LA MILICIA

Continúa indetenible el proceso de demolición de la institucionalidad venezolana, de manos de un gobierno que, apegado a la más pura dialéctica marxista, no repara en los medios para el logro de sus fines: la implantación del Socialismo del Siglo XXI, y su irradiación hacia otros países de la región.
Parece no bastar con las impúdicas declaraciones de sumisión de los demás Poderes Públicos a los designios del Jefe del Estado, con lo cual la democracia está herida de muerte, sino que luce necesario acentuar la concentración de poder, asegurar la perpetuación del régimen a través de campañas sistemáticas de ideologización, y la creación de organizaciones armadas paralelas cuya finalidad es la defensa del proceso revolucionario, incluso ante la posibilidad de una alternabilidad política por vías constitucionales, al buen estilo de las tambaleantes dictaduras de los países árabes, o de la admirada Cuba.
Venezuela se encuentra así en una transición entre el sistema republicano consagrado en la Carta Magna de 1999, la que fue considerada la mejor del mundo por el gobernante en ejercicio, a uno en el cual ha desaparecido toda forma de control político, donde la oposición es criminalizada y perseguida, la propiedad privada es vulnerada por el régimen para reducirla a su mínima expresión, en aras de la construcción de un Estado dueño y señor de cuanto acontece dentro de sus fronteras, bajo exacerbantes modalidades de control e intervención en todas las formas de vida y organización de la sociedad venezolana. A tales efectos en diciembre de 2010 se aprobaron entre gallos y media noche, antes de que la nueva Asamblea Nacional asumiera sus funciones, decenas de leyes, incluyendo las que permitirán la creación del Estado Comunal, una nueva forma inconstitucional de organización política que reemplazará al Estado republicano, al margen de la voluntad popular expresada en el referéndum de diciembre de 2007, y en las elecciones parlamentarias de septiembre de 2010. Como si fuera insuficiente, el oficialismo optó por obsequiar al jefe supremo poderes especiales mediante una nueva Ley Habilitante, para gobernar durante año y medio mediante Decretos-Leyes, en lo humano y en lo divino, sea en leyes ordinarias u orgánicas o de rango superior -ello no interesa- dejando a la nueva Legislatura atada de manos, y con un nuevo reglamento de debates que restringe el ejercicio de sus facultades, hasta para reunirse o ejercer el derecho de palabra. Ya es visible la parálisis provocada por estas decisiones en la Asamblea Nacional, pues los representantes a la misma han quedado neutralizados para legislar y deliberar, sin olvidar que el número de representantes habría sido mayoritario, de no haber sido por la ilegítima modificación impuesta a la composición de los circuitos electorales.
En un país que ya parece no sorprenderse con nada, y donde en los últimos tiempos sólo la juventud ha promovido con determinación protestas capaces de obligar al gobierno a aceptar algunas de sus reivindicaciones, el Jefe de Estado en uso de las facultades de Ley Habilitante, modificó de nuevo la Ley Orgánica de la Fuerza Armada (LOFAN), cuarta en cinco años, para fortalecer la Milicia por él creada en 2005, e incorporada como componente de la Fuerza Armada en 2008, asemejándola cada vez más al estamento armado organizado por Gadafi en la convulsionada Libia.
De lo más grave en esta modificación a la LOFAN, es que se atribuye a la Milicia Bolivariana la función de "elaborar los programas y planes educativos, basados en los principios y fundamentos para la defensa integral, conforme a las políticas emitidas por el Sector Defensa y el Nuevo Pensamiento Militar Venezolano", un zarpazo que intenta subyugar a la sociedad venezolana desde la niñez, a la usanza de la China de Mao,  la Cuba de Castro, la Alemania de Hitler o la Rusia staliniana, y que consolida a la Milicia como la guardia pretoriana del Presidente, temeroso quizás de cualquier contagio de la situación que vive el mundo árabe, donde ahora en otro aliado, Siria, el pueblo ha insurgido en contra de la tiranía de Al Assad.
Pero además, como en el realismo mágico venezolano no hay imposibles, la Ley equipara a los milicianos y voluntarios sin formación con oficiales de rango de la institución castrense, bajo la figura de "oficiales de tropa y oficiales de milicia", con el fin de "lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo". La reforma también supera limitaciones legales preexistentes para que los integrantes de la milicia puedan militar en partidos políticos, pues a pesar de continuar como un componente de la FAN, se estipula que la Milicia no forma parte de la profesión militar.  
Para Rocío San Miguel, analista en temas militares: "La reforma fortalece la figura de la Milicia creando una oficialidad y permitiendo su acceso a las armas de la Fuerza Armada más allá de actos y desfiles, de un órgano paralelo que no forma parte de la estructura de la Fuerza Armada", agregando que " la reforma supone un aceleramiento y punto de no retorno en la consolidación del brazo armado de la revolución constituido por ciudadanos al margen de la FAN que detentan las armas de guerra de la República".
Por su parte, para el General (r) Raúl Salazar, ex Ministro de Defensa de Chávez: "La palabra milicia no está en la Constitución. Las Fuerzas Armadas en Venezuela pasan a ser una política de gobierno y no una política de Estado como debiera ser", mientras que otro ex Ministro de Defensa, el General (r) Fernando Ochoa Antich, afirma: "Es una forma más de destruir el profesionalismo de nuestros militares. Chávez considera que el profesionalismo compromete su poder político; su objetivo es seguir debilitando a las Fuerzas Armadas para controlarlas lo más posible".
Desde la distancia, quedan estos hechos propios de una autocracia obsecada a la consideración de los lectores, y de la dirigencia política, oficiales en retiro, analistas políticos nacionales e internacionales, el veredicto sobre una delicada realidad que no parece percibirse en su justa y profunda dimensión.



"Para la verdad, el tiempo; para la justicia Dios"

ELECCIONES 2012

Se avecinan tiempos cruciales para la institucionalidad política venezolana. La democracia republicana consagrada en la Constitución de 1999,la misma que impulsara con tanto ardor el gobernante Hugo Chávez Frías y que presentara como la mejor del mundo, ha ido suplantándose por un gobierno de corte autocrático, bajo la figura del Socialismo del Siglo XXI, que no es otra cosa que la emulación de fracasados modelos de inspiración soviético-cubana, en los cuales no se concibe ni un ápice de independencia de los poderes públicos, ni formas civilizadas de control político, pues el régimen conceptúa que éstos constituyen un apéndice del proyecto que lidera bajo una visión caudillista el Jefe del Estado, todo ello a la par de la creación de un Estado macrocefálico, omnipotente y omnipresente, que es fuente de desenfrenados abusos de poder, malversación de fondos, corrupción y restricciones al régimen de libertades.

Bajo ese marco,el país se prepara para una nueva y trascendente consulta popular: las elecciones de diciembre de 2012, las cuales tendrán a un candidato conocido: el actual Presidente de la República, y a un sólo contendor, el que sea seleccionado con criterio de unidad por las fuerzas democráticas que hacen vida en la Mesa de la Unidad Democrática, MUD. Está decidido que la escogencia del candidato opositor se hará mediante elecciones primarias, pero no hay aún acuerdos sobre si se realizarán en forma conjunta o separada con la selección de candidatos a otros cargos de elección popular, o si su convocatoria tendría lugar en el presente año, o en el 2012.

Todo ello es plausible, y aunque muchos dudan sobre la disposición del gobierno de respetar las reglas del juego, la opinión mayoritaria se inclina a transitar por el camino electoral para intentar un cambio político por medios pacíficos y constitucionales. Ante ese panorama, es pertinente formularse algunas interrogantes, con base en los antecedentes de jornadas anteriores: 1) La abierta injerencia del gobierno en los procesos electorales pasados, con total ventajismo y uso de recursos fiscales, medios de comunicación y del aparato del Estado al servicio de sus objetivos, así como la activa participación de los funcionarios públicos en el proselitismo político, al margen de la más elementales normas constitucionales y de equidad. 2)La negativa oficialista a permtir a la oposición conocer el Registro Electoral Permanente, para reducir sus inconsistencias o manipulaciones, pues es alto el número de votantes fallecidos, virtuales o repetidos con distintas cédulas, lo cual conduce a serias irregularidades. 3)La actuación sesgada del Consejo Nacional Electoral, como consecuencia de su composición favorable al oficialismo, ya que cuatro de sus miembros son parte de la estructura de gobierno. 4) Las débiles auditorías a las máquinas de votación y en general del proceso, incluyendo los sistemas de transmisión de datos, dado que es la CANTV estatizada la responsable de su manejo, y porque afloran nuevos temores de que la interconexión por fibra óptica con Cuba, pudiera facilitar la injerencia de ese país en el proceso electoral interno. 5) La necesidad de que se transmitan boletines parciales de resultados en la medida en que se avance en el escrutinio de los votos, sin las "cajas negras" secretas del centro de totalización, y las consultas del CNE al Presidente de la República antes de la emisión de resultados.

De allí que a la par de la preparación a la participación en los comicios, resulte indispensable que la MDU asuma un papel más proactivo hacia el logro de mayor confiabilidad y transparencia, ya que los antecedentes no generan confianza suficiente en el electorado. En otro orden de ideas, tanto o más importante que la selección del candidato por parte de las fuerzas democráticas, es la estructuración de unas bases programáticas unitarias que transmitan credibilidad al país, pues si bien aumenta el desencanto con el gobierno en los segmentos populares, subsiste incertidumbre respecto a cuál sería la platafoma alternativa para la conducción de un país sin Chávez. El contenido social es fundamental, pero no sobre bases populistas, sino para ofrecer programas sociales efectivos, con eficiencia en el manejo de los recursos y enfoques hacia la solución de problemas estructurales. En suma, es necesario estar conscientes de que el reto a enfrentar es gigantesco, ante fenómenos desbordados como la inseguridad, la anarquización del país, las profundas distorsiones económicas prevalecientes, la rampante corrupción que corroe a la nación, la necesidad de desarmar a la población, la reinstitucionalización, el rescate de los valores perdidos, el fin a la dilapidación de recursos y de los regalos al exterior, la reformulación de la política exterior del país, y tantos otros retos a los que habrá que enfrentarse en un futuro, de la mano de una reconciliación sin impunidad, en el momento en que se produzca la alternabilidad política en Venezuela.

Según las mediciones de opinión, la mayoría de los consultados considera que Chávez debe dejar el poder tras las elecciones del 2012, pero a la vez no desea vueltas al pasado o el protagonismo de figuras que cumplieron su misión como dirigentes. Subsisten asimismo interrogantes derivadas de la soberbia actitud del régimen de desconocer la voluntad popular, alentadas por insólitas actuaciones como las del General Rangel Silva, al declarar que ni la Fuerza Armada ni el pueblo aceptarán un gobierno de oposición en Venezuela, las cuales fueron respaldadas sin pudor por parte del Presidente de la República. Ello plantea retos y nubarrones, para los cuales es necesario prepararse con firmeza y claridad de actitudes. No son tiempos para actitudes blandengues, apatías o para eludir responsabilidades, pensando de manera equívoca que se alentaría el abstencionismo. Por el contrario, la mejor forma de promoverlo es mirando hacia un lado ante las legítimas dudas que subsisten sobre la solidez del ejercicio del voto.

Una sugerencia final: el voto del creciente número de venezolanos en el exterior se convierte para el 2012 en una fuerza relevante. Pero la mayoría no ha hecho traslado de su lugar de votación a sus nuevos lugares de residencia en el exterior. De allí que convenga desarrollar una campaña de información y concientización a los compatriotas para que cumplan oportunamente con esa formalidad, y no se desperdicie su voto.