LA CRISIS PARAGUAYA Y EL SUBREPTICIO INGRESO DE VENEZUELA AL MERCOSUR

Produce perplejidad y vergüenza, por decir lo menos, que a raíz de la crisis política ocurrida en Paraguay, que condujo a la destitución parlamentaria del Presidente Fernando Lugo, se haya suspendido a un país fundador del Mercosur, y que un momento como ese, sea aprovechado para remover subrepticiamente el único obstáculo remanente para el perfeccionamiento de la incorporación de Venezuela a dicho esquema: la negativa del Congreso paraguayo a aprobar dicha adhesión, en razón del no cumplimiento por parte de Venezuela de uno los requisitos de ingreso, consagrado en el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático.

El caso evidencia la doble moral e hipocresía con la cual actúan algunos gobiernos “progresistas” en la región. Cuando se trata de un gobierno de izquierda todo es válido, pero se aplica un rasero diferente a gobernantes no afines con esa ideología. Así, a manera de ejemplo, han fluido con facilidad en el pasado categóricas posturas en favor de Zelaya en Honduras, o ahora de Lugo en Paraguay, pero nada se dijo cuando en Nicaragua fue reelecto inconstitucionalmente el sátrapa Daniel Ortega, o cuando se destituyó a los Presidentes Carlos Andrés Pérez en Venezuela, a Sánchez de Lozada en Bolivia y Lucio Gutiérrez en Ecuador, o ante el régimen castrista aferrado al poder en Cuba en forma totalitaria por más de medio siglo, o cuando en Venezuela la figura de la democracia ha sido mediatizada por un régimen autocrático, que conculcó la independencia de los demás poderes y limita los derechos de los venezolanos, por encima de las normas constitucionales que el propio régimen se dio en 1999, y que descansa en un sistema electoral ventajista, orientado a perpetuarse en el poder a cualquier costo. O cuando en Ecuador se restringe la libertad de prensa, se asfixia a los medios escritos, o se cierran decenas de emisoras de radio sin miramientos.  

La Carta Democrática Interamericana suscrita en 2001 en el marco de la OEA ha quedado abolida “de facto” en pocos años por la “realpolitik”, vale decir por una política exterior regional basada en intereses ideológicos o económicos, y no en la ética, los valores democráticos y el bien de los pueblos. Así se ha reflejado en los nuevos textos adoptados en el marco de la Unasur, donde el énfasis ha quedado puesto precariamente en el origen electoral de los gobiernos, y no en los aspectos vitales de su desempeño democrático. Vale por ello recordar, pues la memoria es frágil, tan solo los artículos 3, 4 y 7 de la Carta Democrática Interamericana aún vigente pero ignorada, los cuales rezan así:

“Artículo 3: Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”.

“Artículo 4: Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa. La subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al estado de derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad son igualmente fundamentales para la democracia.

“Artículo 7: La democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los derechos humanos, en su carácter universal, indivisible e interdependiente, consagrados en las respectivas constituciones de los Estados y en los instrumentos interamericanos e internacionales de derechos humanos.

Por su parte, el Protocolo de Ushuaia de 1998, que es parte de la estructura jurídica del Mercosur y del Tratado de Asunción, extendido a Bolivia y Chile, establece en su artículo 1º que: “La plena vigencia de las instituciones democráticas es condición esencial para el desarrollo de los procesos de integración entre los Estados Partes del presente Protocolo”, agregando en el artículo 4º que: “En caso de ruptura del orden democrático en un Estado Parte del presente Protocolo, los demás Estados Partes promoverán las consultas pertinentes entre sí y con el Estado afectado”.

En ese orden de ideas, corresponde dilucidar si en Paraguay hubo o no una ruptura del orden constitucional, cuando se cumplieron las normas para un juicio al Presidente de la República, y aun en el supuesto de que no se haya garantizado la legítima defensa al Presidente Lugo, igual argumento sería válido para que, antes de la suspensión de Paraguay del Mercosur, se le hubiere otorgado el derecho a la defensa, conforme al artículo 4º antes citado. Pero ocurrió que la suspensión decidida por los presidentes del Mercosur se hizo sin ninguna oportunidad al nuevo gobierno paraguayo para presentar sus descargos. Aún así, la medida acordada no supone la expulsión de Paraguay del Mercosur, pues el propio Protocolo de Ushuaia establece en el artículo 7, que las medidas cesarán automáticamente para el país sancionado cuando ocurra el pleno restablecimiento del orden democrático, vale decir que Paraguay no perdió su condición de país miembro.

Mal puede entonces en forma antijurídica anular el derecho de veto de un país miembro respecto a la adhesión de un nuevo socio en el Mercosur, más si el fundamento del Congreso paraguayo había sido que el gobierno de Venezuela no garantiza la plena vigencia de las instituciones democráticas. Imponer la admisión de Venezuela se constituye en consecuencia en un acto arbitrario, carente de ética y solidaridad con uno de sus fundadores. Pese a las dudas jurídicas planteadas por el Canciller del Uruguay y por miembros del parlamento de ese país, es posible que además de la acordada suspensión, el 30 de julio próximo se imponga el peso de la voluntad de los países mayores, Argentina y Brasil, para incorporar a Venezuela al Mercosur, con la anuencia final del Presidente Mujica, en otra manifestación histórica hostil de la “triple alianza” contra Paraguay, el país económicamente más débil de dicho proceso de integración.

Del lado venezolano, hay que considerar que el sistema económico que se implanta en Venezuela bajo el lema del Socialismo del Siglo XXI, no es precisamente un modelo de economía de mercado y de libre juego de los agentes económicos privados, por lo cual los objetivos de la unión aduanera que persigue el Mercosur pueden verse afectados, en especial por la progresiva estatización del comercio exterior venezolano y la imposición de rigurosas restricciones cambiarias, que se convierten en barreras no arancelarias al comercio. De allí que pese a la capacidad de importación venezolana, estimulada por la destrucción del aparato productivo interno, las reglas no resultarán de fácil asimilación para los demás socios, aunque hayan sido beneficiados por el régimen gobernante en Venezuela con jugosos contratos e importaciones en los últimos años. Y como si fuera poco, el Mercosur que vive una inocultable crisis, puede complicarse con una mayor politización e incumplimientos de compromisos por parte del gobierno de Hugo Chávez.

En lo personal, siempre defendí desde Venezuela que la vinculación con el Mercosur debía hacerse de la mano de los países andinos, como finalmente se definió en ACE No. 59 de ALADI. Pero adoptada la antihistórica decisión del gobierno de Hugo Chávez en 2006 de retirar a Venezuela de la CAN, prevaleció la motivación principalmente ideológica de vincular al país como miembro del Mercosur, aún a sabiendas de que existen profundas asimetrías económicas, principalmente con el Brasil, y que el debilitamiento de la economía venezolana convierte a Venezuela solo en un buen mercado, con pocas posibilidades de exportación hacia el sur, ya que ni siquiera el petróleo tiene buenas perspectivas, en la medida en que Brasil se ha convertido en un importante productor de hidrocarburos. Pero lo que es más grave es que, superados los obstáculos que el Congreso brasileño había colocado a la incorporación de Venezuela al esquema de integración del sur, con las mismas razones paraguayas, merced a la presión ejercida durante cuatro años por el Presidente Lula, Venezuela vaya a terminar ingresando a dicho esquema, por encima de la resistencia paraguaya, mediante un subterfugio jurídico impresentable. Ello no conferirá al país el legítimo título de un miembro admitido conforme al Tratado, por la totalidad de sus Partes contratantes. 

Confiemos en que el gobierno uruguayo medite las consecuencias jurídico-institucionales y de solidaridad con uno de sus socios, antes de adoptar la decisión definitiva. Y que considere que la cláusula democrática del Mercosur es el último recurso que queda para que el régimen venezolano, que llegó en 1998 por la vía electoral para demoler la democracia desde adentro, sepa que sus ejecutorias tienen consecuencias en el ámbito regional, tan mediatizado por esa “realpolitik” cómplice de atrocidades políticas, y meliflua en sus orientaciones. Debe además tomarse en cuenta con dignidad, que la decisión del Canciller Maduro de reunirse en Paraguay con el alto mando militar de ese país con fines políticos, constituye una inaceptable injerencia en los asuntos internos de una nación hermana que merece respeto, con la misma fuerza con que se le exige a las demás naciones del mundo.

"Para la verdad, el tiempo; para la justicia Dios"