de las 48 horas de mi detención, consciente de que podría ser investigado por el presunto delito de usurpación de funciones, pero no en buen derecho por el de rebelión, ya que los hechos del 11 y 12 de abril no implicaron la movilización de un solo soldado, ni aviones, tanques o barcos. En segundo lugar, porque Chávez una vez detenido en Yare, recibió seguridades y consideraciones en un recinto especial, con permiso para recibir visitas de sus allegados y sin que existiese en aquel momento un ambiente que pudiese significar riesgo alguno para su vida. En mi caso, con un país dividido, polarizado y fanatizado por el discurso presidencial y con Chávez de retorno al poder, era obvio que cualquiera de sus seguidores podría estar dispuesto a atentar contra mí, como parte de una acción colectiva o individual, sabiendo que el gobierno protege a los suyos a cualquier precio.

Tanto es así, que el propio Chávez llegó a declarar por radio y televisión tras los acontecimientos de abril, que uno de los mozos del Palacio de Miraflores, partidario suyo y encargado de servir el café, tenía lista el arma con la cual planeaba dispararme en la cabeza para asesinarme y crear una situación de confusión y de caos. A confesión de parte, relevo de pruebas. No es comprensible cómo Chávez y el oficialismo descalifican a sus adversarios llamándolos golpistas o tildan de delincuentes y prófugos de la justicia a quienes nos hemos visto obligados a recurrir a la sagrada institución del asilo, por falta de garantías y respeto a los derechos fundamentales. Es un acto de caradurismo y de alto cinismo acusar a alguien de golpista cuando son ellos los golpistas de vocación y violadores contumaces de la legalidad y del Estado de Derecho, en aras de su “revolución”. Por tales razones, no dudaba en mis reflexiones de esa última noche en el territorio nacional, que la decisión adoptada era la correcta y con esos pensamientos en la mente, me quedé profundamente dormido.

Le había pedido a Martica, el ama de llaves, que me despertara ese miércoles 29 de mayo a las 5:30 a.m., pues debía estar listo antes de las 6:30 para cumplir con los planes coordinados entre el Embajador y la DISIP, de salir hacia al aeropuerto de La Carlota a las 6:45. Pero mucho antes de esa hora, a las 4 a.m., sonó el teléfono de la habitación. Era Gustavo Daza, el Ministro Plenipotenciario, quien me pedía que me levantara y me dirigiera al recibo de la segunda planta, pues el Embajador quería hablarme. Allí nos reunimos a los pocos minutos, en la oscuridad, ya que ante el acoso de los medios en los alrededores de la Embajada, no se quería mostrar ningún movimiento en su interior. El Embajador fue al grano. No había descansado bien, preocupado con la idea de que el avión de la Fuerza Aérea Colombiana, cuyo aterrizaje y despegue estaba previsto en la Base Aérea de La Carlota en el corazón de la ciudad, pudiera ser objeto de un atentado desde los barrios localizados al final de la pista. Le señalé, con mi experiencia de piloto, que un avión turbohélice como el que se aguardaba tomaría altura suficiente al despegue para quedar a salvo de disparos, pero no así de granadas o cohetes lanzados con artefactos de mayor alcance. Pensaba con honestidad que no existía peligro, además por las obligaciones que en materia de seguridad asumía el gobierno de Venezuela, pero el Embajador tenía razón de estar inquieto y ya no era posible modificar el plan de vuelo, pues el avión había despegado de Bogotá. Al final de la conversación acordamos poner en marcha una estrategia de distracción para contrarrestar un eventual sabotaje, a cuyo efecto yo llamaría a algunos contactos en los medios televisivos, de manera de informar que saldríamos de la Embajada a Fuerte Tiuna y que de allí sería trasladado en helicóptero al Aeropuerto de Maiquetía, desde donde partiríamos hacia Bogotá.

Concluida la reunión, a las 6 a.m. estaba yo teléfono en mano, llamando a conocidos en Televen, Globovisión y Venevisión, para pedirles en mi nombre y del gobierno de Colombia, el favor de que transmitieran la información en la forma indicada, a lo cual accedieron, solamente a cambio de saber desde dónde saldría, cosa que ratifiqué sería del Aeropuerto de La Carlota. A los cinco minutos, los canales de televisión comunicaban lo acordado, con lo cual cualquier plan quedaría confundido. A las 6:05 a.m. se hizo presente en la Embajada el subdirector de la DISIP y se encontraba listo un fuerte operativo de seguridad para mi traslado. Había llegado el momento de la partida. La ciudad amaneció ese día nublada, con amenaza de lluvia, pues era el inicio de la temporada pluviosa. Pero ello era también reflejo de sentimientos de tristeza. A esa hora hice la llamada telefónica de despedida a mi compañera de una vida. Por primera vez después de la entereza demostrada en los más difíciles momentos, ella rompió en llanto, lo cual colocó un nudo intragable en mi garganta, pues ambos sabíamos lo que ello significaría para nuestra vida personal y familiar.

Finalmente, subieron por el equipaje y me dirigí rápidamente a la cocina, a despedirme del personal de la Embajada, a quien debía tantos agradecimientos. Ellos me habían atendido, me comentaban lo que ocurría afuera y se complacían con la solidaridad que recibía. En algunos momentos me llevaron a la habitación flores o tarjetas, como la que colocó solitariamente una joven estudiante una mañana temprano a las puertas de la Embajada, en una hermosa escena que fue discretamente captada por la TV y la prensa, o bien las oraciones e imágenes religiosas que me encomendaban a Dios y a la Virgen.

A todos les di afectuosos abrazos y aguardé allí unos minutos la orden para abordar los vehículos. Era notable la congestión de periodistas que cubría la zona, la cual había sido acordonada por los cuerpos de seguridad. En un determinado momento me indicaron que podía aproximarme a la puerta principal. Saludé al subdirector de la DISIP, quien nos acompañaría en el automóvil oficial del Embajador, junto con éste. No tenía quejas respecto al trato dispensado por la DISIP, pero mantuve preocupación por la suerte de mi custodia, pues eran jóvenes con familias que habían cumplido con su deber, pese a que yo había logrado evadirme. Tanto es así que, ya en el vehículo, en ruta hacia el aeropuerto y con el Embajador como testigo, le solicité al subdirector de la institución clemencia hacia ellos, como si se tratara del último deseo de alguien que se dirige a cumplir una pena capital.

A las 7 en punto salimos a la puerta e ingresé al automóvil oficial de la Embajada. Era tal la presencia de periodistas, que impedían abrir la reja y por ello el Embajador debió dirigirse a pie desde el vestíbulo hacia el muro, para con un tono firme pedirles que le permitieran cumplir con su trabajo, que representaba una seria responsabilidad. Se abrió así un espacio y en medio del ruido de las motos y patrullas cruzamos la entrada y nos dirigimos en dirección a la Avenida Francisco de Miranda rumbo hacia la Base Aérea Francisco de Miranda en La Carlota, que dista a no más de quince minutos de trayecto, obviando el tráfico gracias al despeje de los motorizados. Vi las calles de la ciudad que comenzaban a cobrar vida y a muchos transeúntes que miraban con curiosidad la caravana. Algunos, al tanto de que allí iba, alcanzaron a saludarme y un grupo apostado en una esquina aplaudió mi paso como expresión de deseo de un buen viaje. Ingresamos al aeropuerto de La Carlota por la entrada principal y nos dirigimos al edificio de la Aduana. Descendimos de los vehículos y ¡oh sorpresa!, al ingresar al terminal fuimos informados de que el aeropuerto se encontraba cerrado por mal tiempo y que el avión había sido desviado a su alterno, el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Ello significaba que por obra de la naturaleza, la falsa información proporcionada a los medios se convertía en realidad.

El Embajador Bula coordinó acuciosamente con la DISIP otra maniobra de distracción. Al conocerse que debíamos dirigirnos a Maiquetía en la hora pico, se organizó un operativo para que desde La Carlota partiera una falsa caravana hacia Fuerte Tiuna, que sería seguida por los comunicadores y mientras ello ocurría saldría la verdadera con destino al aeropuerto internacional. Desde el edificio de la aduana en La Carlota se organizó así un grupo de vehículos, a uno de los cuales ingresó una figura de baja estatura como la mía cubierto por un impermeable, que arrancó con dirección al Fuerte Militar, lugar donde supuestamente abordaría un helicóptero. Mi esposa me refiere que en esos momentos se recibían llamadas de angustia en mi casa, de gente que le rogaba que no permitiera que me llevaran a Fuerte Tiuna, pues se trataba de una trampa de los militares que habían ayudado a Chávez a retornar al poder.

A los pocos minutos partió la caravana que nos conducía a Maiquetía. Se decidió utilizar una puerta lateral de poco uso que da hacia la Avenida Principal de la Urbanización Caurimare, de manera de despistar a periodistas o violentos. Cruzamos la barrera de la Base Aérea, pensando en haber burlado a los mejores sabuesos. Nos aguardaba otra sorpresa. Debíamos hacer el retorno en la Avenida Principal de Caurimare, donde a eso de las 8 a.m. el tráfico es intenso. Antes de llegar al semáforo constatamos con asombro que había cámaras de Globovisión apostadas en la calle, que lograron colocarse a las ventanas del vehículo que me transportaba.

Luego, abriéndonos paso con sirenas, ingresamos a la autopista Francisco Fajardo en dirección oeste. A los pocos segundos vimos aparecer a un camarógrafo de TV apostado en el asiento trasero de una moto que se desplazaba como un malabarista, aproximándose tanto como le era posible al vehículo. A partir de ese momento y durante el trayecto hasta el aeropuerto, la temeridad de los “paparazzis” hizo que desviáramos la atención hacia su suerte, pues ponían en riesgo su vida a alta velocidad para lograr la primicia. Confieso que sufrí, al igual que los acompañantes, ello como un ejemplo de tensiones adicionales vividas en los momentos finales.

Una vez traspasados los túneles del oeste de Caracas, que comunican con la autopista de La Guaira, el trayecto fue más sosegado. Habíamos pasado ya la zona de peligro y el tráfico se hacía más fluido en dirección al litoral. Además, todo había transcurrido en una forma tan confusa, que era virtualmente imposible que hubiese prosperado cualquier plan. Llegamos en un record de media hora, a las 8:30 a.m. al terminal 4 del aeropuerto internacional, de uso oficial.

Todo estaba previsto para ingresar directamente a la pista, donde se encontraba estacionado el Turbocomander de la Fuerza Aérea Colombiana, que había sido reabastecido de combustible y tramitado su plan de vuelo, para emprender el viaje. El salvoconducto y los trámites de inmigración habían sido consignados en La Carlota, lo cual aligeró la salida. Al llegar al pie del avión me aguardaba el Embajador Juan José Quintana, enviado en misión especial por el Ministerio de Relaciones Exteriores para acompañarme hasta territorio colombiano junto con el Embajador Bula, gesto especial del gobierno neogranadino, pues destacó a dos Embajadores de la República y a una aeronave para garantizar mi seguridad y la materialización del asilo territorial.

Antes de abordar el avión, Bula me pidió que subiera por unos instantes a un vehículo ubicado en la pista, en cuyo interior Quintana me notificó en nombre de su gobierno, que en virtud de la calificación de asilo otorgada gozaba de la protección de Colombia y que mi deber sería observar durante mi permanencia en ese país, las obligaciones inherentes a dicha condición. Me di por informado y acto seguido descendí del vehículo, me despedí del subdirector de la DISIP, dirigí mi mirada a las montañas del litoral central, aún arañadas por el trágico deslave de diciembre de 1999 y constaté una vez más el monumento a la incapacidad de un gobierno que allí ha dejado impresas las huellas de su fracaso. Alcancé a identificar en una de las terrazas del Terminal una cámara de televisión que había sido ubicada a la distancia para cubrir mi eventual salida por ese lugar. En esos segundos, al pie del avión, pasó por mi mente la película de una vida, sentí un profundo sentimiento de arraigo por el país que me vio nacer, al que he dedicado mi vida y que abandonaba impulsado por la fuerza de los hechos: la persecución política y las duras circunstancias el momento. Pedí a Dios que me concediese el retorno en fecha no lejana. Me tranquilizó pensar que me dirigía a un país amigo, cuya vecindad, relación histórica y cultural me harían sentir como en mi propia tierra.


EN COLOMBIA


“Esta nación (yo agrego…Venezuela) no será para nosotros un lugar apropiado para vivir, hasta que no hagamos de ella un lugar apropiado para vivir todos nosotros”. Theodore Roosevelt


Abordé el avión, saludé cortésmente a la tripulación, integrada por tres oficiales de la Fuerza Aérea Colombiana y tomé lugar en el asiento trasero, al lado del Embajador Bula y frente al Embajador Quintana. Me embargaban sentimientos cruzados, pues si bien había viajado mucho a lo largo de mi vida y habitado en varios países, sentía que se trataba de un viaje diferente en mi existencia. Seguía atento a través de la ventanilla los pasos del personal de tierra: el despeje de los vehículos y del personal de seguridad, el encendido de las turbinas y a los pocos minutos éramos autorizados para iniciar el rodaje hacia la pista 08, que tantas veces había utilizado durante de mis años como piloto privado. Aun cuando luzca banal, una de las decisiones dolorosas que debí adoptar al dejar a Venezuela, había sido la venta de mi noble aeronave “Bonanza” que me acompañó durante 25 años, pues sabía que no podría sostenerla dados los sacrificios económicos que implicaría el exilio.

A las 9:00 a.m., el avión había efectuado los procedimientos de chequeo en la cabecera de pista y estaba listo para decolar hacia su destino, que para mí representaba la libertad y la preservación de mis derechos. El piloto fue autorizado por la torre para iniciar la carrera de despegue y al minuto, con intensas emociones, iniciábamos el ascenso, virando en dirección a Puerto Cabello, Barinas, la sierra nevada del Cocuy y de allí hacia Bogotá, trayecto que cubrimos en poco más de dos horas, en un vuelo tranquilo, durante el cual dejé que el Embajador Bula se repusiera del déficit de sueño de la noche anterior, mientras yo conversaba con el Embajador Quintana, quien se mostraba interesado en conocer más sobre la realidad venezolana.

A las 10:15 iniciamos la aproximación a la hermosa y fértil sabana de Bogotá y a las 10:30 hora local colombiana tocábamos tierra en el Aeropuerto Internacional de El Dorado. En ese instante Germán Bula, el ser humano, me extendió un abrazo con el cual testimoniaba su complacencia por la culminación de una de las misiones más difíciles de su gestión diplomática y me expresaba la bienvenida a la patria que amó Bolívar y donde exhaló su último aliento. El avión “taxeó” hacia la Base Aérea CATAM y se estacionó en el área reservada al uso de personalidades. No me imaginaba que el aterrizaje había sido transmitido en directo por la televisión colombiana y proyectado a través de CNN, con lo cual mis seres cercanos pudieron exhalar un respiro de alivio, al verme posado con felicidad en territorio colombiano.

Se abrió la puerta del avión, descendió en primer lugar el Embajador Quintana y seguidamente Bula; agradecí a la tripulación, que había conducido un vuelo impecable, tras encontrarse de servicio desde las 3 a.m. Al pie de la escalerilla me aguardaba para darme un saludo de bienvenida el Director General de Protocolo de la Cancillería, Embajador Carlos Bernal y autoridades del Aeropuerto de El Dorado. Por coincidencia y sin saberlo, en el terminal comercial se despedía en esos mismos momentos el Embajador Roy Chaderton, ya designado Canciller de Venezuela, quien culminaba su misión de dos años. Luego supe que al enterarse del recibimiento, Chaderton no ocultó sentimientos de contrariedad. No fue verdad, como lo aclaró la Cancillería colombiana, que no se hubiese ofrecido al Embajador la despedida que le correspondía por parte del Director de Protocolo, sino que luego de cumplirlo, se trasladó al otro terminal para recibirme. Conocía además al Embajador Bernal, pues estuvo destacado en Lima mientras yo ejercía las funciones de Miembro de la Junta del Acuerdo de Cartagena.

Cumplidos los trámites de inmigración y de aduana, otro operativo nos esperaba. Los vehículos y patrullas que nos transportaban debieron enfrentar a las puertas de la Base Aérea, una nube de periodistas. Bula entreabrió la ventana del vehículo y pidió comprensión a los medios ante la imposibilidad de que yo suministrara declaraciones. Quien conoce a los periodistas colombianos sabe que no se dan por vencidos. Arrancó la comitiva y detrás lo hicieron numerosos vehículos sin perdernos de vista. Nos dirigimos hacia el norte de la ciudad, al conjunto Bosque Medina, a la residencia de la familia Florez-Cote, a la cual nos une un afecto entrañable. Mi esposa y yo, además de ser padrinos de su hija, compartimos con ellos seis años de luchas en el Perú, tejiéndose nexos de familiaridad que se traducían en gestos de bondad en esos momentos difíciles.

Al llegar a las puertas del conjunto, los comunicadores y camarógrafos insistieron en declaraciones, las cuales fueron una vez más declinadas por Bula, pero no cejaron en su propósito. Saltaron las barreras de la vigilancia hacia el interior del condominio, un bosque de eucaliptos y pinos que remonta una hermosa colina y haciendo alarde de condición física, corrieron tras los vehículos. Recuerdo a dos jóvenes de Radio Caracas TV, uno de ellos hijo de un amigo, Pedro Nikken, que me imploraba unas palabras. En horas de la tarde logró traspasar de nuevo la vigilancia y se apareció en el apartamento, ayudado por el nombre de su padre. Gracias a su persistencia, le concedí luego una de las pocas entrevistas que he dado en Bogotá a los medios venezolanos.

A los pocos minutos ingresaba a mi nuevo hogar, donde permanecí varios meses y me relajaba en un sofá a reponerme de las tensiones. Mi familia y yo nunca tendremos cómo retribuir la infinita nobleza y generosidad de mis anfitriones, ejemplo de la calidad humana de mucha gente en Colombia. Bula tuvo el gesto que no olvidaré de acompañarme hasta mi nueva residencia y permanecer un rato con la familia que me acogía, antes de marcharse aliviado a saludar a un hijo y luego informar a la Presidencia de la República y a la Cancillería sobre la gestión cumplida.

El digno proceder de Bula generó escozor en algunos personajes del gobierno, entre ellos en el Canciller Chaderton, pero se ganó el reconocimiento de los venezolanos. En varias ocasiones la presencia del Embajador en lugares públicos en Caracas era saludada con efusividad, entre ellas durante una marcha a la cual asistieron observadores del Cuerpo Diplomático. Pero el Canciller Chaderton actuó con sentimientos subalternos con relación al gobierno de Pastrana, tanto que su Despacho no solicitó el beneplácito para el Embajador que lo reemplazaría en Bogotá hasta después de la toma de posesión del nuevo Presidente, como si se tratara de relaciones de gobiernos y no de Estados. Pero además, se abstuvo de condecorar a Bula al término de su misión conforme a las tradiciones diplomáticas, pospuso la audiencia de su despedida como Jefe de Misión y no asistió a la despedida que éste ofreció antes de su partida. Afortunadamente el ágape se vio colmado por gente de todos los sectores, que de esa manera y con muchas despedidas, reconocían la gestión de Bula y desagraviaban los desplantes con los que el gobierno de Chávez correspondía a la paciencia de Pastrana y su gobierno para manejar momentos difíciles en las relaciones bilaterales. Venezuela le adeuda la condecoración a Germán Bula y se la concederá algún día como lo merece.

Se inició así para mí el camino duro del exilio, solo atenuado por la hospitalidad recibida. He llevado el destierro en muy bajo perfil, pero con dignidad y entereza, convencido de que vendrán para Venezuela tiempos mejores. A nadie deseo esa experiencia, ya rara en el siglo XXI. Considero que los líderes del opresor régimen, responsables de una catástrofe histórica, deberían pensar que no están exentos de tener que recurrir algún día a esa figura del derecho internacional, salvo aquellos que estén incursos en delitos comunes o de lesa humanidad. Deberían también recordar que el poder es efímero y que cuando se destape la olla podrida de su gestión, deberán enfrentar la justicia, por más espíritu de reconciliación que reine. Así, quienes ofenden el alma de los forzados a marchar al exilio tratándonos de prófugos, terroristas o delincuentes, deberían interiorizar que nadie está exento de dolorosas experiencias y si no que lo recuerde el propio Chávez, quien en abril estuvo a punto de asilarse en Cuba. Por ese camino han debido transitar además muchos compatriotas en el pasado y en el presente, lo cual demuestra la vigencia del asilo político, especialmente durante regímenes totalitarios como el de Chávez.

En mis primeros días de permanencia en Colombia debí eludir la presión de los medios por entrevistas y foros. Hasta el día de hoy he actuado con prudencia y no concedo declaraciones a los medios colombianos. Mis primeros días los dediqué a visitar a dirigentes políticos, ex presidentes de Colombia, Rectores de Universidades y a líderes de la sociedad civil y de la dirigencia gremial. Sabía que los ex presidentes, miembros del Consejo Asesor de Relaciones Exteriores habían sido consultados sobre mi asilo y que su opinión favorable fue muy valorada. Me motivó en particular la visita a los ex presidentes Belisario Betancourt, humanista y político de gran bonhomía, casado con la gentil Dalita Navarro, venezolana; con Alfonso López Michelsen y César Turbay Ayala, líderes de edad avanzada pero de gran lucidez; con Carlos Lemos Simmonds, ya fallecido, quien fuera Presidente interino durante el período de Ernesto Samper y, finalmente, con el propio Samper, a quien conocía desde su gestión como Ministro de Desarrollo y representante en la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Con él me había reunido en Caracas y en Bogotá, durante los años difíciles de su mandato. A todos agradecí la hospitalidad y el asilo concedido.

Los diarios comentaron sobre la posibilidad de que tomara a Colombia como puente hacia un tercer país y se mencionó que podía ser México. Pese a que esa y otras opciones estaban abiertas, anuncié luego públicamente mi decisión de permanecer en Colombia, en agradecimiento a su decisión, pero también porque como dije, estaba convencido de que debía aprovechar el tiempo del exilio para profundizar mis vínculos con el país hermano, con el cual tendremos por siempre una intensa relación múltiple.

A los pocos días de estar en Bogotá, se me anunció que sería recibido por el Canciller Fernández de Soto, a quien conocía y había pedido saludar. Dado el asedio periodístico, el 1º de junio de 2002 llegué a las 3 p.m. al Palacio de San Carlos, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores a través de un sótano. Subí al hermoso Palacio, que fue por años sede de la Presidencia de la República y donde se encuentra el balcón desde el cual el Libertador Simón Bolívar se lanzó, alertado por Manuelita, para evitar el asesinato en la nefanda noche septembrina de 1828. Fui conducido al Despacho del Ministro, quien me reiteró la bienvenida a Colombia. Allí le confirmé mi intención de permanecer en el país y el deseo de obtener la visa de asilado, la cual me fue otorgada con prontitud por los servicios competentes. Dedicamos un rato de la conversación al inevitable tema del asilo, agradecí y reconocí el manejo sensato que se le había dado al tema, sin perjudicar las relaciones bilaterales, le entregué una carta de agradecimiento dirigida al Presidente Pastrana, conversamos en torno a la situación de la región latinoamericana y luego pasamos a otro tema, el de la integración andina.

El Canciller Fernández de Soto conocía mi trayectoria integracionista. Su nombre se manejaba como candidato a la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), en sustitución del compatriota y gran amigo Sebastián Alegrett, hoy fallecido, quien concluía su mandato. A las pocas semanas se confirmó la designación de Fernández y por ello fue oportuno transmitirle mi visión y experiencia en torno a un tema al que he dedicado tantos años de mi vida. Me despedí del Canciller con un abrazo de gratitud, sin que faltara su recomendación de manejo prudente con los medios.

El tiempo vivido en Colombia ha sido de fácil adaptación, fructífero en vivencias y me ha permitido como pensaba, afianzar el conocimiento del país y las relaciones con los más diversos sectores. La hospitalidad colombiana ha superado mis expectativas y ello me permite sentirme bien en su seno. Sería interminable citar ejemplos de actitudes nobles, pero no puedo dejar de mencionar a la familia Florez, a Jaime Salazar Montoya, sucesor en la Junta del Acuerdo de Cartagena, quien me ha brindado su amistad y apoyo y a tantos que me honran con su amistad en tiempos difíciles. La mayoría de la población colombiana es buena y laboriosa. Lamentablemente la imagen de una nación que progresa, lucha contra la violencia y respeta el Estado de Derecho, se ve afectada por minorías que la perjudican: la guerrilla y el narcotráfico. Pero el país avanza indetenible bajo la sabia conducción del Presidente Álvaro Uribe, que encarna la noción de autoridad y gerencia.

Durante este tiempo, mi actividad se ha orientado principalmente a la Academia y ello me ha resultado enriquecedor y gratificante. Ha sido un largo “sabático”, con lo cual he podido realizar el deseo postergado de enseñar e investigar, como Catedrático en las áreas del comercio exterior y las relaciones económicas internacionales en dos prestigiosas Universidades privadas de Bogotá, que me han abierto sus puertas. A ello añado charlas y conferencias en otras Universidades del país y en foros sobre temas de interés continental. Así, he tenido la satisfacción de transmitir conocimientos y experiencias a la juventud del país hermano e interactuar con ella, que es educada, dinámica y bien formada. De cuando en cuando participo además en grupos de tertulia, proverbial institución en este país, que tiene arraigo en todo su territorio.


CHÁVEZ, LOS ESTADOS UNIDOS Y LA VISA NORTEAMERICANA.


“No se cuál es la clave del éxito, pero sí sé cuál es la del fracaso: tratar de complacer a todo el mundo”.
Henry Kissinger




A los quince días de mi llegada a Bogotá decidí viajar por espacio de tres semanas a Florida, Estados Unidos, para pasar unos días de descanso en compañía de mi familia, tras tantas tensiones acumuladas. Mantuve el carácter privado de mi viaje, pero no pude eludir hacia el final una invitación de la Coordinadora Democrática en la ciudad de Miami a una reunión-almuerzo, durante el cual, por disposición del Alcalde Alex Penelas y sin saberlo, me fueron entregadas las llaves del Condado de Dade como ex Presidente de Venezuela, lo cual como era de esperar, irritó al gobierno de Chávez. Así mismo atendí una invitación de la Universidad Internacional de la Florida (FIU) para dictar una conferencia en un escenario académico, sobre los acontecimientos de abril y la realidad venezolana, que resultó concurrida e interesante, incluyendo a algunos chavistas de Miami. El gobierno venezolano trató de impedir la realización del evento, pero la universidad lo rechazó, indicando que la Academia era por naturaleza abierta a todas las corrientes de pensamiento. La abrumadora mayoría de los asistentes me escuchó con interés, formuló preguntas y abucheó los planteamientos de los enviados del Consulado de Venezuela.

El acto fue complementado con dos entrevistas de televisión, una en Telemundo y otra en CNN, esta última con el periodista Jorge Gestoso, quien no ocultó durante el programa su arrogancia y simpatías hacia Chávez. Gestoso actuó como un acusador más que como entrevistador y tuvo el coraje de defender que en Venezuela se había producido un golpe de estado y que los muertos del de abril eran chavistas, pues así se lo había dicho Chávez. A ello repliqué que el mundo entero había sido testigo a través de esas mismas cámaras de la violencia oficialista y de la masacre. Al final de la grabación reclamé al personal de CNN en Miami, quienes un tanto abochornados indicaron que editarían el programa para eliminar algunas de las agresiones de Gestoso. Esas actitudes coincidieron con las actuaciones del representante de CNN en Caracas el 13 de abril del 2002, que tanto dieron que hablar. Luego, al comenzar el paro del 2 de diciembre, Gestoso expresó que la oligarquía venezolana pretendía derrocar al gobierno de Chávez, agregando que cómo era posible propiciar una huelga, cuando lo que se necesitaba era trabajo, faltando así a la objetividad en un canal de tanto prestigio.

Retorné a Colombia el 8 de julio de 2002 y a los pocos días recibí una comunicación del Consulado General de los Estados Unidos en Bogotá, notificándome que la visa de no inmigrante de que había gozado ininterrumpidamente desde 1964 me había sido suspendida, arguyendo que la condición de no inmigrante podía ser eventualmente utilizada para emigrar a los Estados Unidos, lo que entendí como una medida precautelativa ante la hipótesis de que decidiera solicitar asilo en ese país, opción que nunca pasó por mi mente. Posteriormente, el Embajador de los Estados Unidos en Caracas Charles Shapiro informó a los medios que la decisión obedecía a mi cambio de residencia, indicando que si era mi deseo, podía hacer una nueva solicitud desde Bogotá, que sería considerada.

Aun cuando nunca se esgrimieron razones de tipo político, tuve después un encuentro social con la Embajadora de los Estados Unidos en Colombia, Anne Patterson, mujer preparada y activa, con quien compartí comentarios sobre la realidad venezolana. Al surgir tangencialmente el tema de la visa, le expresé que no había tenido jamás en mente residir en su país y que pese a ser propietario de una vivienda en el norte de la Florida, mi determinación era residir en Colombia. La mejor demostración de ello era que concluidas mis vacaciones, había retornado a Bogotá de manera voluntaria. Agregué que como no tenía planes de corto plazo de retorno a su país, no solicitaría por el momento una nueva visa, pero que lamentaba que dicha decisión hubiera sido manipulada por Chávez para presionar al TSJ, el mismo día en que el máximo Tribunal debía pronunciarse sobre el caso de los militares, al declarar que Estados Unidos había determinado que en Venezuela se había producido un golpe de estado, “pues había revocado la visa a Pedro Carmona Estanga”. Por vías extraoficiales conocí que el gobierno venezolano habría presionado a las autoridades estadounidenses alegando que si a Chávez le habían suspendido la visa en su momento por qué no a mí y que había que dar una señal a los “golpistas”.

Cualquiera que sea el caso, respeto la decisión del gobierno estadounidense, enfatizo que no se ha esgrimido jamás una razón política y estoy seguro de que en un futuro se solventará, como ha ocurrido con otros compatriotas. No obstante, la decisión me causó pesar y me dejó hondas reflexiones, entre ellas: ¿Por qué darle satisfacción a un gobierno abiertamente hostil a los Estados Unidos, como lo demuestra día a día con sus actuaciones?. ¿Por qué una señal a alguien que ha luchado por la defensa del régimen de libertades económicas y de relaciones constructivas entre los dos países y que aparte de dirigente empresarial, fue durante muchos años directivo y Vicepresidente del Consejo Empresarial Venezuela-EUA (CEVEU)?. ¿Por qué en circunstancias en las cuales no he sido sentenciado en firme por Tribunales venezolanos y que debí acogerme al asilo político por la vulneración más absoluta de mis derechos fundamentales y por el riesgo que se cernía sobre mi integridad personal?.

Quizás los Estados Unidos no habían comprendido cabalmente hasta ese entonces que el gobierno de Chávez fue legalmente electo pero se ha deslegitimado en el desempeño de sus funciones al violar el principio de la independencia de los poderes, cerrar los espacios a la disidencia, al régimen de libertades y vulnerar sistemáticamente el Estado de Derecho y las normas de convivencia democrática. Pero además, parecía no haberse evaluado en su justa dimensión la amenaza que Chávez representa para la libertad y la democracia en Venezuela y en la región, pues el proyecto no se restringe a las fronteras nacionales. Chávez habla de “globalizar” la revolución bolivariana y llama a las organizaciones extremistas a unirse. Son conocidas las relaciones privilegiadas que Chávez mantiene con el principal enemigo de los Estados Unidos: Fidel Castro y que es pública y notoria su agresividad en contra de altos funcionarios del gobierno de ese país, mientras se incrementa de manera alarmante el contingente de cubanos en Venezuela, con clara injerencia en sus asuntos internos, incluyendo el asesoramiento a las milicias, grupos violentos y cuerpos de seguridad del Estado. La flexibilización de las normas de inmigración dispuestas por el régimen de Chávez está permitiendo que estos grupos adquieran la nacionalidad venezolana, sin cumplir las exigencias legales, ello con el fin de consagrarles los derechos políticos de los nacionales. Y por último, Venezuela se ha convertido en una gran “lavandería” de dólares provenientes del narcotráfico, para suplir las necesidades del mercado negro de divisas en forma totalmente oculta, con lo cual el gobierno se hace cómplice del financiamiento del narcotráfico y el terrorismo.

Es conocida la periodicidad de los encuentros entre Chávez y Fidel --muchos de ellos secretos-- y las conversaciones telefónicas que a diario sostienen ambos mandatarios. Castro se ha convertido en el principal asesor y en factor importante en las decisiones de Chávez y, en retribución, este le concede a Cuba amplias facilidades energéticas y económicas, lesivas al interés nacional, que representan un subsidio mayor del que en sus mejores momentos le otorgó la Unión Soviética. Las entregas de petróleo bordean los 80.000 barriles diarios y ni siquiera con ese enorme subsidio, Cuba paga la factura, como no sea mediante una absurda remuneración a los casi treinta mil personas que tiene emplazadas en Venezuela. Como si fuera poco, el Embajador cubano en Venezuela, Germán Sánchez Otero actúa como un procónsul, participa en reuniones estratégicas del gobierno y del movimiento V República y se denuncia la presencia de oficiales activos del Ejército cubano en Venezuela, así como la realización de frecuentes actos políticos de inspiración pro cubana en recintos militares. Existe pues una sensibilidad extrema frente a los Estados Unidos, mientras se ofrece puerta franca a una inaceptable intervención cubana en nuestra nación.

Son del dominio público los continuos encontronazos de Chávez y su gobierno con la posición norteamericana en temas como el terrorismo, el ALCA, el apoyo a los grupos radicales de izquierda, el cuestionamiento al papel de las Naciones Unidas, la OEA y el Fondo Monetario, la guerra de Irak, además de las críticas a las decisiones relacionadas con la lucha de Colombia contra el terrorismo y el posible papel de las NNUU. Venezuela fue el único país del hemisferio occidental que votó en favor de Cuba en la Comisión de Derechos Humanos. Como si fuera poco, mantiene una actitud de tolerancia hacia las FARC, sobre lo cual sobran evidencias y apoya a movimientos desestabilizadores en la región. De allí que la prudencia de los EUA frente al gobierno de Chávez deja un sabor de extrañeza, pese a los intereses energéticos en juego; por fortuna, en tiempos recientes voceros de ese país han comenzado a expresarse en defensa de la democracia venezolan y por la falta de definiciones más claras del régimen en la lucha contra el terrorismo. Chávez acusa ahora a los Estados Unidos de apoyar planes para derrocarlo y de financiar a organizaciones opositoras, entre ellas “Súmate”, encargada cívica y transparentemente de apoyar los procesos de recolección de firmas de la oposición, como si ello constituyera un acto subversivo.

Es obvio que nadie propiciaría intromisiones impropias de los Estados Unidos en los asuntos internos de Venezuela, menos tras la vigencia de la Carta Democrática Interamericana, pero sí se esperaría una actitud más alerta de su parte y de la comunidad internacional en apoyo a las fuerzas de oposición democrática, en su lucha por asegurar que en Venezuela se respete el ordenamiento jurídico, la independencia de los Poderes, el régimen de libertades, que se desmonte el terrorismo de Estado y se honren los compromisos asumidos en el documento emanado de la mesa de negociación con la OEA, para la celebración del referéndum revocatorio solicitado conforme al artículo 72 de la Constitución.

Pero además se requiere clara conciencia internacional sobre la amenaza que plantea el régimen de Chávez a los objetivos de libertad política y económica en el continente, pues aunque pretenda negarlo, apoya a los movimientos extremistas en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Perú y Uruguay, alienta a grupos indigenistas latinoamericanos con fines políticos y promueve la cubanización del país, sin pudor, sin restringirse al espacio geográfico venezolano. Basta con apreciar el apoyo al movimiento de Evo Morales en Bolivia, que condujo al derrocamiento del Presidente Sánchez de Lozada, las intervenciones hechas en los Foros Sociales de la Américas y sus numerosas visitas a países no amigos de los Estados Unidos, con mensajes “antiimperialistas” propios de los años 60. Además, Chávez impulsa un cambio en los tradicionales nexos militares y energéticos de Venezuela con los Estados Unidos y enarbola la bandera de la hostilidad hacia ese país, afectando intereses permanentes y de largo plazo del país, que deben manejarse como políticas de Estado.

Adicionalmente, está en plena marcha el plan de debilitamiento de la institucionalidad democrática y la aprobación de normas tendientes a otorgarle barnices de legalidad a una dictadura de izquierda en el país, de amordazamiento de la libre expresión y de oscura persecución de la disidencia. Una brutal mano de hierro ha salido a relucir sin contemplaciones. Es por ello un sentimiento generalizado en círculos de la oposición democrática en Venezuela que si el referéndum revocatorio es burlado por el oficialismo, el país será impulsado inexorablemente hacia un totalitarismo de inspiración pro cubana, con todas las consecuencias que ello implica para los valores libertarios en el hemisferio y para su seguridad energética. De allí que los Estados Unidos y la comunidad internacional, sin asumir un papel de gendarme que no les corresponde, deben dar un seguimiento más atento al caso de Venezuela con la atención que el caso amerita, a la luz de la Constitución y los postulados de la Carta Democrática Interamericana, instrumento que en algún momento deberá ser invocado para a salvar a Venezuela de Chávez y de su mentor, Fidel Castro.


EL AMPARO CONSTITUCIONAL CONTRA LA DECISIÓN DE LA CORTE


“No juzgaré a mi hermano hasta no haber caminado dos semanas en sus mocasines”.
Indios Sioux




Encontrándome ya en el exilio en Colombia y dentro de los plazos legales establecidos, después de dejar transcurrir algún tiempo de los acontecimientos de abril, el día 13 de noviembre del 2002 mis abogados defensores introdujeron ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia un amparo contra sentencia, en protección de los derechos constitucionales que me fueran lesionados por la decisión dictada por la Corte de Apelaciones de fecha 22 de mayo de 2002. En dicho recurso se solicitó dejar sin efecto el fallo o que se ordenara un nuevo procedimiento acorde con las garantías constitucionales vulneradas. El recurso fue ignorado por el TSJ, pese a la insistencia presentada el 11 de febrero del 2003, hasta que el 30 de septiembre el mismo año, la Sala Constitucional expidió una lacónica e infundada decisión, la N° 2636, declarando improcedente el amparo presentado, con lo cual se agotan las instancias internas y queda abierta la posibilidad de recurrir a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, en función de la absurda vulneración de mis derechos más elementales.

Los argumentos medulares contenidos en el histórico recurso presentado por la defensa, del cual es conveniente dejar registro, son los siguientes:

• La sentencia de la Corte de Apelaciones vulnera clara, flagrante y abiertamente los derechos fundamentales de Pedro Carmona Estanga. Es una decisión dictada por un Tribunal actuando fuera de su competencia, pues lesiona derechos constitucionales, se extralimita en sus funciones, incurre en errores judiciales graves y transgrede los principios más elementales de justicia, al haber actuado sin pruebas.
• La decisión considera como elementos para investigar a Pedro Carmona por el delito de rebelión, el haber convocado junto con otros dirigentes de la sociedad democrática a una marcha y a un paro general, como Presidente de la organización empresarial más importante del país: Fedecámaras, en un claro desconocimiento a los derechos fundamentales de toda sociedad democrática, comprometiendo y coartando el libre debate de los asuntos públicos y las legítimas acciones de los ciudadanos. Ello constituye un abuso de autoridad que representa el mayor atentado a los derechos políticos en el país, al crearse inconstitucionalmente y por la vía judicial una censura previa y prohibición de manifestación pública en contra de las gestiones del gobierno.
• El fallo objeto del amparo viola el derecho al debido proceso, el derecho a la defensa, a la tutela judicial efectiva, a la asociación, participación y a la huelga, consagrados en los artículos 49, 57, 58, 52, 68, 70 y 97 de la Constitución. Cada uno de estos derechos vulnerados es sustentado en el recurso con sólida argumentación jurídica.
• El fallo no respetó las etapas procesales, violentó derechos como el de ser oído, ser objeto de un juicio justo y contradictorio y además el de ser juzgado por jueces imparciales y violó de manera flagrante el derecho a la defensa y al debido proceso.
• El fallo violó también de manera flagrante el derecho del defendido a presentar alegatos a su favor y pruebas en su defensa, es decir el derecho al debido proceso y a la defensa, puesto que el mismo califica como suficientes las pruebas aportadas por la Fiscalía, sin que esas pruebas hayan podido ser rebatidas; aún peor, sin haber tenido oportunidad de promover prueba alguna, como se evidencia en uno de los párrafos de la decisión, cuando se señala: “Los hechos acreditados por el Ministerio Público configuran los delitos precalificados como Rebelión, previsto en los artículos 144, ordinales 1 y 2 y 214 del Código...” .
• Ello demuestra no solo la violación de los derechos fundamentales del defendido a la Defensa y al Debido Proceso, sino de otros estrechamente ligados, como son la presunción de inocencia y el derecho a ser juzgado por jueces imparciales.
• El vocabulario de la sentencia que se objeta no es propio de la etapa procesal en la cual es emitida, pues está referida a una apelación presentada por la parte fiscal sobre una sentencia de primera instancia dictada en la audiencia de presentación del imputado durante la FASE DE INVESTIGACIÓN, por lo que no podía ir al fondo de los hechos investigados, calificando sin pruebas que el defendido cometió el delito de Rebelión.
• La sentencia no es proporcional a la etapa procesal en que es dictada, debido a que da por cierto hechos que pueden y deben ser controvertidos por cualquiera de los medios permitidos por el Código, como es el sagrado derecho a la defensa, no siendo la fase de investigación o preparatoria la adecuada para emitir este tipo de fallos condenatorios sin juicio previo.
• La sentencia viola de manera flagrante la presunción de inocencia del defendido, principio recogido en el COPP, artículo 8, según el cual “Cualquiera a quien se le impute la comisión de un hecho punible tiene derecho a que se le presuma de inocente y a que se le trate como tal, mientras no se establezca la culpabilidad mediante sentencia firme”, principio fundamental de la justicia penal inmanente a la esencia del ser humano, cuya desvirtuación puede ser objeto de arbitrariedades irreparables.
• La presunción de inocencia se concreta en la obligación que tiene toda parte acusadora de probar más allá de toda duda razonable la culpabilidad del acusado, la garantía irrestricta de su derecho a la defensa y la prohibición de adoptar contra el acusado cualquier medida cautelar que pudiera convertirse en irreparable y equiparable a un fallo definitivo de culpabilidad, como podría ser una prisión cautelar prolongada o el remate de sus bienes asegurados, así como la prohibición de que se emitan pronunciamientos oficiales por policías, fiscales o jueces que consideren al acusado culpable antes de la decisión definitiva que legalmente corresponda” (Dr. Arquímedes González E. y Convención Americana sobre Derechos Humanos).
• La sentencia considera al acusado culpable del delito de Rebelión, sin que esa sea la etapa procesal para emitir un pronunciamiento o fallo definitivo, obviando la presunción de inocencia, que solo puede ser desvirtuada una vez concluido el procedimiento penal, vistas y evacuadas las pruebas y escuchados los alegatos de las partes, lo cual no ocurrió. En términos simples, fui objeto de una sentencia sin juicio previo; los Jueces violaron abiertamente la presunción de inocencia que me acompañaba durante todo el proceso penal, pues no se ha establecido la supuesta responsabilidad penal en mi contra a través de una sentencia firme.
• Lo que es más grave, la decisión cuestionada decretó una medida restrictiva de libertad en mi contra, fundamentada en el hecho incierto de que “resulta acreditado el delito de rebelión”, contrariando inclusive jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
• Todos estos argumentos, debidamente sustentados en el recurso de Amparo, prueban que se me quiso condenar en la etapa de investigación sin respetar las etapas procesales, sin pruebas y sin elementos de convicción, salvo supuestos de hecho motivo de la investigación. La detención preventiva que se decretó con base en un hecho aún por comprobarse, vulnera el principio de la presunción de inocencia, hasta tanto no sea totalmente desvirtuada por la parte acusadora.
• De acuerdo con la decisión de la Corte de Apelaciones, la comisión del delito de rebelión está acreditado por el hecho del ciudadano Carmona “haber planificado y realizado por lo menos desde el 9 de abril de 2002 un paro general con sectores de la oposición en apoyo al conflicto laboral de Petróleos de Venezuela: que este paro se extendió al día 10 de abril, fecha en que decretó conjuntamente con la principal central sindical, CTV, una huelga general, como mecanismo para desestabilizar al país y presionar al Ejecutivo Nacional; hechos que revelarían una actitud hostil manifestada públicamente. Igualmente –añade-- constituye un acto hostil públicamente manifestado, que bajo esas circunstancias Pedro Carmona convocara el 11 de abril a una marcha multitudinaria que desde el Este de la ciudad de Caracas, se dirigió al Palacio de Miraflores para pedirle la renuncia al Presidente de la República...”. Pues bien, ninguno de los hechos señalados forman parte de la descripción del delito de rebelión, ya que según el artículo 144 del Código Penal, serán castigados con presidio de doce a veinticuatro años: 1) Los que se alcen públicamente, en actitud hostil, contra el gobierno legítimamente constituido o elegido, para deponerlo o impedirle tomar posesión del mando; 2) Los que, sin el objeto de cambiar la forma política republicana que se ha dado la Nación, conspiren o se alcen para cambiar violentamente la Constitución de la República...etc. Por tanto, convocar a una huelga o paro general e invitar a una marcha de protesta pacífica no son elementos del delito de rebelión y por el contrario esa afirmación se traduce en una flagrante violación a la libertad de expresión, de manifestación, de asociación, de participación y del derecho a la huelga, además de atropellar la norma legal y el principio de tipicidad reconocido en el artículo 49, numeral 6 de la Carta Magna, por cuanto se fundamentó en hechos por determinar que no forman parte del tipo delictivo. Toda la jurisprudencia existente en el derecho penal y en el TSJ se rige por el principio de la legalidad de los delitos y las penas, vale decir que es preciso que previamente a la acción u omisión del hombre, esa conducta haya sido reconocida como criminosa y que igualmente, de manera previa, se haya definido la sanción a que se hace acreedor el responsable de esa conducta.” De allí que quede demostrado que la sentencia objeto de la acción no acató el mandato constitucional y amplió en detrimento del defendido el tipo penal de delito de rebelión, violando de manera grosera y flagrante el principio de la legalidad.
• Debe así mismo resaltarse el carácter colectivo del delito de rebelión imputado al defendido que surge de la interpretación de la letra de la norma, pues como se señaló, las formas o modalidades que tipifican ese delito establecen que la sanción prevista en la norma se aplicará a “LOS QUE....”, es decir que el sujeto activo del delito es plural, por lo que es innegable que el autor no puede ser una sola persona y que es un requisito esencial la multiplicidad de sujetos. La doctrina nacional e internacional es coincidente al respecto. Y en ese sentido, para el momento de en que el defendido es imputado por la comisión del delito de rebelión, no existía otra persona imputada distinta a los Generales Efraín Vásquez Velasco, Pedro Pereira Olivares, Vicealmirante Héctor Ramírez Pérez y Contralmirante Daniel Comisso Urdaneta, quienes fueron sobreseídos por decisión de la Sala Plena del TSJ de fecha 15 de agosto de 2002. (En igualdad de circunstancias el Coronel Isidro Pérez Villalobos, requería por su rango una disposición administrativa especial para el sobreseimiento, pero no le fue concedida). Debe entonces concluirse que estamos en presencia del delito de rebelión cometido por una sola persona, civil, desarmada y sin que se haya establecido la indispensable relación de causalidad entre el defendido y los cuatro oficiales Generales sobreseídos por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.
• Los elementos valorados por la Corte de Apelaciones como muestra de la supuesta “actitud hostil” en que habría incurrido el defendido para acreditar el delito de rebelión representan un claro desconocimiento del derecho constitucional a la libertad de expresión, el cual incluye del derecho a disentir, hasta con vehemencia, de una gestión de gobierno. Las manifestaciones públicas, las huelgas, los paros generales, son mecanismos legales y legítimos de protesta institucional en todo régimen democrático, por lo que es temerario, subjetivo y grave considerar que la protesta cívica organizada y ejecutada democráticamente, pueda ser suficiente para acreditar uno de los delitos más severos del Código Penal. Ello implicaría un peligroso precedente y un efecto disuasivo en el uso de estos legítimos derechos, así como un ataque frontal a la libertad de expresión, siendo que el debate público de los asuntos de gobierno debe ser desinhibido, vigoroso, amplio y abierto. Así lo afirma la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando señala que “la libertad de expresión se inserta en el orden público primario y radical de la democracia, que no es concebible sin el debate libre y sin que la disidencia tenga pleno derecho a manifestarse”. Ello incluye ideas que ofendan, desagraden o molesten al Estado, al gobierno o a un sector de la población, pues la tolerancia constituye la característica fundamental del sistema democrático de gobierno. La defensa de posiciones políticas puede por tanto implicar la incitación al cambio, la invitación a la desobediencia, la utilización de mecanismos legítimos e institucionales como la huelga, los paros o las manifestaciones pacíficas. Difícilmente se hubiera podido encarar la esclavitud, la discriminación racial o el terrorismo con panfletos o artículos de opinión. El peligro que se corre con la tolerancia del debate desinhibido de los asuntos trascendentes de gobierno, es parte del precio que se paga por vivir en una sociedad libre y pluralista, tal como la que diseña nuestra Constitución.
• En palabras de la Corte de Apelaciones, constituye una “actitud hostil” haber planificado y participado en una marcha, un paro y una huelga general, que no es lo mismo que lo establecido en el artículo 144 del Código Penal, de que debe tratarse de “personas que se alcen públicamente en actitud hostil contra el gobierno legítimamente constituido o elegido para deponerlo o impedirle tomar posesión”. Ello distorsiona el objeto y finalidad de la norma y va en detrimento del derecho a la libertad de expresión del defendido y de cualquier venezolano que decidiera planificar y participar en una manifestación, un paro nacional o una huelga general, como demostración de un sentir colectivo que represente la oposición política al gobierno. Supondría pues una censura de los derechos de manifestación y de expresión de ideas políticas, ya que la sentencia tendría entre sus objetivos políticos crear un perverso efecto disuasivo para utilizar estos mecanismos, ante el riesgo de ser imputado por el delito de rebelión. Serían por tanto presumiblemente rebeldes los demás dirigentes que convocaron y participaron en los eventos previos a la marcha, a quienes no se les ha imputado formalmente tal delito. Pedro Carmona ejercía el cargo de Presidente de Fedecámaras en el momento en que sucedieron los hechos de abril. Es lógico que podía organizar o utilizar mecanismos institucionales de presión política para tratar de generar cambios y mejoras en las condiciones nacionales y de la población. Su actuación respecto al paro y la marcha estuvo ajustada a las decisiones de los órganos de gobierno de su institución. El fallo puede así convertirse --como en efecto se convirtió a posteriori-- en un peligroso precedente que genera un gran temor en el uso de los mecanismos legales de presión política en Venezuela. El delito de rebelión no puede ser manipulado como una forma de imposición de censura a la manifestación de ideas a través de mecanismos legales, por lo cual el fallo viola flagrantemente el derecho a la libertad de expresión del artículo 57 de la Constitución. De ser así, una orden de investigación puede constituirse por si sola en una clara violación de derechos fundamentales, pues no se requiere de una sentencia definitiva para desconocer principios elementales del Estado de Derecho, generando un grave efecto disuasivo en actividades de participación política.
• Se pretende entonces castigar al defendido por el resultado de los acontecimientos, pero se toma en consideración únicamente su posición política y su actuación como dirigente gremial, en fin su rol de opositor al gobierno. El fallo no determina la existencia de ningún otro indicio que al menos conlleve a la sospecha de que el defendido estuvo en algún tipo de conspiración o plan destinado a derrocar el gobierno constituido. Se trata simplemente de un sometimiento a juicio por las ideas expresadas públicamente a través de mecanismos legítimos y legales. Toda la doctrina nacional y extranjera está de acuerdo en que la rebelión es un delito que implica un alzamiento en armas, una insurrección de fuerzas para luchar y deponer al gobierno. Se trata de un delito colectivo que implica una conducta violenta y rebelde de un grupo de personas capaz de derrocar por la fuerza a las autoridades constituidas. Cosa que obviamente no ocurrió en esa fecha.
• Se valoró únicamente la conducta del defendido como opositor político y su participación en actos lícitos de protesta pública, lo cual tergiversa descaradamente los hechos para imputarle un delito desproporcionado, con el objeto de intimidar a la población y provocar su reclusión en la cárcel de Yare, al negarle el beneficio procesal. El mensaje es claro: cualquier opositor puede ser imputado, juzgado y condenado por disentir del gobierno y lo que es más grave, mientras dure la investigación permanecer en prisión, con los riesgos personales que ello implica.
• No se puede castigar al emisor de una idea por la forma como reaccione la audiencia, sobre todo cuando la idea ha sido expuesta en forma legítima y sin incitar a la violencia. Si se dieron acontecimientos que alteraron la paz, ello es responsabilidad de los organismos y funcionarios encargados del control del orden público; más aún Pedro Carmona jamás convocó la marcha hacia Miraflores y ello está plenamente comprobado en el expediente. Tampoco puede considerarse como un delito de rebelión el haber asumido una designación provisional a pedido de los más altos oficiales de la Fuerza Armada, frente a la crisis generada por un público y notorio vacío de poder, pues nunca se usó la violencia y porque no se demuestra que en el fallo se hayan analizado elementos que permitan ni siquiera sospechar que se trató de una conspiración o que se utilizaron mecanismos ilegales para deponer un gobierno, ni tampoco se establece vinculación alguna entre el defendido y el grupo militar que actuó ante el vacío de poder y las previsiones del artículo 350 de la Constitución.
• El artículo 68 de la Constitución consagra la libertad de manifestación, al señalar que: “Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otro requisito que el que establezca la ley...”. Ese derecho y el de reunión, constituyen uno de los instrumentos fundamentales de una sociedad democrática, libre y pluralista. El fallo se limita a señalar que el defendido convocó a una marcha multitudinaria que se dirigió al Palacio de Miraflores para pedirle la renuncia al Presidente de la República, lo cual no es cierto ni está probado en las Actas Procesales. De esta presunta conducta, que ni siquiera determina la sentencia con qué elementos probatorios cuenta, se desprende que el defendido tuvo una “actitud hostil”, suficiente para acreditar el delito de rebelión. Esta situación determina por sí sola la necesidad de revocar el fallo que se cuestiona, pues pone en peligro el derecho de manifestación. En efecto, si al Presidente de la organización empresarial más importante del país le está vedado convocar a una manifestación pública y pacífica para expresar el descontento de ese sector y proponer salidas institucionales a la crisis política, entonces el derecho de manifestación es simplemente una declaración de buenas intenciones. Si se tiene derecho a manifestar, no se puede ser sancionado por ello. Si de la manifestación surgen acontecimientos violentos, hay que castigar a los culpables de esa violencia, pero no a quien propone la manifestación sin intención de alterar el orden público. En el fallo que se cuestiona, no se hace referencia a ningún elemento probatorio o de indicio, que permita indicar que la manifestación auspiciada por Fedecámaras tenía intenciones de derrocar violentamente al gobierno. No se puede confundir el desenlace de determinados acontecimientos con el elemento subjetivo que requiere el delito de rebelión y los requisitos que lo demuestren, que tendrían que concurrir en su totalidad. Si los acontecimientos de esa fecha provocaron una determinada reacción de las autoridades de la Fuerza Armada Nacional, que a su vez produjo un vacío de poder, ello no convierte en ilegal o ilegítimos los mecanismos que se ejercieron para un fin y un propósito distinto. No cualquier causa puede ser suficiente para determinar un resultado. Se requiere de elementos adicionales de convicción que no existen en las actas procesales, para al menos presumir que la manifestación convocada estaba ligada al ejercicio de la fuerza para deponer al gobierno.
• La participación ciudadana es una de las características fundamentales de la Constitución de 1999 y ello es explícito a lo largo de su articulado, con lo cual se abrió a la población la posibilidad de intervenir de manera directa y constante en la gestión de gobierno. Esa participación no puede ser estéril o inocua. No sería coherente establecer un sistema democrático y participativo de gobierno en la Constitución, con un régimen de terrorismo judicial tendiente a reprimir y amedrentar cualquier manifestación política legal y pacífica. Con el fallo cuestionado se limita abiertamente el derecho de participación política y ello implicaría reducir la participación ciudadana a simples expectativas o buenas intenciones, pues los ciudadanos no podrían utilizar medios coercitivos para producir cambios democráticos, al considerarse como delito la utilización de los mecanismos más importantes de presión política.
• Iguales consideraciones caben respecto al derecho a la huelga, pues el artículo 97 de la Constitución consagra el derecho a la huelga tanto en el sector privado como en el público, siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas en la ley. En el fallo objetado no se hace referencia a la legalidad o ilegalidad de la huelga convocada por varios sectores del país y se limita a señalar que la convocatoria a la huelga general de abril constituye un mecanismo para desestabilizar al país y presionar al Ejecutivo Nacional, lo cual es calificado como una actitud hostil que da lugar a un juicio de rebelión contra el defendido. En los términos en que fue dictada, la decisión produce una flagrante violación al derecho constitucional a la huelga, pues si una huelga es legal, no puede dar lugar a ningún tipo de represión o sometimiento a juicio, pues de lo contrario se desnaturalizaría su esencia y el principio constitucional que lo soporta. No puede obviarse que la grave crisis que atraviesa el país requiere pronunciamientos firmes y categóricos y que la posición de la institución que presidía el defendido, Fedecámaras, fue y ha sido firme y decidida en cuanto a proponer cambios y salidas institucionales. Los mecanismos legales utilizados (huelga y paro) pueden ser considerados drásticos pero no ilegales y por ello no pueden calificarse como elemento delictual, pues se trata de un arma pacífica y legítima de control político y social.
• Por ello, es devastador el precedente que se sienta con el fallo cuestionado, pues pretende generar un efecto disuasivo en los sectores de oposición, empresarial y laboral del país, lo cual es nefasto y aterrador. Afirmar que la convocatoria a una huelga puede dar lugar a una investigación por el delito de rebelión, es arremeter contra ese importante mecanismo de control político y social, que ha servido para impulsar significativos cambios en el curso de nuestra historia republicana y en el mundo.
• Por todo lo expuesto, la decisión del TSJ influirá notablemente sobre la sociedad democrática y en la vigencia efectiva de la Constitución de 1999, cuyos postulados está en obligación de defender. El fallo genera un problema de Estado, pues determina el nivel de tolerancia de nuestras instituciones; define el escaso respeto que se tiene a los derechos fundamentales del ciudadano y se constituye en un terrible efecto disuasivo provocador de la pasividad social, autocensura, conformismo y castración de la crítica a las gestiones de gobierno. El amparo presentado no pretendió eludir las investigaciones a que hubiese lugar, pero es en extremo peligroso para el Estado de Derecho que se permita el enjuiciamiento del defendido por el delito de rebelión, fundado en las consideraciones valoradas en el fallo cuestionado. Se trata pues de una decisión que coarta y cercena el derecho de manifestar pública y pacíficamente por una gestión pública, núcleo esencial de la garantía de la libertad de expresión y del resto de los derechos fundamentales denunciados.

Como ya se dijo, a este recurso de amparo introducido ante la Sala Constitucional del TSJ el 13 de noviembre de 2002, se le designó como Magistrado Ponente al Dr. Jesús Eduardo Cabrera, Magistrado de abierta inclinación oficialista, pero luego quedó sin trámite, ignorado por dicha instancia. Ante ello, el 11 de febrero de 2003 se introdujo una petición de insistencia de admisibilidad de la acción de amparo presentada, conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos y a la Constitución de la República, en cuanto a la tutela judicial y a la celeridad procesal, vale decir, el derecho a ser oído con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, sin dilaciones indebidas. Dicha insistencia fue también ignorada, quizás porque la argumentación era muy contundente y por las implicaciones del caso sobre las relaciones entre el TSJ y el Ejecutivo Nacional. No hay que olvidar que además de la indebida injerencia del Presidente del TSJ en el proceso que se me siguió, en función de sus compromisos con el oficialismo, el ponente designado fue el Magistrado Jesús Eduardo Cabrera, el mismo que ha avalado la mayoría de las decisiones del TSJ¸ muchas de ellas aberraciones jurídicas, para dar sustento legal a la autocracia que gobierna al país.

Basta con analizar el denso documento del Dr. Asdrúbal Aguiar del año 2003 sobre los principales golpes a la constitucionalidad en Venezuela y contra la Carta Democrática Interamericana, para apreciar que en casi todos ellos han estado presentes las manos del Magistrado Cabrera y del Presidente Iván Rincón. Los hechos demuestran que la Sala Constitucional del TSJ está al servicio de Chávez y de su proceso político. Por ello no tengo dudas de que al leer el recurso de Amparo presentado por mi defensa, Cabrera le dijo a Rincón: “esto hay que engavetarlo, es demasiado comprometedor” y luego después de mucho tiempo se decidió declararlo improcedente.

Por lo demás, en términos de su trascendencia, el Amparo, elaborado con tan densa argumentación jurídica, ha resultado premonitorio en cuanto a las graves consecuencias que el caso sentaba sobre el futuro de la democracia en Venezuela, como se ha visto en las situaciones posteriores relacionadas con la convocatoria de la oposición al paro cívico que tuvo lugar entre los días 2 de diciembre de 2002 y 5 de febrero de 2003. Dicho paro tuvo como propósito presionar democráticamente hacia la renuncia presidencial o hacia la consulta electoral anticipada, acorde con los principios de la Carta Magna, vale decir una salida electoral a una crisis que es eminentemente política. Pues bien, el gobierno y el Poder Judicial han emprendido procesos en contra de sus organizadores que igualmente limitan los derechos constitucionales analizados, tratando de convertirlos en hechos delictuales para calificarlos de rebelión, especialmente hacia los líderes del paro en Fedecámaras, la CTV y PDVSA.

Existen a raíz de ello muchos dirigentes civiles y militares arbitrariamente detenidos o que como yo, se han visto obligados a recurrir al exilio, mientras que muchos son amenazados o intimidados, confirmándose así una de las graves denuncias que motivó el amparo introducido, cuya validez y vigencia es plena. En conclusión, mi caso legal confirma la abierta politización del Poder Judicial prevaleciente en Venezuela, la subordinación del mismo al Poder Ejecutivo, en especial la Sala Constitucional del TSJ, la cual ha asumido en diversas ocasiones poderes supra constitucionales y un generalizado irrespeto al Estado de Derecho, incluyendo flagrantes violaciones a los principios fundamentales de la Constitución de 1999, que con tanto ardor histriónico defiende el Presidente Chávez cada vez que con cinismo la exhibe en sus frecuentes apariciones públicas.

Al escribir estas páginas, ante el evidente riesgo de que la Sala Constitucional del TSJ incurriera en el grave delito de denegación de justicia, con fecha 30 de septiembre del 2003, esta expidió la Decisión N° 2636, en la cual de una manera sesgada y sin fundamentos, declaró improcedente el amparo por mí interpuesto. No hubo otro argumento ante un recurso de tanta trascendencia que un pobre señalamiento de que los solicitantes lo que pretenden es impugnar el fondo de la decisión accionada en amparo para que se revoque la medida privativa de libertad decretada contra el imputado, lo cual en opinión de la Sala escapa de la tutela constitucional. Agrega la decisión que “en virtud de la autonomía e independencia de que gozan los jueces al decidir, los mismos, si bien deben ajustarse a la Constitución y a las leyes al resolver la controversia, disponen de un amplio margen de valoración sobre los hechos probatorios y del derecho aplicable a cada caso, por lo cual pueden interpretarlos y ajustarlos a su entendimiento, como actividad propia de su función de juzgar, sin que el juzgador de amparo pueda inmiscuirse dentro de esa autonomía del juez en el estudio, salvo que tal criterio viole notoriamente derechos o principios constitucionales”.

Añade la decisión de la Sala que: “la Corte no actuó pues fuera de su competencia ni ha producido infracción de los derechos a una tutela judicial efectiva y al debido proceso, ni de ningún otro derecho de rango constitucional, razón por la cual debe declararse improcedente in limine litis la acción de amparo propuesta y así se declara”. De esa manera, toda la fundamentación del amparo respecto a la abierta violación de los derechos constitucionales de Pedro Carmona Estanga y con él de los venezolanos, ha sido echada por tierra por una decisión política y arbitraria de la Sala Constitucional del TSJ. ¡Bravo Señores Magistrados!, ¡Bravo Magistrado Cabrera!. Así se administra la justicia revolucionaria en el régimen chavista.









LA VENEZUELA POST ABRIL DEL 2002


“Se puede engañar a una parte del pueblo todo el tiempo; a todo el pueblo una parte del tiempo, pero no se puede engañar a todo el pueblo todo el tiempo”.
George Washington, 1732-1799


Tras los acontecimientos de abril, las fuerzas de la oposición sufrieron un “shock”, pero pronto trataron de agruparse en torno a la llamada Coordinadora Democrática, cuya gestación se adelantaba desde semanas antes. Chávez, al retornar al poder, fue pródigo en promesas de rectificación y convocó a una mesa de diálogo, que no generó credibilidad ni resultados. La oposición centró entonces sus esfuerzos en la búsqueda de una salida electoral y planteó la relegitimación de los Poderes públicos conforme a los principios de la Carta Magna, entre ellos del Fiscal General de la Nación, a quien se le prodigó una nutrida manifestación de pedido de renuncia, del Contralor General de la Nación, hombre sin pudor que ha llevado a dicha institución al triste papel de cohonestar la inmensa corrupción y malversación de fondos públicos por parte del gobierno, el Defensor del Pueblo, que defiende más al régimen que al pueblo y el Tribunal Supremo de Justicia, cuyos miembros son designados “a dedo” de entre personas afectas al gobierno, soslayando los preceptos constitucionales y asegurando la subordinación a la voluntad del Poder Ejecutivo.

En segundo lugar, el país demandó el desarme de la población civil, pues era obvia la proliferación de los “círculos bolivarianos” y otros grupos irregulares nacidos con el apoyo oficialista bajo la inspiración de los Comités de Defensa de la Revolución de Cuba. En dichos círculos y luego con las milicias populares, se incuba mucho de la violencia oficialista, con armas provenientes del intento de golpe del 4 de febrero, de robos al parque militar o adquiridas con dineros públicos, aparte del entrenamiento que reciben bajo el concepto estratégico de milicias o focos guerrilleros.

En tercer lugar, se solicitó la revisión de los Decretos-Leyes aprobados en forma arbitraria en noviembre de 2001, que como se dijo desencadenaron las protestas del 10 de diciembre, por tratarse de temas de alto interés nacional en cuya formulación se negó el principio constitucional de la participación ciudadana. En cuarto lugar, se solicitó la creación de una Comisión de la Verdad que investigara la masacre del 11 abril y determinara responsabilidades, lo cual fue claramente eludido por el régimen. Por el contrario, se destruyeron las pruebas materiales de la masacre y se manipuló descaradamente el caso. Finalmente, la sociedad civil planteó la necesidad de propiciar una consulta electoral, rectificar el estilo de conducción del gobierno, restablecer la institucionalidad de la FAN para excluirla de la controversia política, tema también indispensable en el caso de PDVSA, institución que ha sido vulnerada en sus cimientos.

Con excepción de la tardía aceptación de la renuncia de la Directiva de PDVSA presidida por Gastón Parra Luzardo y de su sustitución por Alí Rodríguez Araque, ex guerrillero de los años 60, hoy convertido en Canciller y por un grupo institucional pero mediocre y la reincorporación de algunos funcionarios de PDVSA, el gobierno fue refractario a dichas solicitudes. De Rodríguez Araque se esperaba una actuación más moderada, pero terminó sumándose a una línea radical, fiel a sus raíces revolucionarias. El caso de la FAN es aún más grave, pues no solo ha sido convertida en el brazo político armado de la revolución, sino que se han roto los principios meritocráticos para los ascensos y ha sido infiltrado con reservistas de clara orientación ideológica, plan que se cumple a toda marcha y que, según voceros oficialistas, llevará a la incorporación de un total de cien mil milicianos a las filas de dicha institución.

Lo menos a que habría debido acceder el régimen era la creación de la Comisión de la Verdad, pero la iniciativa fue torpedeada pues le resultaba contraproducente, quedando así la masacre del 11 de abril en la más absoluta impunidad, hasta el punto de que sus actores principales fueron absueltos por un Tribunal del Estado Aragua de orientación oficialista. Por su parte, los controversiales Decretos-Leyes se mantuvieron incólumes, el pedido masivo de renuncia al Fiscal General de la Nación tuvo una respuesta negativa y su titular Isaías Rodríguez quedó más atornillado que nunca, en una función comprometida y genuflexa, mientras que la Contraloría General de la República sigue siendo la más vergonzosa expresión de un ente títere del gobierno.

Los círculos violentos o “bolivarianos” fueron defendidos ardorosamente por Chávez, sin ni siquiera aceptar la discusión del tema, como no fuese la exaltación de la función “social” de dichos grupos. El país ha alcanzado las cifras de inseguridad más elevadas de su historia, que mantienen al país aterrorizado. Como se ha dicho, “la guerra a muerte está adentro”, ante una extraña indiferencia del gobierno. A título de ejemplo, entre 1963 y 1998, en 35 años, se habían registrado en Venezuela 299 secuestros y en cuatro años, entre 1999 y el 2003, se excedió dicha cifra. En cinco años de gobierno se han producido entre 40 y 50.000 asesinatos y los atracos, invasiones y persecuciones a la disidencia proliferan de manera incomensurable. ¿Acaso ello responde a una estrategia de terror y anarquización del país para impulsar a la población a emigrar? ¿No hay en ello una extraña similitud con las prácticas seguidas en la “admirada” isla del Caribe?.

La mesa de diálogo constituida por el gobierno en el 2002, presidida por Chávez y por José Vicente Rangel fracasó por falta de voluntad y resultados, circunstancia que movió a los representantes de los medios de comunicación a retirarse, dadas las agresiones propiciadas en su contra por el propio Presidente, como ocurrió también con otras personalidades y dirigentes gremiales. Ese ambiente de desconfianza, de promesas incumplidas, de persecución, podas masivas en el seno de la FAN y debilitamiento de las instituciones, fue caldeando sentimientos de frustración que prepararon el clima hacia nuevas formas de protesta, entre ellas las multitudinarias marchas realizadas a lo largo del segundo semestre del 2002, de las cuales la más importante tuvo lugar el 10 de octubre, que superó la del 11 de abril del 2002, cosa que parecía imposible. La oposición actuó en el marco de la Coordinadora Democrática, pero más tarde el llamado Bloque Democrático, integrado por varias ONG´s, se escindió por desacuerdo con sus estrategias, al considerar que no habría salidas a la crisis sin actitudes firmes de resistencia, habida cuenta de las tácticas engañosas empleadas por el régimen.

El 22 de octubre de 2002 ocurrió en Caracas el sonado pronunciamiento de un grupo de Generales y Almirantes en la Plaza Francia de Altamira, quienes se declararon en “desobediencia legítima” al gobierno en los términos de los artículos 350 y 333 de la Constitución. Los oficiales emitieron un documento el 29 de ese mes solicitando la renuncia del Presidente de la República y la relegitimación de los Poderes Públicos, lo cual calentó el ambiente en dicha Plaza y en el país durante varios meses. Los atropellos, el odio y la lucha de clases sembradas con ceguera por el oficialismo condujeron a situaciones de gran tensión y a una nueva matanza de manos de los grupos violentos en la Plaza Altamira el día 6 de diciembre del 2002, de cuyos autores sólo uno fue apresado in fraganti, el luso-venezolano Joao De Gouveia, hombre muy cercano al Alcalde Freddy Bernal. El balance fue de tres muertos y catorce heridos, ya en pleno desarrollo del paro nacional, causando una indignación nacional sin límites.

También en noviembre del 2002, el gobierno presionó a la Asamblea Nacional para la remoción del Magistrado Franklin Arrieche del TSJ, en represalia por haber sido el ponente de la sentencia que declaró la inexistencia de méritos para el enjuiciamiento de los militares de abril por el delito de rebelión, sin reparar en ello en la independencia de los Poderes. No es la primera vez que ello ocurre, como lo demostró la decisión del régimen de clausurar la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en noviembre del 2003, por no actuar conforme a los intereses del gobierno. En otra insólita manifestación de irrespeto al orden legal, el Comandante General del Ejército, General García Carneiro, tantas veces citado en esta obra, después flamante Ministro de la Defensa, afirmó en diciembre del 2002 que solo reconocía la autoridad del Jefe de Estado, a propósito del mandato de un Tribunal de desmilitarizar el área metropolitana de Caracas, pues el Presidente Chávez había dado instrucciones públicas a los Jefes de la Guarniciones Militares de no acatar ningún pronunciamiento judicial contrario a sus ordenes. Tales ejemplos ilustran sobre las violaciones del régimen a las normas constitucionales y a los compromisos internacionales, incluyendo el desacato a las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en protección al derecho a la vida y a la libertad de expresión de periodistas y editores afectados por la represión oficialista o en defensa del derecho a la información de los venezolanos, como fue el caso de la incautación de equipos al canal Globovision, ocurrida en octubre del 2003, respecto a la cual no hubo rectificación alguna.

El 16 de noviembre del 2002, el gobierno ordenó la intervención militar de la Policía Metropolitana, a cargo del Alcalde Mayor Alfredo Peña, antiguo aliado y después opositor al régimen, destituyó a sus autoridades, tomó sus instalaciones y la desarmó en forma arbitraria, en represalia por haber sido el único cuerpo que evitó agresiones a las marchas de la oposición de parte de la violencia oficialista. Ello causó la paralización funcional de dicho cuerpo y un aumento inmediato de la violencia criminal en la capital de la República. El TSJ actuó con ambigüedad en dicho caso y aun cuando ordenó la devolución de la Policía a la Alcaldía, su superior natural, el gobierno desconoció la orden y las normas constitucionales de manera flagrante. Varios meses después el TSJ reiteró la orden de desmilitarización de la Policía y ante el riesgo de incurrir en el delito de desacato, la cumplió a regañadientes, pero se ha negado tenazmente a la devolución de las armas de propiedad de dicho cuerpo.

De otra parte, el oficialismo no solo bloqueó la creación de la Comisión de la Verdad, sino que en un acto sin precedentes, un Tribunal afecto liberó y luego absolvió a los inculpados en la masacre de Puente Llaguno y uno de ellos, el Concejal Richard Peñalver, a quien el mundo vio disparar alevosamente contra la marcha, fue reincorporado en abril del 2003 con honores a la Cámara Edilicia del Municipio Libertador por el Alcalde Freddy Bernal, en otro desafío a la ley y a la dignidad de los venezolanos. Se alegó de manera insólita que los criminales actuaron en defensa propia y bajo el concepto de “estado de necesidad” para justificar tan atroz decisión. Pero fue aún peor que el Presidente de la República haya elogiado la sentencia como un acto de “valentía y fervor revolucionario. ¡Qué bofetada al país y al Estado de Derecho y qué denigrante postura del Primer Magistrado!. Se ha llegado a extremos que conducen al país a la anarquía, pero para el régimen solo cuentan los objetivos del “proceso”.

La severa crisis económica del año 2002 produjo una contracción del PIB del 9 por ciento, un 17 por ciento de desempleo, mortalidad empresarial creciente, desinversión y fuga de capitales, lo cual junto a las frustraciones del sector sindical y de otros factores de la sociedad y la profundización del estilo autoritario de gobierno, exacerbaron más el ambiente hacia la convocatoria a otro paro cívico nacional a fines de ese año. Fue así como, tras largos debates entre los organismos de la sociedad civil, se decidió llamar a un nuevo paro el día 2 de diciembre de 2002, de una duración inicial de 24 horas que luego se convirtió en indefinido, convirtiéndose en el más intenso de la historia del país, tanto en magnitud como en costos, asumidos estoicamente por la nación. El paro propiciaba una salida pacífica, democrática y electoral a la crisis, como lo recogió textualmente la Resolución 833 del Consejo Permanente de la OEA.

Desde noviembre del 2002 se hizo presente en el país una Misión de la Organización encabezada por su Secretario General César Gaviria e integrada además por el Centro Carter y el PNUD. Gaviria permaneció en el país durante casi seis meses, en tanto que el ex Presidente Carter efectuó una corta visita a Venezuela, durante la cual planteó a la Mesa de Negociaciones dos opciones: o una enmienda constitucional para reducir el mandato presidencial y llamar a elecciones anticipadas, o la convocatoria a un referéndum revocatorio con fecha fija, el 19 de agosto de 2003. Ello movió al gobierno, con José Vicente Rangel a la cabeza, a desplegar tácticas dilatorias que lesionaban la marcha de la mesa de negociación, integrada paritariamente por seis representantes del gobierno y seis de la oposición, pues los representantes oficialistas desatendieron muchas de las convocatorias de Gaviria y eludían llegar a la etapa de compromisos.

El Secretario General de la OEA llegó a anunciar en febrero del 2003 en las Naciones Unidas que se había alcanzado un acuerdo en torno a un texto que avalaba el referéndum revocatorio como vía de salida a la crisis, lo cual fue luego desmentido por el gobierno. Finalmente, tras mucho forcejeo, se logró en marzo del 2003 la firma de un documento que aun cuando ambiguo, recogió un compromiso avalado por el grupo de amigos de Venezuela y por la OEA, de avanzar hacia la celebración de un referéndum. No hay que olvidar que en abril del 2002 Chávez manifestó al país que estaba dispuesto a someterse a un referéndum, no consultivo pero sí revocatorio, pero es sabido que sus actitudes se modifican tácticamente en el tiempo, como palabras que se lleva el viento.

El paro del 2 de diciembre del 2002 se extendió durante 63 días, sin precedentes en la historia, incluyendo la paralizaron de la principal industria nacional, la petrolera, con el aval de la mayoría de sus trabajadores y el liderazgo del grupo denominado “Gente del Petróleo”. El costo del paro fue asumido con grandes sacrificios por el sector productivo nacional y por la población, como una medida de presión legítima hacia la búsqueda de una salida electoral. El gobierno resistió los duros efectos del desabastecimiento de combustibles, de alimentos, la paralización del transporte de carga, del comercio y declaró fuerza mayor en las exportaciones petroleras, pues la producción cayó a cerca de un 20 por ciento de sus cifras históricas, pero no cedió ante las presiones para la renuncia o la salida electoral, aún a costa de la bancarrota.

La oposición orientó entonces sus esfuerzos hacia la convocatoria a un referéndum consultivo con el respaldo de dos millones de firmas recogidas en tiempo record y aceptadas por el Consejo Nacional Electoral, cuya fecha fue fijada para el 2 de febrero de 2003, pero el gobierno se negó a conceder los recursos para su celebración hasta tanto el TSJ se pronunciara en torno a su validez. Finalmente, cuando ya no era posible extender más el paro por más tiempo porque su costo era inconmensurable, en una maquiavélica jugada, el gobierno manipuló al Poder Judicial para “tumbar” el referéndum y así, el 22 de enero de 2003, a escasos días de su celebración, el TSJ lo declaró ilegal y maniató al CNE para organizar nuevos procesos electorales o tomar decisiones. Esa fecha fue calificada por su Presidente Vicente Avella como un hito hacia la dictadura, pues se había impedido el funcionamiento del Poder Electoral, que es autónomo y se anularon varias de sus decisiones, incluyendo la integración de dicho órgano, además de obstaculizar el uso de uno de los más claros mecanismos de participación ciudadana previstos en la Constitución. Una vez más, el Presidente del TSJ, Iván Rincón y su grupo actuaron en apoyo político al régimen, antes que cumplir con la responsabilidad fundamental de administrar justicia en forma independiente.

El 12 de enero de 2003 se realizó una marcha multitudinaria en Caracas pidiendo el adelanto de elecciones, la cual fue brutalmente reprimida por la Policía Militar y la Guardia Nacional con un saldo de 36 heridos, que eleva el balance de muertos, lesionados, detenidos y asilados en este gobierno a varias centenas. Al final, tras dos meses de un costoso paro fue necesario levantarlo y la oposición se quedó con las manos vacías, pues el referéndum consultivo, que constituía una salida política no vinculante pero de gran valor moral, fue frustrado por el régimen. Hubo a no dudar fallas estratégicas en la oposición, pero al igual que en abril del 2002 o en fechas posteriores, no es dable buscar responsables o hacer leña del árbol caído. La actitud del país fue ejemplar y solidaria, pero es necesario asimilar experiencias. Chávez ganó de nuevo, aun cuando para continuar en el poder ha tenido que afirmar su talante autoritario, recurrir a la fuerza y a los más brutales atropellos al Estado de Derecho.

La estrategia oficialista apuntó al descabezamiento de centenas de oficiales de las FAN, a golpear a la disidencia y a tratar de darle sustento legal a la dictadura, con el apoyo de los poderes subordinados. Han caído las caretas y el proyecto totalitario ha quedado al desnudo. Se desató una etapa represiva contra dirigentes de la sociedad civil, los militares de la Plaza Altamira, empresarios, funcionarios de Petróleos de Venezuela y se adoptaron medidas de control de cambios y de precios, más que con un sentido económico, con un propósito político, para tender un cerco a la actividad productiva privada. El cierre del mercado cambiario tuvo efectos paralizantes más graves que los del paro cívico de diciembre, pero le ha permitido al gobierno montar una maquinaria estatista y discrecional, que incrementa la desconfianza y la mortalidad empresarial en forma notoria. ¿De qué ha servido la recuperación de las reservas internacionales por encima de los 22 millardos de dólares si no hay confianza, inversión ni empleo?.

Por su parte, PDVSA fue desmembrada con casi 20.000 despidos de sus mejores cuadros humanos, se desarticuló la corporación en dos regiones: oriente y occidente, se incorporó a nuevos trabajadores sin experiencia y se inició la venta de valiosos activos internacionales de PDVSA, pero el destino de los recursos obtenidos se desconoce. El resultado es que la producción petrolera y la eficiencia declinan de manera preocupante. Los expertos señalan que ésta no excede de 2,6 millones de barriles diarios, contra un nivel histórico superior a los 3 millones, pues el manejo es ineficiente y no se están realizando las inversiones requeridas. Es doloroso constatar la diáspora del personal calificado de la industria petrolera hacia el mundo, mientras que otros se ven forzados a realizar actividades impropias de su experiencia. Por ello, el país depende cada vez más de los convenios operativos con capital extranjero, en los cuales se origina más de un millón de barriles diarios de crudo.

La persecución contra dirigentes nacionales condujo al exilio a los Presidentes de la CTV, de Fedecámaras, de militares y líderes del sector petrolero y al arresto prolongado de varios oficiales, de los cuales el más prominente ha sido el caso del General Carlos Alfonzo Martínez, contra quien se ensañaron, humillándolo y pasándolo al retiro. De otra parte, fue detenido un grupo de dirigentes empresariales y civiles en el Estado Táchira por acusaciones relacionadas con los actos de abril del 2002, en contra de los más elementales procedimientos jurídicos, al igual que en el Estado Mérida, lo cual revela la existencia de una justicia paralela: la revolucionaria.

Chávez ha afianzado así una etapa de radicalización del “proceso”, ha abierto las compuertas a los cubanos en el país, ha acentuado la presión sobre los demás Poderes y promueve iniciativas legales destinadas a acallar a la disidencia y amedrentar a la nación, entre ellas una Ley de Contenidos en contra de los medios, mejor conocida como “ley mordaza”, y un proyecto de ley del TSJ que amplía el número de Magistrados en el máximo Tribunal para subordinarlo en forma definitiva. Se pretende además crear una Policía Nacional, manejada políticamente por el gobierno central, para eliminar las Policías Estatales o Municipales, y promover una reforma del Código Penal destinada a criminalizar la disidencia, amparándose en la seguridad del Estado, además del Decreto vigente que restringe la libertad de manifestación en áreas cercanas a instalaciones gubernamentales o militares en Caracas, de dudosa constitucionalidad.

Ante ello, en otra deplorable actitud genuflexa, de las más graves por ser violatoria de la Carta Magna, la Sala Constitucional del TSJ, en enero del 2004, dictaminó que el Parlamento puede aprobar Leyes Orgánicas por mayoría simple y no mediante el voto calificado de las dos terceras partes, con lo cual se abrió la compuerta al atropello por parte de la precaria mayoría oficialista en la Asamblea Nacional, para la aprobación de las leyes que el régimen necesita para afirmar su vocación totalitaria.

Ha sido también grave el atropello contra la televisora Globovisión a través del decomiso de equipos esenciales de transmisión por microondas, en represalia por su política informativa, el desacato a las medidas cautelares de la CIDH de la OEA y la imposición de multas a varios medios. Como si fuera poco, se ordenaron allanamientos a Iglesias en búsqueda de armas, se ofende a la jerarquía eclesiástica, se han profanado imágenes religiosas y templos y proliferan los atropellos en contra de las familias de trabajadores petroleros, que han sido desalojadas de sus viviendas en los campamentos de PDVSA en forma inhumana. Chávez amenaza con el uso de la fuerza y dice que habrá guerra si vuelven al poder los actores anteriores, reafirmando que de “El Estado soy yo” y que solo entregará el poder en el año 2021 a otro revolucionario.

La esperanza a una solución pacífica y electoral a la crisis, como lo señala la Resolución 833 de la OEA, estuvo en la convocatoria al referéndum revocatorio, figura prevista en el artículo 72 de la Carta Magna, que trató de ser activada por la oposición el 20 de agosto de 2003, al cumplirse la mitad del mandato del Presidente Chávez, previa presentación de cerca de tres millones de firmas que debían ser verificadas por el nuevo Consejo Nacional Electoral electo por el TSJ, ante la imposibilidad del Parlamento de lograr un acuerdo. Pero las firmas fueron desestimadas por el CNE a los pocos días por haber sido recogidas con anterioridad al 19 de agosto del 2003, en contravención a una sentencia previa del TSJ y limitando así el sagrado derecho a la participación ciudadana. No obstante, el país no cejó en su propósito de superar los obstáculos con los cuales el régimen ha tratado de boicotear el referéndum o ganar tiempo y por ello, no obstante la aprobación de absurdas exigencias por parte del CNE, el 28 de noviembre del 2003 se repitió con éxito la recolección de firmas. En diciembre de 2003 fueron presentadas al CNE casi 3,5 millones de nuevas firmas, que superaban las 2,4 millones requeridas para activar el mecanismo. El CNE, controlado por la mayoría oficialista, incumplió los plazos para la verificación de las firmas y avaló una estrategia para invalidarlas con burdos propósitos políticos que dejaron perplejos al país y al mundo. El referéndum podía haberse celebrado en mayo del 2004, fecha cercana al cierre de esta obra, pero sólo fue convocado para el 15 de agosto, cuando ya se había perdido casi un año desde agosto del 2002, tiempo que fue aprovechado tácticamente por el gobierno para desplegar perversas estrategias que le permitan ganar la consulta.

Las argucias y trampas del gobierno generaron preocupación en la población, pues ponía en duda la disposición del régimen de medirse en limpias elecciones. La independencia del nuevo CNE ha sido cuestionada y por ello se ha deslegitimado, pues ha venido imponiendo decisiones cruciales con la mayoría de los tres Rectores de línea oficialista, incluyendo al Presidente Francisco Carrasquero, tales como el cambio de reglas del juego y la arbitraria selección de firmas sin experiencia ni credenciales para la automatización de los comicios. Chávez, Rangel y sus talibanes han ejercido su poder para manipular el referéndum, descalificar planillas, incrementar el número de inscritos en el Registro Electoral Permanente y amenazaron a empleados públicos, contratistas y al pueblo con negarles los beneficios del Estado si firmaban, conculcando así la libertad de expresión y de conciencia. Chávez llegó a decir que si el CNE se atrevía a convocar al referéndum, recurriría al TSJ para objetarlo y nadie duda de que es capaz de un zarpazo, un autogolpe o de alterar el orden público para invocar el estado de excepción, antes que dejar el poder por vías constitucionales. Quedan en duda por ello las extrañas explosiones ocurridas en instalaciones militares y diplomáticas, la denuncia de conspiraciones de la CIA, de un posible magnicidio o de “invasiones” de paramilitares colombianos, pues ello es parte de estrategias destinadas a afectar la consulta.

Con todo, es también necesario mencionar con preocupación los protagonismos y fisuras en la filas de la oposición, entre quienes consideran que el referéndum debe concentrar todas las energías y los que propician la desobediencia civil, pues creen que Chávez sólo trata de ganar tiempo y que manipulará el referéndum. Otras estrategias del oficialismo, como la convocatoria a elecciones regionales para diluir la atención en el revocatorio presidencial, han abierto también diferencias en las filas opositoras. Pero la población desea vivamente que se afirmen liderazgos y que se presente una propuesta creíble de parte de la oposición, pues no basta con revocar el mandato de Chávez, sino ofrecer un plan serio y consistente y que pueda haber una candidatura única escogida por el pueblo. La oposición ha ofrecido señales positivas, tales como el compromiso de celebrar elecciones primarias para elegir una candidatura presidencial y la redacción de bases para la gobernabilidad en un período de transición. Pero falta liderazgo. En última instancia, si los dirigentes no actúan con sensatez y eficacia, serán desbordados por las masas opositoras. El apoyo de la comunidad internacional al referéndum y al régimen de libertades en Venezuela son más numerosas. Por su parte, el país exige al Poder Electoral que al margen de la ideología de los Rectores no ceda ante las presiones del gobierno, pues el referéndum solo concierne al pueblo de Venezuela y no al Ejecutivo, pues es precisamente su mandato el que sería revocado.

El gobierno sabe que puede ser derrotado en el referéndum y por ello lo manipulará. Las mediciones de opinión muestran que Chávez cuenta con el voto contrario de cerca del sesenta por ciento del electorado. Por ello, otro escenario posible consistiría en que el régimen gane tiempo para que el referéndum se realice después de que haya cumplido el cuarto año de gobierno en agosto del 2004, ya que conforme a la Constitución, si el Presidente renuncia después de esa fecha o le es revocado el mandato, asumiría el Vicepresidente hasta finalizar el sexenio presidencial y no se celebrarían elecciones. Está pendiente una interpretación del TSJ sobre la posibilidad de que un mandatario revocado pueda presentarse de inmediato su como candidato, lo cual sería contrario a las previsiones constitucionales. Pero es obvio que Chávez torcería el brazo del TSJ para que no se coarte dicha posibilidad, en el escenario de la revocatoria de su mandato.

La responsabilidad primordial de las fuerzas de oposición radica en evitar la manipulación del referéndum y evitar el lanzamiento extemporáneo de candidaturas que abran más fisuras en sus filas. Adicionalmente, debe ofrecerse un plan de gobernabilidad, bases programáticas convincentes y una candidatura única para la transición hasta el 2007, término del mandato de Chávez, tomando en cuenta que el esfuerzo futuro de reconstrucción de Venezuela es inmenso y requerirá el concurso de sus mejores talentos y voluntades. En tal sentido, si bien buena parte del electorado rechaza al opresor régimen chavista, las bases de apoyo oficialistas actúan con fanatismo y compromiso, representan la mayor minoría política, y son capaces de darle un triunfo electoral a Chávez si la oposición se muestra débil o atomizada.

Es claro que la nación ha sido fracturada socialmente, golpeada económicamente y debilitada institucionalmente, incluyendo el caso de la FAN, PDVSA, el Poder Judicial, la Contraloría, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y el BCV, última de las víctimas de la autocracia de Chávez. El caso de la FAN es patético. La institución castrense está mediatizada, desmoralizada y corrompida. Su capacidad operativa es baja, pero se acelera el armamentismo y la incorporación de miles de milicianos mercenarios adoctrinados. Su dirección es ya político-ideológica, por voluntad de Chávez. Los oficiales superiores actúan como líderes políticos del oficialismo y los criterios para los ascensos militares desconocen méritos y privilegian la lealtad a la competencia.

De otra parte, el balance de la gestión económica del gobierno es dramático. El cerco tendido a la actividad productiva nacional se traduce en invasiones a la propiedad privada, controles de cambios y de precios manejados con fines políticos, inamovilidad laboral arbitraria, licencias y permisos, importaciones discrecionales sin pago de aranceles, adjudicaciones directas, deterioro de la relación con los principales socios comerciales en el mundo, creación de gremios paralelos y ruptura del diálogo con las instituciones existentes. Ello asfixia el tejido productivo, aumenta el desempleo, reduce la demanda y provoca la pérdida de mercados. En pocas palabras, un impresionante aumento de la pobreza. Las cifras no mienten. El desempleo supera el 15 por ciento, la economía informal el 53 por ciento y la pobreza el 60 por ciento.

Solo en el sector manufacturero, en el período 1999-2003 ha cerrado sus puertas más de la mitad de las 11.600 empresas que existían y las PYME´s han perdido de 90.000 puestos directos de trabajo. El desempleo abierto afecta a más de 2.500.000 venezolanos de los cerca de 12 millones que conforman la masa laboral y más de 6 millones trabajan en la economía subterránea. Hay desinversión y fuga de capitales por falta de confianza, en más de 33.000 millones de dólares en el período 1999-2002. La demanda de dólares continúa y el tipo de cambio en el mercado negro se cotiza en un 40 por ciento por encima del oficial. El BCV es presionado para la entrega de las utilidades cambiarias y ha deteriorado su autonomía. Como si fuera poco, las oportunidades de trabajo se restringen y ello estimula el éxodo de los mejores recursos humanos. De un país de inmigración, Venezuela se ha convertido en un país de emigración y lo que es peor, de gente joven y calificada.

Chávez propicia una política de reparto de recursos públicos sin control para ganar tiempo, afianzar su proyecto totalitario y dar nuevos zarpazos a la golpeada democracia. Intenta además obtener apoyo internacional a través de nexos con dirigentes de la izquierda internacional, entre ellos del Foro de Sao Paulo. Se estima que en viajes y en las abusivas “cadenas” presidenciales Chávez ha gastado una cifra superior a los 80 billones de bolívares. En cinco años de gobierno ha dispuesto de US$ 150.000 millones, cifra superior a la de todas las administraciones anteriores. Los gastos secretos de la presidencia suben abismalmente. Además, Chávez moviliza ingentes recursos en propaganda política, no sólo convirtiendo a la televisora del Estado en un vulgar medio publicitario, sino creando nueva y financiando programas en la televisión internacional, como es el caso del censurable montaje fílmico pagado a periodistas irlandeses o la incorporación a hombres como Ignacio Ramonet, Director de Le Monde Diplomatique, a costosa campañas de propaganda o reuniendo en Caracas, ya varias veces, a los representantes de las organizaciones más radicales de la región y del mundo para propiciar su unidad y alentar la revolución latinoamericana.

Además, como se ha dicho, el involucramiento de Fidel Castro en los asuntos internos de Venezuela y la subordinación de Chávez al dictador ha llegado a niveles insólitos. Se sabe de la penetración de la siniestra G-2 cubana en los cuerpos de seguridad del Estado venezolano, en el entrenamiento de las milicias y grupos violentos oficialistas y hasta en la represión de manifestaciones opositoras. El número de cubanos en el país llega a 30.000, el mayor que haya desplegado Cuba en el exterior después de la guerra de Angola. Las caretas han caído y ya no hay pudor, pero el debate sobre este delicado tema es aún tímido. ¡Que vergüenza que las FAN permanezcan impasibles ante esos hechos!. ¿Han acaso olvidado las agresiones del Ejército de Cuba a la FAN en los años 60?. Si antes de abril del 2002 era significativa la presencia de médicos, maestros, entrenadores deportivos y miembros de los servicios secretos cubanos, cumpliendo una labor dual, que incluye el adoctrinamiento, ella se ha multiplicado. Las informaciones dan cuenta de la continua llegada de vuelos especiales con nacionales de ese país que no cumplen trámites de inmigración, así como el envío de cientos de miles de venezolanos a Cuba. Ello bastaría para enjuiciar a un gobierno. A muchos se les provee de cédulas de identidad para camuflarlos y se les concede la nacionalidad, como también a otros grupos de extranjeros, entre ellos a colombianos afectos a la guerrilla, para asimilarlos a los derechos de los venezolanos. Hay además presencia en el país de oficiales cubanos en instalaciones militares, para preparar a la FAN a la guerra anunciada por Chávez, mientras las FARC y Cuba cooperan en la defensa del régimen.

Los médicos antillanos, al atender a los pacientes les dicen: “déle las gracias a Chávez y a su revolución”. Se adoctrina en las escuelas públicas y el uso de textos de contenido político es denunciado por los educadores. Venezuela está siendo pues objeto de un plan, con objetivos estratégicos de gran peligrosidad. Ya opera un frente guerrillero en Venezuela, el Frente Bolivariano de Liberación, con la bendición del oficialismo. ¿Está en los planes de Chávez el enguerrillamiento del país si el régimen llega a ser desplazado del poder? Es bien posible. Entre tanto, Fidel Castro afianza sus nexos con Chávez y es él sin exagerar, quien define muchas de las decisiones que se adoptan en Venezuela, a cambio de lo cual está recibiendo cerca de 80.000 barriles diarios de petróleo, en forma altamente lesiva al patrimonio nacional. Hay además evidencias del apoyo de Chávez a los grupos extremistas de la región, como fue el caso del movimiento que en Bolivia provocó la renuncia del Presidente Sánchez de Lozada, hecho que no es sino la punta de un inmenso témpano que apenas comienza a emerger.

Los Jefes de Estado de ideología de izquierda moderada, como es el caso de Lagos en Chile, Lula en Brasil, Kirchner en Argentina o Gutiérrez en Ecuador, tratan de marcar distancia con Chávez, pues sienten el deber de atender al interés global de las naciones que gobiernan y de no comprometerse con alguien que se aleja de la legitimidad democrática y se convierte en un dolor de cabeza para el hemisferio. Es ya obvia la incomodidad que Chávez genera en las reuniones internacionales con sus intemperantes posturas, como la negativa a apoyar las declaraciones de la OEA sobre la participación de las NNUU en el conflicto colombiano, su actitud displicente en las reuniones presidenciales andinas que le causan desagrado, la falta de compromiso en contra del terrorismo y el narcotráfico en Colombia y en general las frecuentes posiciones públicas hostiles hacia los Estados Unidos y los organismos internacionales. El único Presidente latinoamericano que se proclama fidelista-guevarista y alienta a los grupos radicales e indigenistas, es Chávez. Por ello es considerado el nuevo líder de la ultraizquierda regional. Y Castro lo utiliza a su antojo. Ambos son ya una sola cosa.

El conflicto causado con la República Dominicana en el 2003 ante un presunto plan conspirativo contra Chávez y la suspensión de las entregas petroleras a ese país, han hecho del petróleo un mecanismo de chantaje, llevando al retiro de Embajadores y al deterioro de las relaciones con esa nación vecina al nivel más bajo desde al atentado contra Rómulo Betancourt por parte de “Chapita” Trujillo. Las relaciones con Colombia atraviesan por un momento complejo y faltan muchas cosas por ver. La integración andina ha sido llevada a su peor crisis de tiempos recientes. Se descalifica a la OEA, a las Naciones Unidas, a las reuniones cumbres y el país viola los compromisos internacionales en los ámbitos de la integración, así como de la OEA, la Comisión de Derechos Humanos y la OIT. Existe un doble discurso, bolivariano y anti integracionista, pues el régimen solo concibe la integración como un instrumento de lucha política. En el caso de Chile, la imprudente posición de Chávez en relación con la salida al mar de Bolivia, con fines demagógicos, llevó las relaciones con ese país al borde de la ruptura. El lenguaje gubernamental ramplón e irrespetuoso con altos funcionarios del gobierno de Bush hace pensar que Chávez propicia el aislamiento, que quiere manejar la política internacional de la nación como si fuera su coto personal, sin una visión de Estado. Nunca antes gobierno alguno en Venezuela había provocado tantos roces y ridículos como Chávez, afectando sus intereses estratégicos permanentes y de largo plazo. Es también insólito que para tratar de ganarse al Caribe angloparlante, Chávez haya abandonado el secular reclamo del país en relación con la Guayana Esequiba, motivando duras reacciones internas que lo califican de traición.

La Venezuela de Chávez deja sillas vacías en muchos foros internacionales por temor a ser cuestionada. El gobernante canceló su visita a las Naciones Unidas en septiembre del 2003 alegando razones de seguridad que nadie entendió y cuestionó la vigencia de las Naciones Unidas, pese a que ese es el foro donde se debaten los temas más relevantes de la agenda internacional. La razón es otra: el temor a citaciones por parte de organismos defensores de los derechos humanos y políticos. El gobierno cuestionó la presencia del Ministro de Energía de Irak en las reuniones de la OPEP, alegando que es un gobierno ilegítimo, con lo cual incursiona en temas delicados solo corresponden a las NNUU. Además, entrega discrecionalmente negocios a países de los cuales a cambio de apoyo político, pues dispone de una chequera profunda y con ello ha destruido las bases de la política comercial del país. En suma, la política exterior de la dictadura ha tendido a sumir a Venezuela en un peligroso aislamiento, incluyendo roces en las relaciones con Colombia, Chile, Costa Rica, México, Perú y España. Es curioso, pero hasta Pinochet en Chile convocó a un plebiscito, que perdió y se fue. Pero Chávez está dispuesto a aferrarse al poder con las garras y con las uñas, a cualquier costo.

Venezuela se juega así su destino como nación en los momentos en que esto escribo. Como se dijo, la mayoría del electorado revocaría el mandato del Presidente por vía electoral si es limpio. Adicionalmente, un alto porcentaje de la población rechaza el modelo fidelista. Pero a la vez, buena parte de la opinión que adversa a Chávez, estima que es necesario agotar las vías pacíficas y de participación ciudadana para la definición del futuro de la nación. Ha llegado a la hora de la verdad. La división, la abstención y la apatía deben ser combatidas con firmeza, pues representan el gran enemigo del sistema de libertades y las causantes principales de los lamentables triunfos de Chávez.

Si el régimen burla las vías democráticas, empujará inexorablemente a la nación hacia la desobediencia y a la resistencia activa, que no excluyen el riesgo de una imperdonable guerra fratricida, pues el oficialismo ha armado a milicias populares y a bandas de facinerosos dispuestas a cualquier cosa. Chávez amenaza abiertamente al país con las armas que la Constitución pone en manos de la Fuerza Armada para el servicio de toda la nación y no de objetivos particulares de un gobierno. Los venezolanos sienten que el autócrata no gobierna para todo el país sino para su proceso político y para su mentor, Fidel Castro. Por ello, un número creciente de compatriotas abandona el suelo patrio afligido por la frustración, la inseguridad y la falta de empleo, pero anhela que se haga realidad la posibilidad de vivir en un país de paz y progreso. Tristemente, en la hipótesis de que el referéndum sea manipulado o frustrado, aumentará el éxodo de venezolanos y de capitales hacia el exterior. La historia juzgará por tanto a Chávez como el causante del más grave daño que se haya infringido a la nación, de una fractura y destrucción sin límites y de haber dado la espalda a sus obligaciones de conducir al país hacia la unidad, la ética y el progreso. Los informes muestran cómo la corrupción campea en Venezuela en una magnitud sin precedentes, en virtud de la discrecionalidad con que el gobernante maneja los dineros públicos sin control, cosa que no ocurrió en esa magnitud ni siquiera durante los gobiernos de Juan Vicente Gómez y Marcos Pérez Jiménez, quienes ejercieron el poder en forma omnímoda.

El país ha agotado en fin sus esfuerzos por la búsqueda de una salida legal a la crisis. Quiera Dios que el epílogo de este libro que pronto podamos escribir, permita registrar la materialización de una salida pacífica a esta tragedia de la historia y que Venezuela reencuentre el rumbo hacia la reconciliación, el desarrollo y que quede por siempre vacunada de los caudillos mesiánicos para encarar los problemas que lo aquejan. Un hecho es cierto: los venezolanos han dado un ejemplo al mundo de civismo, de capacidad de lucha y resistencia y no se resignarán a que se les confisque su futuro ni a ser empujados hacia un totalitarismo comunista que rechazan. La constitucionalidad está a prueba. Los hechos reseñados demuestran la falta de talante democrático de Chávez y su alejamiento de la legitimidad, ante lo cual, si bien deben agotarse las vías pacíficas, de ser el caso, será también legítimo enfrentar a quienes pretenden secuestrar el futuro del país y burlar la Carta Magna. Einstein decía: “Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad”. Y no dudo de que los venezolanos la tienen.

El tiempo se ha ido encargando de demostrar que el camino elegido en abril del 2002 fue polémico pero no descabellado. Yo asumí en esa ocasión y en fechas anteriores mi responsabilidad ante la historia. Quienes se lavaron las manos o las esconden, que examinen su conciencia. La nación requiere unidad, decisión y coraje para enfrentar el peor trance de su existencia como nación independiente, amenazada como está de destrucción, pese a sus recursos, a su gente y a su potencial. Y si los venezolanos ceden ante el miedo o el chantaje, el país será empujado fatalmente hacia un totalitarismo que lo arruinará, comprometerá el futuro de varias generaciones y lo aislará cada vez más de la ruta del desarrollo y de la inserción internacional. Estoy seguro de que ello no será permitido y que la comunidad internacional seguirá con mayor seriedad la conducta del régimen de Chávez, a la luz de la Constitución y los principios de la Carta Democrática Interamericana. Y si finalmente Chávez y su corte persisten en su propósito de imponerse sobre la voluntad del pueblo, este se levantará contra el despotismo, como en otras ocasiones de la historia, pues se hieren las fibras más íntimas del sentir nacional y se secuestra el destino de una nación en forma inaceptable.

Que la historia y los lectores de esta obra sean los mejores jueces del papel cumplido por este autor en un trance tan complejo, y de sus actuaciones rectas, pero no exentas de humanos errores. Decía Ortega y Gasset que: “El verdadero tesoro del hombre es el tesoro de sus errores”. Quiera Dios que este testimonio, ofrecido con honestidad al país al que me debo, aporte elementos de juicio para el análisis de una etapa que está catapultando al país hacia la barbarie del siglo XIX y que trata de coartar sus ideales libertarios y de progreso. Y que los estudiosos puedan después de un tiempo evaluar con más sosiego los eventos del 2002 y en especial cómo, ante el derrumbe del régimen de Chávez, se invocó la Constitución para llamar al pueblo soberano a relegitimar los poderes por la vía de pulcros comicios, clamor que hoy se convierte en el grito desesperado de las grandes mayorías, que ven sucumbir al país en manos de un tirano con delirios de predestinado, expresión inmerecida de un accidente del destino.



“Huid del país donde uno solo ejerza todos los poderes: es un país de esclavos”.
Simón Bolívar, 1814.



EPILOGO
(Febrero del 2004 a Febrero del 2005)

Habría deseado vivamente que el lapso que media entre la fecha de entrega del texto de la primera edición de esta obra (febrero del 2004) y el cierre de esta segunda edición (febrero de 2005), me hubiese permitido escribir un epílogo diferente, quizás más optimista en cuanto al futuro de mi sufrido país. Pero como lo he expresado en páginas precedentes, en la vida las cosas no ocurren como se desean, sino como las duras realidades lo van planteando.

El referéndum revocatorio presidencial, único medio constitucional y pacífico de salida a la crisis, fue abiertamente controlado por la mayoría oficialista en el CNE, en la Sala Constitucional del TSJ y en el Parlamento, con insólitas argucias jurídicas y procesales, como ya había ocurrido a lo largo del año 2003. En efecto, no obstante que la Sala Electoral del TSJ sentenció a comienzos del 2004 la validez de las firmas presentadas por la oposición en diciembre del 2003 para convocar al referéndum y así lo ordenó al CNE, esa decisión fue anulada por la Sala Constitucional, negando también que un tema vital para la nación, fuese resuelto por la Sala Plena. Con posterioridad, pese a la ilegitimidad de la consulta y la desaparición de cientos de miles de firmas, la opositora Coordinadora Democrática (CD) negoció con el CNE un reglamento, con base en el cual el pueblo concurrió una vez más con estoicismo entre el 27 y el 30 de mayo de 2004, sobreponiéndose a la lluvia, a las colas y a la intimidación oficialista, que presionaba con dureza a los ciudadanos para que no ratificara sus rúbricas, so pena de despidos o de la negación de cualquier tipo de asistencia gubernamental. Pero el pueblo, en otra hazaña democrática, confirmó con creces el número de firmas requerido para llamar al referéndum. A partir de allí se produjo una larga y tensa espera sin que se proporcionaran resultados, hasta que al final, siendo imposible desconocer la voluntad popular, el obsecuente CNE, que había logrado ganar un año con dilaciones desde agosto del 2003, recibió la luz verde de Chávez para convocar la consulta el día 15 de agosto del 2004.

La indignación de la población ante el desconocimiento de las firmas y la actuación del CNE provocó entre el 27 de febrero y el 3 de marzo del 2004 encendidas protestas callejeras, a lo cual el gobierno respondió con una “razzia”, cuyo saldo de muertos, heridos, presos, maltratos y torturas ha quedado documentado por los organismos defensores de los derechos humanos. La actuación de la FAN y en especial de la Guardia Nacional fue despiadada. El gobierno parece olvidar que ha ido sumando violaciones a los derechos humanos que no prescriben. Entre las decenas de víctimas se cuentan el alevoso asesinato de una militante de AD en Perijá y de dos jóvenes, uno en San Antonio de los Altos y otro en Maracaibo, éste último víctima de graves torturas, el horrendo caso de los soldados quemados en una prisión en el Estado Zulia, de otro soldado intencionalmente ahogado y las arbitrarias detenciones de líderes políticos como Carlos Melo, el Alcalde Henrique Capriles y el acoso a Gobernadores y Alcaldes opositores.

El gobierno criminaliza a la disidencia, allana propiedades y usa el terror para acobardar. No hay límites para el régimen con tal de aferrarse al poder, enraizar la revolución y controlar al país en forma absolutista. Chávez y Rangel han dicho que de esa línea no se desviarán cueste lo que cueste. El triste papel de hombres abyectos al régimen, como el tantas veces mencionado Iván Rincón, Presidente del TSJ y el Magistrado Jesús Eduardo Cabrera; Francisco Carrasquero y Jorge Rodríguez en el CNE; el General García Carneiro y sus cómplices en la FAN, confirman las apreciaciones vertidas en este libro sobre la aberrante subordinación del Poder Público a la voluntad del caudillo y si quedaba alguna duda., ha quedado plenamente evidenciada.

Chávez ha exacerbado en este tiempo la hostilidad contra los Estados Unidos, acusa al Presidente Bush de apoyar el “golpe” de abril, de tratar de derrocarlo o asesinarlo, ataca duramente sus políticas y enarbola una bandera antinorteamericana, que tiene adeptos en América Latina y en el radicalismo mundial. En igual sentido acusó al ex Presidente José María Aznar de haber respaldado los hechos de abril, en el curso de una destemplada visita a ese país después del cambio de gobierno a Rodríguez Zapatero, que seguirá dando mucho que hablar. El inefable Canciller Chaderton fue sustituido primero por un adepto: Jesús Pérez, quien resultó tan deslucido, que tuvo que ser rápidamente reemplazado por el Presidente de PDVSA, Alí Rodríguez, hombre sagaz y cercano a Fidel Castro. Así se han liquidado los últimos vestigios de profesionalismo en la Casa Amarilla, para dar paso a la etapa revolucionaria de la política exterior venezolana.

Tantas falsedades vertidas en estos meses por Chávez y el oficialismo, me mueven a reafirmar responsablemente en este epílogo que ningún gobierno ni agente extranjero tuvo participación en los eventos de abril y que es irresponsable acusar a los Estados Unidos de injerencia en los asuntos internos de Venezuela o hacerlas extensivas al gobierno de Aznar o del Presidente Flores de El Salvador. Chávez miente con descaro al afirmar que el propósito de Estados Unidos en abril era lograr el retiro de Venezuela de la OPEP y que yo era el instrumento para ello. A los lectores les digo: jamás se pensó en excluir a Venezuela de la OPEP, ni en la privatización de PDVSA. Que quede de una vez por todas desvirtuada esa falacia. Pero sí se preveía la revisión del convenio petrolero con Cuba, por lesivo y antipatriótico y eso les duele. ¿Cómo puede Chávez esgrimir en sus delirantes discursos la defensa de la soberanía nacional, cuando ha entregado al país en manos de Cuba, lo ha convertido en la primera base cubana en Suramérica e interviene apoyando abiertamente a grupos radicales en otras naciones?. A Chávez solo le obsesiona convertirse en el sucesor de Castro y en el líder de la revolución continental y para ello cuenta con lo que Fidel no tuvo: el dinero, que es patrimonio de todos los venezolanos. El 13 de abril y el 8 de diciembre del 2004, Chávez reunió en Caracas a más de 300 delegados de la ultra izquierda regional, en el marco del llamado Congreso Bolivariano de los Pueblos, mientras que desde La Habana, Adán Chávez, Embajador de Venezuela en Cuba, afirmaba junto a Fidel Castro que el proceso revolucionario “bolivariano” es irreversible y reiteraba lo ya dicho públicamente por su hermano Hugo: “ha llegado el momento de formar un gran frente revolucionario latinoamericano”. Allí está dicho todo, sin tapujos ni engaños. Ese es el objetivo fundamental y en ello hay que estar claro.

Llegó así el esperado día del referéndum revocatorio del 15 de agosto, con un año de atraso respecto a la fecha en que ha debido celebrarse. Ese tiempo fue aprovechado por el gobierno para manipular el Registro Electoral Permanente, inscribiendo nuevos votantes y nacionalizando masivamente extranjeros a condición de que sufragaran por el régimen, hasta el punto de que en muchos pueblos, especialmente de frontera, el número de votantes superó al número de habitantes. Por otra parte, la mayoría oficialista en el CNE impuso la adquisición de costosas máquinas “caza huellas”, para complicar el proceso, además de un sistema de votación automatizado, contratado a la desconocida y dócil firma Smartmatic, en la cual se dice “vox populi”, existían intereses del gobierno.

La oposición, agrupada en la Coordinadora Democrática, confiada en el triunfo, negoció con el CNE, pero no tuvo la malicia de prever un fraude que se venía montando a lo largo de ese año de posposición de la convocatoria. No se trató pues de un hecho aislado del día 15 de agosto, sino de un fraude sagaz e inteligentemente organizado durante muchos meses. El jueves 12 de agosto del 2005, al cierre de la campaña para el referéndum, la oposición colmó la Autopista Francisco Fajardo de la ciudad de Caracas, en una multitudinaria marcha que infundió esperanzas de que la consulta favorecería a la oposición. El 15 de agosto, la población respondió con una afluencia inusitada. Cerca del 70 por ciento del electorado sufragó, pero debió aguardar hasta 12 horas de colas para emitir el voto, dada la lentitud en la apertura de las mesas y las trabas deliberadas para demorar el proceso de votación. Las prórrogas sucesivas en la hora de cierre de las urnas decidida por el CNE no amilanaron a la población, pero fueron parte de una estrategia oficialista para no concluir temprano el proceso y eludir el anuncio de resultados esa misma noche. El cierre del proceso ocurrió a la medianoche, ante una población exhausta que se fue a dormir, mientras que a las sombras de la oscuridad culminaba la emboscada. En las fuerzas de la oposición se daba como un hecho el triunfo con un 60 por ciento de los votantes, en función de las encuestas a boca de urna y por ello el ambiente era de esperanzas y no de vigilancia. Efectivamente el CNE, sin permitir a la oposición, a los Rectores no oficialistas o a los observadores internacionales acceso al centro de cómputos, dio el zarpazo final. El Presidente del CNE Francisco Carrasquero, hoy flamante Magistrado de la Sala Constitucional del TSJ, anunció cerca de las 4 a.m. los resultados en compañía de sus dos colegas de tolda oficialista: Chávez había ganado con un 60 por ciento de los votos.

La población recibió perpleja e incrédula el resultado. Esa misma madrugada Chávez celebró en el Palacio de Miraflores el triunfo, en compañía de una multitud de seguidores que ya había sido convocada desde horas de la tarde. Los líderes de la Coordinadora Democrática no lograban sobreponerse al golpe, tanto es así que su líder, el Gobernador Enrique Mendoza, no pudo proferir ni una palabra. Fue el dirigente de AD Henry Ramos Allup quien tuvo a su cargo un mensaje de rechazo al resultado, indicando que se impugnaría el proceso, realizadas las investigaciones del caso, las cuales tomarían cierto tiempo. En ese mismo momento murió la Coordinadora Democrática, pues el país sintió que no fue capaz de reaccionar con oportunidad convocando al país a defender los resultados y que el electorado había sido conducido por su dirigencia a la “crónica de un fraude anunciado”. La gente pudo comparar poco después con lo ocurrido en Ucrania, donde la población no se dejó arrebatar el triunfo.

Lo demás, es ya conocido: la observación internacional, encabezada por el ex Presidente Jimmy Carter y por el Secretario General de la OEA, César Gaviria, se precipitó a validar los resultados en horas del mediodía del día 16 de agosto, en el mejor de los casos animados del deseo de no generar incertidumbre o violencia en el país y que se alarmara al mercado petrolero, cuyos precios mostraban en esos días el nivel record de 50 dólares por barril. Se dice que el ex Presidente Carter presionó a Gaviria hacia el reconocimiento y que éste a su vez fue asesorado por el Jefe de la Misión Observadora de la OEA en Caracas, el Embajador Moreira, Representante del Presidente Lula ante la OEA, para proceder en tal sentido. No obstante, Gaviria al menos dejó la puerta a que la oposición presentara ulteriormente pruebas del fraude, pero el mal ya estaba hecho: Chávez se sintió fuerte con el aval recibido y ello llevó luego, como era de esperar, a que en la OEA y en las instancias pertinentes se rechazara la impugnación de los resultados.

El informe denominado “Fraude a la Democracia”, presentado el día 15 de octubre de 2004 por la comisión de expertos y académicos independientes que encabezó el constitucionalista Tulio Álvarez, pudo demostrar cómo se quebró la voluntad de un pueblo a través de la actuación comprometida del árbitro electoral, entre ellas la manipulación del Registro Electoral, la contratación ilegal de un sistema de automatización que no cumplía con normas de seguridad que garantizaran la pureza de las elecciones, el fracaso de las pruebas de auditoria, la falta de resguardo de los equipos y del material electoral para evitar la alteración de que fueron objeto, el impedimento al acceso de los factores de la oposición a las instalaciones que realizaban las actividades fundamentales del proceso electoral, la intervención de la transmisión de datos desde distintos centros habilitados para ello y la falta de mecanismos de seguridad sobre el acceso a la red. Así se ejecutó una manipulación selectiva para alterar los resultados, en función del mapa político de la oposición por centros de votación, además de múltiples modalidades de presión a la población utilizando el poder de empleo, contratación y prestación de servicios por parte del Estado. El informe concluye en que los resultados oficialmente anunciados no se corresponden con la intención de voto de los electores y que son opuestos a los anunciados por el CNE, que la auditoria fue manipulada y no representativa del universo de mesas de votación y que hubo comunicación bidireccional entre las máquinas de votación y los centros habilitados por el oficialismo para ello. Así ganó Chávez la consulta, jugándose el todo por el todo.

De la misma forma ganó el régimen los siguientes comicios, los de Gobernadores y Alcaldes, celebrados el 31 de octubre del 2004, pues el árbitro y el Registro Electoral manipulado eran los mismos y porque se agregó además un factor adverso: la oposición desmoralizada, sintió que sería burlada nuevamente y por ello un segmento importante de la misma decidió abstenerse, facilitando el camino para que el régimen de Chávez ganara 21 gobernaciones de Estado de un total de 23. Solo en el Zulia y Nueva Esparta (Margarita), ganaron los candidatos opositores. En algunos casos emblemáticos como Carabobo, la maquinaria oficialista fue dura contra el Gobernador Salas Feo, pues era necesario imponer al nefasto Gral. (R) Acosta Carles, para pesar de ese emblemático Estado opositor, que era ejemplo de excelencia en la gestión regional.

Consolidado Chávez en el poder, la Asamblea Nacional ha impartido aprobación a las polémicas leyes que consolidan la dictadura. Una de ellas, la del TSJ para aumentar el número de Magistrados a 32 y controlarlo para siempre, como efectivamente lo hizo. De otra parte, la Ley de Medios, coloquialmente llamada Ley Mordaza, tras la cual es obvia ya la autocensura de los medios, so pena de ser multados o cerrados. De otra parte, la Reforma del Código Penal para criminalizar la disidencia, llegando al extremo de contemplar prisión de hasta siete años a quienes “caceroleen” u ofendan hasta en privado al Presidente de la República o protesten contra altos funcionarios públicos.

El régimen de Chávez ha incrementado implacablemente la persecución política. En todas las dependencias públicas sigue la purga y se impide a los opositores contratar o recibir beneficios del Estado. El empresariado nacional ha debido bajar la cabeza para no exponerse a más costos. Hasta la obtención de pasaportes y cédulas de identidad es solo posible para los partidarios del gobierno o los nacionalizados, pero difícil y costoso para los opositores. Se llegó a calificar de subversivos a quienes ejercieron el derecho constitucional de firmar para convocar el referéndum. Se han dictado ordenes de detención o de prohibición de salida del país a militares, periodistas, opositores civiles y hasta banqueros y se ha imputado con saña por el presunto delito de rebelión a muchos de los que el 12 de abril acudieron a Miraflores y firmaron el acta de constitución del gobierno provisional o a quienes sin posesionarse fueron nominados para posiciones ministeriales, así como a las personas que fueron consultadas profesionalmente en relación con la redacción del Decreto.

El protagonista del caso fue el Fiscal Danilo Anderson, quien fue luego horrendamente asesinado, movilizando al oficialismo a la exaltación de su figura. El Presidente de la República le impuso post mortem la Orden de El Libertador y casi fue elevado al altar de la patria como mártir de la revolución. Pero al poco tiempo afloraron denuncias que obligaron a bajar al Fiscal del pedestal y casi que a colocarlo en una fosa común. En efecto, Anderson estaba vinculado a grupos de abogados extorsionistas que manejaban fortunas y en su casa se hallaron sumas elevadas de dinero. Ello no es sino la punta del iceberg de la maquinaria de corrupción que ha florecido en el gobierno de Chávez, gracias a la discrecionalidad y falta de control que lo caracteriza, lo cual permite además la compra de muchas conciencias nacionales e internacionales. Cualquier parecido con el siniestro Vladimiro Montesinos del Perú, es pura coincidencia.

En el interregno, el 9 de mayo de 2004 ocurrió la presunta “invasión” de más de cien jóvenes paramilitares colombianos a Venezuela, que para muchos se trató de un montaje para proclamar una agresión externa. El plan no resultó conforme a los planes de sus autores intelectuales, gracias a la intervención de Policías Municipales controladas por la oposición, con lo cual salvó la vida a esos jóvenes engañados, pero Chávez aprovechó la circunstancia para anunciar con histrionismo el ingreso a la fase antiimperialista de la revolución, que incluye la aplicación de la Ley de Tierras, una nueva política de seguridad nacional con milicias populares, el control calle por calle, recursos para elevar a un número de 100.000 milicianos reservistas en el seno de la FAN, la erradicación de los focos “golpistas” de la misma, compras de armas, nuevas amenazas contra Estados Unidos de una guerra asimétrica y suspensión de envíos de petróleo si interviene, pues el petróleo se ha convertido en un arma de chantaje. Los Estados Unidos comienzan así a percibir tardíamente la amenaza real que Chávez representa para el Continente.

Ese episodio lamentable, cuyo desenlace será el enjuiciamiento de los jóvenes detenidos, tuvo un segundo capítulo con la captura y entrega en Cúcuta del llamado “Canciller” de las FARC Rodrigo Granda, quien vivía en Venezuela con nacionalidad concedida por el régimen de Chávez, lo cual le permitió incluso votar en el referéndum revocatorio. El incidente adquirió graves proporciones, pues el gobierno de Chávez exigió disculpas públicas a Colombia y mientras ello ocurría, se ordenó suspender negociaciones entre gobiernos, se impidió la exportación de carbón y el abastecimiento entre el Norte de Santander y el Departamento del Arauca a través de territorio venezolano, además de restringir los permisos de frontera y la fluidez del comercio bilateral. Fueron semanas de costos, tensiones, comunicados y expresiones subidas de tono por parte del gobierno venezolano, hasta que gracias a la mediación del Canciller del Perú y de Fidel Castro, único capaz de influir sobre Chávez, se dio por concluido el incidente con el postergado viaje del Presidente Uribe a Venezuela por razones de salud y se “pasó la página” al mismo, normalizándose el intercambio bilateral. Se produjo una visita de altos funcionarios del gobierno venezolano a Bogotá que ojalá sanen heridas en forma duradera, pero a juicio de muchos analistas el problema de fondo, el de la relación con la guerrilla no está resuelto y puede dar lugar a nuevos roces futuros. Es obvio que el Presidente Uribe representa un muro de contención para el proyecto de Chávez y es por tanto un adversario ideológico, al igual que el Plan Colombia. Por ello, es de suponer que el mandatario respaldará un giro político hacia la izquierda en la nación neogranadina.

En materia internacional, Chávez acentúa su hostilidad hacia Estados Unidos y agrede al Presidente Bush y a la nueva Secretaria de Estado Condolezza Rice. Además, ha afianzado sus nexos con Cuba y a lo largo de los viajes realizados durante los meses de noviembre y diciembre del 2004 a España, Libia, Irán, Rusia y China, delineó una política de estrechamiento de relaciones económicas, energéticas y militares con esos países, para apartar a Venezuela de sus tradicionales vínculos con los Estados Unidos. Entre otros ofreció a China un aumento de las exportaciones petroleras y la facilidad para inversiones de ese país en el sector petrolero nacional. Con Rusia acordó la compra de 100.000 fusiles Kalasnikov AK 103 y 104 y de helicópteros artillados y en febrero del 2005 se firmaron 16 acuerdos con Brasil, que incluyen la adquisición de aviones Super Tucanos, participación brasileña en obras de infraestructura y en la explotación de gas en la región deltana. Con el gobierno de Kirchner se han firmado acuerdos económicos para ganar su apoyo político y con España se negocia la compra de 4 corbetas y 6 aviones, en una clara carrera armamentista. Chávez no oculta su apoyo al dirigente cocalero Evo Morales en Bolivia y declaró que él será el próximo Presidente de ese país, en medio del grave problema de gobernabilidad que llevó a la renuncia del Presidente Sánchez de Lozada y que mantiene bajo acoso a su sustituto, el Presidente Carlos Mesa, bajo el liderazgo de Morales. Fue necesaria una protesta del ex Presidente Quiroga de Bolivia, indignado por la intervención de Chávez en los asuntos internos de ese país.

En el plano militar, Chávez ha desarticulado a la FAN, ha dado de baja y perseguido a cientos de militares disidentes, ha conducido a la mutación de la FAN en el brazo político armado de la revolución bolivariana, bajo el concepto de milicia y de su “revolución militar”. Son ya cerca de 80.000 los mercenarios reservistas adoctrinados que han sido incorporados a la FAN y se anunció en febrero del 2005 a raíz de la crisis con Colombia y de las amenazas de una guerra asimétrica contra los Estados Unidos, la creación de “unidades de defensa popular” en los barrios marginales, fábricas o cooperativas, que se suman a los conocidos Círculos Bolivarianos y al plan de armar a 170.000 campesinos, en defensa del proceso revolucionario y de una posible invasión extranjera al territorio nacional. El General Melvin López Hidalgo, Secretario del Consejo Nacional para la Defensa Nacional así lo ha confirmado, agregando que está en proceso un cambio en la doctrina militar inspirada en la revolución cívico-militar, donde entra en juego el pueblo como elemento de defensa, bajo el concepto de la “Defensa Popular Integral”.

En lo institucional, Petróleos de Venezuela, PDVSA, quedó convertida en una dependencia pública más, dejando de ser la segunda empresa energética del mundo. Tras el despido de 20.000 valiosos funcionarios de la empresa, Chávez designó Presidente al Ministro de Energía y Minas, Rafael Ramírez, en la doble posición de cabeza del organismo formulador de políticas y de la empresa operadora, ello para asegurar el control político de la misma y el financiamiento de los proyectos políticos del gobierno.

De otra parte, tras la designación de los nuevos integrantes del Tribunal Supremo de Justicia, el Dr. Iván Rincón fue jubilado por sus méritos revolucionarios con la suma de Bs. 21 millones mensuales y una millonaria liquidación y se designó a un aguerrido militante: Omar Mora como nuevo Presidente, quien proclamó que asume la bandera de la “justicia revolucionaria” y se estrenó destituyendo jueces y anunciando la revisión de la sentencia del TSJ de agosto de 2003, mediante la cual se concedió el sobreseimiento de la causa a los oficiales involucrados en los acontecimientos de abril del 2002, por no estar incursos en el delito de rebelión, con lo cual se abre la posibilidad de que éstos sean juzgados dos veces por el mismo proceso. Así mismo, la Sala Constitucional del TSJ se arrogó de nuevo la designación del nuevo Consejo Nacional Electoral y nombró como Rectores a cuatro militantes chavistas de un total de cinco, con lo cual se concolida su control. La Presidencia pasó a ser ocupada por Jorge Rodríguez, hasta ese entonces Vicepresidente, quien se caracteriza por su total militancia en el régimen de Chávez.

La cubanización de Venezuela continúa. El número de cubanos bordea los 30.000 en funciones duales, sociales y políticas, y un grupo relevante de miembros de la G-2 cubana y del Ejército de ese país, cumple funciones estratégicas y militares. Por último, se inició la aplicación de la controvertida Ley de Tierras, otra de las prioridades del guión revolucionario de Chávez, con el apoyo de los Gobernadores de Estado, quienes han decretado la intervención de numerosas propiedades privadas, bajo el ambiguo concepto de tierras ociosas o latifundios y se exacerban las invasiones no solo a tierras rurales sino a lotes o edificios urbanos. Con ello se vulnera el concepto de la propiedad privada, pues no se trata de una reforma agraria, sino de uso de un instrumento para conquistar la voluntad popular, bajo el concepto zamorano de la Guerra de la Federación: “hombres libres, tierras libres”.

Ese es en resumen, el estado de cosas a un año del cierre de esta obra. La oposición se encuentra golpeada, desmoralizada y sin líderes, pero no derrotada. Gradualmente van dándose ejemplos de reagrupación y creación de nuevos movimientos políticos, como la Izquierda Democrática y la Federación “Verdad Venezuela”, movimiento de resistencia democrática fundado por el perseguido constitucionalista Tulio Álvarez. La recuperación o rebote económico del año 2004, gracias a un “boom” petrolero sin precedentes no está significando la disminución de la pobreza ni el aumento del empleo productivo, sino que produce efectos sobre la base de una política de expansión sin precedentes del gasto público, manejado de una manera ineficiente, proselitista e improductiva.

Los planes del oficialismo se dirigen ahora a conquistar las elecciones parlamentarias de fines del 2005 y las presidenciales de diciembre del 2006, en la cuales Chávez aspira a ser reelecto por un seis años más. No existen dudas de que con la poderosa maquinaria existente, con dinero, poderes conculcados y un árbitro electoral militante y sin escrúpulos, Chávez sería reelecto en el 2006, al mejor estilo de los dictadores del pasado.
Corresponde por tanto a las fuerzas opositoras levantarse, reponer fuerzas, construir un nuevo liderazgo, reunificarse y ofrecer al país una opción creíble hacia el futuro, sin caer de nuevo en engaños de amañados procesos electorales que de antemano están definidos. Por su parte, la comunidad internacional está obligada a analizar seriamente cuanto acontece en Venezuela, pues se consuma la entronización de una férrea dictadura que no admite disensos ni contrapesos, cuyo origen fue legal pero que continúa deslegitimándose en el desempeño, arrollando cuanto encuentra a su paso y sembrando amenazas a la región latinoamericana y al mundo. Es pues hora de abrir los ojos y de apoyar a un pueblo noble que no merece un nuevo yugo, pues ha luchado por la libertad de América desde la independencia y demostrado en el pasado, en casos como el centroamericano, su vocación democrática y de paz.

A casi tres años de los acontecimientos de abril del 2002, solo me queda reafirmar que en aquellos difíciles momentos, tras la renuncia anunciada de Chávez y el vació de poder generado, la decisión de abrir un brevísimo período de transición para llamar al pueblo de la relegitimación de los Poderes Públicos, fue polémica, pero habría sido sin duda la menos dolorosa para el país, de haber sido entendida en su justa dimensión y propósitos.

¡Que Dios guarde a Venezuela y la salve de las garras implacables de la dictadura!




“Nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo
a un mismo ciudadano en el poder. El pueblo se acostumbra a
obedecerle y él se acostumbra a mandarlo; de donde se origina
la usurpación y la tiranía”.
Simón Bolívar










































Para la verdad, el tiempo; para la justicia Dios"