domingo, 19 de junio de 2011

VENEZUELA Y LA INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA

La posición del gobierno bolivariano ante la integración latinoamericana está llena de contradicciones. Me atrevo a opinar sobre el tema, por haber dedicado largos años de mi vida a la materia. Fui diplomático en las delegaciones de Venezuela ante las Comunidades Europeas en Bruselas, en la antigua ALALC (hoy ALADI) en Montevideo, negociador, representante plenipotenciario ante el Acuerdo de Cartagena, Miembro de la Junta de dicho Acuerdo durante seis años, Director en el SELA, parte del equipo negociador del G-3, Presidente del Consejo Empresarial Andino y de la Cámara de Comercio e Integración Colombo-Venezolana, profesor universitario en las asignaturas de Comercio Internacional, Acuerdos Internacionales, Negocios Internacionales, y dediqué mi Tesis Doctoral al tema de la integración colombo-venezolana.
No fue fácil desde un comienzo la participación de Venezuela en los procesos de integración regionales, en parte por los temores que generaba en el sector privado la sobrevaluación cambiaria o “enfermedad holandesa”, y por la otra porque la abundancia de recursos energéticos del país no hacía tan perentoria la integración, con la mirada más puesta hacia el norte. Así, Venezuela se incorporó tarde a la ALALC, en 1967, suscribió con demoras el Acuerdo de Cartagena en 1973, pese a haber sido parte activa del proceso de negociación, y se sumó al GATT sólo en 1989. Luego suscribió en 1994 el G-3 con Colombia y México. Pero a partir de su adhesión a la integración andina, los sucesivos gobiernos y el sector privado nacional, estuvieron convencidos de que el marco de relación preferente lo constituía la CAN, sin perjuicio de la suscripción del Acuerdo de Complementación Económica No. 59 con el Mercosur, de la mano de Colombia y Ecuador, en el marco de ALADI.
Desde la década de los noventa, Venezuela sostuvo acercamientos estratégicos con Brasil, siendo presidentes Rafael Caldera y Fernando Henrique Cardoso, llegándose a considerar un posible acuerdo comercial entre los dos países, pero esa idea fue desechada, dadas las asimetrías existentes, y porque era mejor negociar con mayor fortaleza de bloque a bloque un acuerdo mutuamente conveniente entre la CAN y el Mercosur, como en efecto se hizo.
Los enfoques cambiaron con la llegada de Hugo Chávez al poder. El gobernante no simpatizó con la integración andina, en una primera contradicción con su mensaje bolivariano, pues no obtuvo receptividad a sus planteamientos sobre una integración menos económica, y más política, militar y social. La visión del gobernante se orientaba ya a la búsqueda de una mayor influencia política en la región, y por ello, privilegió el acercamiento ideológico con Lula, Kirchner, Vásquez, Duarte, más que con Uribe, Toledo, Sánchez, García, Noboa o Gutiérrez.
La negociación de los acuerdos de Colombia y Perú con los Estados Unidos fueron la excusa para que Chávez anunciara en abril de 2006 la denuncia del Acuerdo de Cartagena, decisión que supuso un indudable error histórico y geopolítico, al tratarse del marco para relaciones entre países vecinos y mercados naturales, con un creciente intercambio de bienes manufacturados, generadores de empleo y de riqueza, amen de un amplio tejido de inversiones e intereses que quedaron bajo una grave crisis con dicha decisión, con la cual la CAN quedó herida de muerte. Al poco tiempo, ante las discrepancias surgidas con el Presidente Fox de México a raíz de la cumbre hemisférica de Mar del Plata, Chávez anunció también en 2006 la denuncia del Acuerdo del G-3, con la intención de privilegiar la incorporación del país al Mercosur.
Tres meses después del retiro de Venezuela de la CAN y del G-3, en julio de 2006, culminaron las negociaciones del ingreso de Venezuela al Mercosur. Venezuela quedó obligada a mantener las preferencias arancelarias a sus ex socios andinos durante cinco años, pero las diferencias políticas entre los gobernantes deterioraron uno de los ejes de integración más importantes del Continente, con un alto costo para sus pueblos y economías. Por ello en mi Tesis Doctoral analicé el costo de la “no integración” colombo-venezolana, el cual es inconmensurable.
La ratificación del Protocolo de adhesión de Venezuela al Mercosur ha sido controversial. Argentina y Uruguay impartieron su aprobación tempranamente, pero en Brasil debieron pasar cuatro años para su sanción en el Senado, dada la resistencia de dirigentes como el Senador Eduardo Azeredo, los ex Presidentes Sarney y Collor de Melo, y otras corrientes políticas que estimaban que el gobierno de Venezuela debía cumplir con la cláusula democrática del Mercosur, consagrada en el Protocolo de Ushuaia. La presión del gobierno de Lula sobre el Senado, y la errónea intervención posterior de algunos líderes opositores venezolanos, que abogaron por la separación entre el gobierno y el país en dicho tema, llevaron finalmente a la aprobación por parte del Brasil en diciembre de 2009, aunque no unánimemente.
Está así en las manos exclusivas del Congreso paraguayo, la aprobación o no de la incorporación de Venezuela al Mercosur. El Presidente Lugo se ha visto obligado a retirar en dos ocasiones la solicitud al Parlamento para evitar que sea negada. El Partido Colorado ratificó en mayo de 2010 la postura oficializada en 2009, ante el “ánimo de perpetuidad (de Chávez) y su manifiesto proceder intervencionista con pretensiones hegemónicas que trascienden las fronteras de Venezuela, contravienen los principios básicos de todas las constituciones democráticas republicanas”. Las presiones que ahora se ejercen sobre el parlamento paraguayo son notables, tanto por parte de los gobiernos de Argentina, Brasil, del Presidente Lugo y del propio gobierno venezolano, el cual habría hecho ofrecimientos a ese país de condonar la deuda petrolera si el Congreso imparte la aprobación, así como presuntas prebendas económicas a los Senadores de ese país a cambio del voto favorable. Pero hasta ahora, no sabemos por cuanto tiempo, los parlamentarios paraguayos han mantenido como condición la defensa principista de la democracia y el régimen de libertades en Venezuela.
En abril pasado concluyó el período de transición de cinco años para la desincorporación de Venezuela de la CAN, y el país sigue en un limbo, sin ser miembro ni de la CAN ni del Mercosur, excepción hecha de iniciativas políticas como la Unasur o el ALBA, o la posible creación de una Comunidad Latinoamericana de Naciones, que no sería otra cosa que una OEA sin Norteamérica. Ninguna de tales iniciativas contiene bases reales de integración económica o convergencia de los procesos existentes, y apuntan más en la dirección deseada por Chávez: la construcción de un bloque regional antiimperialista, en donde acune el Socialismo del Siglo XXI.
La “contradictio in terminis” es que nunca la integración latinoamericana ha confrontado una parálisis peor que la actual, pues la polarización política se ha adueñado del escenario regional. Y en cuanto a las relaciones colombo-venezolanas, si bien es loable la distensión propiciada por los dos presidentes, sería impensable que los objetivos de libre comercio preexistentes sean sustituidos por un esquema de comercio administrado, de duración limitada, que propicia una complementación económica con participación protagónica del Estado venezolano. Así se destruye lo que tanto costó edificar, privilegiando una relación desequilibrada con el Mercosur, que como está concebida y aplicada en los hechos, no responde a los más altos intereses nacionales.


"Para la verdad, el tiempo; para la justicia Dios"

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